RElvtA Acuerdo el expediente caratulado: POR HARIT ALEXANDRE PANE deACCIÓN DE INCONSTITUCIONALTDAD: PROMOVIDA POR HARIT ALEXANDRE PANE CARDOZO C/ EL ART.41 DE LA LEY SUSTITUYE LAS LEYES ACC!ÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA CARDOZO C' EL ART. 41 DÉ. LA LEY N' 2855/2006DTSTICI"A ,,eUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802101", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor HARIT ALEXANDRE PANE CARDOZO, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, ólÉSeU JUNGHANNS y RíOS OJEDA.-- A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:--- El Sr. HARIT ALEXANDRE PANE CARDOZO promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N' 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1 .8O2tO1 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46,47 v103 de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece'. "Arúículo 41.- Conesponderá la devolución de sus apoñesa /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a /osy que no tenganderecho a la jubilación, que fuesen despedidos, deiados gue se retiren voluntariamentede las entidades donde prestan seruicio. La Caia porla aplicación del citadomonto a la amortización o cancelaciÓn de su No seránsusceptibles de devolución los aporles patronales. El derecho a de apoñes prescribirá después de fres años del retiro del afiliado de el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aporfes serán salvo que la amo¡tización o cancelación de su obligaciÓn"."
I presente caso, el Sr. HARIT ALEXANDRE PANE CARDOZO, acreditando su ex funcionario bancario peticiona la declaración de inconstitucionalidad de la por encontrarla contraria a derechos de consagración con fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo inado ndolopor párrafos.
pparágrafo otorga el derecho a la devolución de losliados deJaciones y Pensiones dequngido Cesar flllies?ljungh{qnsDr. Víctade Gustavo E, Santander Dans Ministrofo.§hubierena losJullo Ministro CSJ.Bancarios ,ifl lt,l'tr rrr{ .i:4 iil r iili la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirad«:r voluntariamente, '"' limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor ie diez años y, b) quenotenganderechoalajubilación.
Aquí es importa¡te resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. §)ti, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajarJor dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, e! art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las renti¡s, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favr¡r de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatr.¡ido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce,la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y alajustificación de todo el por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles pzrra comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prt,rscribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admiter discriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajerdores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente r:cntemplado en el silencio enu,merativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar ,lerechos- a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho --art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la rr:sponsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma irnpugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. 'y'.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos c;c,nstitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su rJignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la apficación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concretc, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retin: de los aportes jubilatorios En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos prec;edentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del prirrrer párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi v'otcr A su turno, EL Doctor CÉSRR MANUEL D¡ESEL JUNGHANNS rlijo El Sr. HARIT ALEXANDRE PANE CARDOZO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41" de la Ley 2856/06 "QUE SUSTIT'UYE LAS LEYES LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'' Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad 1Xit li*TIC 'solo lostflrililACCIÓN DE INCONSTITUCIONALTDAD: PROMOVIDA POR HAR¡T ALEXANDRE PANE CARDOZO C/ EL ART. 41 DÉ. LA LEY N'2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES , sino taviol al mismopolenta el principio de lg con el artículo 103 delualdad mismo clcocua de susque osytenganalaquefuesendejados gue sevolunte delas endondeLa Caja monto a lade su serándelos aporles El derecho a solicitar ladéüotución de apoñes prescribirá después de fres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa "Artículo 47' -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos /os habitantes de la República. 1') la igualdad para elacceso a la justicia, a cuyo efecto allanará /osque la impidiesen;para el y 4") lafunciones públicas no oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los y de la cultura"tonado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la e la naturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y e Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Patrimonio'l Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11' arte: "Los fondos y rentas gue se obtengan de conformidad con /as disposiciones Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caia'.--' En estepunto, cabe traer a colación la clásica definición de Prope Aubry y es e/ derecho de gozar y disponerde una cosa slnciones establecidas en /as leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Encicico derecho itorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tovr P-Q).
inteligencia debemos entender que disponiendo laa ley lausiva tales aportes en beneficilos empleados de la insión,podría ustavo E, Santa2') la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad electivas, sin más requisitos que la idoneidad,sigue: "Corresponderá la una antigüedad superior a Dlgsef Junghanns lúlnlrro a itac ionesEn lo Usual", MinistroDans MinlrtroOjedaiI.i lrl'! FIht: ii,I,F ':l ,,tilil contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertr:s requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado princi¡rio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes err forma ilegítima.
