ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMILCE JAZMIN JARA ROA C/ "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73191 y SENTENCTA NúUnnO. }rr,aeninh{Q.Conm Supnrrtna o'IusTICll, de Asunción, Capital de Ia República.del Paraguay, a los días, 70 , del año dos mil ,t de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la SalaConstitucional, MANUEL DIESEL JUNGHAIINS, VÍCTONnÍos oJEDA y, ENRIQUE SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, setrajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMILCE JAZMIN JARA ROA C/ ART. 41O DE LA LEY NO "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73191 y 2259t2022 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2022u, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la señora Emilce JazminJara Roa.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente TESUItAdO: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS Y, NÍOS OJEDA.-- señora Emilce Jazmin Jara Roq por derechopropio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra elartículo 4l de la Ley N. 2856/06 eUE SUSTITUYE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y la Nota RAP N" 225912022 de fecha 22 de junio de 2022, en raz6n de sercontarios a los Arts. 46.17 y 109 de la Constitución de la02 República.
La disposición atacada de inconstitucionalestablece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionariosque cuenten con una ontigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lojubilación, que fuesen despedidos, dejados cesontes o que se retiren voluntariamente de lasentidades donde prestan servicio. LaCaja podrá optar por la aplicación del citado monto ala amortización o concelación de suobligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho asolicitar lo devolución de aportesdespuésde tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvoque el mismo Caja,en cuyo caso los aportes serán aplicadosa la amortización o justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de lacitada alrechazo de la devolución de susaportes, quefuera solicitada ante laCaja negativa del ente mencionadose debe a lafalta de antigüedad requerida infringe principios y normas establecidosen la Carta Magna.
esclarecer este punto, es importanteexaminar el artículo impugnado de ellos otorga el derecho a la devolución de losaportes a los afiliados de la y Pensiones deEmpleados Bancarios quienes hubierenfungido despedidos,cesados o retiradosvoluntariamente,limitándolo conrequl con una antigüedad mayor adiez años y, b) que no tengan derecho a resaltar quenuestra Constitución, en su Art. 9sobre un espectro obligatorio eel Cesar M. DieselJar,rghannsGustavo E. Santander Dans Ministroc.encon para Mlnistro CSJ.5 Dr.rOjedatenga familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no seran desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja. en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su prerímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.
En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida din¿ímica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art.3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la nonna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art.53 de la Ley 1626y art.9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta M¿íxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer pánafo del Art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.se exige una antigüedad Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - Art. 109 - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Amerióana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizadapor Ley l/89, nos ayuda a la dilucidar:ión del marco que las restricciones al goce y al ejercicio los derechos y las libertades reconoc,idos en tal Convención deben proporciónar, áutoiizandolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por r*oné, de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, fit d. esclarecer eG contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exlgencia que detan ser eslablecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte cán la letia del Art. Zl de tal Convención; como asimismo, el A.rt. 46 yacitado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la. Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón' Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución De-la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislaciónT ñJl. DieselACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMILCE JAZMIN JARA ROA C/ ART. 41o DE LA LEy No 2856i2006 "QUE SUSTITUYE DE FECH A22DE JUNIO Dfi2022" NO 2108. AÑO 2022..
primer lugar, cuando hablamos de seguridad sociol. Estomos hablando de un En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir social es individual, tiene una repercusión social...". En el contexto de una democrática- art.1 - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.
Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...cada ley incluida la más conciso, como elfragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio..." El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que ". ..la interpretación de Lmo disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts.44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispueita legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiére en la sujeción temporal del ejercicio del derecho Por último, la recurrente ha impugnado laNota RAP No 2259/2022 de fecha 22 dejunio de2022 por lacaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Alrespecto, cabela misma resulta la exteriorizaciónde la decisión de laCaja de Jubilaciones y de Banco y Afines de denegar el pedido dedevolución de aportes dea Art.de la norma impugnada, por lo que deberácorrer la misma suerte que N' 2856/2006 precedentemente analizado atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las vas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N. 1204 de fecha 12 de a fs- 26128, corresponde hacer lugar parciarmente a la Acción de ..QUEpromovida prescindiendo la aplicación del primer prírrafo del Art. 4l de la SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y ISO2IOI DE LA CAJA DE S Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" se exige una antigüedad mínima de diez añospara proceder alen y, consecuentemente la Nota RAp No 225912022 de fecha22 Cajade Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco Gustavo E, Santander Dans Ministro2023de I dela concl Mlnlstro CSJ.lo Dr.de
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO CÉSAR DIESEL
JUNGHANNS, DIJO: La señora Emilce Jazmin Jara Roq por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 73191 Y t802l0t DE LA CAJA DE JUBILACIONES y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY y contra la Nota RAP No 225912022 de fecha 22 dejunio de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.-- Refiere que el artículo impugnado le priva de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46,17 y 109 de la Constitución Nacional.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de díez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la nonna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de [a Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. .El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. ,[,as protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofac'tores discriminatorios sino igualitar ios"
"Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: l) la igualdad para el occeso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la iguuldad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley afacada, delimita la naturaleza jwídica de los aportes realizados a la Claja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo l1o, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esto Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usuql", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P'Q) En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la pr:opia ley [a exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, wlnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados alaCaja,la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.--- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: " Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo plna de pérdida d.
