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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 158/2024

28 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCQNSTITVCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARIO JAVIER JARA ANTUNEZ C/ ART. 41 ° DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEY.ES Nº73/91 Y 1802/01".

Antecedente ART. 41 ° DE LA LEY Nº 2856/2006

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ACCIÓN 'DE INCdNSTITUCIONALIDAD , PR0MOVIDA POR MARIO JAVIER JARA ANTUNEZ C/ ART. 41DE LA LEY Nº ' 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 1 ACúEm Y SENTECIA NÚMEROi C ;1" 1'v I ad e Asunción, Capital de ¡1Rep4tjlica 1del aragla;, a lo(! 1'rJo Gh, días, '1:de "''Cort rema de Justicia, los Excmós. Señores Ministros de la 'Sall Constitucional, 9¡ ocio , rAR ANEL ,DI'SEL fUNGHNS, ,víCTO;R RÍps OJEDA y, s SfNT A!NDERi DANS, Ante mr, el Secretan o autorizante,' se trajo al Acuerdo el expei:liente caratulado: ACC:IÓN DE INCQNSTITVCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARIO JAVIER JARA ANTUNEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEY.ES Nº73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Mario Javier Jara Antunez, por sus propios Previo estudiode los antecedentes del caso, fa Corte Suprema de Justicia', Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: El

Sr. Mario Javier Jara Antunez, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de. inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario 'La disposición ktacadde:inconhitucidnl etkblece: 11.rticulb 4i-''t;oJ.responiÚrá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deu co la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o n el ptes nte caso, el Sr. Mario Javier Jara Antunez, se presenta ante esta instancia a de peticjonar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por rla cont ria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición da esta ece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer los f cionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán s s ortes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, s violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privaJ . unda la Cesar M. Diesel Junanns Ministro CS'- . I. ,,1. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. victov Rfris Oj_orla Ministro de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado: voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y J b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos Y. de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta luna merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109: de la Constitución Nacional.- ,. A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su' preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y, cada una de las articulaciones constitucionales se .encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de 11a persona en su dignidad y en su integridad, derechos en forma iamplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 d 1e la:Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a 1acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al, Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor Mario Javier Jara Antunez, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 , 1 1 : AGCION DE INCONSffITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR MARIO JAVIER JARA , Ok'T '. iANTUNEZ c1 AR'.T. 41º DE LA LEY Nº SUPREMA !2856/2006 "QUE SUSTITUYE I LAS LEYES -.-t, .oEJust,c1A ,/su!sTYE LAS ikYES Nº 73;91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y : Rifi'e- ¡que elartícúlo impugnado priva al recurrente de disponer de sus aportes que'por 1 -e11 , tl cohesponde y biendo sid8 desvinculado de la entidad bancaria donde prestaba JJ. 10s, solicitó a la caJla devolución de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la; !antigü,dad levista en ª Ley. Funda 8: rsente. acción n los .principios consagrados ep los art1culols , ' Examinada la 'norma atacada de Jniconstitucional,' tenernos que ésta establecerequisitos a los.efectos ' concder d1 erecho a la' devoltíción de los abortes ralizados por el 1 trabajctdor ' aportante de la Caja. En p1 rimer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y'.' en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a, la justicia, a cuyo, e/feto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y , ! Eh lo rel'acio1 nado al marco 1egal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación deRecursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad conlas disposiciones de esta Ley, En este unto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propied a es l derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecid. sen la leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", itó'ridl 'Héllusta, úenos Aires- RepúblicaArgentina, 2001. Tomo VI P-Q).

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Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Oieda Ministro . Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya 9ue implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante I hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de 'ª totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Mario Javier Jara Antunez, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º, de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su funcián económica y social, a fin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 ''.Que sustituye las leyes N," 73/91 y 1802101 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de. la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Mario Javier Jara Antunez, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 1.- El señor Mario Javier Jara Antunez, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 109 y 21 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (. . .) el agravio fundamental que este articulo ocasiona a mi parte se produce por la prohibición legal de devolver los aportes jubilatorios a los funcionarios que cuenten: con una antigüedad inferior a 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iub'ilación, que fuesen despedidos,' deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades.donde prestan servicio. La, Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar I la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míqs.).

4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacadasurge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años'podrán " !ACCIÓ: DE INCONSTITUCIONALIDAD j PROMOVIDA POR MARIO JAVIER JARA ORTE ANTUNEZ C/ ART. 41DE LA LEY Nº , S Ü p REMA 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES '1, :, acceder al Jepero de sus 'aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidosejados cesats o se retirasen voluntariamente, 'lo cual produce una manifiesta Tr1 fisg lci" c?r respecto 11 los derechrelacionaos: la devolucióri pe aportes en el setor 5. - Al respecto, la Léy Nº 4252/lQ "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9Y JO DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y)SOSTENI13ILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art.

. - (. . .) A uillos ue se ,l.,JtirJn de la' tkc:lói úb.lica ¡n reunir los re uisitos ar.a accbder a uiia iubilación, aun a¡J.lando a los 'derechos,i!qu'e le otorga la Ley Nº 385609 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).

;¡ 6.- Exarhinhdas' las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7. - En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trab1 ClJo ", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido locontrario, actualmente necesito rever mi opinión en este puhto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para' satisfacer sus necesidades e intereses 'con la correspondiente protección' d tutela de su' derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma a (obligación de, hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimita po el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el islad r com pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la cal a e U-e los e udadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en l L de las oce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

Gustavo E. Santander Dans Ministro R, o 1eda Víctor ios tn. Ministro 10.- Alrespecto, nuestra ley civil de fondo. ensu Artículo 657 dice; "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo-establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que. configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11. - Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga. activo 'e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó ylos demás beneficiaros. de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus. recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual. es imprescindible conservar su liquidez, La doctrina: tiene .dicho que se, debe extremar, incluso', recursos .para la tutela de la ancianidad en fa:or. de esa franja considerada como vulnrable "(i ... ).pero jamás una diferencia eperjuicio de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción etintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano er:i lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14. - Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que 1'( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen pldjos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de ordenpúblico, no 'ofectando la !intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, spriva de reclamarlos a .quien no os ejercita en e termino pre 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, suaplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR, MARIO JAVIER JARA ANTUNEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº : 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES el fn.terés/g_c::, eral". Si nos ubicamos en cil epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquifi ""tras normas constitucionales' pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye, en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier! rnodo, la, ddtrina especializada en materia constitucional hace referencia a que " ( .. ) Por1 lo demás, ta,mbiéh dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí' sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a' la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Mario Javier Jara Antunez, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que¿stab ce como condición para la devolución de los a orte el requisito de contar con una ntigüed d superior a 1 O años, manteniéndose incólu lo de ás en todos sus términos. Es i voto.

Cesar Ante mí: Asunción, 1, (¿, de Gustavo E. Santander Dans Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Dr. vtaor Ríos Ojeda Ministro CORTE SUPREMÁ DE JUSTICIA Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Para", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de lá dev'o ución de aporte jubilatorio, con relación en r MARIO JAVIER JARA ANT NEZ, e o de -, -- Gustavo E. Santander Dans -6rn:. Diesel Jungha Ministro Ministro CSJ, Dr. Víctor Ríos Ojea, Ministro