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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 272/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARIELA SOLE GIMENEZ c/ ART. 41° DE LA LEY N° 2856/2006.-

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o@ffiACCIÓN DT INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR MARIELA SOLE GIMENEZ AcrrERDo y $ILr'o días del mes de¡nOf 20del a-ño dos estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANIIEL DIESEL JUNGITANNS,vÍcton nÍos oIEDA Y GUsTAvo E. SANTANDER DAN§, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario autorizantr,:, se trajo al acuerdo eI expediente caratulado ACCIÓN Op INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR MARTEL/| SOLE GIMENEZ C/ ART. 41' DE LA LEY N' 2aS6l2OO6., a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por Mariela Sole Gimétaez, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado.

Previo estuüo de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGIIANNS y nÍOS OJEDA.-- A LA CT'ESTIÓN PL/I¡TTEADA EL MINISTRO SAI{TANDER DA¡{S DIJO: LA señora Mariela Sole Giménez, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconsütucionalidad contra e1 artÍculo 41 de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY.

La disposición atacada de inconstitucional establece: Artículo 4l la deuolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una superior a los diez años g que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen dejados cesantes o Ete se retiren uoluntariamente de las entidades donde . La Caja podrá. optar por la aplicación del citado monto a la o cancelación de su obligación No serdn susceptiblesde deuolución los El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribird años del retíro del aftliado de su trabajo, saluo qte el mismo tengacon en cuaocaso losaporles serdn aplicados a la amortización ode su r M. DieselJunglranns fVl¡nisuo CSJ.Gustavo E, Santander Dans Dr. Víctor Ríos OjedaMinistro MinistroCiudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a En el presente caso, la accionante solicita declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una anügüedad superior a díez años podrán reürar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, 1o cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de 1a Constitución Nacional.- El primer parágrafo de la nonna impugnada otorga el dere,<;ho a la devolución de 1os aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensi.ones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitárrdolo con dori requisitos: a) que cuenten con una anügüedad mayor a díez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, especÍficamente, el art. 11 otorga la ütularidad exclusiva de los forrdos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Consütución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativoi y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espírituE iiiifJ:,rhlL'... f EACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA P(OR MARIELA SOLE GIMENEZ En talel art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad o.,: su dignidad y en sus derechos; asimismo, ho admite Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantízar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantízx la efecüvidad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 23451. Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una cla¡a transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 4L de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios En conclusión, de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con el p¿rrecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promoüda; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo de1 art.41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder aI retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A SU TURNO, EL MINISTROJUNGHANNS DIJO: La re el artículo 41 de Ley 28561 SUSTITUYE LAS LEYES 73lDE LA CAJA DE JUBILA PENSIOPARAGUAY.

deduce la Acción de Inconsti Gustavo E, Cesar M.esel Js Dr. vícnr R':;oi"oOSD/ot"QUID NES Y ill¡nlstro c.Ministrota., ,t : ,:&Éüe§e,dpe,el arüculio iapugrado,ffift& de disponer de sus aportos que po¡ ,0, "'ffi derecho tu coresponde, solicitó a'h taja la devolución de sus aportes, siendo ' pre*nte.aecifor en los principios consegra&e en los srticulos 46,47,86, 95 y 1O9 de la Constitución Nacional.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece losefectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados aportante de la Cqja. En primer , se establece la anügüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente. -

-- en la norrna impugnada a los efectos de acceder al r:etiro de los aportes que realizaraentidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconsütucional por conculcar 1o p,receptuado por los artículos 46" y 47' de la Consütución Nacional, los cuales exprerii¿ur.: "Artículo 46" De lct igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad g derechos. Ilo se admiten discriminaciones. El Et;ta"do remouerd" Ios obstá.anlos e impedird.los factores que lc"s mantengan o las propict'en. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serdn consideradas como factores dis criminatorios sino igualitarios" - - - - habitantes de la República: 1) la igaaldad para el acceso a la justicia, a a,tgo efecto allanard los obstdanlos Ete la impidiesen; 2") la igualdad ante las leges; 3') la igtaldad para el acceso a las funciones piblicas no eleúiuas, sin más reqi"sitos que la idoneidq.d, y 4") la igualdad de oporfinidades en.la.participación de los beneficios de la nafiiralen", de los bienes materiales g de.la cttltura".-- En 1o relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes rea.lizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, e>presada por medio de su Título Tercero " Del Patrimonio" , Capítulo Primero " De la F'orntación de RecLtrsos" , artículo 1 1', primera parte: " Los fondos g rentas que se obteng¡an de conformidad con Ias dísposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de lo:,; beneftciartos de la rill I t..¡ni hsi,t. . Ciilr¿ r. .pi;¡¡ij EnACCIÓN DE INCONSTITUCIOITALIDAI) PROUOVIDA POR MARIELA SOLE GIMENEZ to, cabe traer a colación la clásica definición de Fropiedad de Aubry es el derecho de gozarA disponer deuna cosa sin mds limitaciones as en las leges..." (Cabanella.s, G. "Diccionario Enciclopédico de ", Bditorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VIoN -tlla que las En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias direcüvas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Cqia, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuesüones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá.la deuolución de sus aportes a los funcionarios gpe...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia nonna al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato cla¡amente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de e1lo, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de lade los aportes jubilatorios asociados, en el caso particular ,delaSole Giménez, que también colisiona con lacontenida en el artículo09" de nuestratal, quelacatao Gesar M. Diesel It/llnlstronns Gustavo E, Santander Dans"Se Jullo CMinistro Dr. víctor Ríos oieda Ministro contenido g límites serdn establecidos por la Ley, atendiendo a su.frtnción económica g Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41" de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituge las leges N" 73/91 g 1802/01 de la Caja de Jubilaciones g Pensiones de Emplecrdos Bancarios del Paraguag", en la parte que condiciona a una anügüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la señora Mariela SoIe Giménez, ello de conformidad a 1o establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.--- 1.- A SU TITRNO, EL MINIS?RO nÍOS OJEDA, diJo: La señora Mariela Sole Giménez, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4L de la l*y No 28S6|OG "QW SUSTITWE LAS LEYES N" 73/ 91 Y 1802/ 01 DE LA CAJA DE JTJBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGIJAY". Pa¡a el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcic¡na¡ia bancaria.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, qLLe "(...) siendo los aportes al ente preuisional (en este caso C)aja Bancaria) parte integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecho debe ser considerado como PROPIEDAD PRNADA de sus ütulares (...)" 3.- EI Artículo 41 de la Ley N" 2856/O6, impugnzrdo dice: "Artículo 41.- Cot¡esoonderá la deooluclón de sus ap,ottes a los funclonarigs que carcrr,;ten con und. antlgüed,ad superlor a los dlezanios g que no tenqan detecho a la .fublloclón, oue fuesen d*oedldos. dela.dos cesantes o que se ,etlrvln aoluntqt'l.qmente de las entldades dondeserulcio. LaCaja podrd optar por la aplicacíón del citado monto a la amortiz,ación o cancelación de su obligación. No serdn susceptibles de deuolucíón los aportes patronales. El dere_cho a sollcitar lo.

deaoluclón de apottes orescrlblrá. desoués de tres años del@ de su tta,balo, saluoque el mismo tenga deuda con la Caja, en cuAo caso los aportes serdn aplicados a la amortízación o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norrna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una anügüedad superior a 1O años podrán acceder al recupero de sus aportes s;iempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesa¡rtes o se reürasensocial, a fin de ha"cerla accesible para todos...

ACCIÓN DE INCONSTITUCIOT{ALIDAI) PROMOVIDA FOR MARIELA SOLE GIMENEZ 1o cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los a la devolución de aportes en el sector público en general.

respecto, la Ley N" 4252 I lO "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3", 9" Y 70 LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SEC?OR PUBLICO", en su Artículo 1" dice: "Art. 9".- (...) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requlsitos pard acceder a una lubllación. aun apelando a los derechos que le otorga la Leg N' 3856/ 09 "Que establece la acumulación del tiempo de seruicios en las cajas del sistema de jubilación g pensión paraguaAo, g deroga el Artiatlo 107 de la Leg n' 1626/ OO 'de la Función Pública", podrán solicitar la deoolución del9O%" (nouenta Precios al Consumid,or (IPCI d,el Banco Central del Paraouau.' (Negritas y subrayado son míos).