"tot dérechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarkts que...; todo ello sin-a R.EMASTICIAACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMILCE JAZMIN JARA ROA C/ ART. 4to DE LA LEy No 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73i91 y DE FECH A¿}DE'JUNIO DE2O22' NO 2108. AÑO 2022.. que la misma aportante a quien la propia nonna al inicio de sus disposiciones condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, enel caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, la señora Emilce lazmin Jara Roa, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garontiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible Finalmente en cuanto a la Nota RAP No 225912022 de fecha 22de junio de 2022,dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación a la accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución No 26, acta N" 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la resolución designada.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y visto el parecer del Ministerio Pírblico, considero que coffesponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora Emilce Jazmin Jara Roa, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto A su tumo, EL Doctor ÚOS OJEDA dijo:
l.- La señora Emilce Jazmin Jara Roa, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de Ia Ley N. 2856/06 "grJE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGIIAY" y contra la Nota RAP N' 225912022 de fecha 22 de junio de 2022. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.-- 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Afículos 46,47 y 109, de la Constitución lossu acción manifestando, entre otras cosas , qve "stu.ge como evidente de igualdad ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia ,yalmíoenformaparticular(...) ".
Continúadiciendo que "(...) se erige un despoj'o absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los simple 7' llanamente la caja, en abierta violación a su propio marco a apropiarse de la totolidad de los aportes jubilatorios de sus asociados de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.-Corresponderd la La Caja podrá optar del citado monto o la amortización o cancelación de suobligación. devolución los aportes patronales. salvo con laCaja, en cuyo caso losaplicados o la 0t.senl.¿nc anns" (negritas y Drelseran Ministro 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer prírrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley N" 4252110 ")UE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y l0 DE LA LEY NO 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: "Art. 9o.- (...) Aquéllos oue se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3¿156,/(t9 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS (:AJ, S DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICT]I,O 107 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN P(JBLICA'" Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraeuav."
6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funr::ionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aport.es que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 " De lo lgualdad de las Personas", 47 " De las Garanlías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedod Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma impugnada'. ''El derecho a solicitar la devolución de aportes presuibirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he rsostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la. existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable rr:saltar que, en nuestro sistemajurídico lajurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional. quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por r:ncontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance I efectos, regulando "prescripcién", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo. -- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La presuipción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la de,¿olución de sus aportes ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EMILCE JAZMIN JARA ROA C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/2006 «QUE SUSTITUYE tres años (factor tiempo) perderiín poder de actuación abandonando su jurídica.--- apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello 'odurante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)".Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliadosea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la iurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)".
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norrna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".IA 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de lacuenta con el correspondiente CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que " (...) Por lo demás, también drjo la Corte que la irrenunciobitidad de los beneftcios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que noI constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías). 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- En cuanto al planteamiento en contra de la Nota RAP No 2259121|)22 de fecha 22de jlrio de 2022, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 4l de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también ahcadacorre la misma suerte que el art. 4l de la Ley N' 2856/2006, precedentemente estudiado.
20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley No 2856106, exclusivomente en la parte que establece como condición para lo devolución de los aportes el requisito de contar con incólume lo demás en todos sus términos,superior a I0 años, manteniéndose vRAP No 225912022 de fecha 22 dejunio de Con loSS.EE., todo por certifico,acordada ivi. Diesel E., Sanunder Dansdio csJ.
inistro Ministro 5 de rnorTP VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las N" 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del , en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos devolución de aporte jubilatorio, así como la Nota RAP No 2251)12022 de fecha 22 de de 2022 por la Caja de Jubilaciones yPensiones deEmpleados de Bancos y Afines, conOjeda al señora Emilce Jazmin Jaraa lo establercido en el Gustavo E, Santander Dans Ministro,AR,del Anteqltsr M. Dieset.l¡r Ministro CSJ.&aoT JUDICIALSECRETA c.Dr.
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