ORTE REMA STTCIA ela Sala Constitucional, Doctores autorizante, se trajo al acuerdo el INCONST¡TUC¡ONALIDAD: "PROMOVIDA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ..PROMOVIDA POR MAR¡A BELEN OVELAR SORIA C/ ART 4I DE LA LEY N' 2856/2006 ..QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/9I Y 1802/,01". Y sENTENctA NúMERo' §osc,i¿ r,l^ dv'h Ciudad de Asunción, Capital de la República del Parag,uay, días, del mes de (4ar1n Sala de Acue¡:dos de la Corte R R|OS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante el SecretarioSuprema CESAR expediente POR MAR¡Ade Justicia, Ios Excmos. Señores MANUEL DIESEL JUNGHANNS, caratuladoACC!ÓN DE BELEN OVELAR SORIA C/ CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIESEL ¿ÚtlGUenUS, V¡CTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada el Doctor cÉsnn DIESEL .JUNGHANNS dijo: la señora MAR¡A BELEN OVELAR SORIA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41'de la Ley 2856/00 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de lgualdad consagrado en los Arts. 6,46,47,86, 95, 103 Y 109 de la Constitución Nacional La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la de/osde sus aportesa /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad supeior a y que no tenganderecho a la jubilación, que fuesen despedidos, de7'ados se retiren voluntariamentede las entidades donde prestan seruicio. La por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelaciÓn de su suscepflb/esde devolución los aportes patronales a solicitar ladevolución de aportes prescribirá después de tres años del afiliado de su trabaio,salvo que el mismo tenga deuda con la Caia, en cuyo aportes serán aplicadosa la amortización o cancelaciÓn de su obligaciÓn".
que la accionlaaccionante que los requisitos establecidos por la de acceder a su mandante al retiro de sus aportes, principiosde protección a la Propiedad Privada y de lgualdad expresa en laConstitucién Nacional. De las constancias presedisposición que circunstancia que nderes por Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.servicios prestados durante el tiemen que rosen ioneso podrá Fbg' Emve Ministrov brdeART 4I DE LA LEY N' 2856/2006 "QUE SUST¡TUYE LAS LEYES NO 73191 Y 1802101", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora MARíA BELEN OVELAR SORIA por derecho propio y bajo patrocinio de abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
de la Caja de Jubilaciones Y desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúnr,: las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo qlte señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" det la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la iguatdad.- Et Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1") la igualdad para el acceso a la justicta, a cuyo efecto allanará /os obsfáculos que la impidiesen; 2") la iguatdad ante laé teyes; 3") l; iguatdad para elacceso a /as funciones públicas no electivas, srn más requisitos que ta idóneidad, y 4') la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de ta naturaleza, En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realízados a la Ca¡a Oe Júbilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por mredio de su Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de'Recursos'l artículo 11" primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con /as disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad deTos benefician'os de la Caja".
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es e/ derecho de gozar y disponer de una cosa srr más timitacioñes que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina ,2001, iomo Vl pEn esta ínteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de losempleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecersolapadamente, bajo ciertos requisitos, la tmposibilidad de ejercer aquél derecho,vulnerando así el mentadoprincipio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribucíones que por derechoposeesobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama la devolución considerandoque aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuanoo, por.una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas gue se obtengan de coniomidad cón las ar'spos iciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de lo"s beneficiarios de ta Cujái, ffiü;;; lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena oe 'pero,o;- ";;sderechos en caso. de incumplimiento, establece n, ;Co,rr"$oi¿era la- devolución de sus aportes a /os funcionaios que..."; todo.ello sin otro perjudiiado que la r¡isma aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposicion".ir"t"nde proieger.
En las condicíones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al principio lgualdad, ya que implica un trato cláramente áiscrimínatorio har;ia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de ta,.
RTEACC¡ÓN DE INCONST¡TUCIONALIDAD: ..PROMOVIDA POR MARíA BELEN OVELAR SORIA C/ ART 4I DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE TICTA a y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para evolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un lutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados namente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a rse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particulai, de la señoraMAR|A BELEN OVELAR SORIA, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109'de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos...".
