CORTE, Sur.REMA QDEJUSJCA . Acc19N l D:E INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVíIDÁ'. POR SANDRA LORENA CABLLERO ALMIRON C/ ART. 41DE LA LEY 0 ,,'. E1a,' 1,mda?' de AsMnión, apita! 9e l¡eR.Fca el'Parguar, a l9svr;,,:nfc ;;:, 'días, . el-s-.de I n ro , ¡, 11 año tids mil Vf I r;'rt' "'-,estando en laSala de Acuerdos de 1a Cort ;rema de Juftifia, los¡ Excmos. '. S9ore 1 Ministr?s de 1!Constitucional, 0 , tw , . SAR MANUEL DIESEL JUNGJIANNS, VICTOR RJOS OJEDA y, l . o SANTANDER DANS, Aritmí, el ser'etdrio i autorizante, se ttajal Acuerdo, el expediente caratulado: ACjCION DE INCONSTITUCl9NALIDAD PROMOVIDA PpR SNDRA, LtjRENAj CABl!,LERO 1 fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el Abg. Ornar Marecos, en nombre y en representación de la señora Sandra Lorena Caballero.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: Se
presenta el Abg. Ornar Marecos, en nombre y en representación de la señora Sandra Lorena Caballero a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 4 J:- Corresponderá la devolución desus 'aportes a los funcionarios 'que cuenten com una 'antigueddd'superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El 'derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o Ministro con dos requisitos: a) que cuenten con. una antigüedad, mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación.v-v-v-v-.
Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los1 sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de susfines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.-0 Siguiendo .el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la. titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, ,a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años. de. antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable esus derechos dominiales, contrario 'al espectro estatuido n el art. 1 O? de la Constitución Nacionai.- A fin de' complementar la idb expuesta, es dable recordarque 'nuestra Carta 'Magna reconoce la dignidad humana, sí como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, epa establece axiomas de un rico 'contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada. uoa de ,las articulaciones constitucionales .. se encuentran interconexas y son interdependientes unas con, otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concretono se' encuentra específicamente contemplado 'en el silencio enumerativo 'de tal normativa, la xtenión del art. 45' -De los derechos y garantías no enuciados- permite intepretcones amp,lias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con losarts, 247 y 260- laresponsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de lq igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resufa así necesario prescinfir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso'concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro.de los aportes jubilatodos.
En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo dellart. 41 de la ,ey 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima ddiez; años p<¡1i'a proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del e.re. Es mi voto.
A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El Abg. Ornar Marecos, en nombre y en representación de la señorSandra Lorena Caballeo, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo,¡ 1 º de la Ley 2856/06 "QUEI SUSTITUYE LAS LEYES ACCIÓN DE. INCONSTITUCIONALIDAD ,..
,::-:, PROMOVIDW POR SANDRA LORENA r - csuºPRRT.EEMA CABALLERO ALMIRON C/ ART. 41º DE LA t'"' DEJUSTICIA 1 1DE' JUBILACIONS Y PENSIONES DEEMPLEADOS ., -, -, . e que el artícul? iµiugnadpriva -su;repesen 1tada ddisponr e1 sus aportes que rRd - 1 o 11 º:1'spondeY¡ hab1end9 s1?,º ldesmculadde.la ntldad banya1a dondprestaba servicios.i soc1to a la caja la devoluc1pni de'lsus apares, siendo rechazado por .no haber acumuladb laantigüedad revista en la Ley. Funda, la presente acción en los principios consagrados en los artículos 20 y 109 de la Constitución Nacional.
. Examinada la 1norma atcada de, ic9nsttionai,¡ teemos que .sta etablece: requsitos a los'efectos de concder el erec,ho a la qevolUFºn delos aportes.realizados por, el trabajador aportante lae Caja.' En gdmff lugar, 'se establece la' aptiüefad' inínima de diez añps y( en segundo lugar; se debe tratar1 de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado el abg. Ornar Marecos, la señora Sandra Lorena Caballero, no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 4 7de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan olaspropicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios"
"Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos gye la impidiesen; 2.la igualdad qnte, las lYfS/ º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, s unto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la pr iedad s el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las estabi cidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", dit ial Helia ta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
Mini::.trCSJ. Gustavo t. Santander Oans .
