Conrs o*Jusucmncclóx DE TNCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR FABIO ALBERTO RIOS SAMANIEGO CI ART. 4I DE LA LEY NO M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.Asunción, Capital dela República del Paraguay, a ve l¿walp,estando enACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO. bA¡Oi¿^]* O!E*O , del año dos milla Sala de Acuerdos de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTON ÚOS OJEDA Y, ANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, setrajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDADPROMOVIDA POR FABIO ALBERTO RIOS SAMANIEGO C/ ART. 41 DE LA LEy No 2856/2006 "QUE SUSTITUYEN LAS LEYES No73/91 Y 1802/010', a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Fabio Alberto Ríos Sarnaniego, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, nÍOS OJEDA y.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: El Sr. Fabio Alberto Ríos Sarnaniego se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado. a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N'2856i06 QUE SLTSTITUYE LAS LEYES LA CAJA DE.IUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46.47 103 y 109 de la Constitución Nacional La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Coruesponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesontes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes potronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tengq deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
En el presente caso, el Sr. Fabio Alberto Ríos Samaniego se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosríndolo por piírrafos. El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a losde la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado limit¿índolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a b) que no tengan derecho a la jubilación.
es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. gs,legisla sobre la d¿índole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines y que deban estar disponibles para sus objetivos.-- siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la caja, en su art. 6,por iados los beneficios previstos en ella; y. art. I I de los fondos y de las rentas, aproplosde la Gustavo E, Santander Dans saños y Ministro Dr.
MinistroOieda Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, ia limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestraCarta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad. la justicia y la igualdad ya en su preiímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional conter:npla la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asirnismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se en(ruentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensi,5n del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones ampl'ias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dintímica.- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norrna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes cle la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. !r de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Miíxima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.--- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su digr:ridad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadore:s en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.--- En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer p¿írrafo del art. ,41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de di<:2. años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. [is mi voto.
A su tumo, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor Sr. Fabio Alberto fuos Sanraniego, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículti ,11'de "QUE SLTSTITLIYE LAS LEYES N" 73191 Y 1802/01 'DE LA CAJA r)E JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''.--..
Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción rle inconstitucionalidad violenta garantías constitucionales específicamente previstos en los Art,;. 46o. 47", 103" y 109" de la Constitución Nacional.-- La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una an,ti,qüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan senicit:r. La Caja podrá optar por la aplicación del citodo monto a lo amortización o cancelación de .cu obligación No serán susceptibles de devolución los aportes potronales.--- El derecho a solicitar la devolución de oportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la, ri.)aja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera ,Jerechos de igualdad y propiedad privada consagrados de manera expresa en la Constitur::ión Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de
,Tqr-' Conrxacctóx DE TNCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR FABIO ALBERTO RIOS SAMANIEGO CI ART. 4I DE LA LEY NO de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.-- la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte adores aportantes alaCaja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. I") la igualdad para el acceso a la justicio, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los bene/icios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".
En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturalezajurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11o primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja". En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...Lo propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho lJsual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q) En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados alaCaja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.--- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Losfondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de lo Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios gue..."; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia noÍna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes en el caso particular, del señor Fabio Alberto Ríos Samaniego, circunstancia que la garantía constitucional contenida en el artículo 109o de nuestra Ley , que" ...5e garantiza la propiedad privada, cuyoy límites serán fia¡inez Gustavo E. Santander Dans Dr. Víctortc Cesar M. Dilseí Junghanns Ministro CSI' Ministro MinistroOieda establecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, a,fin de hacerla accesible Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normasi legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que coresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4l' de la Le¡,'N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", la parte que condiciona a una antigüedad superior a diezaños a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Fabio Alberto }(ros Samaniego ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, el I)octor VICTOR nÍOS OJEDA dijo:.
l.- El señor Fabio Alberto Ríos Samaniego, bajo patrocinio de Abogado. promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N" 2856/06 "1,).{lE LEYES N" 73/91 I' 18O2iOI DE LA CAJA DE JUBILACIO,YE!;] 1' PENSIONES DE EL'ÍPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Pa¡a el efecto, acorrpaña debiclamente la 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artícul«rs Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas , que " (...) el mismo urcrpo legal que fucultu el poder directo sobre los aportes limita y pretende ap,,opiurse indebidamente de u,'t dinero acunnilodo que nte pertenece. vale decir (7 TOD,4S LUCES INCONSTITLICIONAL-, debido a que afecta grqvemente la PROPIED,ID PRII/,4DA".
