CORTE SUpREMA"o) usrlCIA"¿.ccróx DE INCoNSTTTUcIoNALTDAD PROMOVIDA POR CYNTHIA CAROLINA DELVALLE CI ART. 41O DE LA LEY NO SUSTITUYE LAS LEYES No caratulado:(aACUERDo Y sENTENcm ¡vúurRo: DE LA LEY NO InconstitucionalidadSog.tor^loo cs,'-,cvenla de Asunción, Capital de la Repúbliga del Paraguay, alss Ciúo días, del , del año dos mil rr(inl,<-uatfo , estando en la Sala de Acuerdos de la'l CAROLINA 0875/2018", aJusticia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DTESEL JUNGHANNS, VÍCTOR nÍOS OJEDA y GUSTAVO ENRTQUE DA¡[S, Ante mí, el Secrptario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CYNTHIA promovida por la señora CYNTHIAde resolver la Acción de CAROLINA DELVALLE.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Cc¡ar [ll. Diesel Junghanns It/ltnistro cSJ.A la cuestión planteada el Doctor CÉSnn DIESEL JUNGHAI{NS dijo: La señora CYNTHIA CAROLINA DELVALLE, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITITYE LAS LEYES N' 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA S.G.NOT. N'0875/2018 de fecha l5 de octubre de 2018, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.
.Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o, 47o de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo l09o del mismo cuerpo legal.
La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Coruesponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan semicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o canceloción de su obligación.
susceptibles de devolución los aportes patronales a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes a la amortización o cancelación de su obligación". la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante elen que funcionario de un Banco de plaza.
la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece el derecho a la devolución de losrealizados a la Caja. En primer lugar, semlnlmaPracticado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JIINGHANNS, RIOS OJEDA y SAII{TAIIIDER DA¡[S. Gustavo E, Santander Dansa parte de diez años Ríosreq MinistroDr,atl ilrlil en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la -iubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por concuJcar lo preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizorá a todos los habitantes de la República. l") la igualdod para el acceso a la justicia, o cuyo efectc, allanará los obstdculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3o) la igualdad para etl acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4') la iguttlda'd de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura't.
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Le1' atacada la delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados alaCajade Jubilaciones y I'ensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo llo primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de en.:lusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedarl de Aubry y Rau: "...24 propiedod es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que los establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Llsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q) En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia k:¡' la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposiibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes e¡r forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que poi derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentrarr indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una cla¡a contradicción en la Ley cuando, por una parte esta e):presa que: "LosJbndos y rentqs que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta [,sy sr,,rt de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establLecen: "Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que..."; todo ello sin otl'o perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende prcteger.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus apoftes. amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio mirrco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora CYNTHIA CAROLINA DELVALLE, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109" de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...§e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establercido,¡ por la Ley, atendiendo a sufimción económica y social, afin de hacerla accesible para todos... " En cuanto a la NOTA S.G.NOT. N' 0875/2018 de fecha l5 de octubre de 2018, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines., rel'utada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificacirin la accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de l¿r Resolución No 26, acta No 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr ltna eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la rrota por la cual se notificó la resolución designada./ ORTE PREMA USTICIAI..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR CYNTHIA CAROLTNA DELVALLE CI ART. 41O DE LA LEY NO SUSTITUYE LAS LEYES No ^lño zozt.
expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia Público, considéro que coresponde hacer lugar a la acción y en la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en a una antigüedad superiora diez años a los efectos de la devolución deaporte señora CYIYTHIA CAROLINADELello de conformidad al Art. 555 del C. Esvoto. A su turno, EL Doctor ÚOS OJEDA dijo: bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4l de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITWE L,,IS LEYES N'73/91 Y 1802/01 DE I-,1CAJA DE JUBIIÁCIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA S.G.NOT. N" 0875/201 8 de fecha 1 5 de octubre de 2018. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 ,21" y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) los requisitos establecidos y citados arríba, fundados en el dictamen jurídico de la Caja Bancaria, y luego, e la misma contestación de la misma Caja ME PNVAN DEL DERECHO que tengo a acceder a la devolución de mis aportes de dinero que se encuentran en la Caja de Jubilados y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines que tengo derecho al mismo pues son de mi exclusivo propiedad pues he aportado de mis salarios a la referida caja, y deben en derecho ser devueltas a mi persona, dejándome en esta decisión una situación de injusticia y vulnerabilidad basado en uno norma completamente arb itrar ia e inconstituc ional (...) ", 3.- El Artículo 4l de la Ley N'2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- Corresponderd la devolución de sus ooortes a los funcionarios aue cuenten con una antisüedad suoerior a los diez oños v que no tensan derecho a la iubilación, que fuesen desoedidos, deiados cesantes o aue se reliren voluntariamente de las entidades donde orestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes orescribirá desoués de tres oños del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo coso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.-En cuanto a la interpretación letrista del primer prírrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrrin acceder al recupero de susy cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantesrasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a losa la devolución de aportes en el sector público en general AILey No 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 10 DE LA LEY M REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL, SISTEMA DE Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9".- (...)
acceder a aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUEESTABLECE I-4 DEL TIEMPO DE SERT4CIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE GUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO IO7 DE LA LEY N" y subrayado son míos Gustavo E. Santander Dans5 il Banco Cenit Cesar [Ú1. Diesel Jurghanns 'Mini¡tro u>¡'MinistroDr. a¡::liii l¡i,-tieX¡i.,ri ,¡i ri ilr$.+d-t iitrlJr fil iiiilrl filililit flli tii I 6.- Examinadas las norrnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto t,:n el primer párrafo de la normativa imp¡rgr,rada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido,lqs l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por rlerecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De los Garantías de la lgualdad" 1' 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7-, Ert cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "fl,l derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del ,tfiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de cri,lerios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nueslro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo erdenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la nornra, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protecci(rn o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a Ia obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los cirrdadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce l'ablas creada para regular la conVivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o.reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta rnanera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un ! ínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo 10.- Al respeeto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: :'La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establet:ido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reunienclo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.
ll.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "acti'¿idad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo tnrpulsado por quien tiene interés en ello'odurante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obli¡ración de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinid¿rnrente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caj4 entre los que se encuentran "los jubiladori", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.LaCaja Bancaria es una entidad ¡lrevisional, por tanto, sus recursos financieros estrán dirigidos también a brindar amparo a los afilia,Jos ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas ner)'rsidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe e;'lremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(. ..) pero iamas tma diferencia en perjuicio de este sector (...)'". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardaf el "ittlerés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad so«:ial que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
J.n.l Director. (2018). Tratado dg ootrtrol dc cil4stitr¡cionalidait ycoávcni:iuralidad. Tomo 4. Derechos y Gainntlas. Buenoi " *ts,irgcntinaAffcá.Pág.4.-"'r 'r 'i t,iluL ORTE REMA STICIA "ACCtrQN DE PROMOVIDAINCONSTITUCIONALIDAD POR CYNTHIA CAROLINA DELVALLE Cl ART. 4lo DE LA LEY No SUSTITUYE LAS LEYES No 73t91 Y t802l0l' Y NoTA S.A. NOT. No da validez a la proposición normativa social de afectación, alejando a la Caja dedel "interés general" en la de seguridad y estabilidad al que podría originarse por lainterposición tardía de las reclamaciones, lo alteraria el equilibrio financieror presupuestario que garantiza el correcto de la Caja. Criterio que comulga con elconstitucional (Art. 128 C.N.).
a la seguridad social esqulen se mandato constitucional abienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocenela la Seguridad Social y establece cuáles el13.- Todo lo relativo encuentra obligado por derechostiempo y forma. De institutoel mentado ordenla seluridad jurídica que interesa a la sociedad misma.v soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derechoa solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(. ..) Por todo lo expuesto es que lajurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando lo intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los eiercita en el término prefijado (...)2- 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norrna de mayorjerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, también dijo la Corte que lo irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no conslituyen de¡echos sine die (..)" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- En cuanto al planteamiento en contra de la NOTA S.G.NOT. N" 0875/2018 de fecha 15 de octubre de 2018, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 41 de la Ley mencionada, por lo que la citada Ley No 285612006, precedentementeNota, también atacada corre la misma suerte que elde la 20.- De esta manera,todo el fundamento aquí sosten corresponde hacer lugaracción de inconstitucionalidad consecuencla,la inaplicabilidad del Artículo r',ro&oaardll[,; Hiqs.ldeben ser ejercidos en de la prescripción, por Ríos Oiedade la Ley Doplno de los lode confar con Pág. 04.-suo csJ.como Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina.MinistroiIiiliit ili,E f,ir lllill! r1i todos sus términos, y la NOTA S.G.NOT. N" 0875/2018 de fecha l5 de octubre de 201 8. ES MI voTo.
DELVALLE, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el anículo 4l de la Ley No 2856106 QUE SI-ISTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIC)NES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y la NOTA S.G.NOT. N'0875/2018 de fecha 15 de octubre de 201 8, en raz6n de ser contarios a los Arts. 46 y 47 de la Constitución de la ll,epública La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41,- Coruesponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejaclos cesantes o que se retiren voltmtariamenÍe de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a lci amortización o cancelación de su obligación. No sertin susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho o solicitar la devolución de aporte,s pre,scribirá después de tres años del tetiro del afiliado de su trabajo, solvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cu.yo caso ly anolte¡ slrán aplicados a la amortización .o cancelación de sy obligaci'ón".
1
l-- 'Que la accionante justifica el pédidd de'declaración irlconstitucionalidad de la,citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria, la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y nornas establecidos en la Carta Magna.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo irnpugnado desglosándolo por prárrafos El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo r:r:n dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que nortehgan derecho a,la jubilacién. --¿i-.i---:r Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social drándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines espei:ificos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicantente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los proplos beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna irniolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justic,ia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideol«igico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, pclr ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son irrterdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.
En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad ,Je l,r¡, personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamert,:, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si birn, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de lal rormativa, la extensión del - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpre:z,ciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinr,.rrrica.'l-r: J: I I 'lr,iif,,li.l ! rdái ACDEINCONSTITUCIONALIDAD POR CYNTHIA CAROLINA C/ ART. 41O DE LA LEY NO ,,bORTE PREMA STICIADEL la persona en su los trabajadores2856t06 ,,QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO constitución de un Estadode derecho - Art. 1-, impone en el Poder con los arts. 247260- la responsabilidad de garantizar la que el primer parágrafo de la norma. En tal sentido, cabe limitación que coloca a losde la citada Caja en una situación pares de otros rubros. V.g.Municipales (art.66 de la Ley 122193), (art. 53 de la Ley 1626 y art.9la Ley 2345). Tal situación no puede ser clara transgresión al cumplimiento de los constitucionales.convalidadaesta Mríxima lnstancia sin denotar citados Porpara lograr el reconocimiento de objeto de lograr la objetivación de la igualdad de forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.
Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 4l- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley l/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autoriándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido est¿blecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 2l de tal Convención; como asimismo, el fut. 46yacitado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.
Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo "...8n primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trsta de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...3". En el contexto de una sociedad democrática - art. I donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendoaa leyincluida la más concisa, como el fragmentode unespejo, contiene enceruada, la vis de toda la Ley, y no solo es un orden aactuoción de un principio..." .
El mismo autor, ob. cit., p.sinonimia de las disposiciones expresa sunormativode los términos de los estas normativas mantienen y unatantodignidad y en su integridad, con el en el ejercicio de sus derechos en Ríos Ojeda Horacio Antonio Oogmát¡ca, Ed. Lade la Asunción,que Julio C'E. Saque Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 ParteLMinistroli 'iltl 'liilr'ill'¡lllrlii r;lillI11 ¡,ti1q sintácticamente. Concluye diciendo que " ...Ia interpretación de una dispo,s,ición y/o varias de ellas inplica la interpretación de toda la Canstitución, es decir entraña la de todos sus preceptot,..",
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilacione:; y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial frjado por la Ley. En eft,:cto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así eli derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan sirlo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés r;ocial y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida e[ derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición ,::lara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo l¿s mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este s,¡ntido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas desproporcionadas para ser consideradas como una merrna en el ejercicio de tal derecho. Por último., debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análo¡ga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.
Por último, la recurrente ha impugnado la NOTA S.G.NOT. N'0875/2018 de fecha 15 de octubre de 2018 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de apoftes de la afiliada por aplicación de la norma impugnada, por lo que deberá corer la misma suerte que el Art. 4l de la Ley N' 2856/2006 precedentemente analizado.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal No 7I I de fecha l8 de abril de 2023 obrante a fs. 32/35, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acció n de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 dr¡ la Ley 2856106 "QUE SUSTITIIYE LAS LEYES NROS 73191 Y ISO2IOI DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los rrportes jubilatorios y, consecuentemente la NOTA S.G.NOT. N' 0875/2018 de fecha l5 de octubr:c de 2018, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejandos rbsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación a la accionante de conformidad a lo previsto en eldel C.P.P. Es mi voto.
se dio porSS.EE., todo por ante r fVlesel Jun Frin¡strc csl o E. Santander Dans MinistroMinistro ;lrl'tl i,,lix ill ,lri I rli;l n lVRrl ai)lih,ro,,a' @§f.ffiiu"*eccróx DE TNCoNSTITUCIoNALTDAD PROMOVIDA POR CYNTHIA CAROLINA DELVALLE CI ART. 41O DE LA LEY NO SUSTTTITYE LAS LEYES No ACUERDO Y SENTENCLL wtIUnnO: ?59. del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en la inaplicabilidad del Art. 41o de la Ley N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolucién de aporte jubilatorio, así como la NOTA S.G.NOT. No 0875/2018 de fecha l5 de octubre de 2018 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, con señora CYNTHIA CAROLINA DELVALLE, de conformidad a lo establecido en el C.P.C.ala Cesar M. DieselJung [l]inistrc C9]' Ante mllE, Santander Dans MinistroDr.
Jullo G' lylJ oSECRE -tL,'JUDh