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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 283/2024

5 de marzo de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RODRIGO ALBINO GAONA RECALDE C/ ART. 41O DE LA LEY N° 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01.- N° 35; AÑO 2022

Antecedente ART. 41O DE LA LEY N° 2856/06

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CORTE SuPnrrtvt{ o.JusrICIA¿.ccIóN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR RODRIGO ALBINO GAONA RECALDE C/ ART. 41O DE LA LEY NO 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No Dr. Yfctor0? ACUERD9 y 5ENTENCIA Núurno . t,:'-vü «'l"nlo'l la Repúplica dpl Paraguay, a estando endeCapital deloscÍ^codías, Ar1.O , del año dos milla Sala de Acuerdos delos Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, SANT expediente caratulado: RODRTGO ALBINO GAONA RECALDE C/ ART. 41o DE LA LEY No 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No 73191 Y 1802/01.-", d fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Rodrigo Albino Gaona Recalde, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, ÚOS OJEDA y.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: EI

Sr. Rodrigo Albino Gaona Recalde, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogados, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4l de la Ley N' 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 7319r Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46,47 y 109 de la Constitución Nacional.-- La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una ontigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a lajubilación, quefuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la,aplichcióntdet¡ citado mon)to a la amortización o cdncelación de su obligación¡. No serán 'suice)tibles de'devblución los aportes patronale:i. El derecho a solicitar la devolución de aportes'ibirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tengacon la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o presente caso, el Sr. Rodrigo Albino Gaona Recalde, se presenta ante esta instancia peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por 'contraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior adiez años podrán sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse,de la entidad en que presten es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada.

en los Arts. 46, 47 y 109 de la Constitución Nacional.

parágrafootorga el derecho a la devolución de los aportes a los y Pensiones de Empleadoshubierensu obl i goc ión " .

--- Gustavo E. Sentander Dans t'Jullo MinistrotSJ.hannss,Acuerdo de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez afios y, b) que no tengan derecho a la jubilación.

Aquí es importante resaltar que nuestraCarta Magna, en su errt.95,legisla sobre la seguridad social dandole un espectro obligatorio e integral para el trabtrjador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicoiyquedebanestardisponiblespa'as,sobjetivos.-- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más espocíficamente, el art. I 1 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los proroios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la t.lonstitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar qu,3 nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preiímbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido i<leológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo tr,¡rmativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuenttan interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para cornprender su profundo espíritu.--- En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la rigualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminacione:;. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silenr:;io enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías rrc, enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derech,o -art. l-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts.247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el norna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes <llc la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotir una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadorrls en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

-" .§n-eonelusién, deJo preeodonto*Rente,exptresto-y en+enedrda¡reie'eer+el-parecer.de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de die:¿ años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C lis mi voto..r---:-.

A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El spñor }todrigo Albino Gaona Recalde, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de laLey 2856106 lli;i{aiii'ii lilI IIIi tt,,1i ltl ilj'iillt segundo lugar, se debede funcionariosque no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren 46" De la igualdad de los personos: Todos los habitantes de la República Pensiones de ;r,ll que el':,i Abg.

iili¡u lli i,' ll ; ,li,ll rii l! ,trii Iiir i i:iii;filir tilq"r'§t,ilt::t:,rIALBINO -ili' gozarlas exclusivaTomo Dr, Vlctar. Ministro CSl'CesarGustavo Mini¡tro ll'f i|' iirr l a.fienta alPrincipio de Gaona Rer::trlde, artículo I a/in de JUBILACIONES Y P PARAGUAY'',el efecto, raconlpaña debidamente la que acredita su calidad de ex funcionario bancario los Artículos 46, los descuentos la CAJA DE lo descontttron de;:, ri,,l.r i r ia 2.-Elaccionante alega Constitución y fundamenta suque se efectuados en concepto de APORTE ehotras 1l,úi obligaciónml0s,i i rl ;..i,,rir,iii rri,iri i, i'l 'fuStdt i tln, lru¡f$L¡riitt üir-iIit tÍ;;il ir:lt_ , ,.fril:,ffiu¡ mismas, se constata "Los fondos y lhil¡,iqfidicionesde las cuestiones suscitadas una clara contradicción en la obtengan de el mismo, ,]i aéra, h,per$ctiru ,on.tit¡$g{f!'de las Ley cuando, parte eslaéryrssr qug,i un tratohacia los ar;ociados bancarios que, en el caso riti-J',.Iir.1 Y PENSIONES DE mi SALARIOporque he tengacon cancelación de su41 de la los aportes cuyo caso losaportesseran (negritas PLEYES NO primer prírrafo de la norma atacada, surge una antigüedad superior a 10 años podrán no tengan derecho a la jubilación, fuesen lo cual produce una manifiesta a la devolución de aportes en el sector público en 5.-LOS ARTICULOS 3",9"Y]ODE LA LEY N' 2.345/03 "D DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES YPUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art a una iubilación, aun apelando,a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 ")UE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO IO7 DE LA LEY N" 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA'" al Consumidor (IPCI del Banco Central del Paraeuav."

6.- Examinadas las norrnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 " De la lgualdad de las Personas " , 47 " De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestraLey Suprema.

7.- Encuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo ", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos bbjetiíos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistemajurídico lajurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite maybr flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.-importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas vos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya seaORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RODRIGO ALBINO GAONA RECALDE C/ ART. 41O DE LA LEY NO STMA rCI.A2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por elr pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.--- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, , como un elemento creador de derechos que permite adquirir (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de caobligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del a durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas eno Gustavo E. Santander Dans MinistroDr. Víctore ley. Dede Cesar Ministro CSI| 'anns MinistroOjeda$,11 lr1,¡l,iil lli'¡,l: flil tlli Iilr,, esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría srometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La presuipción extintiva se produce por la inacción del titulor del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, Ios afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla. la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el o'proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obtigacipn dp la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generanclo urn conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros der la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de miryor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros estan dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durantela vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) perc, una diferencia en perjuicio de este sector (...)". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interér; superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.

12.- La abundancia del "interés general" en la nonna da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando alaCajade un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).- 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia ''exr:llusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establec,er ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras nornas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que compona el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídiqa que interesaala sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, r¿vones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución ,Je aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.- 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado enforma reilerada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas Que establecen plazos cle prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de qrden público, no afectanclo la iutangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" .--- flIi,l j$$*¡:iti i;i RTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RODRIGO ALBINO GAONA RECALDE C/ ART. 41" DE LA LEY NO 2856t06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES No USTICTA instituto es de estricto orden público y de interés para se encuentraamparadapor lo que dispone el Art. 128 los particulares primará sobre podemos concluir, incluso, que ésta, miís aún cuando se utiliza tivo "en ningún coso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que'|a*os a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al 'Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los benelicios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Rodrigo Albino Gaona Recalde, la inaplicabilidad del Artículo 41 de Ia Leyexclusivamente en la parte queestablece como condición para la devolución deel requisito de contor con una superior a 10 años, manteniéndoseen todos sus términos. Es mi , firmando SS.EE., todo por anteCon lopordio certifico,sigue: Santand Ministroerns Ministro CSJ.ngh Dr. Víctor Ríos Oieda SENTENAsunción,:7,o3' VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIAde queque si sobre Mliiiit¡o' Ante i i.,lIt Sala Constitucional ello Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministroi

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de laLey N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N'73/91 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los ef'ectos de la devolución de aporte jubilatorio,con relación al Señor RODRIGO ALBINO GAONA Cesa Ante a lo establecido en el Art. 555 delC.P.C. Gustavo E,.v Ministro ,lulloPrvón , tlllnif'ri ( riir l:liiii i!

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