I'llI DTSTIi ACCTONE INCONSTITUCIONALIDAD: POR ENZO MARCELINO VILLALVEDE RAM¡REZ CI EL ART. 4I DE SUSTITUYE LAS Dr. Víctttt'ENTENN Asunciódelragualos t-¡oC-o días, ella Sala de adelosMinde la Sala al,SARUELESGHANNS,RíOS OJEDA Y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratuIAdO: ACG¡ÓT'I OC INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N" SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del señor ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votaciÓn, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RíOS OJEDA.-- A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:
El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del señor ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/00 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802101 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY",en razón de ser contrario a los arts. 46,47 y 109 de la Constitución Nacional.- La disposición atacada de inconstitucional establece "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportesa los funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a /osaños y que no tenganderecho a; ta jubilación, que fuesen despedidos, de7'ados o que se retiren voluntariamentede las entidades donde prestan seruicio. La Caia por la aplicación del citadomonto a la amoñización o cancelaciÓn de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a devolución de aportes prescribirádespués de tres años del retiro del afiliado de salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán a la amoñización o cancelaciÓn de su obligaciÓn".--'*' n el presente caso, el profesional recurrente, en nombre y representación del señor CEL!NO VILLALVERDE RAMIREZ,acreditando su calidad de ex fuonario ATLAS peticionala declaración de inconstitucionalidad de la c rla contraria a derechosde consagración constitucional.
esclarecer este punto, es imPote examinar el artícuo desgndolorrafosI irl" Dies¡l MinistroaimpugnAbg. cJunghanns Ls¡.Gustavo Minl¡tro.llf ilfii'ltifr iilII rllit iilliiii,'ill Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: Nrlinictrn El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Peñsiones de Empleados Bancarios quienes hubieren füngido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mpyor a diez' años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
nquí es importante iesaltar que nuestra Carta Magna, en su art. §){i, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabaja,Cor dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos. Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja,en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en glla; y, ¡nás;, específicamente, e! art., 1,1 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rent¡as, a los p,ropios beneficiarios de la Caja: Reconociéndose, entonces, la propiedad en'favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devc¡lución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatr.lido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar qug nur:stra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico conl:enido ideológico y social que siruen de directriz al fundamento y a la justificación de todo el ¡llexo normativo; y, porende, todas y son inter:dependientes.unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prr::scribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite, discriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arls. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efeclividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a lc»s aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos c;c¡nstitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necersario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto,, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos prer::edentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidarcl con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del prirner párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una iilntigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo: El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y iepresentación del señor ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ, promueve Acción de lnconstitt.rcionalidad contra el artículo 41" de la,Ley 2856/06 "Q,U_E SUSTITUYE LAS LEYES N" 73lrA1 Y,1802/01 'DE (. rI fli 4ni,?rlfa(. RTol1 cACCIÓN DE INCONSTITUC¡ONAL!DAD: PROMOVIDA POR ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ C/ EL ART. 41 DE LA LEYN" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS MPLEADOS BANCARIOS DEL enONEU artículo derechos ad .46" y 47" deNSSYIONES oporDE qsinoV nona 109mtsmo excuanto vnotenganalaque fuesen despedidos, dejados cesanfesde /asdonde prestan seruicio. La Caia podrá opmonto a la amoftización o cancelaciÓn de su No serán susceptibles de QevoluciÓn los apoñes patronales.
Et derecho a solicitar la devolución de apoftes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caia, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amo¡tización o cancelación de su obligación".--'- Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna privan a su mandante de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el señor ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retirensigue: "Corresponderá la una antigüedad superior a voluntariamente.---o que se retiren voluntariamente tar por la aplicación del citado "Los .fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las sonde exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caia".
n este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Prop es e/ derecho decosa srn JGustavo E. Santander Dans Dn YíctorTal y como lo ha relatado el accionante, su mandante no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47' de la Constitución Nacional, el cual expresa lo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos /os la República. 1') la igualdad para elacceso a la justicia, a cuyo efecto allanará /osque la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el funciones públicas no electivas, sin más requisifos que la idoneidad, y 4") la oportunidades en la pañicipación de los beneficios de la naturaleza, de los y de la cultura".-- relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la n de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Ca¡a de Jubilaciones y de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la FormaciÓn de Recursos ",lo 11" ade Au Cesar M¡n¡strocsjlannS Ministrct Ministrolim¡l[[ffi];lrli lb,¡:iil:i[ii i,ri|[tIl rfll iti¡, rli, 'l'l1 i'rilü[i{ iirli 11HIlr{r l-lfi[u!
que las estabtecidas en /as leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopd:'clico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina ,2001', Tomc' Vl P-Q).--:
LEn esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la instituc;ión, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo r:iertr:s requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado princi¡:rio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el,total de sus aportes en forma ilegítima.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones q.ue por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclarla la devolución de los aportes de su mandante considerando que aquellos se encuentran indebidamente Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva ,:orrs;titucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una pafte esta expresa que: "Los fondos y rentas gue se obtengan de conformidad con /as dlspor;rciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja', más por,¡tro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derer:hos en caso de incumplimiento, establecen'. "Corresponderá la devolución de sus apodes i:r /os funcionarios que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la ,cropia norma al inicio de sus disposiciqnes pretende proteger.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenl:¿r al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del señor ENZO'MARCELINO VILLALVERDE RANIIREZ hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén d,i) ello, se erige indudabler,nentg como gn despojo absolutamente ilegal ya que por el incurrrplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Cda, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los apoltes jubilatorios ck; sus asociados, en el caso particular, del señor ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional conterrida en el artículo 109'de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...Se garantiza la propiecliad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos...".
