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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 248/2024

5 de marzo de 2024

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR RAFAEL AYALA CABALLERO C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01".- N° 968; AÑO 2021

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006

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ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR RAFAEL AYALA CABALLERO C/ ART. 41" DE LA LEY NOCORTE SurnrMA u'IusrICtRzaietzooe "eun 73t9tY 1802101"SUSTITUYE LAS LAYES NO ACUERDo Y sENTENCIA Núvmno: Ende Asunción, Capital dela Repúblic4 del dear2p , del año dos mil, estando en la Sala de Acuerdos de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, YICTOR RAFAEL AYALA CABALLERO C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LAYES No 73191 Y f802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Victor Rafael Ayala Caballero, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogada.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plaritear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, ÚOS OJEDA y.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: EI

Sr. Victor Rafael Ayala Caballero, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N' 2856/06 SUSTITUYE LAS LEYES Nos.73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCAzuOS DEL PARAGUAY", en razónde ser contrario a los arts. 20, 46, 47 ,88, 102, 109 y 137 de la Constitución Nacional.-- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Coruesponderá la devolución de sus aportes o los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optqr por la aplicación del citado monto a la a.mortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibleslos aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, solvo que el mismo en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización oaportesdespués tenga deCaja,I tY,.a acaso, el Sr. Victor Rafael Ayala Caballero, se presenta ante esta instancia la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por bancarios que cuenten con una antigüedad superior adiez años podriín jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten del principio de igualdad y el dbrecho de propiedad privada.

otorga el derecho a la devolución de los aportes a los vde Empleados Bancarios quienes Ceslr b;e:rt Jdrrghannsa derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición una discriminación en contra de los afiliados alaCajaBancaria al disponer EIel dede sucon calidadde laJullo Caja Ministro CSJ';:;i; "chb. caratulado: Gustavo E. Sl,nlander Dansl, t Mlnistro de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez arios y, b) que no tengan derecho a la jubilación.

Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su etrt. 95, legisla sobre la seguridad social d¿indole un espectro obligatorio e integral para el trabrLjador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoríza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetiüos.-- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propros beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados. la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la rllonstitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad. la justiciay la igualdad en su preiímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido irleológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para cr:mprender su profundo En tal sentido, el an. 46 delaConstitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admjtirse que si bien, el caqo concreto'no se' encuentra espicíficamente cóntemplado en el silencio enumeiativo de tal normátiüa, la 'extensión del art. 45'-De los derechos y garantías nc' enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida din¿imica.--Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. l-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts.247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la noÍna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes cle la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Miíxima Instancia sin denot¿r una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su digr-ridad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescinclir .ta aplicación del primer prírrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitlcionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer pánafo del an. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.l'.C. Es mi voto.

: A su tumo, el Docior DIESEL iUNCffnNÑS a¡o: Ef sefic,r Victor Rafael Ayala Caballero, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41" de la Ley 2856106t jr1 i¡iril;lll 02CORTE SupnrMA ou) u srlctAaccróN DE TNCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR RAFAEL AYALA CABALLERO C/ ART. 41O DE LA LEY NO 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LAYES No LA CAJA DE JUBILACIONES Y DEL PARAGUAY'" que el artículo irnpugnado priva al recurrente de disponer de sus aportes que por y habiendo sido desvinculado de la entidad bancaria donde prestaba solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad, prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 20,46,47,88, 102,109 y 137 de la Constitución Nacional.---'

Examinada la nornia atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de díez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46" y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdod de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estodo removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien- Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofactores discriminatorios s ino i gual it ar io s" - - - - - "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: l) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo l1o, primera parte: " Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caia" cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo yI 'inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley laexclusiva tales aportesen beneficio de los empleados de la institución, mal,rla proplasdirectivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos de ejercer aquélderecho, vulnerando así el mentado principio constitucional despojo de nadamenos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho Caja, el accionante reclama su devolución considerando poder de otros.---la Dr.'Yírlqr Rios oiedaeste Cesa i,in'*tttp c$,lnns Gustavo E.' Santa fvliqirtrot{l,1i, iit iii,iltil .iiill Ji1í: ltr:ll'ii' ll l ¡rll'lllii .l¡r t'¡ ilrr¡ Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: " Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposicic¡nes de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los bene/iciarios de la Caja", ffifo por otro lado lirnita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: " Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que. . . ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.--- En las condiciones apuntadas sr¡rge evidente, además, una afienta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los arios requeridos para acceder a la der,'olución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de lo,i aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Victor Rafael Ayala Caballero, circunstancia que también.cqllsiona con la garantía constitucional conteni{a en el artículo l09o de nuestra Fundambntal, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la L,ey, atendiendo a sufunción económica y social, a-¡An de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declar¿r la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1,902/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguoy", en la parte que condiciona a de la devolución de aporte jubilatorio, con de conformidad a lo establecido en el Art.

