C<>RTE Su PREMA rr,,f LJ STI C IA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEXIS GABRIEL MATTHIAS AVALOS C/ ART. 41O DE LA LEY NO Y SENTENCIA Núurcno: lo5¿rznt;an los Excmos. Señores Ministros de la Sala DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR ENRIQUE SANTANDER DANS, Ante el Secretario al Acuerdo el expediente caratulado: '*'ACCIÓN DE1íei s i{de Asunción, Capital de la Repriblicadel Paraguay, a1cs é)ac-o días, ra-o I , del año dos mil tJ8,;ql;cleho , estando en la Sala deo INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEXIS GABRIEL MATTHIAS AVALOS C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/06".- No 1676; AÑO 2022,a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Abg. Mario Rubén Cortese Alce, en representación del señor Alexis Gabriel Matthias Avalos.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justici4 Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
GUSTAVO autorizante, se trajo CUESTION: A la cuestión planteada el Doctor CÉS¡,R DIESEL JUNGHANNS dijo: El Abg. Mario Rubén Cortese Arce, en representación del señor Alexis Gabriel Matthias Avalos, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41o de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73l9I Y I8O2IOI "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''. ..
Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o y 47o de la ConstituciónNacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo l09o del mismo cuerpo legal.
La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Coruesponderá la sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diezno tengan derecho a lajubilación, que fuesen despedidos, dejados cesontes voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. susceptibles de devolución los aportes patronales. a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
la parte accionante que los requisitos establecidos por la disposición que le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que wlnera los principios Igualdad consagradosde manera expresa en la presentadas en autos, se verifica que Matthias Avalos era aportante de la Caja de Jubilaciones y de Bancos y Afines por los servicios prestados durante elen que funcionario de un Banco de¿Es procedente la Acción de inconstitucionalidad deducida?.
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.
Gustavo E, Santander Dans della Cesar Mlnistro CSX . MinistroDr.eda.It de Justicia, {i,, 1 !lllDoctores,Corte Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se ostablece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funci,¡narios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se r,etiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado la parte accionante, el señor Alexis Ci¿üriel Matthias Avalos no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efer::tos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artícr¡lo 47o de la Constitución Nacional, el cual expresa: : /'Artículo 47" -.De las garantías de la i§ualdad;- El Estado habitontes de la República. I ") la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2") la igualdad ante las leye,s; ;tc) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos quc la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturalezo, de los bienes materiales y de la culturo".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Oaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay; expresada por meclio de su Título Terqgro "Del Potrimonio", Capítulo Primero "De la Formocién de Recursos 'i artículo I lo primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con los disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En, este punto, cabe traer ;a colación la clásica definición de I'ropiedad de Aubry y Rau: ".r.Ia propiedad es el derecho de gozor y disponer de una co::u sin más limitaciones que las establecidas en los leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario En;iclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q). En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la i:nstitución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, ba1c, ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante r,3clama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecti'va constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las dispos'iciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante il qr.rien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una ¿rfrenta al Principió de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder aL la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llananrente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a ap-ropiarse de la tr.rtalidád de los aportesJ ..ACCIÓN PROMOVIDAINCONSTITUCIONALIDAD POR ALEXIS GABRIEL MATTHIAS AVALOS C/ ART. 41O DE LA LEY NO asociados, en el caso particular, del señor Alexis Gabriel Matthias que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
1.- El Abg. Mario Rubén Cortese Arce, en representación del señor Alexis Gabriel Matthias Avalos, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de Ia Ley N' 2856t06 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N', 73/91 y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY. PaTa eI efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad de ex funcionario 2.- La parte accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, gva " (...) la Caja de JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS DE BANCOS Y AFINES se está apropiando de los aportes generados a través de mi trabajo durante los años que me desempeñe laborales..
unghannsc,omo funcionario bancario, privándome al acceso de mis propios beneficios 3.- ElI de la Ley No 2856106, impugnado dice: "Artículo 41.- Coruesoonderú la uesen La Caja la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a delde que el mismo tenga deudo con la Caja, en cuyo caso los aportes serán la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son a la interpretación letrista del primer pánafo de la norma atacada, surge que s funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán alde sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen ados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdadrespecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley N' 4252110 ")UE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO ", en su lo dice:L. Cesar CSJMinistroDr.LA ati; iirtrui?tilir la acción f¡4ii#iii;,rsh[*lsr', *if i*{¡mir *id}:t' I .!{*rüfi sr:ew tSiYflI'P,li¡q de sus una t,ctal nuestra Ley .",gnin 7 dice: "I)a tiempocuanto abandonoseñaladasen la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de unade la acción o reclamación durante cierto tiempo vínculo jurídico queno fl.ü cu{ .iqplica quq,-d i'p.fqgposiga la Ley anos 7.-"El derecho o un nuevo .Dicho destacar ciudadanos.
encontraríasometido eternamente a unha durante un periodo prolongado detiempo.relación júrídica no se permaoesido inactuado REMA U STICIA "los j dirigidos: invalidez...ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEXIS GABRIEL MATTHIAS AVALOS C/ ART.4IO DE LA LEY NO "durante el tiempo previsto en la ley?'. De lo contrario la obligación de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de particular que nunca reclamó y los demiás beneficiaros de la Caja, entre los ubilados"quienes se encuentran en una situación de mayor La CajaBancariaES también a; una entidad previsional, por brindar amparo a los afiliadostanto, sus recursos ante sus necesidades Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo conservar su liquidez. La doctrina tiqne dicho que se debe extremar, estolo que jubtifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interé§ particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.). 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por pafe del ahliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, sefialando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefiiado (..)2".
