CORfE ' SUPWEMA DEJU :!ICIA Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:
La Sra. MARIA VERONICA MADRAZO OTTENRITTER promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DELA CAJA DÉ JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Pf.RAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 47, La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez' años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amorlización o cancelación de su obligac, No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicí ar te evolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su t abajo, lvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán En el presente caso, la Sra. MARIA VERONICA MADRAZO OTTENRI ER, r ditando u calidad de ex funcionaria del BANCO RIO SAECA peticiona la declaración i consti cionalidad de la citada normativa por' encontrarla contraria a derechos e sáni10ote punto, es important;e examinarartículoimpugnad Cesar M. Diesel Junghanns Gustavo E. Santander Dans Ministro CSJ, Ministro Dr. Víctor Rios Ojed« Ministro . , El primer parágrafo otorga el derecho a ladevolución de los aportes a los afiliados de la Caja de, Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios. despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo. con dos requisitos; a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) . : Aqut es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obliqatorio e integral .para el trabajador dependiente y su familia, aclarandoque deberá ser extendida a todos los sectores de la! población, Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la daja, en su art. 6, tiene por objeto asequrar a ss. afiliados los beneficios previstos, en rlla; y, más específicamente, el art. r 11 otorga :f 9 titularidad exclusiva de' los fondos y de las rentas, a, ... !CDs 'propios beneficiarios ele la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en. favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los añosde antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido eri 'él art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, esdable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, .la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido.ideolóqico.y social que sirven de directriz.al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo: yj por ende, todas y cada una de las. articulaciones constitucionales, se encuentran i'r.itercoriexás y son interdependientes unas con otras, -siendo todas, imprescindibles para comprender-su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.
Seguidamente, el art .. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse. que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silenció enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g.Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes E n conclusión, atento , a los argJmentos esgrimidos ]P,ecedentem:ente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conform!idad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo laiaplicación del primer párrafo 'del art.
A su turno EL Doctor CESAR MANUEL IDIESEL'.. 1 La Sra. MARIA VERONICA MADA.ZO 01:l!ENR!TTER, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 º de, la tey 2.8?/06 '.'e UE SUSITUYE LAf:, LEYES 1JA DE .JUB 1/'jCIOiEfY p 11cNSION¡¡s DE EMPEf,DOS podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.
EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De lasconstancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones deEmpleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante Fll tiempo en que se desempeñó como Examinad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a; la- Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren T al y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de- acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución Nacional, "Artículo 47º -De-tee.qerenties de la igualdad.- El Estado garantizar,áa todos los hebiientes de la República. 1'º) la igualdad para el acceso a 'le jilsticie, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la gua/dad de oportunidades en la .oetticipecion de los beneficios de la naturaleza, de los E relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimita ión , e la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensio es d Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de s Título rcer "Del atrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", a ícul 11 º pri er parte: LosJqndos y rentas que se obtengan de conformidad con las di posicio es de e ta Ley, s n de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
--- n est punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propied de Aub y Rau: ' ... a íl piedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin m, limitacion s que l s b/ecid n las s ... " (Cabanellas, G. "Diccionario o édi o de Derec o Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Rios Ojeda : ,r isn'o Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires-. República Argéntina, 2001, Torno VI P-Q).
iEn .esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes -en beneficlo de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo cief1os requisitos, I imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando .así el mentado .principio constitucional para proceder a un despojo, de nada menos que el total de sus aportes en forma Ileqitima, Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a laCaja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder d9tro.s.
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:- . Del análisis.de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara: contradicción en la Ley, cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos yrentas que s,e obtengan decontormkied con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneticienos de le Caja", más por .otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esps derechos n caso de incumplimiento, establecen: "Cotresponderé la devolucion de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo, ello sin otro perjudicado que et.mismo aportante a quien la ropia norma al E n las condiciones apuntadas surge. evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la-accionante hayan sido desvinculados.de laactividad bancaria 'y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo; procede a apropiarse de la totalidad de los aportes,jubilatorios de :SUS asociados¡ en .el caso-particular, de la 'sra. MARIA VERONICA MADRAZÓ OTTENRITTER, circunstancia que: también -colisiona con la '. garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que .dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serén estebtecidos por la Ley, atendiendo a su funcióneconómica y social, fin de hacerla accesible para todos ... ".- Por. lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer' del: Ministerio' Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción ,y en consecuencia declarar, lp inplicabilidad del 41 º de la Ley .Nº, 856/200 Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la Sra. MARIA VERONICA MADRAZO OTTENRITTER, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
