..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR HUGO GONZALEZ GONZALEZ CIART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 "QUE SUSTITUYEN LAS LEYES No 73191 Y Y SENTENCIA NÚUTNO TAVO INCOGONZALEZ CI ART. 4I No 73t91 Y 1802t01".- No 387; AÑO 2022, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el señor Victor Higo GonzalezGonzalez, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RIOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada el Doctor CÉS¡.n DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor VICTOR HUGO GONZALEZ GONZALEZ, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73191 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY'" dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Añnes.-- Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46o y 47o de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los no tengan derecho a lajubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación.
susceptibles de devolución los aportes patronales. a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación el accionante que los requisitos establecidos por la disposición de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los Propiedad Privada y deconsagrados de manera De las constanciasen autos, se verifica que,, Cesar M. Diesel JGustavo E. Santander Dans MinirtrÓMlnistro CSJ.
Dt.V' MinirtroOiedaI era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez arios y, en segundo lugar, se debe tratar de ñrncionarios que no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar 1o preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cutLl expresa:
"Artículo 47o -De las garantías de la igtualdod.- El Estado ,qarantizará o toao, U, habitantes de la República. 1o) la igualdad para el acceso a la justicict, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2o) la igualdad ante las leyes; :l'') la igualdad para el acceso a lasfunciones públicas no,electivas, sin más requisitos quet la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de lo,s beneficios d.e la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la C.aja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por meclio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo l1o primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con la's disposiciones de esta Ley,sondeexclusivapropiedaddelosbeneficiariosdelaCaja,,, En,este,punto, oabe traer,,a colación la.ckísica definición de I'ropiedad"de Aubry y Rau: "...Ia propirdod es el derecho de gozar y disponer de una cosct sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enr::iclopédico de Derecho IJsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
i En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la p'opia ley la exqlusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentatlo principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribui:iones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante rr,:clama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectir,¿t constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por uner "Losy rentas que se obtengan de,conformidad con las disposic'iones de esta Ley son dela Caja",más p,cr otrolado limita lo de pérdida de es, rs; derechos en caso de establecen: "Corresponderá ladevoluciónde sus aportes a losfuncionarios que...todo ello sin otro perjudicado que elmismo aportantea qu.ien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.
pn las condiciones apuntadas surge evidente, además, una rltrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que nb .cuenten en-consEcuencia' son' los ''ar1os requeridos- para -acceder'¿r lá'devoluciÚn- de 'sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absohrtamente ilegal ya queV ffiRTE REMASTICIA..ACCIÓN PROMOVIDDE INCONSTITUCIONALIDAD A POR VIHUGO GONZALEZ LEYES NO 73l9I Y,i:GONZALEZ CI ART. 4IOE LA LEY NO 2856106 ''QUE de los requisitos enunciados simple yllanamente la Caja, en , de la totalidad de lossabierta aportesmarco normativo, procede a apropiarse privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por económica y social, afin de hacerla accesible para todos..la Ley,t.atendiendo a su funcióna parecer la acción y en sustituye las leyes N' 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor VICTOR HUGO GONZALEZ GONZALEZ,eIIo de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor RÍOS OJEDA dijo: 1.- El señor VICTOR HUGO GONZALEZ GONZALEZ,poT sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N' 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAG(JAY,'. PaTa el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...)
desvinculada de lo actividad bancaria y que no puedo en consecuencia al no poseer los años requeridos para acceder a mis aportes lo que constituye un despojo absolutamente ilegal, ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja en abierta violación de su propio marco normativo y de la Constitución, procede a Apropiarse de la totalidad de mis aportes... ", 3.- El41 de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresoonderá la La Caja por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a de tres años del retiro delde salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán a ld amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrafados son a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a lajubiláción, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce desigualcon respecto a los derechosa la devolución de ennornas legales citadas y en que corresponde hacer lugar a Jrrtto Cesar M. Diesel Junshahns Mlnistro CSJ.
