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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 270/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06, NOTA RAP N° 2266/2022 DE FECHA 24/06/2022". No 2030. AÑO: 2022

Antecedente ART. 41° DE LA LEY N° 2856/06, NOTA RAP N° 2266/2022 DE FECHA 24/06/2022

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t{..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 4I' DE LA LEY N" 2856/06, NOTA RAP NO 226612022 DE FECHA Y SENTENCT¡, xú¡rrpRo:)os.¡u")os los Excmos. Señores Minishos de la Sala Constitucional, Doctores, DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN UJO C/ ART. 4I'DE LA LEY N" 2856/06, NOTA RAP N" 226612022 DE FECHA 24DE2022-. N'2030. AÑO 2022", a fin de resolver la Acción de lnconstitucionalidad por DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA Y SANTANDER DANS A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: el señor DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41'de la Ley 2856/06i "qUE SUSTITLTYE LAS LEYES N" 73191 y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA RAP No 2266/222 de fecha 24 dejunio de 2022, dictada por laCaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.

Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46", 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el artículo l09o del mismo cuerpo legal La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Cotesponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citadoamortización o cancelación de su obligación.

susceptibles de devolución los aporfes potronales a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes la amortización o cancelación de su obligación". el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le al retiro de sus aportes, circunstanciaque vulnera los principios de protección a la Privaday de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las enautos, se verifica que el accionante era aportante de la caja de Jubilaciones de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que de un Banco deplaza.

la norma atacadade inconstitucional, tenemos que ésta establece dos efectosconceder el derecho a la devolución de lospor parte alaCaja. En primer lugar,de diez ' , del año dos mil Veln+ ictta*ro , estando en la Sala de Acuerdos de la vde los se establece Gustavo tuinirilryr"it*iÍiOiedoi,1 Y GUSTAVO ENRIQUE flfri, ülii i, #lliii i iiilr i i:liilli i I i'ifljj& ,{ffilf ',flffifi,lrffilfii: iiiliiir i,#nll i,,ilii;r I i,ld¡'lt rl.i Itr - @f;ffitu..ACCIÓN DE TNC]ONSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 41O DE LA LEY N" 2856/06, NOTA RAP NO 226612022 DE FECHA ffien segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la nonna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1") la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanard los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales 1,de la cultura". -'

En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia L,ey atacada la delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "I)el Patrimonio", Capittilo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo llo primera parte'. "Lo,s fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de es:clusiva propiedad de los En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...2a propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho LIsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q) En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia )ey la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al conceplo trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Leycuando, por una parte esta expresa qtte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con lasdisposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja",más por otro ladolimita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso deincumplimiento, establec er.l. "C orresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que..todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposicionespretende proteger, En las condiciones apuntadassurge evidente, además, una afrenta al Principio de ya queimplica un trato claramente discriminatoriohacia los asociados bancarios que, comoen el del accionante hayansido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en c con los años requeridos para acceder a la devolución de susaportes, rmén de ello,SE indudablemente como unilegal ya que porel incumplimiento de llos enunciadosla Caja, enviolación a supropio matco normatiivo, de los aportes jde sus asociados, en el caso particular, del ANGELIELCASTILLO,que también colisionh constitucionalen el artículo Inuestra Ley Fundamental, que lay límites serán establecidos por la Ley, h*>RJ-"y sócial, afin de hacerlaoccesible para todos.-. "laj¡iiillii, ffii: $üfi, l!§iilli CIA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 41O DE LA LEY N" 2856/06, NOTA RAP NO 226612022 DE FECHA la NOTA RAP No 2266/2022 de fecha 24 de junio de 2022, dictada por la Caja de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es que la misma cumple la función de notificación a la accionante sobre una decisión Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución No 26, actaN' 12 de de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aoortes orescribirddesigrrada.

Porprecedentemente expuesto, en atención a las norrnas legales citadas y en concordancia eldel Ministerio Público, considero que colresponde hacer lugar a la acción y en la inaplicabilidad del4l" de laLey N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: l.- El señor DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/91 Y 1802/OI DE LA CAJA DE JUBIIÁCIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la Nota RAP No 226612022 de fecha 24 de junio de 2022. Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artícul os 46, 47 , y 1 09, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qlJe "(...)

Que dicha norma y la respuesta de Ia CAJA DE JUBILACTONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY, afectan severamente mis derechos ya que me yeo PERJUDICADO al no poder recibir el dinero que mensualmente estuye aportando a la caja y que forma parte de MI PROPIEDAD, de la cual estoy siendo privado de su uso INCONSTITUCIONALMENTE.(...)". 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresoonderó la devolución de sus aportes a los funcianarios oue cuenten con una antigüedad suoerior a los diez años v oue no tengan derecho a la iubilación, que fuesen desoedidos, deiados cesantes o aue se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del de devolución salvo que el mismo tenga deuda con la los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación"Caja,'ados son míos).

la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general. laLeyN" 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9" Y l0 DE LA Y SOSTENIBILIDAD DE I-4 CAJA FISCAL. PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art.

apelondo a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QUE DE SERVICIOS EN LAS CAJASDE GUAY DEROGA EL ARTICULON. 1626/00 Gustavo E. Santan Ministroysu Abg' Pr' Yítf" Bí':Ojedaffi ii;i]iili' ll¡l cil'i ,l l:l,i l,li iitii llfli illi :rlll lfilt iilii ilil flil flii @-rW"il..ACCIÓN DE INCoNSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 41" DE LA LEY N' 2856/06, NOTA RAP NO 226612022 DE FECHA FUNCION PUBLICA'' del Paraguav." (Negritas y subrayado son míos). 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer pánafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" l 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los oiudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce'fablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono dr: la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esla manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos,que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido I la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliádos activos de la Caja banca¡ia que no reclamen la devolución de sus aportes rlinactividad) pasadositres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica.

ll.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado ppr quien tiene interés en ello'odurante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obliigación de la Caja bangaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinid¡irnente en el tiempo l(sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclaryó y los demás beneficiaros de la Caj4 entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuedtran en una situación de mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una enti«lad previsional, por tanto; sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los aFrliados ante sus necesidadesilt JiiIt rii$ ,.ffii, ii,,ii[i' {ff|iii ilir!;;ti ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 4IO DE LA LEY N" 2856/06, NOTA RAP N" 226612022 DE FECHA invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamas en perjuicio de este sector (...)'". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraria el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizany reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la anibada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso", 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.l37 de la CN, se constituye en la norrna de mayorj dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace "(...) Por lodijo la Corte quede los beneftcios seguridadno escon ellapor lo que no die (...)" (LassonE Cesar M. Diesel Júñghanns Ministro CSJ.Gustavo E. Santande MinistroDr. yl, y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. BuenosOieda Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de Aires, Argentina. Astrea.

Maddaloni, O.A.; Tula,NSa que JulloPavónen el Derecho del Trabajo. AbeledoPenot. Buenos Aires, Argentina.[-i liiti su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursosI irtii! lit¡ ii;r :l$iI I l,l '{fi¡;lli illi itilti,{ii tlll I ,ffi' ffitlIae interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al Ladel "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja deilIII rl$ii riilir rl,ll, iürt rliiti',r lü'f I ldili iJtriixi ilfiliiii:IíI i,]iti$i' ii ¡iir ..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 4IO DE LA LEY N' 2856/06, NOTA RAP NO 226612022 DE FECHA 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- En cuanto al planteamiento en contra de la NOTA RAP N' 2266120'.).l1L de fecha 24 de junio de 2022, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art. 4l de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suefie que el art. 4l de la Ley N" 2856/2006, precedentemente estudiado.

20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento eLquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstituclonalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del ArtÍculo 41 de la Ley No 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 70 años, manteniénclose incólume lo demas en todos sus términos, y laNOTA RAP N' 2266/2022 de fecha 24 de junio de2022. ES MMTO. -- A su turno, el Doctor SANTANDER DANS dijo: El señor DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley No 2856106 QUE SIJSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSI()NES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y IaNOTA RAP No 226612022 de fecha 24 de junio de2022,en razón de ser contarios a los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución de la República.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Cotesponderá la devolución de sus aportes a losfuncionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación". ---'

'- Que la accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo de la devolución de sus aportes, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria, la respuesta negativa del ente mencionado se debe a la falta de antigüedad requerida para el efecto, lo cual infringe principios y nofinas establecidos en la Cana Magna.

A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por párrafos fiEl primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.

Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene p<ii objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicantente, el Art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a losffi ffir .ltffitr 'ilr ffiii, $ffi'i iiffi.iffii illilfi:, iffi r ilüi, idfri..

i.Hl ; ,]iüi irlii ,tlüir ir'#:'ltl ,ltÉ. i:if ' 'l$r:liil ;itI ll 'rÉ":i UTA..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 4I" DE LA LEY N'2856/06, DE FECHA directriz ala los efectos de su devolución resulta una menna inviolable en sus derechos al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución. lementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de y a la justificación de todo el plexo normativo; y, Por ende, todas y cada una ""t'constitucionales se encuentran interconexas y Son interdependientes unas con siendoimprescindibles para comprender su profundo espíritu.

En tal sentido, el Art. 46 delaConstitución prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del - De los derechos y garantías no enunciados - permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho - Art. l-, impone en el Poder Público - art.3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Miáxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer prárrafo del Art. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.

Nótese que el último prirrafo de tal normativa - Art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - ni comprende una vulneración alprincipio de igualdad -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, Ley 1189, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este límites debemos recordar que el Art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 2l de tal asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.

los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad a ser reconocidas por Ley en aras a su función la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución definiendo características que inspiraron sudiciendo de seguridad social. Estamosde un sistema íii. D:psel Jlnghanns Gustavo E. Santander Dansde vv con Cesa Ministro CSJ.si bien el evento que Ministro CS:i flff^ l,firfl"fi i titr rlti:.

fiff, ffi, ff,fi, EiSr socialv @ffi..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARIO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 4I" DE LA LEY N" 2856/06, NOTA RAP NO 226612022 DE FECTIA individual, tiene una repercusión social. . .3" . En el contexto de una socie dad democrática - art. I donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.

Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ...cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene enceruada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un princ,ipio...". El mismo autor, ob. cit., p. 2011 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciolles tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que "...Ia interpretación de una dispt:tsición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de tc¡dos sus preceptos...".

Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley N" 2856106 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En ef'ecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho alla pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cÍrgas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho Por último, la recurrente ha impugnado NOTA RAP N' 226612022 de fecha 24 de junio de 2022 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de aportes de la afiliada por aplicación de la nonna i¡npugnada, por lo que deberá correr la misma suerte que el Art.

41 de la Ley No 285612006 precedentemente analizado. En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos,base alas disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal No 551 de22 de de 2023 obrante en autos, corresponde hacer lugar parcialmente a la Accirixr de promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 4l cle la Ley6/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73191 Y ISO2IOI DE LA CAJA DE ruBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCAzuOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente la NOTA RAP No 226612022 de fecha 24 de junio de 2(t22, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando sLrhsistente thdo lo demás Horacio Antonio Pettit, Constitución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudenc¡a, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley ParaSuaya. Asunción, Paraguay, p. 957.#ill:rilr, ,l;ili :iiti:i,it; ..tsiir} t,!rl ittl;ittlt tl,lfi,[ iiitri :fllii;l$illiiTi ijll iiil:rilirhiliiiii, ii|]ll..ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DARTO RUBEN BENITEZ ARAUJO C/ ART. 41'DE LA LEY NO 2856/06, NOTA RAP NO 226612022 DE FECHA Cen relación a la accionante de conformidad a lo previsto en el terminado elSS.EE., todo por ante mí, de qsigue:iri¡ li,ffi rl.li ' :rIla r M. Diesel J Min¡stro AR, registrar y . Diesel MinistrñSJ.Ante ACUERDO YxúruBRo: L&.

Asunción, 5 de r4f2n VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en declarar la inaplicabilidad del Art. 4 I o de la Ley No 285612006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y II de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la partecondiciona a una antigüedada diez años a los efectos de la de aporteasí como la NOTAde fecha 24 dejunio de por la CajaJubilaciones y Pensionesde Banco y Afines, conGustavo E. Santandet D?[l vtcto¡ Rtos Ministro Minittro DARIOuJo, dea lo establecido en el Art. 555 rliE; !lri ]i1i ,clsar Gustavo E' Santander Dans ml:Ante ri¡rt(nrr riiHurvr rrrruq RIAAOo SECRET oF1AL U)JUDIGI uoda ixiJulloc.t |lfi Oieda