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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 257/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADZUAN ENRIQUE ARZA CANTERO C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06, QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 18O2/01". N° 2553.

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06, QUE

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Conm§upnrue»rJusrtcrA *¡,ccróN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR ADzuAN ENRIQUE ARZA CANTERO C/ ART. 41" DE LA LEy N. 2856/06, QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y I8O2/0I". N'2553. nño zozr. ACUERDo Y sENTENct¡. Núlunno: fu)qnles c¡qa,n nhaieh de Asunción, Capitalde la República , del año dos mil t del Paraguay, a los Cv¡<o días, del Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DTESEL JUNGHANNS, VÍCrOn ÚOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIAN ENRIQUE ARZA CANTERO C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856106, QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73191 Y 1802/01". N'2553. AÑO 2021", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Señor ADRIAN ENRIQUE ARZA CANTERO, por derecho propio y bajo patrocinio de los ABGS. ADOLFO ALBERTO MELGAREJO PÑEIRO y LUIS RODRIGO VERON MOLINAS.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SA¡ITANDER DAttS, DIESEL JUNGHAITNS y ÚOS OJEDA.

A la cuestión planteada el Doctor SAIITAIIDER DA¡IS dijo: Se presenta ante esta instancia el Señor ADRIAN ENzuQUE ARZA CANTERO, por derecho propio y bajo patrocinio de los ABGS., ADOLFO ALBERTO MELGAREJO PÑErRO y LUIS RODRIGO VERON MOLINAS, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", por ser violatorio a los Arts.

46,47,86, 95 y 109 de la Constitución Nacional. La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con uno antigüedad superior o los diez oños y que no tengon derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesontes o que se retirende las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes de tres años del retiro del ofiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga en cuyo caso los aportes serán,aplicados a la amortización o cancelación de su justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada rechazo de devolución de aportes que fuera solicitado por su parte ante la Caja consta a fs. 03, bajo el fundamento de no haber acumulado la antigüedad exigida en manifestando en resumen que: "...por tanto, me imposibilita legalmente a retiro de sus aportes retenidos, en concepto de aporte, por no haber el plazo mcryor a I 0 años .. . ". (sic.).

estepunto, es importanteartículo Santander Dansdicho MinistroCesar IJlini:tro CSJannS VíctorOjeda ...lll ... El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo r:on dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.

Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dopendiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, déstaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus finers específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución Nacional.

A frn de complementar la idea expuest4 es dable recordar que nueslra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justic,i:r y la igualáad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, pc,iende, todás y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite disciiminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

.-."

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -At. l-, impone en el poder Público -Art. 3 en concordancia con los Arts. 247 y 260- la responsrabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (Art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (Art. 53 de la Ley 1626 y Art. 9 de la Ley 2345). Tal situación puede ser convalidada por esta Mráxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación clel primer párrafo del Art.

4l de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente e>lpuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 1203 de fecha 29 de junio de 2022, obrante a fs. 16117, cabe Hacer Lugar a la Acción de lnconstitucionalidad planieada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUyE LAS LEYES NROS 73191 Y 1802/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a loprevisto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto.

A su turno, EL Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor ADRIAN ENRIeUE ARZA CA¡ITERO' promueve Acción de Inconstitucionalidad contra r:l artículo 4lo de la Ley 2856106 ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73191 Y ISO2IQI DE LA CAJA JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCAzuOS DET I'ARAGUAY". --...111... Coxrr el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad Arts. 46", 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el mismo cuerpo considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderó la devolución sus aportes alos, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.

No serán susceptibles de devolución los oportes patronales.

El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribiró después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aporfes serón aplicados o la amortización o cancelación de su obligación".

Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.-- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizorá a todos los habitantes de la República. l") la igualdad para el occeso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2o) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin mas requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de lo naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".

En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados alaCaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Potrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo I 1" primera parte: "Los fondos y rentas que sede conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de losde la Caja". punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto atribuciones que porderecho posee sobre losaportes Gesar Mu Santander Dansala Caj Gustavo Ministroillinictrc CSJse encuentran OjedadevoluciónI lll ... Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: ,'Losfondos rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de eaa Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado lirnita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios Que..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia nonna al inicio rur disposiciones pretende proteger.--- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta alPrincipio de lgualdad, ya que implicaun trato claramente discriminatorio hacia los asociados biutcarios que, como en el caso delaccionante hayan sido desvinculados de la actividad bancariay que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de susaportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegar ya que porel incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caj4 en abiertaviolación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportesjubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Adrián Enrique Arza Cantero,circunstancia que también colisiona con la garantíaconstitucional contenida en el artículo 109o de nuestra Ley, Fundamental,que dispone: .Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y tímites serdn establecidospor la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible para todos Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corrr)sponde hacer lugai a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N' :lft56/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802101de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Adrián Enrique Arza Cantero, ell<l de conformidad al Art.

555 del C.P.C. Es mi voto.- A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: l.- El señor ADRIAN ENRIQUE ARZA CANTERO, bajo patrocinio de Abogados, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITWE I-'IS LEYES N' 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACION'I:S Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, ac,cmpaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario. 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (...) la no devolución de mis aportes jubilatorios, baio el argumento de no haber cumplido con lo tmtigüedad impuesta por el arL 41, sin más fundamentos, resultaría una evidente confiscación. que me ocasionaríi un perjuicio económico, que privaría de un derecho constitucionalmente previsto y al tiempo de constituir un enriquecimiento s'in causa por parte de la 3.- El Artículo 41 de la Ley N' 2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- Co¡resoonderd la devolución de sus aooñes a los funcionarios aue cuenten con una antigüedad superior a los áiez año.ls v oue no tenean derqcho a la iubilación. oue fuesen desoedidos. ¿eiados cesantes o aue se retiren voluntariamente de los entidades donde orestan semicio. La ,:'a¡a poarti optaryor ta oplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitat.la devolución de aportes olescribiró desoués de tres años del retiro del afiliodo de su trobaio. sulvo que et *itio trngo deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortiz,tción o cancelación deiu obligación" (negritas y subrayados son míos 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán accedei al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público Conrn§upnsMAnmJusrtcrA laLeyN' 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 10 DE LA LEY N" REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE I-,1 CAJA FISCAL. SISTEMA DE Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9".- (...)

iubilación. aun.apelando a los derechos que le otorga la Ley No 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN I-45 CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PNNSIӡI PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA PUBLICA", podrdn solicitar la devolución del 90% (noventa por cientd de sus aoortes realizados, aiuslados oor la variación del indice de P¡ecios al Consumidor (IPCI del Banco Centrol del Parasuov." 6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Anículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privoda" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando Ia existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.

Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.-- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripcién", como uncreador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, eluna relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- I derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad poder de actuación abandonando su derecho toda apreciar, la norma impugnadala la "actividad" q el "proceso de solo recsrga activo e impu interésla ley". De loo Gustavo E. Sapasivo de ladu el legi sado por q de...lllAbg.

Ministroel Dansprevisto Ministro 65Jannsla obl Dr,tres aley civil de fondo en su Artículo 657 dice:. "La prescripción extintiva se del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como Caja ...lll ... la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando ,un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de l¿r Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de rnayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen torlos los afiliados alaCaja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradicr,orio al interés particular.

12.' La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectaci<in, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario <¡ue garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva'' del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho zr la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos rnodos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128; de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclus;i,ín como la arribada - prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(. .

) Por todo lo expuesto es que la iurisprudencia lsboral ha desestimado en forma reite,rada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normos que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectandtt lo intangibilidad de los derechos, y que, en aras de tm interés superior colectivo, se priva de re,clamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)'- 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulare.:: primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ést4 más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el ,.:orrespondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituy'e en la norna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.' De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, también dtjo la Corte que la iruenunciabilidad de los beneJicios propios de la seguridadsocial no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechossine die (...)" (Las negritas son mías 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo QU€ rlcr podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendinriento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

...111...

Amayq J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4.. I)erechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina- Astrea. Pág. 60.- Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley No en la parte que establece como condición para la devolución de los de contor con unasuperior a 10 años, manteniéndose incólume lo sus términos. Es mi Con lo que se diofirmando SS.EE., todo por ante certifico, quedandola Gustavo E.Cesar llf . DGscl Junghanns Ministro CSJ.

Ante SENTENCU, XÚUrnO: L5+. Asunción, 5 de v1orzQ dezo2l VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE §UPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTTTUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41" de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a unasuperior a diez años a losla devolución de aporte jubilatorio, conal Señor ADRIAN CANTERO, de conformidad a lo555 del C.P.C A¡[OTAR, Gustavo E"Santan Ministro Julio C'M. DieselJunghanns Ministro csJ'Dr.Ojeda Ante IAr'.i 1ECRETeo A-tl IC!ALDfl,