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1.- La Sra. MARIA VERONICA MADRAZO OTTENRITTER, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PAR'AGUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la 'instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transqredidos los Artículos 46, 47, 86, 95 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) he prestado servicios por un tiempo inferior . a los. 1 O años y habiendo sido desoeoide injustificadamente ... se me priva de acceder al retiro de mis eportes qúe he realizado durante mi desempeño en la entida'd, bancaria, lo que ce considerado una vulneración al 3. - El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los: funcionario's .que cuenten con u'na antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar porte; aplicación. oet cita99 monto a la ,,I 1 ,' ACCIÓl be lCON:IT 1 :c1oALIDAD: PROMOVIDA QR ¡ MARIVERONICA " ,,, ;¡ ' ,, ! MADRAZÓ OTTENRITER C/, EL ART. 41 DE 5. , j 'r;:, 'r . :, LA LEY N2as612op6 "PUE susnruvs LAS mol ,,z f º1 lean I a,o ' 1 du bit 1ª(!;/0nJ j No 1secaro susc.epftbles de devoiucion los --ajlJ1e." Nron Jes.j,E dJehhdl . 1 !, cila1 ,a cfb,volucióliiela11 brte! résdriblfá des üés 1, de, fn ñós'. él reti. 0 clll'afi/"atl I e 1 sul trafiao, ;s;a/¡Jo: que¡/ m! sijo t enal deuda con la <Sli'j', eh¡ ¡cyo casbl 'iºs'¡qp'.o'rt, ¡s,;r,¡ánl,a'¡:/licaclos 1 :'ft afn,oki?kciónd o caqcéla8ión de su ' .- cdt,º a a ,, rpr.e ,e, ,e '113 ªil9r 'pr:1nier¡Pªíit.e 1 i n()r 'c¡itafa<tlaj surge s91anient aulllos¡f n1¡1pnar1f.fncat¡is¡:can:unTI¡am,t11JJe adsp1qr¡!1ª o ª'l?,Rºdra!il cce1e:I :rcpep¡1 1 rrI :J1p¡¡'lsi1é i)Rur? 1 n!tan ¡ '.dt :eh9l1 ! l1a1 ub,ilai;ón', fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º.
(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin. reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL. TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor llPC) del Banco Central del Paraguay.,, (Negritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que , por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Gerentie« de la lgualdtid"y 109 "De la Propiedad Privada" dehuestra 'Ley Suprema . ..:... !:.
7.-- En cuanto a lo dispuesto en el último, párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento: Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta caract ística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede re er u criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8.- Es import 'te destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas ec s subje ivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, act a do en li ertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la corresp hdi te prot c ión o tu ela de 'su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la o ligaci , n de petarl ya sea 'de forma activa (ob)igación de hacer) o pasiva (obliga ión de o hac r), por I ncontrarse delimitado por elinterés general.De ahí surge la t gura de "pre cr ' n" creada por el l.eqislador como pilar fundamental del orden y lapa social e el óslto d: m menejcalma entre los ciudadanos. Su r ación se debe a a Gustavo E. Santander Dans.
Ministro <=SJ. ' Ministro i D Víctor Ríos Ojeda Ministro influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de 11s Doce Tablascreada para regular 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador d 1e derechos que. permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un .medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción .o reclamación durante .cierto tiempo y bajo .las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto: pasivo 'de una relación jurldica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripcion extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido, por la ley'.'.
Como producto, vivo del derecho civil nacela norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción, extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán: poder 'de actuación a ba n dona nd b su derecho toda i rtu a I id ad-ju rí d ica. ,,, J -;---,
f.- Como podemos apreciar, 'la norma impuqnada contempla la "actividad" que, el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado. por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de. prescripción), generando uh conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de l¡:3 Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se, encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional,. por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparoa los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar ehrespuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos eri tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible: sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a .solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
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A maya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad-Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- ' " , ' ,; i. ACCIÓN DE INCONSTFrt.JCIONALIDAD: PROMOVIDA POR MARIA VERONICA ADRAZO OTTENRITTER CI EL ART. 41 DE LA LEY Nº 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS rt7str tema la doctri,na espe;cilizada tiene por' aclarado que: "( ... ) Por todo lo e pust0,qU¡e: lajrisp/udecia abata¡ha qf]sestimadó en forma reitr4,da los ptenteos 1'" de, ¡,foimdl:fsutucio/nali<:;fad respedto de lai ,normas que estable1 cen pla'zos /de 1rescripción, seaf'an o que dichos preceptos repolan en, ¡Drincipios de orden público, noafectando la intangibilidad dr !osi1erechs, que; erira¡Y n i,nteré.s s,erior¡ colectivo, se priva de reclamar/os a q 15.- D.e tal modi° tee¡mos que, ¡si I ns 1i!yto ed, estri;9to orden público y de intrés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento norm'ativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. . .)"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, exclusivamente en la parte que establee e condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una an igüe superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi vot - Ces,H'flll. Diesel Jung Ministro CSJ.
Ante mí: . Gustavo E. Santander Dans Ministro D Víctor Ríos Ojedc Ministro Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 3 Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucion l. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- SENTENCIA NÚMERO: 145 Asunción, is de PeÍ()rc "'O VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efec os la devolución de aporte jubilatorio, con relació Sra. MARIA VERONICA M ORA OTTENRITTER, ello dec.onformigad a lo esta ecido n el Art. 555 del C.P.C.
ANOTAR, re Gustavo E. santande19.ª9>íctor Ríos Ojeda Ministro Ministro Ante mí: