i:rfli;lr. lll,;,ii;t1rri ,i''lliil,li'. lilr a fin dela Acción el señor Pedro PabloSánchez Cubilla, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogada. ld'Górt§§rgrefna ;damsrlAü STION: dio el siguiente ALAEI Oieda Víetot Ríos Ministro:{;i iirii l:Ir t:i!i 'lriI SUSTITUYE LAS Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, resultado: SANTANDER DANS, DIBSEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA la Caja, en SUobligaciónSr. Pedro tengaque se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportesprescribirá después detres afios del retiro dsl afiliado de su trabaio, salvo que el mismo cuenten con unapodrán caso de desvincularse privada.
elde losaportes a los hubieren fungido deel Gustavo E, Santander Da$. Ministro tlIt; , Irit.; Il,.t ,iIirt:l,iri11. ,iit, illll ;l'rl tll' i,iiI j,rl.l i*il normativo; :iitirijt',.1I.,lillIl1jfriliiil ,ull aclarando que los recursos deban A fit¡rdbUnia Et'arr ]gPpe la idea todas y 'Lir, ie i g,iur¿ad'6¿q¿g iferAonád SUSeguidamente, el art. el caso Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. l-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la res;porlsiabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios N'lunicipales (art. 66 de laLey 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 1,r de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denot¿Lr una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatosen se exige un& Ertigúedad liua¡rlCI Pedro Pnblp 1" de tra [dj, .iii iliiil"t iliretiro ll,ltACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PBDRO PABLO SANCHEZ CUBILLA C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73191 Y Dr. Víctor Ríos Oiedar:CORTE SUPRE,MA ,ulusrICIA LA CAJA DE JUBILACIONES Y segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jübilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46o De la igualdad de las personos: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofactores discriminatorios s ino i guali tario s" --- - - "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: l) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2o) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4o) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo llo, primera parte: "Los fondos y rentos que se obtengan de confo:rmidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
Enpunto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: ,rlo el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usltal", Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q). inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho realizados a la CaJa, el accionante reclama su devolución considerando q Gustavo E. Santander Da r i.i. Dlesel Jungharfs Mlnl¡tra CSJ'aquellosacorde sobre Ministro Ministroriil,, ili: !lll t l lllllil porno haber aportanteY, Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspecti'r,a constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: " Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposicit¡nes de esta,L,ey, so¡t de excl4siva propiédad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimierito, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que...;todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afienta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los a:;ociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la activiLdad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para 4cceder.a la delolución de sus aportes, qmén de ello, se erige indudablemente'ctmo un despojo absolutarnerrte ilegal yu gr.-po.
incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Pedro Pablo Sánchez Cubilla, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra,Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo cttntenido y,límites serán esmblócidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social. aJin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N'2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y ,t802/01 de la Caja de A su turno, el Doctor VICTOR nÍOS OJEDA dijo:
1.- El señor Pedro Pablo S¿ínchez Cubilla, bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4l de la Ley N" 2856/06 "{lUE SUSTITUYE LAS EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, aconrpaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.-- 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los lt'rtículos 46 y 47 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (...) Del análisis de la disposición legal transcripta se deduce que solamente aquellos func:ionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán acceder al recupero de sus aportes jubilatorios siempre y cuando no tengon derecho o lo jubilación, fuesen despedidos, dejados cesontes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una desigualdod... ".
3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artíc'ulo 41.- Conesoonderá la devolución de sus aoortes a los funcionarios que cuenten con unat, los dieiaños v aue no tensan derecho a la iubilación, aue fuesen desp¿ididos, deiados ces o que se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan servic:.!12. La Caja podrá optar por lo aplicación del citado monto a lo amortización o cancelación de .stt obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solil:itar la devolución de aportes prescribirá desoués de tres años del retiro del afiliado de su traüaio, salvo que el mismo tengo deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (pegritas y subrayados son míos).-.
