ConrnSupxrue onJustlclA DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR ALEXANDER WILLIAM GWYNN RAMIREZ C/ ART. 4lo DE LA LEy N. 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73191 Y I8O2/0I". N'2579. año zozr de Asunción, Capital de l.a $epública del Paraguay, a los Ctacp días, del , estando en la Sala de Acuerdos de la')'O de Justiciq los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, expedienteSANTA¡IDER DA¡[S, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el CATATUIAdO: *ACCIÓN DE TNCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEXANDER WILLIAM GWYNN RAMIREZ C/ ART.4lo DE LA LEy N.2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802/01". No 2579. AÑO 2021", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Señor ALEXANDER WILLIAM GWYNN RAMIREZ, por derecho propio y bajo patrocinio del ABG. CESAR D. GIMENEZ.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinarel orden de votación, dio elsiguiente resultado: SA¡ITA¡IDER DANS, DIESEL JUNGHANN§ YnÍos instancia el Señor ALEXANDER WILLIAM GWYNN RAMIREZ, por derecho propio y bajo patrocinio del ABC. CESAR D. GIMENEZ, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", por transgredir los Arts. 20,46,47,y 109 de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior s los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Cajo podrá optar por la aplicaciónmonto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aporfes de tres oños del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga en cuyo caso los aportes serón aplicados a la amortización o cancelación de su rechazo de devolución de aportes que fuera solicitado por su parte ante la Caja consta a fs. 05, bajo el fundamento de no haber acumulado la antigüedad exigida en manifestando en resumen que: "...e1 Eslado no puede absorber un que a través de los oños ha sido aportado...". (sic.).
de esceste punto, es importante examinar el artículo impugnado de ellos otorga el derecho a la devoión de los aportes a los de Empleados 6ustavo E,SantanderJulio íos Oiedoo Corte Cr¡ar Ministro CSJanns fil!nist!'ohubierenfungido la justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada ...111... calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador d,:pendiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. y',simismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. 1l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los pro¡rios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna irrviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constituciórr Nacional.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuesrra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológicrt y social que sirven de directriz al fundamento y a lajustificación de todo el plexo normativo; y, F,or ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son intcrdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. Iln tal sentido, el Art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones anrplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.--- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -Aft, l-, impone en el Poder Público -Art. 3 en concordancia con los Arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el prim,:r parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (Art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (Art. 53 de la Ley 1626 y Art. 9 de la Le¡,, 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Miixima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el eiercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación dr:l primer párrafo del Art.
4l de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a' las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal No 16ll de fecha 30 de agosto de 2022, obrante a fs. I 1/13, cabe Hacer Lugar a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 285r.»t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y I8O2/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONI]S Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mivoto.
A su tumo, EL Doctor DIESEL JITNGHANNS dijo: El señor AI,EXANDER WILLIAM GWYNN RAMIREZ' promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley' 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73t91 y 1802/0ti DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". -...,111...I I rel artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad 46",47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el cuerpo legal.
considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una ontigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubiloción, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o concelación de su obligación.
No serán susceptibles de devolución los oportes patronales.- El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, solvo que el mismo tenga deuda con la Cajo, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna Ie privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. l") la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3o) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin mas requisitos que la idoneidod, y 1) lo igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones dedel Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", "De la Formación de Recursos ", artículo I lo primera parte: "Los fondos y rentas que seconformidad con las disposiciones de esto Ley, son de exclusiva propiedad de la Caja". cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Buenos Aires- República Argentin4 2001, Tomo VI P-Q).
esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibil vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder ade que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto ende las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes esu devolución considerando qaquellos se encuentran Gustavo E. Santander Dans Ministroíos OiedaEn este Cesa Ministro CSJnghann Ministro ...lll ... Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Losfondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Coja', más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de perdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Coruesponderá lo devolución de sus aportes a los funcionarios eue..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna at inicio de sus disposiciones pretende proteger.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caj4 en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Alexander William Gwynn Ramírez, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestr¿r Ley Fundamental, que dispone: "...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites ,serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla acce.sibl+,t para todos.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que coresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del4lo de laLey N'12856/2006 "Que sustituye las leyes N'73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Alexander William Gwynn Ramírez, ello de conformidad alArt. 555 del C.P.C. Es mivoto A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: l.- El señor ALEXANDER WILLIAM GWYNN RAMIREZ, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y I8O2/OI DE LA CNA DE JT]BIL,,II::IONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "1../ se evidencia una conculcación del derecho de propiedod consagrado en el Art. 109 de la Carta Magna, pues por el simple incumplimiento de requisitos establecidos deforma arbitraria por la,Cajo (...)". 3.- El Artículo 41 de Ia Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresoonderd lo devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con uno antieüedad suoerior a los diez oños v que no tengan derecho a la iubilación. aue fuesen desoedidos, deiados cesantes o aue se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan semicio. La t?.aja podrá optar por la aplicación del citodo monto a la amortizoción o cancelación de s;u obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes prescribird después de tres años del retiro del afiliado de su traboio. :;alvo que el misnto tenga deuda con lo Coja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amorliza<:ión o cancelación de su obligación " (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer pánafo de la nom a atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán apseder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedido§,' dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LoS ARTICUL)S .J", g' y t0 DE LEy N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA F'TSCAL, SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: ...111...I Conrn USTTCIA (...) Aouéllos que se retiren de la función oública sin reunir los requisitos oara ACDEL SISTEMA y pARAGtIAyo, y DER)GA EL ARTICULI tTz DE LA LEy N" II TL¡I,ICIÓN PUBLICA ",del 6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.
Su formación se debe a Ia influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.-- 9.- Así, muchas ramas delDerecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la tey. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que hainactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Alley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Comoproduce productocivil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres ) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica.
podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien en"durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en eltiempo de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particununca demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados",SE en una situación de mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una entidad financieros estrin dirigidosLbién a brindar amparo a los afiliadossus lavejez o invalidez.actuar en respuesta adichai...l/l Gustavo E, Santander DansJullo G' tlinis+.rc CShla laCla MinistroDVíctor troOjedaouna los derechos queotorga Cesar ...111... necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(. ..) pero jamás una diferencia en perjuicit» de este sector f...)"'. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligakrria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectaci,:in, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario c¡ue garantiza el correcto funcionamiento de laCaja. Criterio que comulga con elmandato constitucjional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva'' del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos lírnites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas garantizan y reconocen el derecho a, la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos rnodos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que represent4 atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusirin como la arribada - prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(.. .) Por todo lo expuesto es clue la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)'- 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el At. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el inlerés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la noÍna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo " en ningún coso" .
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Arr. 137 de la CN, se constituye en la norrna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dtjo la Corte que la inenunciabilidad de los beneJicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).-- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida" arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugor parcialmente ala presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N9 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición paro la devolución...///...
tAmayaJ.A.,Director.(2018).Tratadodecontroldeconstitucionalidadyconvencionalidad.Tomo4 l)erechosyCarantías.Buenos Aires, Argentina- Astrea. Ptág. 60.- Maddaloni, O.A.; Tul4 D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, lo demás en todos sus términos. Es mi que se dio por acordada la Gcsar tui' DDilt Junghan Mlnigtro CSJ' Jullo C. mlfirmando SS.EE., todo por ante sigue: nder Dans Y SENTENCIA NÚMEROZ L55 .
de r.¡af-2o Dr,rs Ojeda inistronistroDr.Ríos Ojeda Ministro Asunción, VI§TOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41" de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Señor ALEXA¡IDER RAMIREZ, de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C registrar y Ge¡ar f'll' Diesel Junghanns Ministro tander Dans ;uarcrar- r .ot¡-oO trM."Í: