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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 264/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VIVIAN ESTER CACERES BRITEZ C/ ART. 41 DE LA LEY N° 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73191Y 1802/01; NOTA RAP No 1746/2021 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2021.-». N° 369. AÑO 2022.

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N° 2856t2006

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DEACCIÓN(a I)liICPROMOVIDA POR VIVIAN ESTER CACERES BRITEZ C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No FECHA L2DEJUNIO DE}O¿I.-». NO 369. Inconstitucionalidad promovida por la señora VfVIAN ESTER CACERES BRITEZ.--- Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA Y §ANTANDER DANS. A la cuestión planteada el Doctor CÉS,ln DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora VTVIAN ESTER CACERES BRITEZ, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JU-BILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y coqtra la NOTA RAP. No 174612021 de fecha 22 de junio de 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.- Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o,47" y l09o de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109'del mismo cuerpo legal.

considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución aportanteprestadoscuelrv de suslos,funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no a la jubilación, que fuesqn,despedidos, deiados cesantes o que se retiren de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del ' amortización o cancelación de su obligación.--' sus c ept ibles de devolución los oportes patronal e s.

a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes a la amortización o cancelación de su obligación".

la accionante que los requisitos establecidos por la disposición quele al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios deala vde Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución N presentadasen autos, se verifica que el accionante erade la Caja de de Bancos y Afines por los serviciosdurante el comode un Banco de E, $antander'DansCesar Gustavo Minist¡"oDr.ubi Ojedai rl!a $fi,¡|itrffi q r.l¡rirg!,,,,t, [,rhr$rr-";'itrdibl dos mil Justicia,Excmos.de la VTVlANLEY DE FECHA 22 DE, JI.INIO DE 2021.-". NO 369.2022", a fin de resolver la Acción de Ministro CSJ.

Examinada la norma atacadade inconstitucional, tenemos que ésta ,sstablece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes alaCaja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exi¡:;encias establecidas en la nonna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realiz:ara durante su gestión en una enfldad !*T+, e_xtremg que señalq como-inconstitucigqal por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa:!:--- "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantiz,n"á a todos los habitantes de ta Repúbtica. 1) la igualdad pora el acceso a la justicia, a cuyo efectrt allanará los obstdculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3o) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin mds requisitos que la idoneidad, y 4") la igualda'd de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de lo cultura".

En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Le1' atacada la delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio db su Títulq Terge¡o "Del Patrimqnio'i C.qpítulo Primero "De la Fo,rmación de Recursos'1 artículo 1lo priméra parte: "Lc,s fondos y'rentas'Qu4 ob'tengan de conformidad con las disposiciones de esla Ley, son de ex(:.:lusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja". En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de PropiedarJ de Aubry y Rau: "...2a propiedad es el derecho,de gozar y disponer de urla cosa sin más limitaciotrcs que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho L sual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia lev la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus prqpias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al conceptr: trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva conslitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta e)(presa que'. "Los fondos y rentas clue se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley x»t de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios eue..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados banc:rrios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no ,ruenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes. amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumolimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora VTVIAN ESTER CACERES BRITEZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundame,ntal, que dispone: "...,Se garantiza la propiedad privodq ctryo contenido y límites serán estableeiai'c¡r Wr la l:ey; atendiendo asufuncióneconómicaysocial,afindehacerlaaccesibleparatodos.., En cuanto a la NOTA S.G.NOT. N" 1746/2021 de fecha 22 de jurrio de 202l,diótada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refuti:Lcla de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación a la accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolur::ión No 26, actaNo l2 defti::: .l ; f ,1.1it llt rbrtQ eaüi.¡dlrr.,x orrffillfilr '-, "ACCIÓN DE PROMOVIDAINCONSTITUCIONALIDAD POR VIVIAN ESTERConrr SUPREMA ,,,,f [J ST I C lACACERES BRITEZ C/ART.41O DE LA LEY NO 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No FECHA ¿IDB,JUNIO .Dtr.aOzI..'" de 2017, por lo que, en su se debería haber atacado lafin de lograr una eventual declaración de más no la nota por la cual se notificó la con elM consecuencia declarar 73191y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora VMAN ESTER CACERES BRITEZ, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: l.- La señora VIVIAN ESTER CACERES BRITEZ, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856106 "QUE SUSTITWE IllS LEYES N' 73/91 Y I8O2/01 DE I,A CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA S.G.NOT. N" 174612021 de fecha 22 de junio de 2021. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria. 2.-Laaccionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qüe "(...) en defensa de las atribuciones que por derecho posee los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos que se encuentran indebidamente en poder de los otros (...)

