ilDIACCIóN DE INCONST¡TUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ZARA ELIZABEHT BT.AZTJCZUK RAATZ C/ ART. 41' DE lA LEY N' Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DAllS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratuladoACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ZARA BLAZIJCZIJK RAATZ C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/06 ", d fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Sra. ZARA ELIZABEHT BL AZIJ CZUK RAAT Z, a través de Represetrtante Convenc ion al.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, DIESEL JIINGHANNS, RIOS OJEDA y SANTAITIDER DANS.
dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada el Doctor CÉS.Ln DIESEL JIINGHA¡INS dijo: La señora ZARA ELIZABEHT B.LAZIJCZIJK RAATZ, a través de Representante Convencional promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el atículo 41" de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No,73l9I Y ISO2IOI *DE LA CAJA DE JUBTLACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no soló los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de lgualdad consagrado en los Arts. 46o, 47",21o de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo 109'del mismo cuerpo legal.
La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derechoa la jubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren de las entidades donde prestan semicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citadoamortización o cancelación de su obligación. susceptibles de devolución los aportes patronales. a solicitar la devolución de aportes prescribirádespués de tres años del retiro trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes a la amortización o cancelación de su obligación".
la accionante que los requisitos establecidos porla disposición que impugna le al retiro de sus aportes, circunstancia que vulneralos principios de protección a la vde Igualdad consagrados de manera expresa enla Constitución Nacional. De las presentadasen autos, se verifica que el accionante era aportantede la Caja de de Empleadosde Bancos y Afines por los servicios prestados durante el , estando en la Sala de Acuerdos de la requisitos a Cesar M. Diesel JunghlnnsJulio Minisro CSJ.a la devolución de los Minisésta establece Minlstro,i, ,ir;lr il0z tr'j!
trabajadores aportantes alaCaja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la..iubilación o, que fuesén despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional pór conculcar lo preceptuádo por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: ,,Losfondos r?ntas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley tion de eiclusiva propiedid de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto cr)n condicionamientós que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios 7ue..."; todt ello sin otro perjudicado quó el mismo aportanteaquienlapropianorfnaaliniciodesusdisposicionespretende¡i.oi"g".."Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. l") la igualdad para el acceso a la justicia, o "rryo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad pára el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdoct de oporttmidades en la participdción de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y cle la iulturat,.
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacadala delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciónes.,,,pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del patrimonio,,, Primero "De la Formación de Recursos ", artículo I l" primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva piopiedad de los beneficiarios de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propieclad de Aubry y Rau: "...2a propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho IIsual'l Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI p-e). En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercei aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proteder a un despájo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportis realizados a la Caja, ei accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en ioder de otros.
En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al principio de lgualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios qr", .o*o en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia :ol lol años requeridos para acceder a la devolución de sus aportesi, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitós enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta vioúciOn asu propio ,.ür"o normatiyo, prócede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus uroóiud'or, en el caso particular, de la señota ZARA ELIZABEHT TLAZIJCZUKRAATZ, circunstancia que tambün colisiona con lagarantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley lrundamental, que dispone: "...5e-garantiza la Prgpiedad privada, cuyo contenido y límites serár,t establecidos'por li Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerlo accesible pura todos.... " Por lo precedentemente expuesto, en atención a las nornas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que coresponde hacár lugar a la y en ...lll:../ Iriil iiliil fliifli fiffil.iiri!ll llt,'ti ll,iil il,liltili lfi+4.1li,ii,il -il ili{'it ili,ii i¡lli' !tlll STICIAACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ZARA ELIZABEHT BLAZIJCZUK RAATZ C/ ART. 41" DE lA LEY N" la inaplicabilidad del 41o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes No Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte ZARA ELIZABEHT BLAZIJCZUK RAATZ, ello de conformidad al Dr, Vlctor Rios OiedaAsuEL Doctor Úos oJEDA dijo:
