V".|usrrcrAacclÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: PATRICIA MARIA FRETES ALLENDE C/ ART.4IO DE LA LEY No 2856tA6 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES ' ,rlrnlo ACUERDO y SENTENCIA NúUnnO , furae"lo> J.qUQ Asuncia los ¿lnco días, estando en la Sala de Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala cÉs.q.n MANUEL DIESEL JUNGHANNS, vÍCToR RÍOS TAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, setrajo a acuerdo el expediente caratulado ACCIDE rNCoNSTrruCIONALIDAD: PROMOVIDA: PATRICIA MARIA FRETES ALLENDE C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856106 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NUMERO 73191Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Patricia María Fretes Allende , por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, nÍOS OJEDA y:
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: LA
Sra. Patricia María Fretes Allende , se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", EN razónde ser contrario a los arts. 46,47,86, 95, y 109 de la Constitución Nacional.-- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribtrá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o su obligación" caso, la Sra. Patricia María Fretes Allende, se presenta ante'esta s de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa contraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja sponer quesolo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad años podrán retirar sus aportes jubilatorios en caso de que prestenservicios, lo cual es violatorio del principio de igualdad y el la presenteacción en los Arts. 46,103 y 109 de la Gustavo E. Santander Dansón, Capital de la Repúblicp del Ppraguay, , del año dos mil tt g',tlic<tg.lro M. Diesel Junghanns Ministro CSJ'MinistroAbE'0.
MinistroDr/ El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja ¡uUita¿ionér y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidád de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitandolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación. Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. g1,legisla íobre la seguridad social dandole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su f.riliu, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los ."cursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.-- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de laCaja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art.
I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art.. 109 de la Constitución Nacional.-- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y sócial que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.
En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra especlficamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art.
-De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.-- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la nonna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley l22lg3), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal sitr¡ación no puede ser convalidada por esta Maxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejeróicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer parrafo del art. 41 de la Ley 2556106 al caso concreto, en la parte donde exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primet párrafo del art' 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüt;dad mínima de diez años 6Egl Soq*e?
ACCIÓN DB INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: PATRICIA MARIA FRETES ALLENDE C/ ART. 4IO DE LA LEY No 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora Patricia María Fretes Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41o de la Ley 2856106 LAS LEYES N" 73l9I Y I8O2/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES SIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.-.
Refiere que el artículo impugnado priva a la recurrente de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde. Sostiene que ha sido aportante de la caja bancaria, y habiendo sido desvinculado de la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución de sus aportes, siendo rechazado por haber sido formulado en forma extemporánea y por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 47 , 86,95, 103 y 109 de la Constitución Nacional.--- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidbs o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46" De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la Repúblico son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofactores discriminatorios sino igualitarios"
"Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materialesORTE REMA STICI.A Cesar M. Diesel Junghanns Mini¡tre CSI'Gustavo E, Santander Dans Minístroy de la cultura".--- Enrelacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada,la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y s Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero ", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11o, primera y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, propiedad de los beneficiarios de la Caja" punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: es el derecho de gozor y disponer de una cosa sin más limitaciones en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédicode Derecho Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P'Q).
debemos entender quela propia leyexclusiva aportes en beneficio de losde la institución,podría r RíosIAbg. Dr.DE contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acordi al concepto trasuntado llneas arriba, en defensa de las atril¡uciones que por derecho posee sobre los aportes realizados ala Caja,la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.--- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por ula parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las dispo,riciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiorios de la Caja", mas por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los.funcionarios que...;todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.--- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señora, Patricia María Fretes Allende circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible para todos...".
Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del I'crraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Patricia María Fretes Allende ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del CP.C. Es mi Voto.
A su turno, el Doctor VICTOR nÍOS OJEDA dijo1.- La señora Patricia María Fretes Allende, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/91 Y I8O2/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los .Artículos 47,86, 95, 103 y 109 de la Constitución y ñrndamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) se evidencia con mayor rigor la violación del principio de igualdad en cuanto a la norma impugnada, discrimina alfuncionario bancariofrente a otros grupos de trabajadores..."'
Que dicha exigencia infringe gravemente LAS GARANTIAS DE IGUALDAD, amparado por nuestra Carta Magna en los Art. 46, 47, como así también el Art. 103 DEL REGIMEN DE JUBILACIONES, dl establecer que "LA LEY GARANTIZARA LA ACTUALIZAACION DE LOS HABERES JUBILATORIOS EN IGUALDAD DE TRATAMIENTO AL FUNCIONARIO PUBLICO EN ACTIVIDAD, además, colisiona con ttlh REMA STICTA M. DieselJunghannsGustavo E. SantanACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: PATRICIA MARIA FRETES ALLENDE C/ ART. 4IO DE LA LEY "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 4l de la Ley N' 2856106, impugnado dice.' "Artículo 41.- derecho a la La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribird después de tres años del retiro del afíliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son 4.- En cuanto a la inte¡pretación letrista del primer pánafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrián acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley N" 4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3o, 9o Y l0 DE LA LEY NO 2,345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art. 9".- (...) Aquéllos que se retiren de la función oública sin reunir los reouisitos oara acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 ,,QUE ESTABLECE I-4 ACUMUIÁCION DEL TIEMPO DE SERVIAOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N' 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA'" (noventa oor cientor de sus aoortes realizados, aiustodos oor la variación del. indice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Parapuav."
6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer prínafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 " De la Propiedad Privada " de nuestraLey Suprema.
cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resalta¡ que, en jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jquien un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a en tal sentido, el poder deel cumplimiento da Sla no Cesa Minirtre C§J,Ministro'r.
actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de iespetarlo ya sea de forma activalobligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés-general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador.o*o pilar fundamental del orden y lapaz social con el propósito de mantenir la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.--- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alca.nce y efectos, regulando la ,.prescripción,', como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una .".g" u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la accién o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produie por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley", Como prodúcto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos iequisitor qu. configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigiao y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante ,u, upo.t.s (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonandosuderechotodavirtualidadjurídica.---...--.
1 1.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el 'oproceso de solicitud o reclamo" siga activo e inipulsado pór quien tiene intérés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo .ont *io la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguirfa latente ird.frridu-ente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un .*fli.to de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros estan dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o inválidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es impráscindible conservar su liquidez.La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recurso, para la tutela de la ancianidad en favor de esa fianja considerada como vulneráble "(..,) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)".Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es ,.rg,.r*d* el "interér rup..ior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derécho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular 12.- La abundancia del "interés general" en la norna da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando ala'Cija de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición d. las réclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantizael correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).- 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar g"n..át. Nuestras noffnas garantizan y reconocen el derecho a la ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR: PATRICIA MARIA FRETES ALLENDE C/ ART. 4IO DE LA LEY No 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa ala sociedad instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, r¿Lzones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiteroda los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" .
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona qtre "En ningún caso el interés de los particulares primard sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constifuye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demds, también dijo la Corte que la iruenunciabilidad de los beneftcios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no conslituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Patricia María Fretes Allende la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de conlar con una a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos susEs por terminado el acto, firmando, todo por la sentencia que esar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.Gustavo E, Santander Dans Ministromí, de c.ilañinezDr.Ojedaf-r Ante MiDr.
Ivllni¡tro Mailínez M. Diesel Junghanns Mlnlrtrc C§l. VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "()ue sustituye las leyes No 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Iimpleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años aefectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación la Señora PA"I'RICIA ALLENDE, ello de conformidad a loen el Art. 555 del C.P.C.
E. Santander DansAnte g{¡., M. Diesel Jun Ministro CSI'Gustavo E,. Santander Dans 1frr2D ae ftf{ Minístro oOieda Dr.Oieda Pavón,1 Julic Ll srcntrunra 4 jijoiclAL if