DEiii ICACCIÓN DE ¡NCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR SONIA ELIZABETH BENEGAS BENITEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS llrltfliltFlrtrH OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo-etexpediente caratutado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR SONIA ELIZABETH BENEGAS BEN¡TEZ C/ EL ART. 4I DE LA LEY N" 2856'2006 ,,QUE SUSTITUYE LAS LEYES N' 73/91 Y 1802101", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora SONIA ELIZABETH BENEGAS BENITEZ, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votaciól resultado: SANTANDER DANS, ó¡eSEt JUNGHANNS y RíOS OJEDAn, dio el siguiente A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:--- La Sra. SONIA EL¡ZABETH BENEGAS BENITEZ promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley N" 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1 .802101 "DE l.,A CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46,47, La disposición atacada de inconstitucional establece'. "Artículo 41.- Corresponderá la sus aporfes a /os funcionarios gue cuenten con una antigüedad superior a y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados se retiren voluntariamente de /as entidades donde prestan seruicio. La Caja ta aplicación del citado monto a la amortizaciÓn o cancelaciÓn de su serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a de apoñes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán la amo¡tización o cancelación de su obligación".
'- n el presente caso, la Sra. SONIA ELIZABETH BENEGAS BENITEZ, acreditando de ex funcionaria del Banco Familiar peticiona la idad de la citada normativa por encontrarla contraria a de constitucional nrecer este punto, es importante exaar el artículo ndolo por üustavo I MinistrS i. Víctar Rto,/os Dlete-f Uünghanns Ln¡stroCSr.i,,s07 optar Jrrtio cesar tv:¡Ministroedaii :it,IiiItt,;l,ri ItiilllI'I El prirner parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes l'rubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.-::
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seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajaclor dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores cie la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales n() sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, e)n su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rent¿;rs, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favo¡ de los afiliados, la limitación en cuanto.a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nucrstra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertraC, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico crcntr¡nido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y alajustificación de todo el p,le¡e normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no adnrite rliscriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trab,ajarclores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente ,::r:ntemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los dererchos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho --¿rrt. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arls. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe derstacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. ',/.9. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 23afl. Tal situación no puede ser convalidada por esta Má:xima lnstancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos c;c)nstituc¡onales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su rjignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concretc,, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al ret r:¡ de los aportes jubilatorios En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos prec;edentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del prirner párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una iantigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi voto A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo La Sra. SONIA ELIZABETH BENEGAS BENITEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41" de la Ley 2856/06 "QUE SUSTII'IJYE LAS LEYES LA CAJA DE JUB¡LACIONES Y PENSIONES DE ETVIPLEADOS olidad onal, dea los,a diezy que noalaquefuesen despedidos, cesanfes o que se retiren voluntariamente deentidades donde prestan seruicio. La Caia podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelaciÓn de su obligación No serán susceptibles de devolución los apoñes patronales.
El derecho a soticitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caia, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
"---'-'--' Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de lgualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante eltiempo en que se desempeñó como funcionaria de un Banco de plaza.- Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcíonarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha retatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala comoC ualdad rel Art.
misrnoI deculo de lainco el cual Rau: "or conculcar lo preceptuado por el artículo 47' de la Constitución Nacional, -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a fodos /os 1') la igualdad para elacceso a laiusticia, a cuyo efecto allanará ta impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el públicas no electivas, srn más requisitos que la idoneidad, y 4') la en la pañicipación de los beneficios de la naturaleza, de los y de la cultura".-- relacionado al marcolegal específico, tenemos en la propia Ley atacada la n de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y es de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título 'Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11" "Los .fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las y, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de /a Caia".
unto, cabe traer a colación la clásica definición de Piedad es e/ derecho de gozar y disponer de e5eIJGustavo E, Santandér Dans MinistrO Dr. osil Secretario IAbg. Cesar MItro cll:nns MinistroOjed,aql ,!irJtxlriffilii'i[llil i lrl que las estabtecidas en /as leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopérjico de Derecho En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institur::ión, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando asi el mentado principio constituclonal para,proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atrib..¡ciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclanta su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de c¡tros Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva conr;titucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas gue se obtengan de conformidad con /as di.spo,siciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen. "Corresponderá la devolución de sus apoñes ¿rlos funcionarios que...",',todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la prropia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apurntadas surge evidente, además, una afrent;a al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asor:iados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la iact vidad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absr:lutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanantc'nte la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de l¿;r totalidad de los aportes jubilator:ios de sus asociados, en el caso particular, de la Sra. SONIA ELIZABETH BENEGAS BENITEZ, circunstancia que también colisiona con la garanllía constitucional contenida en el artículo 109' de nuestra Ley Fundamental, que dispone: ",. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, ¡atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos...".