1.- La señora ZARA ELIZABEHT BLAZIJCZUK RAATZ, a través de Representante Convencional, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de ta Ley N" 2856106 "eUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/91 Y 1802/01 DE L.,1 CAJA DE JUBIUTCIONES Y pO¡'ISIOUOS DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY,,. PafA EI CfECtO, ACOMPAñA debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega através de su Representante Convencional que se encuentran transgredidos los Artículo s 46, 47,21" y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras sosas, qte: "(...Que, además con tal disposición lachada tle inconstitucional, se vulnera también el derechó de iguálrtact y las garanlías de igyaldad, establecidos en los ttrtículos 46 y 47 de la Colstitución Nack¡nal, en los que se garantiza la igucrldacl de todos los habitctntesfrente a las leye.s. Sfu embargo, el artículo 1l de la Ley No 2856/2006 denota una clara desguoldad confuncionario,s del sector púbtico, para quienes se encuentra prevista la reposición det 90% de sus aportes uno vez cesados ei s*sfuniiones. Así. se genera unu clara desigualdad entre las personas con respecto a las leyes que deberían regularse de.forma similar, independienfemente al seclor en el que se desempeñen, sianistos públicos o privados ....)"(fs. t2/15 ), así tenemos que el art 4l de la ley N" 2856/06, parcialmeite modificada por ley No4773/12 atacada de inconstitucional, prohíbe la devolución de los aportes jubilatorios, sin presentar otras alternativas para su recuperación, a ftmcionarios que cuenten con una antigüedad inferior a los diez años. Considerando que, por los años de aporte se genero una situación de notoria discriminación e injusticia contrariando las disposiciones de rango ionstitucional contenidas en los arts. 46 y 47 de la CN la diferenciación en función a los años de aporte para poder acceder a la devolución resulta discriminatoria, afectando la igualdad de los iestinitarioi'd, lo norma que son los funcionarios bancarios, sin entrar a considerar los años de 3.- El Artículo 41 de Ia Ley N" 2856/06, impugnado dice.' "Artículo 41.- Coruesponderd la los7 anos Ccser M.deacon La Caja podrá optar por la monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes orescribird salvo que el mismo tenga deuda con la los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" son míos).
la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdada a la devolución de aportes en el sector público en general. laLey N" 4252110 "g(JE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y l0 Y SOSTENIBILIDAD DE I-4FISCAL. lo dice aven cuyo I-,1LEY Mlnlsto CSJ.DEL SECTORPUBLICO", Minlro Ministroli,i#,1!
il.t 'l,ll ,iri;lr del Paraguav." 6.- Examinadas las nonnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto r:n el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bañcarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios clel Estado en geneial. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 -- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del ufiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmlnte necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever urr criterio anterior, siemire que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislad,)r como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ,:iudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el tlominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liherarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esra manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "L¿t prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aporte:; l'inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derech,r toda virtualidad.¡urídica.
ll.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "acrividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubila«los", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una entidarl previsional, por tanto, sus recursós financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante suJ necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es. .. /// ...
iilrffil'i{llr illt, llir inrr! li.,j,i ,Ii i il rlt: ; riffiffi i'fiffiffiffi fltrrij[:üitrliti il3,t.i CI"AACCIóN DE INCONSTTTUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ZARA ELIZABEHT BLAZIJCZUK RAATZ C/ ART. 41' DE lA LEY N" su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos de este sector (...)r'. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción en la norma impugnada, cuyoobjetivo es resguardar el "interés superior colectivo" obligatoria, entendido como elderecho a la seguridad social que tienen todos los a la Cajae interpretado como conceptoconciliatorio y no como concepto contradictorio al particular t2.- ta abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un-clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo lo,relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras ,ró.-ur garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles áerechos deben ser ejercidts en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la presciipción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica qr" inte.é.u a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y ,oÚ".uro en lo que dirpon. el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostenei qu" ,ru conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializadatiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha deiestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad irtprito di tas normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos ,"poron en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aias de un interéi superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general", Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podránotar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente constitucional que, de conformidad al Art. I dentro de nuestro ordenamiento normativo.37 delaCN, se constituye en la norma de 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada enconstitucional hace "(...) Por lodijo la Corte que lade losbeneJicios seguridadno escon ello que no derechosdie (...)" (Lasson . Santa Cesar MeMinistro ielJungl{anns 1Amay4 J.A., Director. (2018). Tratado de control de¿kJ,,'i'áI*ll; Aires, Argentina. Astrea. .
Maddaloni, o.A.; Tula, Pá9.04.-Tomo 4. Derechosde la Pág. BUtlrdel Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina'Oiedarlil, I1fli llt, iillji{r, t,il, i'li lllr f,,llr n"tri:!lil Irlti 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general,'. 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley No 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para lu devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a l0 años,manteniénd,cse incólume lo demás en todos sus términos. ES MMTO A su turno, el Doctor SA¡ITA¡IDER DA¡{S dijo: La señora ZARA ELTZABEHT BLAZIJCZUK RAATZ, a través de Representante Convencional, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No 2856106 QUE SIISTITIIYE LAS LEYES LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADoS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contarios a los Arts. 46 y 47 de la Constitución de la República.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Articulr 41.- Coruesponderd la devolución de sus oportes a losfuncionarios que cuenten con una antigüedcul superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados ('esantes o gue se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja poflyfi ¿tptar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán s'usceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" Que la accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria, la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y nornas establecidos en la carta Maryra.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por prárrafos. El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuesffa Constitución, en su Art. 95. legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tibne por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I i otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitucitln.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, laJusticia v la igualduá yu preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido iáeológico y social que sirven de direchiz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y-, poiende, todls y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexar y ron interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.
ii ,lri iilifl i,,liii i,ill; i'lr ii fli ll:1"lril¡ fifl Conrc SUPREMA .,uJUSTICTADE rNcoNsr¡TUcToNALTDAD PROMOVIDA POR ZARA ELIZABEHT BIAZ¡JCZUK RAATZ C/ ART. 41" DE lA LEY N' ffir vArt.46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de r a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-,impone en el Poder 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad degarantizar la tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la normaPúblico efectividad impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art.53 de la Ley 1626y art.9 de laLey 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer pránafo del Art. 41 de laLey 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios Nótese que el último prárrafo de tal normativa- Art.4l- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgrindole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes.
Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Ric4 internalizada por Ley 1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autoriándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.2l de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social.
Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo "...En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social...3". En el contexto de una sociedad democrática - art. I donde se proclama la primacía del interés general sobreparticular sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencel goce y el disfrute de social para el beneficio individual de todaotorgando a Horacio Antoniola?epública delAnotada y.oMir*ieüroia, romo 1 Paraguay, p,AIde laslibro Ed. Dykinson,es dableen Dogmát¡ca, Ed. La Ley Abg.C.PMartínezDr. /lctor R tos OiedaI rlfinancieros un claro contenido o fin social.rI ley incluida la más conciso, como el fragmento de un espejo, contiene encerroda, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio...".
El mismo autor, ob. cit., p. 20/l relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos cle los mismos podemos encontra¡ la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una coneiión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda lo Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos...".
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley No 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar unjusto equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerá¡ en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas,ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este rsentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una menna en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 832 de fecha 28 de abril de 2023 obrante a f's. l7119, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer prárrafo del An. 4l cle la Ley 2856106 "QUE SUSTITI.IYE LAS LEYES NROS 73191 Y ISO2IOI DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en Ia parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente, dejando subsistente accionante de conformidad a lo previstodemás contenido en la norma, en relación a la ConSS.EE.,todopor ante srgue E. Santa Cesaresel Ministro5 del C.P.P. Es mi voto.
Dr. Vícbt Ríos Ojeda Ministro Ju$ocacto,de que, Ministro CSJ.dljii lltir l{j1 .
lll rl'.1 I I lirrii ili, li,li. fl.i. l.55 del C.Pala IjBLAZIJCZUK RAATZ C/ ART. 41" DE LA LEY N" ACTIERDO Y SENTENCTA NÚII{ERiO| Asunción, 5 de rrWrT,O de}}ZLl.- del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
1 y 1802/01 de la Caja de la parte que condiciona a aporte jubilatorio, con aen el Art. registrardeclarar la Minlstro CSJ.parcialmente inaplicabilidada la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en del Art. 41" de la Ley N" 2856/2006. P "Que sustituye las y Pensiones de Empleados superior a diez años a los ZARA ELIZABEHT BLAZIJCZ Ministro Dr. Ylcrorfifos! Ante Ab9.ACCIÓN DE PROMOVIDAINCONSTITUCIONALIDAD POR ZARA ELIZABEHTIill Cesaritiiiir' irll i;l,t lilr 1lft i,tr1ll ltil I ii llli I I lílrr1l:,! t,lrll ii:i iritii iilRAATZ,de