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y visto el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41' de la Ley N' 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora MARIA BELEN OVELAR SORIA, ello de conformidad alArt. 555 del C.P.C. ES Ml VOTO A su turno el Doctor V¡CTOR RíOS OJEDA dijo 1.- La señora MARíA BELEN OVELAR SORIA, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 4l de la Ley No 2856106 "QuE SUSI/IUyE tAS LEyES No 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENS/ONES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL PARAGUAY''. PATA el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos . 6,46, 47, 86, 95, 103 Y 109 de la Constitución Nacio¡al y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) Sin embargo, la norma impugnada, en abierta violación a esfos principios constitucionales, no protege uno de /os derechos esencra/es de todo trabaiador: el derecho de intangibilidad de /os aportes jubilatorios para la seguridad social. Resulta inadmisible que un trabajador que ha efectuado aportes mensuales para la formaciÓn de ritas ySUSde jubilación de vejez, cón dinero proveniente de su propia remuneraciÓn /e es descontado en forma obligatoria, es víctima de la confiscación de sus una norma legal establezca, por un lado, el cumplimiento de un plazo de su devolución, diez años de antigüedad, y por otro, la fiiaciÓn de un del derecho a solicitar la devolución del aporte (...)", lo 41 de la Ley No 2856/06, impugnado dice; "Artículo 41.- Corresponderá la Iasa La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la o cancelación de su obligación. No serán suscepfib/es de/os patronales.E' desalvo que el deudala Caja, enaporles serán aplicados a la cancelación de suubrayados son míos) Gustavo E. Santander Dans MinistroCesal M, Diesel Junghanns Mtnl¡tre CSI'Dr. V, 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos rerlacionados a la devolución de aportes en el sector público en general 5.- Al respecto, la Ley No 4252110.QUE MODIFICA LOSARI/CULOS 3o 9o Y 10 DE LA LEY N" 2.345/03 'DE REFORMA Y SOSIENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. S/SIEMA DE JUBILACIONES y PENS/ONES DEL SECIOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: "Att.9'.-(...)Aouéllosse retiren de lapública sinreuoir los regurcifos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" ESTABLECE LA ACUMULACbN DEL TIEMPI DE SERVIIIIS EN LAs CAJAS DEt S/SIEMA DE JUBILACIÓN V PENS/ÓN PARAGIJAYI, Y DERIGA EL ARTICULO 107 DE LA LEy N" 1626/00'DE LA FUNCIóN ptJBLtCA',, podrán solicitar la devolución del 90To (noventa por cientot de sus aportes reatizados, aiustados por ta variación det indice de Precios at Consumidor fiPCt del Banco Centrat det Paraouav." (Negritas y subrayado son míos).--- 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la tgualdad ,:le las Personas" 47 "De las Garantías de i'a lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privad¿t" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnad a'. " El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro det afitiado de su trabaio", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:
8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de ta norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no Io sujeta al libre alhedrío, sino a ta obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por et interés general. De surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar Íundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre tos ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia der pueblo romano.-- 9'- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efe,otos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos qúe permite alqui¡r el dominio de cosas aienas (prescripción adquisitiva o usucapión) o Oien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo tas condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relaciónI clNDE +F,RTEDE tNcoNSTtructoNALtDAD: "PRoMovrDA PoR menin BELEN ovELAR SORIA C/ ART 4I DE LA LEY N" 2856/2006 ..QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73'9I Y 1802101".
encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha ado durante un periodo prolongado de tiempo nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como productg vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo Iegalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica. - 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus neeesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en periuicio de esfe secfor (...)"t. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga mandato constitucional (Art. 128 C.N.) lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a ad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma modos, el interés general que comporta el instituto de la p , por el ntado orden público que representa, atendiendo a su vez ala seguridad juríque la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo últimy sobeen elArtículo 128encuentro, pues, razones juríque sostener que unausiónla arribada -prescriptibidel da ladpordel afiliado- sea considerada i Ojeda l8). Tratado de control de const'itucionalidady Derechos y opq,¡pi5lrAreios Aires, Egsafiü. Áieeel dilngb.anns Ministro CSJ'51 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Portodo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos cle prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden publico, no afectando ta intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso e/ interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 13T de la cN, se norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.-- -correspondiente constituye en la 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que ta irrenunciabitidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos srne die (....)"3 ril-as negritas son 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser et resguardo del "interés general".- 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a Ia presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 4l de la Ley No 2856/06, exclus ivamente en la pafte que esfaálece como condición para la devolución de los aporfes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. ES Ml VOTO.
A su turno el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: La Sra MAR¡A BELEN OVELAR SORIA, se presenta a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley No 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 y ''DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 6, 46, 41, g6 Constitución Nacional La disposición atacada de inconstitucional establece: "Articulo 4'l- Conesponderá la devoluciÓn de sus apoñes a /os funcionarios que cuenten con una antigüedad'superior a /os diez años y que no tengan derecho a ta jubitación, que fuesen desfedidos, dé¡ados c_esanfes o que se retiren voluntariamente de tas entidatdes donde prestan seruicio. La Caia podrá optar por la apticaciÓn det citado monto a la amortización'o cancelación de su obligaciÓn No senín susceptibles de devotución tos aportes patronales. E/ derecho a 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. Abeledoperrof.
Buenos Aires, Argentina. Pág.04.- ' Sugués' N.P' (2olg)- Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. pág. ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: ..PROMOVIDA POR MARÍA BELEN OVELAR SORIA C/ ART 41 DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73/9I Y 1802/,01". de apoftes prescnbirá después de fres años del retiro del afiliado salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes a la amortización o cancelación de su obligación".
presente caso, la Sra. MARIA BELEN OVELAR SORIA se presenta ante a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.
A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo por párrafos.- El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella, y, específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en e! art. 109 de la Constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce !a dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones coales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, S, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el ala Constitución Nacional establece la igualdad de las personas en su dignidad derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art. 88 no minación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal la extensión del art. 45-De los derechos y garantías no enunciados permite amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los de la vida dinámica.
que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1,en co -art.3encon los arls.247 y 260- la resPo la efectividad de taEn tal sentido, cabe destacar q de launa Iimitación que coloca a losCTA Gustavo E, Santander Dans ttyl in istroCesar M. Di'esel J.unghanns Ministro csj'46 mite supone el pri rtantes Ríos . 3, oiiu L .
n Jgí: la citada Cala en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públir::os (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima lnstancia sin denotar una clara transgresíón al cumplimient«r de los citados ma ndatos constitucionales Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su cJignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso conr:;reto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes j ub i latorios.
En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidacl con el dictamen fiscal, cabe la admisión dela acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del mínima de diez años para Con lo que se dioal caso concreto, en !a parte donde se exige una antigüedad er al retiro de losaportes jubilatorios. ES MI VOTO SS.EE., todo pode que certifico, quedqueiatamente sigue ado el Ante Asunción, 3 de4r 2Q vlsros: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la excelentísirra CORTE SUPREMA DE JUSTIC¡A Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidadpromovida y, consecuencia, decla rar la inaplicabilidaddel Art. 41" de la Ley No 2856/2006 "Que las leyes No 73191 y 1802101 de laCaja de Jubilaciones y Pensiones de Bancarios del Paraguay", en la partequecondiciona a una antigüedad superior a años a los efectos de la devolución deaporte jubilatorio, con relación a la MARIA BELEN OVELAR SOR|A, eilo deconformidad a lo establecido en el555 C.P.C ANOTAR, registrar y notificar Diesel'.J.unghanns Ante mí: Gustavo E,5a MinCc¡ar M. Diesel Junghanns Mlntstro CsJ.Ojeda aante Julioistro CSJ