Ministro Dr. Víctor Ríos 0,¡eda Ministro Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que; bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolucion de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan ido dsvinculados' de la actividad bancaria' y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución dsus aportes, amén de ello, se .erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegalya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y Ilanamente .la Caja, en abierta violación 3r s.u: propio marco nórmativo.iprocede apropiarse .de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus 'asociados, en el' caso particular, 'de la señora' Sandra Lorena Caballero, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y limites serán establecidos por a Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia .con el parecer del Ministerio Público, G.orresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41º de la! Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye-las leyes N," 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay"; en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Sandra Lorena Caballero, ello de conformidad a lo establecido. n el Art. 555 1.- El Abg. Ornar Marecos, en nombre y en representación de la señora Sandra Lorena Caballero, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- El abogado alega que se encuentran transgredidos los Artículos 20 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "( .. .) De la normativa impugnada privaa los funcionarios bancarios de acceder a sus aportes si no cumplen los 1 O años de antigüedad existiendo una manifiesta desigualdad para acceder a los mismos ... ".
3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que.fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan s'ervicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación, de su obligacion. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo, que el mismo tenga deuda con ta Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" '(negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretaciónletrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios' con una antigüedad-superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen ! rROMOVIDA roR SANDRA LORENA COR t rAnALERo ALMIRoc1 ART. 41º oE'tA SU P .R MA LE.Y N21 nE JU S1) CIA '¡r 11 despedí t'.l.qjados cesanrs O se .retirasen yolunt<J.riaente, lo cual lproduce ¡ una manifiesta desigu con respecto a los derechos lrelacionaos adevolución de aportes en el sector i : : 5.l specto p ',,r¡e'JDJFfCLP/) RCLpf 4º, 9ºfbJpi LA, LEY Nº 2, 345/03 '"DE J:ORMA t SOffEN1'BfLID,AD D#j Lf CCJA fSCfJ.L. IEMA DE JUBILACIONES1 Y PENr.IONES Df,L SECTOf?IPBLICO1 - ( .. .) Aqu"éllos quse r(iri!n de la fu'ncüÍn pública' sin reunir los )equisitos para cceder a una iubildión, aun ªPrrando, a los :deechos¡:que':le otorga la 1ie,r Nº. 3856/09. "QUE ESTABECEi ¡iLAI ACUMl/,4ACION pj!,L 'fIEMPP, DE SERVICIOS EN,LAS CAJAS pEL SISTEMAl D/fJUBILACIO]V¡Y Plj,NSON¡ P{?AGffJ.Y(?, YiDROGA'.IEL RTICULO :107;DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCION PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
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6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados eh los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
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7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea .de forma activa ( obligación de hacer) o pasiva' ( obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
uchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando re cripció ", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio e co a ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de ga u o ligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la recl mación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De r el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eterna e cu jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de ti mpo.
1 resnuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La pr cripción ro ce por la i ccián del titular del derecho durante el tiemIJ..o-ablec o ar la avo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor tos Ojeda Ministro ley". Como producto. vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del .plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su l l.- Como podemos apreciar, fa norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentan "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también abrindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio. de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva pr,e':'ista en ta norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés 'superior colectivo", d naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento d,e la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por acarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forra reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establef en plazof, de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un inte¡rés superior colectivo, se jJ,riva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termzno prejtja o d ibli d . ' .- e ta mo o tenemos que si e mstituto es 1 e estncto o en pu ico y e mteres para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada J?Or lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el 'interés de lo1 particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma potlemos concluir, incluso, que CORTE UPREMA -JUSTClA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SANDRA LORENA CABALLERO ALMIRON C/ ART. 41 DE LA ni siquiera otras rmas constitucionales puJden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza -J6.'-mo se podrá notar, el instituto que vamosa aplicar cuenta con el correspondiente a:ronstitucional que, de conformidad al Art, 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De' cualquier modo, la doctrina especializada en. materia constitucionl hace referencia a que "(..) Por. lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripcián, por o que no constituyen erec os sine te .. . as negntas son mias .
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer 'lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Sandra Lorena Caballero, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que esta ece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una anti üed superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi oto.
Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: !)B Asunción, 'L 1:7 de re bl'" t co de 202.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional RES U EL VE: HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devo 'n de aporte jubilatorio, con relación a la Señora SANDRA LORENA CABA LER ALMIRON, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C.
Ante mí: ANOTAR, Gustavo E. Santander Da Ministro r ¡, Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro