r-ConrsSupnnu¿ ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EDGAR KLINIHIKO MITAMURA SHIROSAWA C/ ART. 41O DE LA ACUERDo y SENTENCH xúnmno: W,,eqla "t'.lro de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a1cs ¿inca días, del , estando en la Sala de Acuerdos de la de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional,Doctores, DIESEL JTINGHANNS, ÚCrOn nÍOS OJEDA y cUSTAVO SANTA¡IDER DANS, Ante mí, el Secretarioautorizante, se trajo al Acuerdo el caratulado: "ACCIÓN DEINCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EDGAR KUNIHIKO MITAMURA SHIROSAWA C/ ART.4IO DE LA LEY N'2856/06''. NO 363.
2021", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el representante convencional del Señor EDGAR KI-INIHIKO MITAMURA SHIROSAWA, Abogado PABLO LEZCANO FERREIRA Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: Y NÍOS OJEDA.
instancia el representante convencional del Señor EDGAR KUNIHIKO MITAMURA SHIROSAWA, ABG. PABLO LEZCANO FERREIRA, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73lgt y t.gOZ/Ot LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", por vulnerar los Arts. 6, 46, 47,103 Y 109 de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos. dejados cesantes o que se retiren voluntoriamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o canceloción de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar lo devolución de aportes prescribird después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caia, en cuyo coso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su Abg. Pablo Lezcano Ferreira, justifica elpedido de declaración de de la citada normativa, enrazón al rechazo dedevolución de aportes que fuera mandante ante la Caja Bancaria,segúnNota RAP No 1 174/2020 de fecha 08 de obrante a fs. 03, exponiendocomo fundamento de dicho acto el hecho de no haber antigüedad exigidaen la referida normativa, produciéndose así una manifiesta a derechos yprincipios consagrados en la Carta Magna.
de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado se otorga el derecho a la devolución de los aportes a los alaciones yde Empleados Bancarios quienes Gesar M.Jungharins Gustavo E, Santander Dans Dr MinistroNlinistro cSJ'de la Ojeda1 Minii;tro ...1/l ... la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Cara Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador clependiente y su familia, recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja. en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. ll otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a losi pr,cpios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constituciórr l.,lacional.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuesl.ra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideokigico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, For ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dir¡nidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones anlplias a fin de garantizat derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.--- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. l-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citarla Caja en una situación disiordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Munici¡rales (art. 66 de la Ley l22lg3), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley '.2345).
Tal situación no puede ser convalidada por esta Maxima Instancia sin denotar unia clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lográr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el e.iercicio de sus derechos en fdrma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 4l de la Ley 2856106 al .uto concreto, en la parte donde se exige una antrgüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente ex¡ouestos, en base a las agosto de 2023 obrante a fs. l8/19, cabe Hacer Lugar a la Acción de Inconstitucionalidad planteada piescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 4l de la Ley ?.856106 "QUE SUSTITUYE Les ITyTS NRoS 73191 Y 1802/OI DE LA CAJA DE JUBILACIO}TIIIS Y PENSIONES DE EMpLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor DIESEL JUNGHA¡INS dijo: El señor EDGAR KUNIHIKO MITAMURA SHIROSAWA, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41o de LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUA!II.---'-:'--" Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acc,ión de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principi,r de...lll ....- - ooi Coxm U§TIEIA 5rr'.lx en los Arts. 46", 47" de la Constitución Nacional, colisionando al elartículo 109" del mismo cuerpo legal.
$oqÑición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de suslos, funcionarios que cuenten con uno antigüedad superior a los diez oños y que no a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrd optar por la aplicoción del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.
No serán susceptibles de devolución los aportes patronales El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo coso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.-- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
"Artículo 47" -.De las garantías de la igualdod.- El Estado garantizorá a todos los habitantes de la República. 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto ollanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin mós requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados alaCajade Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Títuto Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo I 1o primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusivo propiedad de los beneficiorios de la Caja".---!.
,'...Lopunto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad deAubry y Rau: es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin limitaciones que las las leyes.(Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Buenos Aires- República Argentin4 2001, Tomo VI P-e).
inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus vas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad deejercer vulnerando así el mentado principio constitucional paraproceder a un despojo de que eltotal de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde alconcepto trasuntado líneas defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre losaportes realizados a su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamenteen las cuestiones suscitadas y desde lade las en la Ley cuando,con Gustavo E, Santander Dans MinistrorAbg.
troOjedoTal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la nomna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: análisisc. ...lll ... que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las' disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de lo Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en oaso de incumplimiento, establecen: "Coruesponderá la devolrción de sus aportes a los funcionarios Que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al irrir:io de sus disposiciones pretende proteger.--- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus irpoftes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caj4 en abierta violar:ión a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Edgar Kunihiko Mitamura Shirosawa, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestrrl Ley Fundamental, que dispone: "...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla acce sibl,z para todos .