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legerles citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en conseouencia declarar la inaplicabilidad del 41'de la Lr:y N'285612006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones, y Pensiones de Empleados Bancarios del Paragu?y", en la parte que condiciona a una an1:igüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la Sra. SONIA ELIZABETH BENEGAS BENITEZ, ello de conformidad alArt. 555 del C.P C. Es mi voto.-- A su turno, EL Doctor VICTOR R|OS OJEDA dijo: 1.- La Sra. SONIA ELIZABETH BENEGAS BENITEZ, bajo patrocinio de,Abogado, promueve I-AS LEYES M rcM Y 1802/01 DE IA CAJA DE JUBIIACIONES Y T'ENS/ONES DE EMPLEADOS BANCAR/OS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompañia debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.- 2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 4t3, 47, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosaii que de acuerdo al tiempo demostrado en el Certificado Laboral y en la Constancia de la Caia Bancaria se piuede constatar que no reúno la exigencia estabtecida en el Articuto impugnado para acceder al retiro de /os aportes realizados al no contar con la antiigüedad señalada, a nuestro parecer dicho condicionamiento de tiempo, además de /NCOSNTITUCIONAL es 3.- El Artículo 41 de la Ley No 2856/06, impugnado dice: "Attículo 41 - !,:pfleswnderá-lA devolución de susa los funcionarios que cuentencon una antioüedad superior a los diez años v que,no tenqan derecho a la,iu§ilac,í1|n,-que,fuesen STICACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD:ELIZABETH 0?ROMOVIDA POR SONIA ENEGASBENITEZ C/ EL ART. 41 D LEY N' 2856/2006 "QUE SUSTITUY delaala conla SOaqOSncionanosancacon una antigUOSodrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tenganderecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.
5.- Al respecto, la Ley No 4252t10 "Q|JE MODIFICA LOS ARIICULOS 3o, 9o Y 10 DE LA LEY N" 2,345/03 'DE REFORMA Y SOSIEN IBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE J:JBILACIONES yPENS/ONES DEL SECIOR PUBLICO", en su Artículo 1o dice: 'Art. 9o.- Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 "QIJE ESTABLE?E LA ACIJMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERY/C/OS EN LAS CAJAS DEL S/SIEMA DE JIJBILACIÓN V PENS/ÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEy N" 1626/00'.DE LA FUNCTÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del g0%o (noventa por cientot de sus apo¡tes realizados. aiustados por la variación del indice de Precios at Consumidor (lPCt del Banco Central del Paraauav." (Negritas y 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad"y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema 7.- Ena lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de ndo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo mente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia dicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, a jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; permite mayorflexibilidad en la actuación delórgano jurisdiccional, quien n criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito siguiente nte destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas os subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la oigació petarlo yasea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva'(obligacde rse delimitado por el interés general. De Ímtilfl SUco n"por el Legislador como pilar fundamental Cesar M. DíeselJde Gustavo E'htan lnls§? :y iuo r o s oj e dala Mitristrouestro sila Sno, neros ju hacer)de Abg' Jullo Mlrrlstro Csl.anng lrli'l,¡; I iiri, ,i, I lr,j: irc.
el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formaciÓn se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creilrla para regular 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien c:otrto un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria)en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señatadas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La presct"ipción extintiva se praduce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establ,:¡;ido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transr:;urso del plazo Iegalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a rerclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no recla¡¡en lia devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán po«ler de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "a':tividad" que el legislador requiere, la cual implica que el lproceso de solicitud o reclanto" siga activo e impulsado por.quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto ern la ley". De lo contrario la obligación de'la Ca¡a bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripciórr), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás treneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los af iliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en reri;puesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La dor:trina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad ,:n favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamás una diferencia en Periuicio de esfe sector (...)",. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintrva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colecti'/,)" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen tr¡dos los afiliados alaCa¡a e interpretado como concepto conciliatorio y no como conceptci contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13.-Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva"'del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer cierrtos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconoct,ln el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tir,rmpo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripciirrr, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídic¿n que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano r=n lo que dispone elArtículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagant posible sostener y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág..6p.- fír'" ritJACCIÓN DE INCONSTITUC¡ONALIDAD: PROMOV¡DA POR SONIA EL]ZABETH BENEGAS BENITEZ C/ EL ART. 4I DE LA LEY N" 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS sión co r parte esla señalando que dichos preceptos reposan en principrbs de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y, que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlosaquiennolosejercitaeneltérm,inoprefijado(,,,)",2,__- 15.- De tal modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo"en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicarcuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)"3 (Las negritas son mías) 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley No 2856106, condición para la devolución de lo,sexclusivamente en lapafte que establece como requisito de contar con una superior a 10 años, manteniéndose indemás en todos sus términos adrmando SS.EE., todo por certifico,o aconmediatame Gesar M. D¡esei Ji¡ígrr,ar Ante JutioPavón Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- Sagués, N.P. (2019)' Manual de derechoy Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.Gustavo E. Santander D'D§ MinistroYíctor Ríos Oieda Mini¡tromt mí, de qume I cia queel il1t rllir ilU,iiliiiit!lif: i iili[iiTi1 lr ir ir, il,,ri,il{; ,ri ,tür i ' .l'tl I i¡¡i;ii i' lilri i ti Con lo Csr.
.t'i,f i t'lii 1lir,lI tlilBuenos Aires, Argentina. Asfea. Pág' 658.- rl ftit r. SENTENCTA NÚMER O: ZbL VISTOS: Los méritos delAcuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41" de la Ley No 2856/2006 "Que sustituye las leyes No 73191 y 1802101 de laCaja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte quecondiciona a una antigüedad superiora diez años a los efectos de Ia a la Sra. SONIA ELIZABETH BENcondevolución de aporte iubilatorio, BENITEZ, ello de conformidad a lo regry Cesar ffi. D¡lsel Jun Ministro CSJ' Ante elArt. 555 del C.P.C. Gustavo E, S;er Dansnti Mirristro Dr. Vícfor Ríos Ojeda rllinisr,_o ilaflinez oSECEETAñiA JUDICIA:. i P.Abg.
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