← Sentencias
Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 265/2024

5 de marzo de 2024

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROCIO BELEN IBARRA ACUÑA C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006, QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01". N° 3072. AÑO: 2022.---

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006, QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

IA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROCIO BELEN IBARRA ACUÑA C/ ART. 4I'DE LA LEY NO 2856/2006, QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73191 Y lc¿rXn de Asunción, Capital de la Repúb[ica del Paraguay, alos áoco días, del , del año dos mil Ve¡nli¿ua$<o , estando en la Sala de Acuerdos de la Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DAllS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROCIO BELEN ACUÑA C/ ART. 4lo DE LA LEY N" 2856/2006, QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 1802/01", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad promovida por la Sra. ROCIO BELEN IBARRA ACLÑA, bajo patrocinio de Abogado.--- Previó estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantbar y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JIINGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DA¡[S.

A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JIINGHANNS dijo: La señora ROCIO BELEN IBARRA ACIÑA, bajo patrocinio de Abogado promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41o de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITLTYE LAS LEYES N' 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines. - Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o, 47",21" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109'del mismo cuerpo legal.

La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Cotesponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.

No serán susceptibles de devolución los aportes patronales, El derecho a solicitar la devolución deaportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismocon la Caja, en cuyo cctso los aporteslnitm serán aplicados a la amortización o Sostiene la accionante que privan de acceder al retiro de sus PropiedadPrivada sepor la disposición que vulnera los principios de expresaen la Constitución Ncancelación sVO E, Dr. Vlctor Ríos OieilaCes Ministro JulloPavónM!nistro Ministroi$ iiII,ti ririifi llitiiltilrlll iit: jlHi ilf i li Sri ii#i, itffi;.lifri iiit, .,iüli rlt| constancias y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes alaCaja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garanti.r.ará a todos los habitantes de la República. 1o) la iguoldad para el acceso a la justicía, a cuyo efectc, allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdod de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales 1, de la cultura".

En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Ltel Patrimonio", Capiírlo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11o primera parte: "Los fondos yrentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja". En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...Ia propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin mós limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Llsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podnía contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes; realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de oúos.

trlllilr+lil trrt, Hitiltr ilillii:il ConrE SUPREMA"uJ(JSTICIA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROCIO BELEN IBARRA acuña c/ ART. 4to DE LA LEY N' 2856/2006, QUE SUSI'ITUYE LAS LEYES No 73191 Y láts="St! loexpuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia Ministerio Público, considero que colresponde hacer lugar a la acción y en la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No I de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en a unaantigüedadsuperior a diez años a los efectos de la devolución de aporte la señora ROCIO BELEN IBARRAACLÑA, ello de conformidad al Art. 555 del CEs mi yoto A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: l.-La señora ROCIO BEI,EN IBARRA ACUÑA, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4l de la Ley No 2856106 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N' 73/91 Y 1802/01 DE llt CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46,47,21" y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que: "... De lo mani/bstado yemos que la normativa impugnada peca de inconstilucinalidad pues atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "DE LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS", 47 LAS GARANTIAS DE LA IGUALDAD" Y 109 "DE LA PROPIEDAD PRIVADA'" todas de nuestra Carta Magna, al privar a los funcionarios bancarios que no han curnplido cliez afios de antigiiedad de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general y consecuentemenfe en una alta ilegalidad, situación totalmente repudiada por el sistema constitucional que rige en nuestro país ..." (fs. 6/ll), osí tenemos que el art 4l de laley N" 2856/06, parcialmente modi/icada por ley No4773/12 atacada de inconstitucional, prohíbe la devolución de los oportes jubilatorios, sin presentar otras alternativas paro su recuperación, a funcionarios que cuenten con una antigüedad inferior a los diez años. Considerando que, por los años de aporte se genero una situación de notoria discriminación e injusticia contrariando las disposiciones de rango constitucional contenidas en los arts. 46 y 47 de la CN la diferenciación en función a los años de aporte para poder acceder a la devolución resulta discriminatoria, afectando la igualdad de los destinatarios de la norma que son los funcionarios bqncarios, sin entrar a considerar los años de aporte(...)".

3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- Corresoonderd la devolución de sus ooortes a los funcionarios oue cuenten con una sntieüedad sunerior a los diez años v oue no tensan derecho a la iubilación. que fuesen desoedidos. deiados cesanles o oue se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes orescribiró desoués de fres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los oportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

4.- En cuanto a la interpretación letrista del primerla norma atacada, surge que aquellos funcionarios bancarios cona l0 años podnánal de sus aportes siempre y cuando nofuesenj cesantes o se los derechosmanifiesta desigualdad ico en general Cesar M.selnns Dr. Ylcrot Ríos Oieila Ministroala Ministroa Julioii,ii i' r-H'I i;ili ;'l iil I rrt trij3 ii,il i il{t' ', irit , Pavón 5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "Q(JE M)DIFICA Los ARTICULOS 3", g" y t0 DE LA LEy N" 2,345/03 ''DE REFORA,TA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEM4 DE del Paraeuav."

6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en geneial. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdod de las Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdod" 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta car¿rcterística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce zr las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse ,rlelimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los r:iudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce'Iablas creada para regular la convivencia del pueblo romano 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono dr: la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo,establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, r§unienrlo los dos rpquisite5lque configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso de!] plazo legalmente exigido inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes r'inactividad) pasadosltres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídfca.

ll.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislpdor requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obli¡4ación de la Caja bandaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo i(sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y lilir!i: il:U P,§ili'il;i, l 'irfi ffi;,i it illJUBIUICIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9o.-( ...)

iubilación, auna los derechos que le otorga laLey No 3856/09 "QUEL,l DEL TIEMPO DE SERVIAOS EN I-45CAJAS DEL SI,ITEMA DEJTJBILACIÓN Y PENSIÓNPARAGUAYO, Y DEROGA ELARTICULO 107 DE LA LEY N' 1626/00 'DE I.A FUNCIÓNPUBLICA liii rii'rlll C«:nrc Supne MA onJ U STIC lA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROCIO BELEN IBARRA ACUÑA Ci ART. 4IO DE LA LEY N" 2856/2006, QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73191 Y de la Caja, entre los que se encuentran "losjubilados", quienes se encuentran mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursosestán dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos lala ancianidad ep favor de esa franja considerada como vulnerable "(. . .