A su turno, el Doctor VICTOR ÚOS OJEDA dijo:

l.- El señor Victor Rafael Ayala Caballero, bajo patrocinio rle Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N'285(í/06 "]UE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/9] Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACION,q,S Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.-- 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los ArtícuIos20,46,47 ,88, 102, 109 y 137 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entrer otras cosas , gue " (...)

no puedo en consecuencia al no poseer los años requeridos paro acce,tle.r a mis aportes lo que constituye un despojo absolutamente ilegal, ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja en abierta violación de su propio marco normativo y de la Constitución Nacional... " 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artír.:tilo 41.- Conesponderá la devolución de sus aoortes a los funcionarios que cuenten con untLantigüedad supe los diezafios v oue no tengan dere¿ho a la iubilación. que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan servit::jo. La Caja podrá optar por lo aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a sollicitar la deyolución de aoortes prescribirú desoués de tres años del retiro del afiliado de su tra.baio. salvo que el mismg tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicadot a la amortizaéión o cancelación de su obligación " (negritas y subrayados son míos).--:

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:--- :r.$tut osf '.I I ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR RAFAEL AYALA CABALLERO C/ ART. 41' DE LA LEY NO PREMA285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LAYES N" USTICTA a la interpretación letrista del primer pánafo de la norma atacada, surge funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrrán de sus aportessiempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen dejados cesantes o seretirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta a losderechos relacionados a la devoluciónde aportes en elsector LA LEY N" 2,345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE UI CAJA FISCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO,,, en SU ATIíCUIO IO diCE: ,,ATt.

(...) Aauéllos aue se retiren de la función oública sin reunir los reouisitos oara acceder o uno'iubitorión. oun rpelando,a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE rsT,qilacn LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEy N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrtín solicitat la d (noventaoor cientot de sus aoortes realizados, aiustados oor lavariación del Ildice de Prlcios "o Ceotrol dtl Porosuov." §egritas y subrayado son míos).

6.- Examinadas las norrnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios tancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les torresponde, inóurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrado, "n]or Artículos 46 " De la lgualdad de las Personas " , 47 " De las Garantías de la Igualáad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestraLey Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de apártes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actujmente necesitó rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema¡uríáico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio antérior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:' i , .l 1, ! . Ir jurídico reconoce a las Personasdestacar que todo ordenamiento s, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando sus necesidades e intereses con la correspondienteprotección o tutela8.

derechos no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea (obligación de hacer) o Pasiva(obligación de no hacer), por encontrarse interés general. De ahí surge la figurade la "prescripción" creada Por el pilarfundamental del orden y la paz socialcon el propósito de mantener la udadanos.Su formación se debe a la influenciade figuras romanas contenidas Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.--- como un elemento creador de derechos que permite adquirir el enas(prescripciónadquisitiva o usucapión) o bien como un medio dede (prescripción extintiva cierto tiempo ydelde la Jufrghannsenley. De Dr. Yícloríos Oieda Ministro CSIGustavo E. Saniander Dansporactivapara en lade Julio Cesar f ll¡ii fli 1fi l:ifiltiE{¡ muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido etemamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La presuipción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tit:mpo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnrLda, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el lranscurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo-Así, los afiliados activos de la Cajabancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderiin poder de actrración abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

ll.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados ¿rctivos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particulartque nunca,reclamó y,los demás beneficiaros,de la Caja, entrq los que.se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros esttín dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es itnprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como wlnerable "(...) pero jomás una diJbrencia en perjuicio de este sector (. . .)" . Es precisamente esto lo que justifica J a prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interérs superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da vrllidez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonro social de afectación, 4lejando alaCajade un clima de incertidumbre que podría originarse ptrr la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio fina.nciero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que c«rmulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "ex.clusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establer;er ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tir:mpo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripciórr,, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa ala sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Anículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sost(:ner que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afi liado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos'de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de ,orescripción, señalandó, que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando Ia intangibilidad de los derechos, y que,' en aras de,un interés superior colectivo,'se priva"de réclamarlos a quienH no los ejercita en el término prefijado (...)"rrg;ie.,ll r ; tzr,;r'g¡!¡i¡ ¿ir ;, !: fr,:r to. Eil¡:h'i* ¡ilr'' r'r ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR RAFAEL AYALA CABALLERO C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LAYES No STTCIAU Cesariesel Mintenemos que si elinstituto es de estricto orden público y de interés para se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 su aplicación qtJe "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre Si nos ubicamos efi el epígrafe de la norrna podemosconcluir, incluso, que norrnas constitucionales pueden imperar sobre ésta, aún cuando se utiliza prohibitivo " en ningún caso" .

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, también diio la Corte que la irrenunciabilidad de los benelicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no (esulta irraciohal en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde promovida; y enhacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad consecuencia, declarar respecto del señor Victor Rafael Ayala Caballero, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Noen laparte que como condición para la devolución de losde contar con una superior a 10 años, manteniéndose incólume losus términos. Es mi Con loSS.EE., todo por ante certifico,acordadasigue: Yíctor Ríos Ojeda Anté Gustavo E'§anlander D1ns, ' ' Ministro SENTENCIAo Asunción, 5 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPRE,MA DE JUSTICIA Sala Constitucionalrlj Irr r ll.i ,n I r:r.i "lti'

RESUELVE:1t

i.sustituye Gustavo E.5:t,]'anCer Ríos Ojedaregistrar y í,ritXgir¡+'i', ;:, ríiiii-{ri::'i:lr?,rit, i ii: r,il declarar lainaplicabilidad del Art. 41 de la Caja de Jubilacionesy l802l0l parte que condiciona a una antigüedad relación al ela diez años a los efectos de la RAFAEL A}'ALA ii.ll GfÑa orti:r${tñ ftalgr{ ..']t uíli¡i, sd$ i,,tl lio,:r, ' t,Iilir,,r, o.d¡.q q - ar.n li-.