ACCIÓN D!E INCONSTITUCio'NALIDAD SANDOVAL 'C/ ;:ART. 41DE LA LEY Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: Se
presenta el Abg. Pablo Lezcano Ferreira, en nombre y en representación de la señora Mariela Portillo Sandoval a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 'DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y", en razón de ser ¿ontraria los arts. 46, 47 y 109 de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41. - Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o En el presente caso, el Abg. Pablo Lezcano Ferreira, en nombre y en representación de la señora Mariela Portillo Sandoval, se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaracíé inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de co agraci constitucional. Sostiene que la disposición impugnada establece una discri inación e contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los funcionarios bancari s que cu nten con una antigüedad superior a diez años podrán retirar sus aportes ju ilato ios en cas de desvincularse de la entidad en que presten servicios, lo cual es violatorio el rin ipio de i ualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los con dos reqµisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad socialdándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto fl los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma iniolable en ss derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución'Naoional.v A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, !ajusticia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y, cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no' admite dis¿riinaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte d6nde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su tumo, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El Abg. Pablo Lezcano Ferreira, en nombre y en representación de la señora Mariela Portillo Sandoval, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley 2856/06 "QUSUSTITUYf'. LAS LEYES 'ACCIÓN ' DE INCONSTITUCIONALiDAD 1 COR-- ' 1 fROMOVID4 POR MAJUELA PORTILLO t, .1 :, SANDOVAL ;: C/ ART. 41DE LA LEY su '.PRE A 0 .. ,. DEJusrCIA !1 E¡JUBILAC1bNS Y PNSÍfES DE EMPEADS 1nr 11íf''". . 1er9 que el rtícul, impugnado priya a su If pi:,.entada µe disponer de sus aportes que ' rrecHo 1¡oespondhabien¡o: si?P dsvincklacl,de la ntidad ?anari" dode restaba servicios, solicitó a la caj la devoluc;10n de , sus] apdi¡tes, siendo rechazado por no haber acumulado la 1. antigüedad - 1 rirevista en la Ley. 1 Fuda 11a presente acción en los principios 1amiada laúoa atacada:dn'constiti 19na1/lenemos qe sta etblecerequsíto aportante de 1l Caja.1 En primer lugar; e establecélla .á:Ntigüedad mínima: de diez años y; en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado el abg. Pablo Lezcano Ferreira, la señora Mariela Portillo Sandoval, no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47º de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Articulo 46De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no, serán . consideradas .como factores discriminatorios sino "Articulo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", CapítuloPrimero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposicionesde esta Ley, En este. punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en s leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial He asta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
Gustavo E. Santander Dans Ministro D Víctor Ríos Ojeda Ministro Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo. pena de pérdida de esos derechos en caso deincumplimient?, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ,todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad, bancaria y que np cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal' ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente.la Caja, eh abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los 1 aportes jubilatorios dé sus asociados, en el caso particular, de la señora Mariela Portillo Sando:val, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, q¡ue dispone: "Se garantiza la propiedad priada, cuyo contenido y lírr¡ite_s serán establecidospor la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N". 73/91 y 1802/01 de la Caja.de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay"¡ en la parte que condiciona a una antigüedad, superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra, Mariela Portillo Sandoval, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 55.5 1.- El Abg. Pablo Lezcano Ferreira, en nombre y en representación de la señora Mariela Portillo Sandoval, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita la calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- El abogado alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 4 7 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) incurriendo en un total desigualdad de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo en un total desigualdad ante funcionarios del Estado en General y consecuentemente en una alta ilegalidad, situación totalmente repudiada por el sistema constitucional que rige en nuestro 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortizacion o cancelación de su obligarión. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la :devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del aúliado de sil trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los, aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 , 1 ROOVID4 POR MA;IELA POR1JLLO ,.,..,E"'.,' CORT¡ ¡SANDOVAL C/ ART. 141DE LA. LEY 1) JUSTIClA ! ' ! ' a la i½!erpretaJin '.ltristá del primer párrafo de' la norma atacadsurge .. ue solamente:--ellos fu9ionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán 4"' ,, :acceder al rero: de sus !aportes siemP,e y ¡cuando no: tengan derecho a lajubilación.fuesen '/ !,,;GSPrílioi1jado?esanrs o se rtir1sen voluntariamente, lo cual produce uria mahifiesta -...d'. sigualac<fn respecto a os derechos lrelabionados a: la devolución. de aportes en el sector pyblico en gen ; 5.- Al rspectd, la Le, Nº 4252/IO'QUE MODIF'JCiLOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10:DE LA LEY Nº 2. 345/03 ;"DE if,FORMA Yi SOSlf'ENJB'.JLIDAD DE LA CAJA RISCAL. SISTEMA ue se rkiiren de la' ukci'ón ública nreunir losl re uisitos ara dccede-r a una jubilación, aun ape ando a los derechos que :le otorga la Ley Nº 3856/09. "QUE ESTABLECE LA ACUMU./JACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA¡ FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus1 aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del B,anco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
l- Examinadas las ormas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
' I 7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico lajurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es .importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a 'las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho,' pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado r:, el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador orno ilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entr los ci adanos. Su formación: se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en l , y e las D ce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
Gustavo E. Santander ºªl]J,.Víctor Ríos Ojeda Ministro Ministro 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto .vivo del derecho, civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva 1 0 liberatoria: el transcurso del I plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de .la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular, que nunca reclamó ylos demás beneficiaros ,de la Caja, entre los que' se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación' de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar. en respuesta a dichas necesidades; para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, 'recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo ,objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido .como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa,, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del , 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien l. . . - l . , . ,.r,. d ( )" ' . - ' - i . - ' no os ejercita en e termino pre D USTICIA tali- do tenmos que si el instituto es de0 estricto orden público y de interés para fa sociedad ententonces, ,su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 ela CN; cuandé' encionaque "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre ;i!ílrés ge,:¿e¡;'eíl". Si nos ubicamos.en 'el epígrafe de la.norma podemos concluir, incluso, que ,mi ,. I fas normas constitucionales pueden imperar: sobre ésta, 'más aún duando se utiliza 16.- Cino se podrá dotar, el instituto que vamos a1 aplicar cuntJ coel correspondiente resguardo constitucional qud, de conformidad al Art. 13¡7 de la CN, se' constituye en la norma de mayor jerarquía dentro dd nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARIELA PORTILLO SANDOVAL C/ ÁRT. 41DE LA LEY 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todoel fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Mariela Portillo Sandoval, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedui superior a 10 años, manteniéndose incólume 1 e ás en todos sus términos. Es mi voto.
, de que Ante mí: Dr. VíctorRíos O jeda Ministro SENTENCIANÚMEROY Asunción, 'l '3 de Fr b rt (1 de 202 .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 dela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior diez años a los efectos de la devo ución de aporte jubilatorio, con relación a la Señora A LA PORTILLO SANDOV L, el Ante mí: e Santander Dans GustaO (.. Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro