CORTE SUT,REMAo'f usrICIAnccróN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR OSCAR ANTONIO ALMIRON RAMIREZ C/ ART. 4IO DE LA LEY ACUERDo y sENTENCIA Núrupno' Do5c.re^)'5 oi,u.L, de Asunción, Capital dela Reoública del ue'ir¡lc-r,o)co, estando en la Sala de AcuerdosParaguay, a los dqco días, , del año dos mil delos Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, DIESEL JT]NGHANNS, VÍCTON NÍOS OJEDA SANTANDERDANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCInn TNCoNSTITUCIoNALIDAD PRoMovIDA PoR OSCAR ANTONIO ALMIRON RAMIREZ CI ART. 41O DE LA LEY NO 2856/2006, A fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovidapor el señor Oscar Antonio Almirón Ramírez, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DI-ESEL JUNGHANNS y, nÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: EI
Sr. Oscar Antonio Almirón Ramírez, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de laLey N" 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY,,, en TAzóN dE SET contrarioalosarts.46,47,l03y109delaConstituciónNacional.-.-.
. La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los func,ionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a'lajubilación, quefuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caia podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho o solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los apories serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
instancia a locaso, el Sr. Oscar Antonio Almirón Ramírez, se presenta ante esta peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición una discriminación en contra de los afiliados alaCajaBancaria al disponer bancarios que cuenten con una antigüedad superiot adiezaños podrán en caso de desvincularse de la entidad en que presten del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada.
Arts. 46, 47, 103 y 109 de la Constitución Nacional el derecho a la devolución de los aportes a lossdela vde Empleados Bancarios quieneshubieren nder uansr llh Dfesrl ,ltrnghanns Mlni¡tra CSJ.Gustavo E, Santa-ar@ 'torcaj Ministrola roOjedas :irll rijl J.Jl"'tr.rttt de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez afic)s y, b) que no tengan derecho a la jubilación.
Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su a:,rt. 95,legisla sobre la seguridad social d¿indole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectore5 d6, la problación. Asimismo, attoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles pila sus objetivos.-- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Cajrr. en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. I 1 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la t.lonstitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar qur: nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad. la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentrian interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu.
En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminacioner,i. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silen{r;io .nrorr.rativo de tal normativá, lar extensión del art. 45 -Dd los derechos y garantías no enunciai65: permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.--Recordemos que la constitución de un Estado social de derech,r -art. 1-, impone en el Poder Público -art.3 en concordancia con los arts.247 y 260- la respornsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la nonna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes cle la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. I de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Miíxima Instancia sin denot¿u una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su digrridad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadort:s en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir lra aplicación del primer prírrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde s,3 exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.---''.!,-fl_ ,1."litlilrIf, ffi,tflill[Iftii;i,;llll:i;ii iii,,t ,, ;¡¡iii, ,:it¡'¡, ;i i lii[,li+ri,'lr,liil En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer prírrafo del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, el Ddctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor Oscar entonio Almirón Ramírez, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 4lo de la Ley 2856106 REMASTTCTA Examinada laatacada a los efectos de conceder elACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OSCAR ANTONIO ALMIRON RAMIREZ C/ ART. 41O DE LA LEY LA CAJA DE JUBILACIONES Y BANCAzuOS DEL PARAGUAY'' de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a la devolución de los aportes realizados por el trabajadorORTE aportante de la Caja. Enlugar,se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar defuncionariosque no tengan derecho a lajubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que seretiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entiáad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46o y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Aitículo 46" la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República soi iguales en dignidad y dereihos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obsticulos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas comofactores discriminatorios sino igualitarios"
',Artículo'47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: l) la iguatdad para el acceso a la justicio, a cuyo efecto allanorá los obstáculos queia impidiesen; 2") la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones'públicai no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oporíunidades in la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados alaCaja de Jubilaciones y pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero ,,Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 1lo, primera parte: "Los fondos y rántas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja"''
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: propiedad is el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q)'- En esta inteligencia debemos entender quedisponiendo la propia ley la exclusiva propiedadsobre tales aportes en beneficio dede la institución, mal Podría contradecir suspropias directivas albajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho,mentado principio proceder a un despojo de nada menos qen forma ilegítima.
al concepto trasuntado líneas arriba, enque por derecho loss a la Caja, eldevoluciónq Cesar i.i- §lese[ Jürnh ,,., ¡,, lfllpr¡lti?¡ti],,GustavoE. Santande Ministror Dans Dr, Vlstorías Ojedoasl de sus de las aquellossobre en poderue tll*rprñ_tre,ii ililii servicios, acumulado laantigüedad 46,47, lo3de la Constitución Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectivil constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en laLey cuando, por una parte esta expresa que: " Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposicic,nes de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneJiciarios de la Caja", ñfo por otro lado lirnita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: " Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcictnarios que. . . ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger.-- En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una ¿rfrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato cla¡amente discriminatorio hacia los ar,iociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder ala devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamer:rte ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Cerja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los, aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Oscar Antonio Almil"ón Ramírez, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contgnida en el artículo 109' de nuestra Ley Fundamental, que disponé: ",Se garantiza la propiedad privadu, cu.vo contenido y límites serán establecidos pior la Ley, atendientdo a su funciin económica y s'ctcial, a fin de "hacerla Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y ]802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior adiez años a los efectos de la devolució¡L de itporte jubilatorio, con relación al Sr. Oscar Antonio Almirón Ramírez, ello de conformidad a lo establecido en el Art.
A su turno, el Doctor VICTOR nÍOS OJEDA dijo:
l.- El señor OscarAntonio Almirón Ramirez, bajo patrocinio rie Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N'2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802/01 DE I-4 CAJA DE JUBILACION,U,9 Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAG(JAY". Para el efecto, acc,mpaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.-- 2.'El accionante alega que se encuentran transgredidos los Articulos 46, 47,103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras co:;as, QUe " (...) el mismo cuerpo legal que faculta el poder directo sobre los aportes linita 1, pretende apropiarse indebidamente de un dinero acumulado que me pertenece... ".
3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice.' "Artít'a,lo 41.- Corresponderá la devolución de sus aoortes a los funcionarios aue cuenten con unq ant¡eüedad superi los diez afios v gue no tengan derecho a la iubilación, oue fuesen desot:tt¡¿os, ce o que se retiren voluntariamente de las entidades donde orestan servic,.ig. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de ,su obligoción. No serdn susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a sol,íp'itar la devolución de aoortes orescribirá desoués de tres años del retiro del afiliado de su trabujg salvo que el mismo ,iiu, o to amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer pánafo de [¿L norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad supcrior a l0 años podriín acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derech,¡ a la jubilación, fuesenf .i:ttii t , irll j,li ]t, l :rt'r r "snifres novcC .; c¡llrl )it§lerr +E nqcróN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR OSCAR ANTONIO ALMIRON RAMIREZ C/ ART. 4IO DE LA LEY PREMA STIICIAU ase retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector respecto, la LeyN" 4252110 " ?UE MODIFICA LOS ARTICULOS 3",9"Y]ODE DE JUB ILACIONES,, DE'RMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA YPDEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice: "Art.
sestn a una ju!i!g!i'n, auna losotorga la Ley N' 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ADELSERVICrcS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILAY PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY N' ]626/00 'DE L,1I FUNCIÓN PUBLICA",del 6.- Examinadas las nornas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer prárrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho.les corresponde, incurriendo indudablemente en unatotal desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 " De la lguatdad de las Personas " , 47 " De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestraLey Suprema.
7.- Encuanto a lo dispuesto en el último pánafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos su,bjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con lacorrespondiente protección o tutela de su dereiho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden ylapaz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.--- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la ,,prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cásas ajenas (prescripción adqtrisitiva o usucapióñ) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva oen virtud del abandono de la acción o reclamación durante ciertoseñaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de unaencontraría sometidoa un vínculo jurídico que ha permanecido , nuestra ley ciun periodo prolongado de Artículo 657 dice: "La durante el Gustavo E. Santandei, üans,Di:10.- produce GdsarEil Oi-íi! J'.'por la ilt¡¡i¡trP 9s¡'del MinistrÓ*irtroAiedsili lii,r-!
tr'lp " §egritas y ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuL¿rción abandonando su derecho toda virtualidad j urídica.
11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla. la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el o'proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados a.ctivos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la ()aja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se enouentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos fina.ncieros estrán dirigidos también abrindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durantelavejez o invalidez. Debe pntonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es impr,:scindible corls€rvor;su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pe,,o jamás una diferencia en perjuicio de este sector (...)".8s precisamente esto lo que justifica l;l prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio ) no como concepto contradicforio al interés particular Iil¡ 12.- La abundancia del "interés general" en la norna da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantíza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que cc,mulga con el mandato constitucional (Art. I28 C.N.).- 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia 'oexclusiva" del legislador, quien se'encuentra obligado por mandato qonstitucional a establer::err ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripc,ión, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica qu,3 interesaala sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo t¡ue dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostcner que una conclusión como la aribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución cle aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(...) Por todo lo expuesto es que la jurísprudencia laboral ho desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de ltrescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principtos de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...)" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad enter4 entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ninglin caso el interés de los par,ticulares primará sobre el íntelés geheral". Si nos ubicamos en epígrafe de la norrna podémos; concluir, inclüso, que'FE-ttn-ÉE *snitrgi¡t nOugtlb-**, :.i¡atóürrF CORTE SupnrMA o')usrICIA¡,ccIóN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR OSCAR ANTONIO ALMIRON RAMIREZ C/ ART. 41" DE LA LEY constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza " en ningún caso".
se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norrna j erarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la Corte que la inenunciabilidad de los benelicios propios de laseguridad social no es incompatible con el instituto de laprescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías).- 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de quc uno,dc to§ fines del Estado debe ser el r-eseUg¡$ffi;trT 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que conesponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Oscar Antonio Almirón Ramírez, la inaplicabilidad del Artículo 41 de laexclusivamente en la parte que establece como condición para lael requisito de contar con una superior a 10 años,en todos sus términos. Es mi voto Con lofirmando SS.EE.,todopor ante, de que certifico, q Cesar fill ot,SaBI?ler Ojeda Gustavn Asunción, 5 de waf 2 VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la CORTE SUPRE,MA DE JUSTICIAMinistroMinistro Ante Sala Constitucionall' lt iAbg.
SENTENCIA
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 y 1802/01 de la Caja de Jubilacionesy Pensionesde Empleados Bancarios del Paraguay", en lao de la Ley No 285612006 "Que sustituye las leyes No 73191 parte que condiciona a una antigüedadt diez años a los efectos de la de aportecon relación al SeñorANTONIO AI-,MIRON ello dea lo establecidoelC.P.C. Ante CesarM. DletelJ nistro CSJ.Gustavo E SantanderDan lril,,nis;tro Dr. Vlctor Ríos Ojedo Ministro SECBETA|i N ; JUDICIAL i ' MP.tsoii'; ;fr,f nt,v6 li,l.iii1,lrlt,tl"' ; i tilr l;?: il.,li il{,i I ttri,'iii I i rlil ttI t,^t, I,ii i r , .