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la Ley N'285612006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones; y Pensiones de Empleados Bancarios del Paragu?y", en la parte que condiciona a una anl[igüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio «lel señor ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi A su turno, EL Doctor VICTOR RíOS OJEDA d'rjo 1.- El Abogado PABLO LEZCANO en nombre y representación del señor ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856/06 "QUE SUSTITUYE ¿-AS LEyES No 73/91 CAJA DE JUBILACIONES YPENS/ONES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL PARAGUAY".
Para elefecto, acompaña debidamente la instrumentalque acredita la calida«l de ex funcionario bancario de su mandante 2.- Alega el recurrente que se encuentran transgredidos los Artículos 4ti. 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que'(...J del análisis de la disposición legal transcripta se deduce que solamente aquellos funci'cnarios b'ancariss con una antigüedad superior a diez años (10) podrán acéeder al recupero de sus aporfes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, de7'ados cesanfes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desiguald,itd con respecto a -grfj tetariamenCTASTIUACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS D"y1PR aodi donde prestan seruicio. La Caia podrá optar por la aplicaciÓn del amo¡tización o cancelación de su obligación. No serán suscepfiblesgn citado monto a la de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán aplicados a la amoftización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general 5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QIJE MODIFICA LOS ARIICULOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N" 2.945/03'DE REFORMA Y SOSIEN IBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBTLACIONES yPENS/ONES DEL SECIOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: .Att.9".- (...) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 ,'QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL S/SIEMA DE JUBILACIÓIU V PENS/ÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00',DE LA FIJNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del90% hoventa porcientd de sus apo¡tes realizados.oor la variación del sub6.-al" (Negritas y n míos) as las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra i coñs?§rádos en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las de la lgualdad" y 109 "De la PropiedadPrivada" de nuestra Ley Suprema.
a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de o que no es inconstitucional. Si bien en un principio heido !o almente necesito rever mi opinión en este punto, considerandoncra os jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es d ennro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determina permite mayor flexibilidlaórgano juien Grrstavo E. Santander Danspo Cesar M. Die;^l JunÉhams Ministro CS'l'Dr. Yíctor'resaltar ni vincu iccional, qextyado derech onario rincipmin rios, q Abg.
Ministro IvliriistroOjeda5ilr$ llii {q1r|li fli1fl11i,lri.1i',,I ,iltilllttii Irilj puede rever un criter¡o anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoceesto, me í:l las personas der,echos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de !a norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (r:lcligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surg€| la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lit paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadan:os. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas cre,ada para regular 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien Eomo un medio de liberarse de una targa u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo llas condiciones señaladas en la Iey. De esta manera, el sujeto pasivo de una relació,rr jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo ,iurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolo,ngado de tiempo.
10.-,Al respecto, nuestra ,ley civil de fondoen su Artículo 657 dice: "La pres'cripciónextintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo estabtt'ecido por la le'y". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reruniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus apoñes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán porJer de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclanro" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripciórr), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás brerneficiaros de la C{a, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsionarl, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La dor:frina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de esfe sector (...)"1. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extinti'¡a prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectir,,«)" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen to«Jos los afiliados alaCaja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto r:ontradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da yalidez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposir:ión tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza e! correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.) fií" +'i*rirü&,J.A.*Dit*tÉfi(2oll).Trgtadodeco,nrgldaco*lfiacbülidaitycotwwfunalidad.TomfiA.frarechos ig¿ifuttas. Buenos Aüesi Argentin¡. Astnea. Pág. 60.- ' i ii I i: "l fI'ril,:,/[iihi.lrr,Il'ill jt, r',t ti:titi rr ili-il1 ORTE DIREi,tA USTICI.AICCIÓT.I DE INCONST¡TUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR ENZO MARCELINO VILLALVERDE RAMIREZ C/ EL ART. 41 DE SUSTITUYE LAS NOliga la segurid4d social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien ado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que estar general. Nuestras normas garantizan y reconocenderecho a la y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempoy forma. De el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público querepresenta , atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a laOS, sociedad misma. este instituto encuen No encuentrotra su respaldo úl,timo y soberano en lo que dispone , pues, razones jurídicas que hagan posible sostener elArtículo 128 de la CN.
que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es gue ta jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionatidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripciÓn, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de tos derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se piva de reclamarlos a quien no los eiercita en eltérmino prefiiado (...)" 2.
' 15.- De tal modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de /os particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epÍgrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo"en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucionalque, de conformidad alArt. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.--*: 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de ta seguridad socialno es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos srne die (...)"3 (Las negritas son mías).--- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer tugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor ENZO VILLALVERDE RAMIREZ la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley exclusivamente enque establece como condición para la aportes elcon una antigüedad superior a 10 años, incólume lo dem certifiBuenoscque land 2r terminado el acto, firmando SS.EE., todo por antee la sentencia que inmediatamente sigue: Nlini¡tro D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.
Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Gustavo E, Santander28 nten n toddedio Jullo MinistroDansArgentina. Astrea. Pág. 658.- ,lil t li'"lr''¡ífill!+irr'1 rril'*t r, !l sus términos. Es mi voto. i ;il[er!iI Itp,r üf; :, hi¡1{tr;i l;ltl Gustavo E. Ministro Cesar M. Diese'l Junghanns üiínistro cs.l. VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la Sala Gonstitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, cln consecuencia, declarar la inaplicabilidad delArt. 41" de la Ley No 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802101de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios rJel Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectosa devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. ENZO MARCELINO Vl RAMIREZ, ello de conformidad a lo establecido en elArt. 555 del C.P.C regy notificar. $Ji. Diesel tlinis.troE, Santander DanqDr.os isAnte Abg.
tPavón 4J rlltlt Ante iit.rti. ,, 4lilf;i rlii ; ifll#r*i:,iirIl i;ll,}'ir :il:lt.l; ,illiii trl;