) p ero jamas enperjuicio de etste sector (...)t". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción previstaen la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" deobligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados alaCaja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la anibada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(.. .) Por todo lo expuesto es que lajurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposon en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés parala sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso"ffii 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.. De cualquier Amaya, J Aires, Argentina. Astrea.

Maddaloni, O.A.; Tula D.J. Pág. M.-del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Dr, Yíctor Ríos Oiedacuenta con el en la norma de hacea Buenos vtambién dijo lala csJ. JulloPrvónMinistro,LIl;l tlti.ll,iir,,l 1,fij til lr,tlr rtil lifrrllriff{, ffir; seguridad social no es incompafible con el instituto derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).

de la prescripción, por lo que no constituyen 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbiharia o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los flrnes del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del .Artículo 41 de la Ley No 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para ls devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a l0 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES IUMTO.

ACLÑA, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de tnconstitucionalidad contra el artículo 4 I de la Ley No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y I .802/0 I "DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contarios a los Arts. 46 y 47 de la Constitución de la República.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengqn derecho a la jubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicaciórt del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda c'on la Coja, en cayo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligac:ión" Que accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria, la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la Carta Magna.

A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosrándolo por prárrafos El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.

Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el habajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicarnente, el Art. l1 otor$a la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios dd la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto q los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus dereghos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución A fin de complementar la idea expuest4 es dable recordar que nueslra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia la igualdad ya en preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirveri de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una, !;tii 'tiIH ill;t,:li lffir ffitii11.;;f tiril:t, i r:, It r'ii ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ROCIO BELEN IBARRA ACTÑA C/ ART. 4IO DE LA LEY N'2856/2006, QUE SUSI'TTUYE LAS LEYES N" 73191 Y constituciónales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con imprescindibles para comprender su profundo espíritu.

sus; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica. Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 delaLey 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

proceder al retiro de los aportesjubilatorios.

Nótese que el último párrafo de tal normativa - Art. 4l- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley l/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 2l de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.

De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.

Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De laal Social - contribuyó definiendo ca¡acterísticas quesu legislación diciendo "En lugar, cuando hablamos de seguridadde un sistema segundo lugar, es social porque, sitrata de cubrir con lasocial - art. Iindividual,de una sociedad donde sela primacíano puedeCcrnrx SUPRElvtA .,uJusrlCLA Mrnlg Mlnlstro C,SJ: Horacio Antonio Pett¡t,de la Resobreque Dogmática, Ed. La Ley Jultoc.Anotada y con Jurisprude ncia,ronilfpJi{clíl*jírt oieilael Art. 46 delaconstitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad jiii r,]iencuentra garantiz.ar lii' Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer prárrafo del Art. 4l de laLey 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para - t,ll,,l ,til l,ili .,r lati ri$ili{tü :ilifrn'r¡ttI l,.§i,, l,iiiti,I rittP., l.i¡PJ:jt JtE, ii'fi*ji i!§r' ir#i ifin, l lnt: i ll}.l i,rffi.Iitfl,i;l rtir I il!Lirl sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esenci a, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.

Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo "...cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene enc:errada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino Ia actuación de un principio..." El mismo autor, ob. cit., p. 20/l relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que ". ..la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de totlos sus preceptos...)'.

Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Afts. 44 y 45 de la Ley No 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En eI'ecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio cle los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encqntrar unjusto equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a lfin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clar4 concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este rsentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una meffna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' I435 de fecha 18 de agosto 2023 a fs. 13116, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acciórn de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer prárrafo del Art.4l rle laLey 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y I8O2/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación a la accionante de conformidad a lo previsto en el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto diopor terminado elS, todo por antedeque qlaque tE. Santan Cesar [lll. Diesel Jungha Mlnlstro csJ' Ante Ministro;-- D¡. Vlctor Rlos Oieda Ministro lit;li ilif!l' {tiiil lffill ffi$ fiiitl; fl#ii liirti'lr I ii: li¡ii ifllll, iijli I i:il ilil,iit iJlli,iirhi itll llit'I lilill!l ltr1 ilrltiliil,li lltI ' iil, 1: r'úli .; .rr llll )l ; ,iiji i'li . rll ,,ili i "Illi t,I"ACCIÓN DE PROMOVIDA POR ROCIO BELEN IBARRA QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73191 Y de tTOr-.

del Acuerdo que anteceden, la CORTE STIPREMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en declarar la inaplicabilidad del Art. 41o de la Ley N" 2856/2006. P "Quelas I y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los aporte jubilatorio, conseñora ROCIO BELEN IBARRA lo establecido en el Art. 555 Mlnistroir tlfl'itr '' iiil "rli r,lll ifli,iilit ,l,tlt!!!Jfl lll 1iiil ir,ill rili ;;jl;irii ri{i iiqi consecuencia, Paraguay", enII !tIiIIiil Cesaru csJ. D¡. Vlctor Ríos Ministro Ante Martinez Ab9.J RSECETRAIA JUAICIAL )i i!iilii Jiljl i' itll lil , ,lilJl¡ I ;lrACUERDO Y SENTENCIA NÚIMEPO: 766 .

ii.t¡i!lutt,t ii.li;