@§fiffiil Y sENTENCIA NÚMERO:"RCCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR HEXTOR RODAS BURGOS SUSTTTUYE LAS LEYES N'73/9I Y I8O2/OI, Y NOTA RAP. N" I215I2A2O DE FECHA 03 DE ^ty'in de Asunción, Capital de la República del Paraguay, alcs ()o(,o días, del , del año dos mil vel+l'i ualro , estando en la Sala de Acuerdos de la Justicia los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, Y GUSTAVO ENRIQTIE DAIIS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente CATATUIAdO: ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR HEXTOR RODAS BURGOS C/ ART. 41" DE LA LEY N" 2856/06", QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73191 Y I8O2IOI, Y CONTRA LANOTA RAP. NO 1215/2020 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2020, a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por el Sr. I{EXTOR RODAS BURGOS Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHAI§NS dijo: El señor Hextor Rodas Burgos, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el anículo 41o de la Ley 2856106 "QUE SUSTITLTIE LAS LEYES N' 73191 Y I8O2/OI "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra IaNOTA RAP: 1215/2020, del 3 de noviembre del 2020, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.
Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o, 47",21" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109'del mismo cuerpo legal La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue'. "Coruesponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con uno antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citadola amortización o cancelación de su obligación.
susceptibles de devolución los aportes patronales a solicitar la devolución de aportes prescribiró después de tres años del retiro trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo cctso los aportes la amortización o cancelación de su obligación". el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la vada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las presentadas en autos, se verifica que el accionante era aport¿nte de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante elen que comofuncionario de un Banco deplaza.
la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece el derecho a lade DieselJunghannsa los...lllAbg. Cesar Ministro CSJMinistropor parte OjedaI +ieb. tll' trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüeclad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las ex.igencias establecidas en la norna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos los habitantes de la República. Io) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3o) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia l,ey atacadala delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "l)el Patr'monio", Capít;lo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11o primera parte'. "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de ey:lusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...2a propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho [Jsual", Editorial Heliast4 Buenos Aires- República Argentirla, 2001, Tomo VI P-Q). En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que eltotal de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Losfondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por oho lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios Que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes., amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamentelaCaja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportesjubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor HEXTOR RODAS BURCOS, circunstancia que también colisiona con la garantia constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: ".. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible para todos En cuanto a la NOTA RAP: 121512020, del 3 de noviembre del 2()20, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inc,cnstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación a la accionante sobre üna decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución N' 26, Acta N' 12 de fecha 14 de marzo de 201 7, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de ...lll ....; ffii':l.'El: I Jirnl ii:li II:li ii, l: ,t,irl i: ;i irl ll,:lr ilffiffi ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR FTEXTOR RODAS BURGOS SUSTITUYE LAS LEYES N" 73i91 Y 1802/OI, Y NOTA RAP. NO 12I5DA2O DE FECHA 03 DE se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la ,.:'iexpuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, oonsidero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior adiez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor HEXTOR RODAS BURGOS, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: 1.- EL señor HEXTOR RODAS tsURGOS, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N' 2856106 ")UE SUSTITWE LAS LEYES N' 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY" y contra la Nota S.G.NOT. N' i233l2019 de fecha 24 de ocfibre de 2019. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria. - 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47,21" y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "¿.. Los requistlos establecidos, y citaclos arriba, .fundados en el dictamen jurídico de la Cttja llancaria, y luego en la tnistna contsación de la ntisma Caja ME PNVAN DEL DERCIIO QUE TENGO de acceder a la devoluci(¡n de nús aportes de dinero (lue se encuenlran en la Caja de ,lubilados y Pensiones cle Empleados tle Bancrss y Afines y que tengo derecho al tistut, pues son mi exclusivo propiedad pues he oportado de mis salarios a la referida caja, deben en rlerecho ser devuelta,s a ni per,sona...)"(fs.
4/16), así tenemos que el art 41 de la ley N" 2856/06, parcialmente modificada por ley N"4773/12 atacada de inconstitucional, prohíbe la devolución de los aportes jubilatorios, sin presentar otras alternativas para surecuperación, afuncionarios que cuenten con una antigüedad inferior a los diez años. Considerando que, por los años de aporte se genera una situación de notoria discriminación e injusticia contrariando las disposiciones de rango constitucional contenidas en los arts. 46 y 47 de la CN la diferenciación enfunción a los años de aporte para poder acceder a la devolución resulta discriminatoria, afectando la igualdad de los destinatarios de la norma que son los funcionarios bancarios, sin entrar a considerar los años de aporte(...)" 3.- Elde la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresoonderd la La Cajaoptar por la monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes orescribiró salvo que el mismo tenga deuda con la los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" son míos).
a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad a la devolución desector Jutio G' ar M. DieselJunghannsGustavo E, Santander Dans MinistroCes Ministro CSJ.público en general. Ojedarespecto 5.- Al respecto, la Ley No 4252/10 "QUE M2DIFICA LoS ARTICUL)S 3o, go Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBII- CIONES Y PENSIONES DEL SECTOR P(JBLICO", en su Artículo 1o dice: "Art. 9".- (...)