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del41o de la Ley N'i1856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Edgar Kunihiko Mitamura Shirosawa, ello de conformidad al Art. 555 delC.P.C. Es mi voto.- A su turno, EL Doctor ÚOS OJEDA dijo: l.- El señor EDGAR KUNIHIKO MITAMURA SHIROSAWA, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N' 2856/0ó "QUE SUSTITUYE I-45 LEYES N'73/91 Y 1802/01 DE DI CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, ar:ompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...)se deduce que solamenfe aquellos funcionarios bancorios con una antigüedad superior u diez años (10) podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengon derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devoluc'ión de aportes en el sector público en general(...) " 3.- El Artículo 41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Conesoonderó la devolución de sus aportes a los funcionarios qae cuenten con una antietpsdod suDerior o los años y oue no tengan derecho a la iubilación. oue fuesen desoedidos, diüados cesantes o que se aplicación del citado monto a la amortización o cancelación d,z su obligación. Nct serán susceptibles de devolución los aportes patonales. El derecho a solicitar !!, devolución de apo prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaiq, sülvo que el mismo fenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados o la amortiz¿tción o cancelación de su obligación " (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la nc,nna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1,0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una m¿rnifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y l0 DE LA LEY No 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE L,4 CAJA FISCAL, SISTEMA,..///...
ili' 'i:li t ''it'tiirI :Conm ...D8,Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art, aun.apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE ESTABLECE CION DEL TIEMPO DE SERYICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO IO7 DE I-,1LEY N" 1626/00 I-,1 FUNCIÓN PUBLICA'" Banco Central del Porasuav." 6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a ta obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.
Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.-- 9.- Así, muchas ramas delDerecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se producedel titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como productoderecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dosrequisitos que ión extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres ) perdenán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica.
apreciar,la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador implicaque el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien en ello"durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario laobligación de la Caja de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latenteindeflrnidamente en el tiempo ), generando un conflicto de intereses entre el particular que beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se una situación de mayor vulnerabilidad.LaCaja Bancaria es una entidadional, estin dirigidostambién a brindara los afiante sus durante lao invalidez. Debe entonces actuara dichas.../ll ..
Gustavo E,n íos Oieda lVl.inistrode lala Gesa; Mini¡tro CSI.^ Ministroer Dansil ...111... necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquide,¡:.La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...)pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)"'. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e inrerrpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectar;ión, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardírl de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva'' del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas garantizan y reconocen el derer:ho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos rnodos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedirrl misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo l2ti de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusirin como la arribada - prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por: parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(. ..) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reite,roda los planteos de inconstilucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y clue, en oras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)'" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad enterq entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los porticulares' generol". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norrna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo " en ningún coso" .
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituy,o en la norrna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también drjo la Corte que la inenunciabilidad de los, beneficios propios de la seguridad social no es incompotihle con el inslituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).-- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento sostenido, opino que corresponde hacer lugar parciolmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del AÉículo 41 de la Ley No 28561M, exclusivamente en la porle que establece como condición para ln devolución...///...
Amay4 J.A., Director. (201 8). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Büehos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2003). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.-ttltl de queConrr Supnrue Gc¡ar devolución de aporte jubilatorio, SHIROKAWA, de conformidad a lo Gesar Ministro Jullo G'Gustavo E. Santander Dans MinistroDr. Víctor Ríos Ojeda Ministrooportes el requisito de conlar con una ontigüedad superior a 10 lo demás en todos sus términos. Es mi voto quetermacto, firmando SS.EE.,por ante inmediatamente sigue Ante SENTENCIAxúurno: LIY Asunción, 3 de ^-tPtt2'o de2oz?.- YISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la CORTE STIPREMA DE JU§TICIA SALA CONSTITUCIONAL RE§UELVE: HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior tdiezaños a los efectos con relación al Señor EDGAR KUNIHIKO en el Art. 555 del C.P.C Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro ss.cnrrRnn JuDlclAL I i CSJ.