← Sentencias
Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 161/2024

28 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EDITH A YELEN ESCOBAR C/ ART. 41 ° DE LA LEY Nº \ 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01.- Nº 3231; ANO 2021.-

Antecedente ART. 41 ° DE LA LEY Nº \ 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01.- Nº 3231; ANO 2021

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EDITH A YELEN ESCOBAR C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 QUE SUSTITUYLAS LEYES Nº 1 -: l I ACUERDb SENTENCIA NÚMERO;C'(: (' sctl 1 0,P,acd de sunción,, apit-l e la etblicdel Paraguay, ª: los le/" i o,út17 días, detmes¡,dé"" ! r1c. n 1 , del año dos mil ve, ("I l-vct <tvv , estando énila Sala de Acuerdos de la Corte , 1 emeí de Jpsticia, los Excrrios. Señores Ministr?s de la Sa!a Constitucional, U<r<rtom, 1 AR :1'1AUEL DIESf L : JUHANNS, VICTO;R RIOO JEDAy, SA.NTANDEE. DANS, Ante mí', el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: AG,f=ION DE ICONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EDITH AYELEN ESCOBAR C/ ART. 41 DELA LEY Nº 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01.-, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Edith Ayelen Escobar, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La

Sra. Edith Ayelen Escobar, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENS1 IONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y", 'en razón de ser contrario La disposición atacada de inconstitucional 'establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a- los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá despuéside tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, ; en cuyo caso los aportesserán aplicados a la amortización o En el resente caso, la Sra. Edith Ayelen Escobar, se presenta ante esta instancia a efectos de petici ar a declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contrari a der chos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición impugnada ablec una pi criminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los une onarios bancarios 1ue cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán retirar sus po es jubi atorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios o cual es vi la orio d 1 principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda 1 pre nte de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga a titularidad exclusiva de los fondos y dlas rentas, ,a los propios beneficiarios de lq Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliaaos, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derchos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constituión Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna econoce la dignidad humana, sí como otrs valod,1 a sabe-; la libertad, lajusticia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordanciacon los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del árt. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora Edith Ayelen Escobar, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º 1 de la Ley 2856/06 "QUE 1 ! f'.CCIÓN DE IN CONSTITUCIONALIDAD e 1 : fOMOVIDA POR EDITH A YELEN ORT't tscoBAR c1 ART. 41º DE LA LEY Nº SUPREMA 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 1. .V.STfftJ)2 , AS LEYES Nº 73/91 M 180/0l 'DE LA CAJ. DJUILACIONES Y ,. .-PENSIO I rjle cho le, f orresponde y habiendo sdo desvirrculada de la entidad b'ancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devoluc?n ¡ de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la 1antigüedad prevista en él ey. Funda .la presente acción en los principios consagrados en los artículos 21, 46, 4 7, 86, 95 y 109 de la Constitución Nacional.

Examinada la .norma atacada de iricopstitucional, tenemos. que éta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a lai 4eohición de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a !ajusticia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título lercero "Del Patrimonié"; tapítulo 'Prirriei:o ¡.'De la Fermacion dé Recursos", ártículo l'º;' piiineta parte:' "Los ondhs /rentas que' '.sé 'obtengan de' confo1,.rizi'dad1 con las disposiciones ele estc/L'ey, En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de. Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas e lasleyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial H lias , Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).

DiesI Junghann Mini:;tro C:SJ. " Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor.

M,Hutro Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad COJ? las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como eµ el caso del accionante hayah sido desvinculados de la, actividad bancaria y que n,o cuenten en consecuenciá con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, mén de ello, se erige indudablementcomo un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora Edith Ayelen Escobar, circunstancia que también colisiona con la garantía constitu9io?al conten,id¡ en eJ artícul) 09, de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el P,arecer I del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en- consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91,y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad perior a¡ diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a.la Sra. Edith Ayelen Escobar, ello de. conformidad a lo establecido en el Art. 555 del 1.- La señora Edith Ayelen Escobar, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 21, 46, 47, 86, 95 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (. . .)

existe discriminación para todos los aportantes de la Caja que no cuenten con una antigüedad superior a los 1 O años, al privárseles de la posibilidad' deretirar los aportes de . su 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- 'corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y qÚe no tengan derecho a la iubilación,:que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan sevicio. La Caja podráoptar por la aplicacián del citado monto a la amortización ('! cancelacián.de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la I devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiJiado de su trabajo, sa vp que e mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amontizacion o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

: 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán CORTE SUPREMA ,,1.. á2'51-r,atte CX) ro de sus aportes siempre f buando nb tengan derech1 a la jubilación, fuesen ,qes.g01úos, -dos cesanrls o se refüa?:en: voluntariamente, lo cua produce na rrianifiesta desiguaJR4 1n respecto a/ los derechos relacionados la devolución de aportes en el sector 5.- Al ,¡specto, la L)' N° 4252/1 O "/JUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3 º, 9Y JO DE LA LEY Nº 2.3-45/03 "DE RIEFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y Pil(SIONES DEL SC,TQR PUBLIO", en u Artículo, 1dice: "Art.

9º.- ( ... ) AquJhos quse retiren de la función'pública sin reunir los equisitos para acceder a una iubilaa?ón, aun apelando a los, derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAro, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del P'araguav." (Negritas y subrayado son míos).

:ACCIÓN DE 'IN CONSTITUCIONALIDAD fROMOVIDA POR EDITH AYELEN 'ESCOBAR : , C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 QpE SUSTITUY;E LAS LEYES. Nº 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolucin de aportes prescribirá después de tres años del retirodel afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamien'to jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder dexigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés. general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Le de 1 s Doce Tablas creada para regular la convivenciadel pueblo romano.

Ministro 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder dactuación abandonando su 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada. contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también abrindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o-invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable r(: .. ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto . 1,2.- La abundancia del "interés general" en la norma a validez a la, proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada ;tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en princiRios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y- que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termzno pre 15.- De tal modo tenémo; que si 'el instituto' es de estrictoorden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 CORTE DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EDITH A YELEN ,ESCOBAR C/ ART. 41DE LA LEY N:º 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 1- ,. de l,J::N, ,c::. do menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre -:,.. :.--::eJ:Ynteref,'"' eral". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que 9 ,,,-P.-l,s_i,-ú' otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza 16.- C¿mo se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidd al Art. D7 de .la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que " ( .. /Por 'lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Edith Ayelen Escobar, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que est Ieee como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una a igüe d superior a JO años, manteniéndose incólume emás en todos sus términos. Es mvoto.--- Con lo que se dio por ter certifico, quedaacorda la s nten ia Gustavo E. Santaílcler Danbr. Vícto Ministro Ministro Ante mí: SENTENCIA NÚMERO: 11 b1 Asunción, i 9, de VISTOS: Los méritos.del Acuerdo que anteceden, la 1 ' ' 1 ¡. I Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay" n la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la de oluci de aporte jubilatorio, con relación a la en a EDITH A YELEN ESCOBA , ello d Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojedc Ministro