OjedaIs,lI ;€,idstNtgtttlL:,I É',Íll{ri.bri iltiltr::.ii, riull. .ir iliq*Irrr''; Gustavo E, Santander Dans r l, , 'Minístro 5.- Al respecto, la Ley N" 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICL'LOS 3o, 9o y LEY No 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA C,,ii,-rA FISCAL. SISTEMA DEJUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO ", en sr.r Artículo lo dice: "Art. 9".- (...) Asuéllos que se retiren de la función pública sin reunir los WU!§!!os para accefu. a una iutbilación, aun apelando,a los derechos que le otorga la .l',,::! N' 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICrc,J:: E1/ LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓ¡¡ Y PT,USIÓT¡ PARAGUAYO, Y DEROGA Í,:L ARTICULO 107 DE LA LEY N' t 626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", p@'.la devolución,del 90% (noventa oor cientd de sus aportes realizados. aiustados oor la t'.ariación del Indice de Precios al Consumidor (IPCI del Banco Central del Paraeuav." (N,¡gritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato riispuesto en el primer pánafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho, les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestronada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46,"De la lgualdad de las t'ersonas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De lq Propiedad Privada" de nu€straLey Suprema. -1.-1 7.- En cuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes presuibirá después de tres años atel retiro del afiliado de su trabajo",, entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito revernri opinión,en este puntoo consi«lerando la existencia de orilerios jurídicos olijetivos que motivan un nuevo razopamiento. E:; dable resaltar que,,en nuestro sisterna jurídico la jurisprudencia no tiene carácter detenninrnte ni vinculante; esta ca¡acterística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgarLo jurisdiccional. quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:
8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondi,¡nte protección o tutela de su dereoho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "pres;cripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influenc:izr de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular l,a convivencia del pueblo romano.
9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance 'v efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos quo permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o libcratoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una r,elación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 <jlice: "Lo prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy im¡tugnada, reuniendo los dos iequisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derer:ho a reclamar durante dióno plazo.Asl, los afiliados activos de.la Caja bancaria que no reclamen la devolución de aiht h,lt§lü nr:lil t¡.ttziui14-fl An¡¡lbEtrffrror. (20I Aires, Argentina. Astrea. Pág.
2RTE PREMA STIC I A..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR HUGO GONZALEZ GONZALEZ CIART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 "QUE SUSTtrTUYEN LAs LEYES No 73191 Y tl lH'!F( vidad) pasados tres años (factor tiempo) perderiín poder de actuación ñnancieros estan dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como wlnerable "(...) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (..)r".Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de nattxaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garuntiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.). 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es"incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas,garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos dbben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(lo aexpuesto es que lajha desestimado enforma reiterada inconstitucionalidadnormas que establecen plazos dichosen principios de orden público, losaras deinterés superior reclamarlostérm stavo Santan constituci¡6[$fi].f,f@vencionalidad. Tomo 4. Derechos y y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina.se privapre'de y que, Pág.;Tula D.J.
c.M¡rtlnezOiedadl il $¡ro¡to','rrtl ! nofTna lo contrario 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. sobre el intérés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la nonna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso". 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art,137 de la CN, sr: constituye en la norma de mayorjerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios prapios dala seguridad social no es ineompatible con el instituto de' la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que n.o podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en e[ entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general"' 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamentc, aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción rlc inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar 4especto del accionante lla inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N' 2856/06, exclusivamente en la parte que estdblece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES MI A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: El seiior VICTOR HUGO GONZALEZ GONZALEZ, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Lr:'/ No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos.73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DII JUBILACIONES Y contarioq arlgs.Aru. 46,47 y 109 dq la Cqnstituc,ión de la,fi,epública.
-r--rr'--T-:;-?-, La disposición atacada.de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Correspon:derá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una untigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuese'n despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes pat,ronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cillo co.so los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" Que el accionante justifica et pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; Ia respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la Carta Magna.