As,í, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las átribrr.rciones que pgr derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclanra su devolución considerandoqueaquellosSeencuentranindebidamenteenpoderdeotrr:lr;.-. Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva,r:orrstitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una pi:rfte esta expresa que: ?os fondos y rentas que se obtengan de conformidad con /as drspcisiciones de esfa Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por r¡tro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos dere,r:hos caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes i:l /os funcionarios que.-"; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quierr la inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenl¿r al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los aso:iados bancarios que, como en el qaso,p,e la,accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancariay que no cuenten en consecuencia con los años reqUeridos para acceder a la devolugión de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente comq un despojo abs'¡lutamenie ilegal ya,que por el i¡cumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanarrrente la Caja, en ablerta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de l;a totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del Sr. HARI't ALEXANDRE PANE ÓenOOZO, circunstancia que también colisiona con la garantí;a constitucional contenida en el artículo 109" de nuestra Ley Fundamental, que dispone: ''...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la lr-ey atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos...".
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legi;rles citadas y en concordancia con el pare,cer del Ministerio Público, considero que corr{3Sp(rr1de hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41'de la L,-.y N'285612006 ilQue,sustitu.ye las leyes N' 73191 y 1802101 de la Caja de Jr,rbilaciones; y Pensiones de Empléados Bancarios del Paraguáy", en la parte que condiciona a una anli,Jüedad superior a diezaños a tos efectos de la devolución de aporte jubilatorio del Sr. HAFIT ALEXANDRE PANF CARDPZOT gtlg de cqnformidad alArt. 555 del C.P.C. Es mi voto.--'
A su turno, EL Doctor VICTOR RíOS OJEDA dijo: 1.- El Sr. HARIT ALEXANDRE PANE CARDOZO, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856/06 "QUE SUSTITUYE tAS LEYES N. 73/91 Y 18OAU DE LA CAJA DE JIi,.JBILACIONES Y PENS/ONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario banc¿;rrio.-- 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Articulos 46, 47 y 103, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cr)sas, que "(...) la norma atacada por esta acción IES/ONA GRAVEMENIE NUESIROS DERECHOS DE IGUALDAD Y PROPIEDAD -por ello esfamos debidamente legitimados para su ejercicioen razón de que los aportes pretenden ser despojados por el Art. 41 e la Ley 2856/06 violando su propia normativa al establecer que "Los fondos y rentas que se obtengan son propiedad de /os BENEFICIAR/OS DE LA CAJA"(...)".