Aquéllos que se retiren de la función oública sin reunir los rety!;;.!,'.os para acceder a una iubilación, aun,apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/t¡9i "QUE ESTABI,ECE I-4 Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO TO7 DE LA LEY N' 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", del Paraguav." (Negritas y subrayado son míos). 6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuesto ,en el primer pánafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarir¡s bancarios, Que no,han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consa¡¡rad,cs en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas", 4'7 "De las Garantías de la lgualdad" 11 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro de,! afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenid,c lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarllo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legirslador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce'l'ablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la ooprescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el r.lominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio dr¡ lilberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono dle la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta. manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraria sometido eternamente a ul:r vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice'. "L¿t prescripción exlintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante clich,¡ plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el o'proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto.en la ley". pe.lo cpntrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinirjlamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una entidacl previsional, por tanto, susffi'.H*#i'i lit itj+,l, i, ffiii¡ ilili ji ,ill E ii ,fi,.'ilT il$;:i li $i'rii rrl{ ' '$fiI&i $ll+ffij ii*+i$:flffin ffiii ii.r; ;Íitr !,ii:ii lriilili.t;.itl'i ' ii:'i.jii li:;t it.i I {il,ii ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR FMXTOR RODAS BURGOS SUSTITIIYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802/0I, Y NOTA RAP. NO I2I5I2O2O DE FECHA 03 DE s$tO estrín dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, p¿¡.ra lo cual es su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero iamos unaen perjuicio de este sector (...)'". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados alaCaja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas garantizxry reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(.. .) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (..)2" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona quie "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que,de conformidad al Art.de la CN, se constituye en la norna de mayorula dentro de nuestro ordenamiento 17.- De cualquier modo, laen materia constitucional hace "(...) Por lotenirrenunciabilidad de los beneficios depor lo que no y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Aires,60.-la r Ríos Ojeda Maddaloni, Pác. 04.-sine die (...)"no es D.J. (2008).en el Derecho del Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina.Ministro t,;lilrr['i, 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- En cuanto al planteamiento en contra de IaNOTA RAP: 121 5l2021,del 3 de noviembre del2020 , vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 41 de la Ley mencionada, por lo que la cit¿da Nota, también atacadacorre la misma suerte que el art. 4l de la Ley No 285612006, precedentemente estudiado. 20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en 2856106, exclusivamenle en la parte que establece como condición para h devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos, y la NOTA RAP: l2l512020, del3 de noviembre del 2020. ES MMTO.
A su turno, el Doctor SA¡tTAllDER DANS dijo: El señor IIEXTOII RODAS tsURGOS, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 13191Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y la NOTA RAP: l2l 5/2020, del 3 de noviembre de|2020, en razón de ser contarios a los Arts. 46 y 47 de la Constitución de la República La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Coruesponderó la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüealad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán ,utsceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devof,úción de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tengo deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligac,ión" Que la accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria, la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y nonnas establecidos en la Carta Magna.
A fin de esclarecer este punto, es importante examina¡ el artículo impugnado desglosrándolo por prárrafos El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aporter; a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicarrrente, el Art. l l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.
A fin de complementar la idea expuest4 es dable recordar que nuestra Carta Magna reconóce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia v la igualdad ya en suli,r.,i'r; L iiii,li ; tl ii,i ilfi rli,fr ,,fljiii;, (rl,i i: ,rir rffi ,'.ffififfijilii ffiffii, E..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR HEXTOR RODAS BURGOS c/ ART. 41' DE LA LEY N' 2856i06" QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 7319I Y I8O2/OI, Y NOTA RAP. NO I2I5I2O2O DE FECHA 03 DE establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con imprescindibles para comprender su profundo espíritu.
En tal sentido, el Art. 46 delaconstitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. l-, impone en el Poder Público - art.3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Mrixima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer prírrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes.
Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley l/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autoriándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.
Complementando la idea expuesta, esapuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgacióndel Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyóque inspiraron su legislación diciendo " ...En primer lugar,cuando hablamos deEstamos hablando de un sistemaEn que se trata de cubrir con la segurES En el contexto de una sociedad sobre el interés particular Horacio Antiñiodel Paraguay,Anotada y con Jurisprudenc¡a, Tomo Ríos Ojeda E, Santander Dans Ministrose proclamatienebien el de ladel- art.
Parte Dogmática,Paraguaya. troitrllij.l i,li ll riil sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y et disfrute de la seguridad social para el beneflcio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social. Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...coda ley incluida la más concisa, como el /ragmento de un espejo, contiene encerada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino lo actuación de un princ.ipio..."
El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que ". ..la interpretación de una clispo,sición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En ef'ecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del panicular arbitrando medios proporcionales a lin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merrna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho Por último, la recurrente ha impugnado la NOTA RAP: l2l5l20:Z(), det3 de noviembre del 2020 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de aportes de la afiliada por aplicación de la nonna impugnada, por lo que deberá corer la misma suerte que el Art.
4l de la Ley No 285612006 precedentemente analizado. En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 203 cle fecha 06 de febrero de zAn obrante a fs. 18119, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer pánafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 y 1802/01 DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY,', en Ia parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la NOTA RAP: 1215i2020, del3 de noviembre del2020, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. ,Jejandotodo tut.lo demás contenido en la norma, en relación a la accionante de conformidad a loel 555 del C.P.P. Es mi voto.
dio porSS.EE., todo por antede que qacordada laq esel Ministro CSJE. Sacesar Ante Jutlo CMinistroDr.r i 'itHffi,, rilffi No..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR HEXTOR RODAS BURGOS c/ ART. 4l' DE LA LEY N' 2856/06" QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73i91 Y 18O2iOI, Y NOTA RAP. N" I2I5I2O2O DE FECHA 03 DE ACTIERDO Y SENTENCIA NÚII,üRO¿ W3. Asunción, 5 6" hQc?.a del Acuerdo que anteceden, la CORTE ST]PREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en del Art. 41o de la Ley No 285612006 "Que sustituye las leyes la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Gustavo Ministrot.Dr.Ojeda Ante Julioc. i;'lil ,tl,il riiiriill irLl en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la 512A20, del 3 de noviembre del2020 Banco y Afines, con relación al en el Art. 555 del C.P.C., {rl i,r:r .arLI 4aJ,a rri.