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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 242/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRICIA PANIAGUA ESCOBAR C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73193 Y I8O2/01". N° 961. AÑO 2022.

Antecedente ART. 41o DE LA LEY No 2856/06

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@tffi..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRICIA PANIAGUA ESCOBAR C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73193 Y I8O2/01..". NO 961. "kAI mil ,, ¿inlicoalno , estando en la Sala de Corte Supremade Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Doctores, CESAR GUSTAVO ENRIQMANUEL DIESEL UE SANTANDERJUNGHANNS, VÍCTOR NÍOS DANS, Ante ffií, el Secretario caratulado: "ACCIÓN DEautorizante, ,se trajo al Acuerdo el expediente INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ESCOBAR C/ ART. 4lo DE LA LEY No 2856/06 "QUEPATRICIA PANIAGUA SUSTITUYE LAS LEYES NO 73t93 Y 1802/01.-". No 961. AÑO 2022, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la señora PATRICIA PANIAGUA ESCOBAR, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado.-- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y vgtgr la siguiente: CUE§TION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, nÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.

A la cuestión planteada el Doctor CÉSnn DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora PATRICIA PANIAGUA ESCOBAR, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.--- Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o y 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109" del mismo cuerpo legal.

disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diezno tengan derecho a lajubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Coja podráoq ricación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. susceptibles de devolución los aportes patronales. solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que wlnera lossde a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera De las constancias presentadas en autos, se verifica dea de Jubilaciones y resenghanns Gustavo E. Santander Dansv delpor la íctory Afinesla M¡nistro cs.l.

Ministrode Dr,l1 .l los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Íuncionario de un Banco de plaza. Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos c¡ue ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se ,lstablece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de firncic,narios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

, Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportr:s que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconsl.itucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa:

"Artículo 47o -.De las garantías de la igualdad-- El Estado garontizará a todos los habitantes de la República. l") la igualdad para el acceso a la justicic¡:, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2o) la igualdad ante las leyes; .)to) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la partícipación'de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".

En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naü;raleza jurídica de los,aportes realizados a la Cala de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay; expresada por med.io de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo l1o primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caia". En este punto, cabe traer.a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...2a propiedad es el derecho de gozar y disponer de una co,r:u sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellffi, G. "Diccionario En,::iclopédico de Derecho IJsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

: , En esta ir.rteligencia debemos entender querdisponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, Ia imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes (in foffna ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribut:iones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante ri:clama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecti"¡¡r constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las dis,posit:iones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneJiciarios de la Caja", más p,cr otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcictnarios QU€...";todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a qurien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una ;llrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de l:r actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absoltttamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abiertaL:¡:.--!r-l¿.- .,- vde nuestra Ley Fundamental,quedispone: "...5e garontiza la propiedad contenido y límites seránporLey, atendiendo a su función afin dehacerla concordancia con el parecer la acción y en consecuencia sustituye las leyes N" 73191Por lo precedentemente expuesto, ena las normas legales citadas y en del Ministerio Público,que corresponde hacer lugar a declarar la inapldel41" de la Ley N' 2856/2006 "Que y 1802/01 de la Caja deJubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora PATRICIA PANIAGUA ESCOBAR, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno, EL Doctor nÍOs OJEDA dijo: l.- La señora PATRICIA PANIAGUA ESCOBAR, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4l de la Ley N" 2856106 ")UE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY,', PaTa el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) puede apreciarse una violación al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en mi caso, hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus oportes...", 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Cotesponderú la devolución de sus aoortes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad suoerior a los diez años v oue no tengan derecho a la iubilaci!ín, que fueseoiespedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. EJj@_g.

que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son alainterpretación letrista del primer prínafo de la norma atacada, surge que funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a lajubilación, fuesenuellos dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportessector N" 4252110 "QUE MODIFICAARTICULOS 3YlODE LEY345/03 "REFORMA Y Diese Gustavo E. Santander DansCésar Ministro{31nns Dr,Víctor Ro,'.i Ministro DEJUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO ", en su Artículo lo dice'. "Art.

9o-- (...) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando,a los derechos que le otorga la .t',ity N' 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVIAOII: E¡l LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓ¡'¡ Y PARAG(LAYO, Y DEROGA T.:L ARTICULO 107 DE LA LEY N' 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", @'-1'a devolución-del 90% (noventa por cientd de sus aportes realizados, aiustados oor la t'.griación del Indice fu Precios al Consumidor (IPCI del Banco Central del Parasuav."

míos). 6.- Examinadas las norrnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y I09 "De lo Propiedad Privada" de nu€:stÍaLey Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo",, entiendo que no es inconstitucional. Si bien en u1 principio he sostenido lo qontrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, consi<k:rando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonar,niento. E:; dable resaltar que, en nuestro iistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinrante ni'vinculante¡ esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgarrc jurisdiccional. quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. llricho esto, me permito exponer lo siguiente:

8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce ir las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondi,3nte protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "¡rres;cripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la cc,nvivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la ttprescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bren como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o libr,:ratoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o'liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derer:ho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de Ia Caja bancaria que no reclamen la devqlución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perdenfur poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica. --:

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. ---,I oitui; STICIA..ACCIÓN . DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRICIA PANIAGUA ESCOBAR C/ ART.4lo DE LA LEY No 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73193 Y I8O2/OI.-'. NO 961.

apreciar, iu nor-u impugnada contempla la "actividad" que el legislador que el o'proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por en ello "durante eltiempo previsto los aportes den la ley". De lo contrario la obligación los afiliados activos seguiría latentede devolver en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de particular que nunca reclamó y los demrís beneficiaros de la Caja, entre los que se"losjubilados" Bancariaqulenesseencuentran en una situación de mayor La Cajaes una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejel o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez.La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de nai¡raleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.). 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas gararúizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, r¿vones jurídicas que hagan posible sostener que r¡na conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- ;

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiteroda los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, nola intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superiorde reclamarlos a quien no los ej,prefijado (..)2- 15.- Dees de estricto orden público yla encuentrapor lo que 128interés de los ERíos Ojeda 1Amay4 Aires, Argentina.Astrea.Pág.