A fin de esclarecer este punto,. es importante examinar t,:l artículo impugnado desglosrándolo por pánafos. El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los a¡rortes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calitlad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntarialnente, limitándolo con dos ,l.,veq RTEO..ACC DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VICTOR HUGO GONZALEZ C/ ART. 4IO DE LA LEY NO 2856/06 ''QUESUSTITUYEN LAS LEYES NO 73191 Y con una antigüedad mayor a diez años yb) que no tengan derechoREMASTI C IA SUsu Art. 95, legisla sobre la eltrabajador dependiente y sectoresde la población.
Asimismo, de sus finesque los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados y que deben estar disponibles para sus objetivos. Siguiendp el alcance de este linearniepto, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegura.r a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución.
A fin de complementar la idea,expuesta, es dable recordar que nuestraCartaMagna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constifucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.
que la constitución de un Estado social de derecho - Art. 1-, impone en art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de vidad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primergarantizar impugnada supone una limitación que coloca a los aporüantes de la situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. --- para lograr el reconocimiento de lapersona en su dignidad y en su integridad, der lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus forma amplia e integral resulta así necesario prescindir ladel primer 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parteseuna de diez añospara proceder al retiro de los aportes jubilatorios $artínez que el último prárrafo de tal normativa - Art. 41- prescribelapso de 3' era tal salida otorgándole una prescripción liberatoriapago de aportesque tal elusión no padeceArt. 109ruAbg.
Cesar M. Diesel Juighanns Mlnlstro csJ.eütt*o E Sántanddr Dans(art.de la [úinist'roDr. lzlctor RíosOiedaiilil todos En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.
rli' l,i el Poder comprende una wlneración al principio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Facto San José de Costa Rica,. internhhzadaporiLey l/89, nos ayuda a la dilucidaoióp.del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubierr:n sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el An. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privadla, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art.21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el'derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que c'l constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulerdo del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo " ...8n primer lugar, cuando hablamos de se¡ptridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porQU€, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene uno t't:tpercusión social...3".
En el contexto de una sociedad democrática - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - uf.. 128 -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute,,de la seguridad social para.el beneficio,individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro oontenido o fin social Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p.71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo ".;..cada,ley incluida la más c.oncisa, como el fragmento de un espe¡io, contiene encerroda, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un El misnno autor, ob. cit., p. 20ll' relata que la sinonimi¿r de las disposicio¡res constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostietie que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significatir/a, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ...1,:t interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de todct la ()onstitución, es decir entraña la de todos sus preceptos..." .
Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los ,{rts. 44 y 45 de la Ley N'2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubi)aciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por [a Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter pe,nnanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son indjLviduales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el .tlstado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio cofl ,;l interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor nredida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En estr¡ cetso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, conr:;isa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargali adicionales, excesivas Horáiio Anton¡o ?5ett¡t, constitüc¡óñ de la neiiúflica del Paraguay,'Concórdafla, Ariotada rf con.,túris¡,rudencía, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p. 957.t,1:' .pdA ux:¡it} t¡.t tei*iI¡ (.ORTE..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR HUGO GONZALEZ GONZALEZ CI ART. 41O DE LA LEY NO 2856/06 "QUE SUSTITUYEN LAS LEYES No 73191 Y STIC IA para ser consideradas como una merrna en el ejercicio de tal derecho que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con unasj que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.
atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N' 780 de fecha 25 de abril de 2023 obrante a fs. 16/18, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCAzuOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en relación alconformidad a lo previsto en el Art. 5 lo que seacto, firmando SS.EE., todo por quedandoslgue: - Ministro (51.
GustavoSantan Ministrova Dr. lrlctor RÍl"t'i"' c.Martinoz Y SENTENCTA NúmnnO. 7ffi . de2o2Ll.- "rUDlClAL i . OO-OVISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en declarar la inaplicabilidad del An. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye N'73/91 y 1802/01 dede Jubilaciones y Pensiones de Empleados y", en la partea una antigüedad superior alos de la devolución debilatorio, con relación al señor VICTOR a lo establecido en el Art. 555C.P.C ANOTAR,v Ministro CS.fAsunción,I 6u$atioo, f. Santander0ans $,4inistro cmí, de Cesar Ante Ab9.üartínez Mln[troOieda! !!ttlli l|{ 'fl§ECRET