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de sociedad entera, entonces, suse encuentra amparada por lo que 128 de la CN, cuando mencionacaso el interés de los par en el epígrafe de la normapara la tutela pero jamásancianidad en favor de esa franja considerada como diferencia en perjuicio de este sector (...)t". Es sobre el incluso,1Amay4 J.A., Director. (201 Aires, Argentina. Astrea. Pág. ó0.- Maddaloni, o.A.; Tula, D.J.tucionaleslmperar so [:SH,ftfi1üEl0Htr 4' Derechos v". si cuando Ríos Ojedaésta, Julloen et DelVildXirftf&o AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina.,Ministroii durantecual es Pfu.Od..; 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta rlon el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se, oonstituye'en la nonna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitrrcional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneftcios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general'' 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que coresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad def Ar.tículp 41, de la Ley N" 2856/06, exclusivamente e4 la parte que estdblece gqmo condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES MI voTo A su tumo, el Doctor SANTANDER DANS dijo: El Abg. Mario Rubén Cortese Arce, en representación del señor Alexis Gabriel Matthias Avalos., promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N' 2856/06 QIJE SUSTITUYE LAS LEYES Nos.73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONIIS Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser c,ontarios a los Arts. 46, 47 y 109 d9 lp Constitución de la Repq$ica.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una'ontigüedad superior a los diez años y que no tengqn derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde preston servicio. Lo Caja podrá optar por la aplicoción del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes .pafronoles. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años dl,el retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la qmortización o cancelación de su obligación".
.--.- Que el abogado accionante, en representación del señor Alexis Gabriel Matthias Avalos, justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razónal rechazo de la devolución de los aportes de su representado, c¡ue fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la respuesta negativa del ente mencionado se debe ;a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y normas establecirlos en la Carta Magna.- A fin de esclarecer este punto, es importante examinar i:l artículo impugnado desglosrándolo por párrafos.
El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de laCaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamerrte, limitándolo con dos' requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor adiez añosi1', b t que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social d¿índole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia,.aclarando,querdeberá r"1.*1.llida.a todos l3s 1¡ctc,res d1 la población.
:riisll' ll E..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEXIS GABRIEL MATTHIAS AVALOS C/ ART. 41O DE LA LEY NOMA STICTA financieros de los seguros sociales no serán desviados vqestar disponibles para sus objetivos el alcanceeste lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene la ideaes dable recordar que nuestra Carta reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida din¿ímica. Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. l-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de gar:antizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportahtes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.
9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta M¿ixima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. --- con el obj derechoslograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus Abg.4amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer 1 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
: el último párrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años era tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre SJosé de Costa Rica, internalizadapor Ley 1/89, nos ayuda a launa restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades tdtdeben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido por r¿vones de interés generalcon el propósito para bien, a fin de esclarecer Cesar llll, Dlese Gustavo E. Santander Danssus límites de30 de cual han Víctor Mini¡tro C5J.n5 MinistroDdel Ojedaii lti¡i,.i fondos que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada. subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser estatrlecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo lPacto.
De los claros términos citados, esldable advertir que el derecho aL la Propiedad Priyada no es absoluto, adrnite limitacionesra ser reconocidas porLey en aras a su func,ión econór,rioa y social. Complementando la idea expuesta; es dable apuntar que e[ constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustenta¡ la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo caractr:rísticas que inspiraron su legislación diciendo ".,.8n primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porqlte, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una re'percusión social...3" .
En el contexto de una sociedad democrática - art. I - donde se pr,:lclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, gararúiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General le las Articula.ciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Vertlú, r::ta la Frosini diciendo ". . . .cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un esper'c , cr¡ntiene ence'rrado, lauisióny la'luz de todq la Le1t, y no solo es un orden a,seguü', s,t'o la actuoción de un principio..
El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas,normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, oon otras disposiciones tanto gramatical, como sintacticamente. Concluye diciendo que " ...1o interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".
N'2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por .la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un caráctel'pennanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el l:lstado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con r,:l interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este carso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, conc,isa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los apc)rtes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merrna en el eiercicio de tal derecho.
Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros nubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercir::io del derocho. En conclusión, atento a los argumentos precedentemente e>lpuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal. N' 842 de fecha 28 de abril de 2023 obrante a fs. llll3, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acciónde Horacio Anton¡o Pett¡t, Constituc¡ón de la República del Paragua¡ Concordada, Anotada y con Juris¡rrudenc¡a, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. LdLey Paragüayá. esuric¡órílpáraguay, p gszi 1i I . i, Conrr SU PREMA ,,oJUSTICIA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEXIS GABRIEL MATTHIAS AVALOS C/ ART. 41O DE LA LEY NO SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y I8O2/01 DE LA CAJA Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para de los aportes jubilatorios, dejando subsistente todo lo demás contenido en relación al accionante de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P terminadofirmando SS.EEtodo por ante ll1. DieselJu illlnistro CSJ.Es mi voto.- Con lo certifico,la Oiede E, Santander Dans Ministroro s,qÉroAnte Jullo ACUERDO Y SENTENCIA XÚUNNO: 7.'T-O Asunción, 5 de n""Q r Zct VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al señor ALEXIS MAdea lo establecido enel Art. 555 del C.P Co¡ar M. DieeeiJ E, Santander Dans Mlnl¡treDr.'lor Mlnlstro CSJ Ante Gustavornt§ Mh.)A-,deq Jullo C.'i.
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