H 'ilr ilf,: detl el Art.
ilq fllt,' ' r" ennü tsbnrfne? 0]Jil¡nlln.rr).,ti¡ ,BlLl t,ova+t lro, l tr r. . ga/. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR PEDRO PABLO SANCHEZ CUBILLA C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73191 Y LA LEY DE JUB 91',:T,";:)a una iubilación, aunapelando a los derechos que le otorga la Ley N' 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JTJBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA TUNCIÓN PUBLICA'"solicitur la al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraeuav," 6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrádos en los Artículos 46 " De la lgualdad de las Personas " , 47 " De las Garantías de la Igualáad',yl09,,DelaPropiedadPrivoda,,denueStraLeySuprema.
7.- Encuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes presuibirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo ", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico lajurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior; siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertadsatisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de suno lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de(obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.--- muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, ripcién", como un elemento creador de derechos que permite adquirir enaspción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de pción extintiva o liberatoria) en virtudab tiempo y bajo lasenUSTICIA Gustavo E, Santander Dans Ministro Dr' Yíctor Ríos Oieda i Miulrtro Iuran deen la laaa ley. Demtnro de lade Abg'o tnlstro t3l'illi rrii'I l;il,'i i r,'llit iiIi firIlrtiP, !lffiii lltrl ,ll''ti:i rtii drill{iif¡ ll lll,ifi th'li i,iil esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría .;i,metido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo p r,longado de tiernpo.- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el ticmpo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace lanormahoy impugrrada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la der,'olución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderiín poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica. :
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contemplar la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o rcclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el,particular que nuncareclamó yilos demás beneficiaros:de la Caja, entre los;que se encuentran'llos jubilados'l, quienes se encuentran en una situaqión,de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también abrindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recur:ios para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como wlnerable "(...) pero jamás una diferencía en perjuicio de este sector (. . ,)" .Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norna da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando alaCajade un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).- 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras noffnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el institutb de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica quc interesa ala sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo últirno y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a sqlicitar la devolución de aportes por parte del afi liado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma re,iterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos tle p,rsssr¡rción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechbs, y que, en aras db un interés superior colectivo, se"priva dc reclamarlos a quien . u,rrri..Etol4 rlJitljf, irli¿ de mayor modo, la propios de la seguridad sociul sine die respondeen materia constitucional hace la irrenunciabilidad de los social,que no podríamos en el entendimiento Pedro Pablo Sánchez en la parte de contar con una todos sus términos. Es mi Gustavo VfaorRlos Oieda Ministron de que uno de losEstado debe 19.- Deteniendo en declarar Ante VI§TO§: Los rnéritos,del Acuerdo 'Ique :lanteceden, il'ii ii! .! l r .rrj,l'l'1i,iil DE INCONSTITUCIONALIDAD POR PEDRO PABLO SANCHEZ ART.41O DE LA LEY NO 2856/06 LAS LEYES NO 73191 Y modoIts,,rii orden público por lo que i , Mlnigtro I'ii :r' irli ,l'el1v nuestro ordenamiento normativo.
como condición para la devolución de los superior a l0 años,manteniéndose incólume Con'lo 'queSS.EE., todo por ante certifico, CSJ.
Martínezi,E Asunción, r1. devr>AC 20 det1- iJrI CORTB SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional
RESUELVE:
superior a.,:i. a los efectos SANC[IEZ Mirristroa unaantigüedad Di:'Ylctor Rlos'Oieda Ministro. "'i fi¿1:",Cesar Nl' Die Ministro::¡.i¡*ii : jllti rr.i;:i I i .:r:iirt,.i:rftirtli ii"1 :: riii: .¡iiryilr:i: lr' :t ;ANOTAR, j,.jji ,i i i:rhlir:it. fr : i "t¡it'll,' ii"i ir{.J"trr&6if*il ii ili 'tISEüHETARt¡ir ,iUDlCrl,{L i lrbnnfnc l,'ijili rl",.l i ',llt. t'lr: iIt;IIiII IIIrl lll i ,1, i r;il. ;li l:rl' l"li:r,'l :irl ,i,illlI 1',', Iil lit.:lil'lirlli,,,i:, t'lti,lr L-Ir Íil ir orti il l'ri ir.li l,ll tl¡*-L*-'¡M'y1802101de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancari,lri del Paraguay", en la JuII6c.
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