3.- El Artículo 4l de la Ley N" 2856/06, impugnado dice; "Artículo 41.- Conesponderd la devolución de sus aoortes a los funcionarios aue cuenten con una antigüedad suoerior a los diez aplicación del citadomonto a la amortización o cancelación de su de devolución los aportes paffonalesEl derecho a solicitar la devolución de aoortes orescribirá salvo que el mismo tenga deuda con la Cajo, en (negritaslos aportes serón aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" son míos). letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrrin acceder al recupero y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigUaldad con respecto a la Ley Noa la devolución de aportes en el sector público en general 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3",9" Y I Y SOSTENIBILIDAD DE L,4 CAJA FISCAL. SISTEMA DE Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice( ...)

a losque leotorgala Ley N' 3856/09 "QUE DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE UAYO, Y DEROGA EL ARTICULO IO7 DE LA LEY N" 1,DEO DE I,Á LEY N" Gusta{o E. Shntander DáirsAb9. Ministro CSL' MinistroDr. Vlc¡or Rlos Mini¡troOieilarrli r ,liil: :ill tflF ,illr' rt;ili,.,i del 4laNO realizados. aiustados oor lsvariación del indice de Precios al Consumtidor.![PO del Banco Central del Parasuav." (Negritas y subrayado son míos). 6.- Examinadas las norrnas transcriptas advierto que el ,lr¿uto dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de incónstitucional, al privar a los funcionari,)s bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lguoldad de las Personas", 47 "De,las Garantías de la lgualdad" ¡,' 109 "De la frop(dfd 7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro,lel a.filiado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de crit,lrios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta cara,;lerística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce rl las personas deiechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente proteccitin o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a Ia obligación de respetarl,o ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés ge¡¡eral. De ahí surge la figura de la "prescripción". creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Docellablas creada para regular 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regullando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono dc la acción o reclamacién durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un 'línculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Asi, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus apoftes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo irnpulsado por quien tiene interés en ello o'durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la r:blii3ación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el parti,;lllar que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados;", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros estan dirigidos también a brindar amparo a los afiliaclos ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas nr,rcesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos parulatutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...)pero jamas una dderencia en perjuicio de este sector (...)t". Es precisamente esto lo qur: justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" J.A., Dircctor. (2018). Tratado de control de oonstitucionalidad y convencionalidad. T,omo 4. Derechos y Garantlas. Buenos Aires, Arge¡tina. Astrea. Pág. 60.- li¿ tti DEINCONSTITUCIONALIDAD POR VIVIAN ESTER BRITEZ C/ART.4IO DE LA LEY NO LEYES NO FECHA 22 DEJUNIO DE 202I.-". NO 369.

como el derechola seguridad social que tienen todos los como conceptoynoconcepto contradictorio al delgeneral" impugnada.dey estabilidad al un clima de incertidumbreque podría originarse por la que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normÍrs garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(.. .) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (..)2".

15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso". 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con elcorrespondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.137 de la CN, se constituye en la noÍna de mayorjerarquía dentro de nuestro o¡denamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo lala irrenunciabilidad de los beneJiciosde la seguridad social no es incompatiblede la prescripción, por lo que derechos sine die (...)" (Las 18.- Lasocial, por lo que no irracional en el entendimiento del Estado debe ustavo E,'Sa¡tander Dans r Caducidad e1¡{Ptl$p#t Trabajo. AbeledoPcnot. Buenos Aires, Argentina.que uno decalificarlael mras delaun Tula, D.J.

JulioPavónDr. Izfctor R los Oieila,-..ii ilrl riil ir¡iill ''QUE 9]lrrt ,!¿il}jj lhitlf l;Xl social de tardía de las 19.- En cuanto al planteamiento en contra de la Nota RAP: 174612021 de fr:chalT de junio de2021, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. .,t I de la Ley mencionad4 por lo que la citada Nota, también atacadacorre la misma suerte que el art. 4l rJe la Ley No 2856/20,06, precedentemente estudiado. 20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucir.rnalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del A;rtículo 41 de la Ley N" 2,856106, exclusivamente en la parte que establece como condición paru la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior o 10 años, manteniénd,¡se incólume lo demás en todos sus términos, y la Nota RAP:174612021 de fecha22 de junio de'.2021 . ES MMTO.

BRITEZ, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Accid,n de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley No 28'56106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802101 LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADIOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y la Nota RAP: 174612021de fecha 22 de junio de202l, en razón de ser contarios a los Arts. 46,47 y 109 de la Constitución de la República La disposición atacada de inconstitucional establece: "Arfículo 41.- Coruesponderá la devolución de ius aportes a losfuntcionarios que cuenten con una antigüedad superior a lás diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados ,cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá o¡ttar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán si:t,sceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aporte,r pte,scribirá después de tres años del retiro del,afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda (:on la Caja, en cuyo cctso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligact'ón" Que la accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaiia, la respuesta negativa del ente mencionado se debe alafaltade antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la Carta Mag,na.

A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por piárrafos. , El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los áfiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubiere,n fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitríndolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derechc, a la jubilación.

Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dandole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo. destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines espe,:ificos y que deben estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicarnente, el Art. l1 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propi«rs beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que rruestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su prerámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológicc y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificaoión de todo el plexo normativo; y, l.,or ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espír'itu. - trltt¡niU,-';. rl .nQ.

nov.l§ DE INCONSTITUCIONALIDAD @§f,ffikuPROMOVIDA POR VIVIAN ESTER C,q.CBRES BRITEZ C/ART.41O DE LALEY NO 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No FECHA zzDEJUNIo DE2o2t.-". No¡og. Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345), Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.

Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art, 4l- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Ricq internalizada por Ley l/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 2l de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.

De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.

Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad que inspiraron su legislación diciendo "... hablando de un sistema obLEn esse trata de cubrir con la de una sociedad el interés particular - art. I slnoCartagarantiza el goce y el disfrute socialtrabajadora, otorgando Horac¡o Asunción,y con Jurisprudencia, Tomo 1 ParteE' EAtal en sus4+t un claro contenel beneficioque- art. suslaEn el 'general Dogmática, Ed. La Ley Pa Julio C.Santr D¡. Vlcfir Ríos OieilaiiiiIiit:rlli,ril'lliiili,l:ii,iili l{ li;il Li' ,l,i;¡ryirit :.ris,Í Drtl i,',1¡r $s ¡nfiíil;i'l»iiÉi el Art.la igualdaden su dignidad no admite88 no admite que siel caso concreto no se dela extensión del donde de lasocial.

Al respecto, es dable acotar que, en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la l:r osini diciendo " . ..cada ley incluida la más concisa, como elfrogmento de un espejo, contiene encz,"rado, la visión 1t la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un print i,'tio..." . El mismo autor, ob. cit., p. 20ll relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido lrormativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas rnantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones lanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que o' ...la interpretación de una dispo:;ición y/o varias cle ellas implíca la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de' toclc,s sus preceptos...".

Así la exégesis apuntada,armoniza con la disposición de los Art',;.44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial frjado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalici<l de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalnnente con una disposición «:,lara, concisa y previsible pgra el conocimiento y el cumplimientp de las personas afectadas,¡p¡¡$iendo las rnismasejercervElida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. , En este sr:ntido, congideqo que l,a§ medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas c desproporcionadas para ser consideradas como una merna en el ejercicio de tal derecho. Por últim(r, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análor¡a que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho Por último, la recurrente ha impugnado la Nota RAP: 1746/2021 cle fecha 22 de junio de 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Ban,:o y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de aportes de la afiliada po¡ aplicación de la norma impugnada, por lo que deberá coffer la misma suerte que el Art.

4 I de la Ley No 285612006 precedentem ente analizado.

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal No É,25 de fecha 3 de abril de 2023 obrante afs.l4l16, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer prárrafo del An. 4l de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y ISO2IOI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la Nota RAP: 1746/2021 de fecha 22 de junio de 2021, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando st¡bsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación a la accionante de conformidad a lo previstoArt. 555 del C.P.P. Es mi voto.- Con lose dio porfirmando SS.EE., todo por antede que Cesar M. Diesel J ínghanns Mln¡3tro CSJ.

E.SanunderDan§N4ini$§[g, ,Gustavoo"'*';i{::: ojeda Abg.c.I i' li.i l"t!.. trl ji !:Ji.'i oqriü a.rillii,t renrl.lsfll .) uill iiir6tgr?set utl hl @,-sffikr".lccIóNDE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VIVIAN ESTER CACERES BRITEZ C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856t2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No FECHA 2IDEJUNIO DE2o2l.-". Xo 3og.,l,Ño 2fir7-_t:rs+lM,it r¡q ACUERDo Y sENTENcII xúvrnnoz 7,b4 Asunción, ^-ro-r )a dezo}l.- méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE STIPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

aporte j la Caja de Jubilaciones y Pensiones de VIVIANBRITEZ, de AR, registrarde Banco y Afines, con relación a lo establecido en el Art. 555 Cc¡ar M. Diesetfung Ante mí: Minlstro CSJ. E. Santander Dans Ministro 'I Iustav0 Vlcto¡ Ministro JulloPavón,N JUDICIAL I {f1uúa trr, it ir¡:'l I I '|+nSiI