6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 anos de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Priuada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a 1o dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: " El derecho a solicitar la deuolución de aportes prescribirá. después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucionat. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar eue, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre queeista méritopara ello. Dicho esto, me permito exponer 1o siguiente:

i;1. D,.selJun8.- Esimportante subjordenamiento jurídico , el poder de Gustavo E, Santander Dansa las con la JullocS1lS Ministro Dr. Vícrcr Ríos Oieila Ministrodeen correspondiente protección o tutela de su derecho, pero :no lto sujeta al libre anbedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma ¿lc:tiva (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitLado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el L,egislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de manl-en,er la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras rorrr¿mas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su ,,rlcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiya r> usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prresi<:ripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamracjkin durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta man:re:ra, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente ¿,r un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongad,o dr: tiempo.

prescripción extintiua se produce por la inacción del titular del dere<.,|o durante el tiempo establecido por fa leg'. Como producto vivo del derecho cir¡il nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la ina,ctividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los rafiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (in.actiüdad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandona:l,Co su derecho toda virtualidad jurídica 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contr::rnpla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de sr:licil.ud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el ti,empo previsto en la ley''. De 1o contrario la obligación de la Caja bancaria de derrolr,€,r los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tir:mp,o (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el pa.rticular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los qrre s,e encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayorirulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recur:sos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para 1o cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiener dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en lavor de esa franja ilrj¡inifu UACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARIELA SOLE GIMENEZ vulnerable "(...) pero jamá.s una diferencia en perjuicio de este sector 1...)"'. Esesto 1o que justifica la prescripción extintiva prevista en la norlnacuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular L2.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podrÍa originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, 1o que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de ia Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C"N.)

13.- Todo 1o relaüvo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en üempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el insütuto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en 1o que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescripübilidad del derecho a solicitar la devolución de aporte:s por parte del aliliado- sea considerada inconstitucional 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...1 Por todo lo expuesto es E)e la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las norrnas que establecen prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden no afectando lade los derechos, gara"s de un interés colectiuo, sedeloself Cesar ftliteselJtrngfnanns lllniitro, CSJ.

Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado Derechos y Garantías. Buenos Maddaloni, O.A.;ustavo E. Santander Dans Ministro Dr Vícnros Oieila y convencionalidad.MiFistro I omo 4. Buenos Aires, Argentina. Pág. c.Pavóndel Trabaj o. AbeledoPerrot.1- I¿UL! frsy, ,, ., L5¿'- Pe. tal modo tenemos si el instituto es de estricto orden prlblico y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra arrrparada por lo qne dispone el Art. 128 de lia CN, cuando menciona qve "En ningún caso el intetés ,de:los.paftianlares primará. sobre elinferés geneml". Sínos ubicamos en el epígrafe de la nonaa.podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras norrnas constitucionales Fuoden imprar sobre ésta, más aún cuando se uüliza el conector prohibitivo "en ningún casd' 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el cofreglrqridrente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, con§Jituye en la norma de'mayor jerarquía". dentro de nuestro ordenamiento L7.- De crialquier modo, la doctrina especializada en martr3ria constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, también alijo la Corte qu.e la irrenunclabilid.sd de los beneficlos proplos de la seguniclad soclal no es incompatlble con el institttto de la prescripclón, por lo q'u.e no constitugen derechos sine díe 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo c:l fundamento aquÍ sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a li:l presente acción de inconstitucionalídad promovida; y en consecuencia, declarirr: respecto cle la accionante la inaplicabilidad del Artículo 4L de Ia Ley N" 285,61()6, exclusiaamcnte em la pante que establece como condlclón para la deuolución de los aportes el requlsito de contar con una anügüedad superior a 70 aiiíos, manteniéndose incólume 1o demás en todos susEs mi voto.

Con 1o que se dio porfirmando S.S.E.I).,por de quequete Gesar M' $fiiri¡5¿tGustavoE,, Santanrler MinistroDans Ante mi:Dr. Víctor Ríos Oieila MinistroJ Sagués, N.P. (2019).iiartinez Buenos Aires, Argenlirra. Astrea. Pág. 658.- tfr6ü lt i.fr $¡r!fti @ffiACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAT) PROMOVIDA POR MARIELA SOLE GtrEITEZ ACTIERIP Y SENTENCIA N....¿. J*....... Asunción, I de ¡¡rt22e méritos del Acuerdo que anteceden, la. CORTE SI'PREUA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

IIACER LUGAR parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 " de la Ley N" 2856 sustituye las leyes N" 73/9L y l8O2l01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones d.e Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a üez años a los efectos de la devolución del aporte relación a la accionante Mariela Sole Giménez con C.I. No 2.480.746, conformidad a lo establecido en el art.C.P.C y notificar GustavoE, Ministro Cesar ivi. DieselJ lJlinistro CSJ Ministro Ante Abg.Jullo. Prvóna VISTO: -Sgr ABETROSEC LclADIuJav; t t,iDr. Yíctor Ríos Ojeda