3.- El Artículo 4l de la Ley N'2856/06, impugnado dice: "Artíatlo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior o los d.iez años v aue no tengan derecho a la iubilación, oue fuesen desoedidos, deiados cesantes o oue se retiren voluntariamente deentidades donde orestan servici,cLa Caja podrá optar por la aplicación del citodo monto a la amortización o concelación de t;tt obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a soliicitar la devolución de aportes orescribird después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio. salvo que el mismo tenga deudo con lo Caja, en cuyo caso los aportes serán oplicadas a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer prirrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podran acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolucjón de aportes en el sector público en general 5.- Al respecto, la Ley N'4252110 "QUE MODIFICA LOS ARTI('UU)S 3", 9" Y l0 DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA F'ISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO ", en su.Artículo lo dice: "Art. 9".- (...) Aquéllos oue se retiren de la función oública sin reunir los requisilÍos oara acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856t09 "QUE ESTABLECE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTI:,ULO 107 DE LA I,EY No 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", cientol de sus aoortes realizados. aiustados por la variación del indice de Precios al 6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuer,fo en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funci,¡narios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante lirncionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los pri:ncipios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Gsratuías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .- Encuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada', "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo",instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario. rl'i ACCIÓN DE INCONSTITT]CIONALIDAD PROMOVIDA POR FABIO ALBERTO RIOS SAMANIEGO CI ART. 4I DE LA LEY NO no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.--- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad j urídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el 'oproceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indef,rnidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durantelavejezo invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos parala tutela de la al interés particular.
del "interés general" enda validez a la proposición normativa Dota de seguridad y estabilidad alsocial deafectación, alejando clima de incertidumbre que podríafardía lo que evidentemente alteraría el de la Caja. Criterio que comulga con el Gustavo E, M'. YlctorOieda cM. Diesel Junghanns Ministro CSJ'Abs.c.el inistro MlnlstroCrnrx 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos lírnrtes que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De lodos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el menta.do orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interes a a l;t sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que Ltna conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliadosea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectantlo la intangibilidad de los derechos, y que, en oras de un interés superior colectivo, se priva ,Ce reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" .
15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los el interés generol". Si nos ubicamos en el epígrafe de la nonna podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta. más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún coso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN. se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constituc:ional hace referencia a qlre " (...) Por lo demás, también dijo la Corte que la inenunciobilidad de los beneJicios propios de la seguridad sociol no es incompatible con el instituto de la pres<:ripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendrmiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".- 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 4l de Ia Ley N' 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición pora lo devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a l0 afios, incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.
Con lo que se diopor terminado el acto, firmando SS.EE., todo pormí, de que certif,rco,la sentencia Dans Cesar M. Diesel M¡nistroGustavo E" Santa Mintsrnder Dr. Víctor Ríos Oieda MinistroV Ante i,tQv ItSENTENCIA NÚMERO: 7,fu7 .
: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, del Art. 41o de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 I de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona una antigüedad superior a diez años a los efectos de la de aporte jubilatorio, con relación al Señor FABIO ALBERTO RIOS de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C.
Ante Conrs "*JuSrrcrn CesarACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR FABIO ALBERTO RIOS SAMANIEGO CI ART. 4I DE LA LEY NO Gustavo E, Santander Dans Minístro Dr' Ministro Ojedo Abg.c.Martínez SecretarloT ARIREThSEc.J ILctAl--JUDI