3.- El Artículo 41 de la Ley No 2856/06, impugnado dici: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus apo¡tes a los funcionarios que ,F@ antiqüedad superior a los diez años v que no tenoan derecho a l¿¡_iubilación, que fuesen despedidos. deiados cesantes o que se retiren voluntat.lamente de las entidades donde prestan seruicio. La Caja podrá optar por la aplicac:iór; del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles c'e devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la Cevolución de apo¡tes',ore.s_cribirá después t-4:1!iriiii;,itt lii ,'ittIt STIACCIÓN DE INCONSTITUC!ONALIDAD: PROMOVIDA POR HARIT ALEXANDRE PANE CARDOZO C/ EL ART. 41 DE LA LEY SUSTITUYE LAS LEYES tengacon la rimernatacada, surge que nacon unasuperioral0 años podrán recuSUSycuando nobilación, retirasenVOluntauce una conala general MODIFICA LOS A30,9" Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSIEN IBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBTLACTONES yPENS/ONES (...)Aouéllosse retiren de la funciónoública sin reunir losDara acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 ,,QIJE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL S/STEMA DE JUBILACIÓN V PENS/ÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEy N' 1626/00',DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del g09/o (noventa por cientot de sus aportes realizados, aiustados por la variac-ión del indice de Preciosal Consumidor fiPO del Bancodel Paraquav." (Negritas y subrayado son míos) 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a soticitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criteriosjurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; estaica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito iguiente: nte destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas bjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de Ia norma, n libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente o tutela de su derecho, pero no lo sujeta a! libre albedrío, sino a Ia obligación rlo yasea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge laura de la " creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formac de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas cular laia del pueblo romano.enn Cr¡ar; M.' Dtesel J unghan;ns Utrnfruo , :6ustavo E. Santander Min istrocon Dr. Víctaandoe ner lo para Mifli!trcdas!tI.-'5ti#ltxqll !l i,uJI Ii . l,tir l{r-ü 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la i'prescripción", como un etemento creador de derechos que perrnite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien r:omo un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatorii:) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y ba.io las condiciones señaladas en la Iey. De esta manera, el sujeto pasivo de una fel¿rciirrr jurídica no se encontraría sometido eternamente a un durante un periodo prolongado de tiempo.vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.. Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La: pres;c'ripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante eltiempo estable'cido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, re,uniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transr:urso del plazo Iegalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor: tiempo) perderán porler de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "arc;tividad" que el legislador requiere, la cual implica que el l'proceso de solicitud o reclanl,c" sig? activo e impulgado por,quien tiene, i,nterés en ello "durante .el tiempo previsto r,¡n la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los ,afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripr:ión), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás h,eneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de, mayor vulnerabilidad,, La Caja Bancaria es una entidad previsionerrl, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en re$ipuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La dor;trina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de esfe secfor (...)"1. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colecti,/,)" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen tr¡dos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como conceptc, contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Cda.Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.)
13.-Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer cie,rtos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocoil el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tie'rnpo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano t,ln lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- Amaya, J.A., Director. (2018). Trafado de control de constitucionalidady convencional,;dad. Tomo 4. Derechos y Garontías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- ii!,!i ;rl :lri:irlli ii!i ;rlliiliit 6Nou 4.,qORTE ICIAACC¡ÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR HARIT ALEXANDRE PANE CARDOZO C/ EL ART. 4I DE LA LEY N' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenam¡ento normativo.--*--- 17 .- De cualqu¡er modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corfe que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos srne die (...)"3 (Las negritas son mías).--- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interéS general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo elfundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmentea la presente acción de inconstitucionalidad promovida;y en consecuerar respecto del accionante la inaplicabilidad del como condición para laaportes el requisito de contar con incólume lo demás en todos susivoto.- el acto, firmaArtículo 41 de la Ley No rtifico, qued Cesar M. DíEselJung exclusivamente en la parte que ndo SS.EE., todo iatamente sigue:e que ncta Gustavo E. Santander Dans Ministro AnteDr.Ojeilo SNCIA NMERO:,( z Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.
Buenos ffifmlil;iii ffi"*, de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. pág. termi annSdio p acordr ante Es,i;l I ,iili .illliliiil!l la norma podemos superior a 10 años, sest Asunción, I de ¡¡ot2o dezoz¿r.- VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUSTIC¡A Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia decfarar la inaplicabilidad delArt. 41" de la Ley No 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73/91 y 1802101de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarir:s riel Ia parte que condiciona a una antigüedadsuperior a diez años a los efectosIa devolución de aporte jubilatorio CARDOZO, ello de conformidad a loal Sr. HARIT ALEXAN o en elArt. 555 del C.P.C EvrE koe, Cesar M. Diesel Jungh ljllnistro CSJ.t MinistroMi Ante ed"#üf*uair itiii ii,ilii liirli