,Tula, D.J.v4. Derechos y Iinterés eentera, Pág. O4.-Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aircs, Argentina.Ministroit sobre el interésgeneralSinos ubicamos en el epígrafe de la nonna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas cuando se utiliza el conector prohibiticonstitucionales pueden imper:ar sobre ésta, m¿is vo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.l37 de la CN, scr constituye en la nonna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneftcios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto det la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general". 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción rJe inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 2856/06r.exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los apgffs gl requisitg de contar con una anlig,üedad superidr"i 10 m¿mteniéndose i'n-colüme lo démás'en ioclos sus' térmihot. ÉS''MI PANIAGUA ESCOBAR, por derecho propio y bajo patrocinio ,:le abogado, promueve Acción dg, I4constitucionalid4d,cgptra el .4r[ículq,41 de rla Ley N" 2856/06 SUSTITUYE LAS LEYES Nos.73191 Y 1.802/01 ..DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y contarios a los Arts. 46,47 y 109 de la Constitución de la República.

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rLa disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde pre,ttan servicio. La Caia podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres oños del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo cctso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" Que la accionante justifica el pedido de declaración de inc,¡nstitucionalidad de la citada normativa enrazón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y nornas establecidos en la Carta Magna.

A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por parrafos. El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente,limitiándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiezaños y', b) que no tengari defecho .r*ryijr¡:dá fi jvi ,tjrrl REMA STICIA..ACCIÓN . DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRICIA PANIAGUA ESCOBAR C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/06 "QUE I'zozz que nuestraConstitución, en su Art. 95, legisla sobre la un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.

los recursos financieros dq los seguros sociales no serán desviados y que deben estm disponibles para sus objetivos.

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específicos Siguiendo el alcance de este lineamiento, lanormativade laCaja, en suArt.6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preiímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el c¿rso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite afin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramosque Cesat [ü. Diesel Junghanns Gustavo E' Santander Dans Ministro'os OjedaRecordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art.3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de laLey 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.

9de345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. --- para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

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era tal salida otorgándole una prescripción liberatoria delS que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio una vulneración al principio de igualdad -. Ahondandoelel la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocidael nom JoséRica, intemalizada, nos ayuda a laucidación30una enel objetoPor Ministro CSJr. V' nistroi1l' n riri ,; ii*;,i.lr; ri, {tt r i ,;rl,itn [a .rul f r r' ürr+:r:r q¡üirrihu.t g: que el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en ta! Convonción deben proporcionar, autoriziíndolas si ellas hubiert¡n sido establecid4s por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus lír'nites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privad.a, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser esta,blecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.21 de tal Convención; como asimismo, el At. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.

De los claros términos citados, es dable advertir que el derechc, a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras ra su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo 'o ...En primer lugar, cuando hablamos de se¿prridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es socictl porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una r.)percusión social...3" .

En el contexto de.una sociedad democrática,: arl. I -rdonde se proclama,la prirnaoía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de l¿r seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un cla¡o contenido o fin social Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p.71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ,,.cada leyincluida la más concisa, como el fragmento de un espe-itt, contiene encenada, ,la,luz de toda la Ley, y no solo esun orden a seguir, sitn la actuación de un El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del an¿ilisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, ,con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de todu la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".

Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los ,Arts. 44 y 45 de laLey N" 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter pe,ñnanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son indjLrriduales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el llstado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio corl ril interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnera¡ en la menor rrredida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, conr:;isa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargar:i adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merrna en el eiercicio de tal derecho.

Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros mbros cuentan con una normativa análoga que solo áifi"r. en la iujeción temporal del ejercir::io del derecho. --i

Horacio Antonio Pettit, Constitución de la República del Paratuay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte Dogmática, H. La tey Paraguaya. Asunción; Paraguay, p,957. . ORTE..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PATRICIA PANIAGUA ESCOBAR C/ ART. 4lo DE LA LEY No 2856/06 "QUE AÑO 2022.PREMA STICIA atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las vas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N" 1241 de fecha 20 obrante a fs. 13/15, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jusubsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación al accionante dea lo previsto en el Art. 555 del C.P.P.

Con loporSS.EE., todo por certifico,laslgue:

Cesar í,i. D,': Minis E. Sanbnder Dans Ministro 8.. Sanunder Dans Ministroelgh Gustavo Ante Julio G'avón CIA NÚMERO: LqZ Asunción, 5 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de laLey N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a dieza los efectos de la devolución de aporte jucon relación a la señora P PANIAGUA ESCOBAR, dEen el Art. 555 del C ANOTregistrarc5J.D Dr.Ojeda Ministro Cr¡rr M. DieselSu Ante mí: Mlnlstro CSJstavod acto, quemí, de q I rll l'il, Jüi;ii: :