ConruSupnslvrA ..ACCIÓN DE TNCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR FERNANDO ARIEL ARIAS BENITEZ C/ ART. 41. DE LA LEy N. 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N" 73l9I Y 1802/0I". N' 1119. eño zozz. k'"$ACUERDo y sENTENcrl Núurno: Ó;.n{" 9eirnl^ Yuok de Asunción, Capital de la $ppúbf ica del Paraguay, a los vc i,, hlclvdias, del , del año dos mil wc n$¿vtt'rO Justicia los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, DTESEL JUNGHANNS, VÍCrOn nÍOS OJEDA y GUSTAVO CATATUIAdO: *ACCIÓN DE TNCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR FERNANDO ARIEL ARIAS BENITEZ C/ ART. 4lo DE LA LEY N'2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N'73/91 Y 1802/01". No 1119. AÑO 2022-, a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Señor FERNANDO ARIEL ARIAS BENITEZ, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. LETICIA FLORENTIN GIACHINO.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: CUE§TION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado Y NÍOS OJEDA..--- A la cuestión planteada el Doctor SANTAITiDER DANS dijo: Se presenta ante esta instancia el Señor FERNANDO ARIEL ARIAS BENITEZ, por derecho propio y bajo patrocinio de la ABG. LETICIA FLORENTIN GIACHINO, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", por atentar contra los Arts. 46,47 y 109 de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con unq antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesontes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tengo deuda con laen cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o concelación de su Fernando Ariel Arias Benítez, justifica el pedido de declaración de de la citada normativa, en razón al rechazo de devolución de aportes que fuera Bancaria, según Nota RAP No 220512022 de fecha 26 de abril de 2022, iendo como fundamento de dicho acto el hecho de no haber acumulado la en la referida normativa, contraviniendo así principios fundamentales Carta Magna.
de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos conmayor a diez años y, bnoderecho a la9t Cesar M. Diesel Jungharmf, Ministro CSJ.Gustavo E. S,antander Dansante la la calidad sitos: a) Rde la Abg, MinistroDr.9 ...111... Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su ,{rt. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador depéndiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, deitaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados «le sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución Nacional.
A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nueslra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualáad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológi.o y ro"ial que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones anrplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.-- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -Art. l-, impone en el Poder Público -Att. 3 en concordancia con los Arts. 247 y 260- la responsabilidad de garuntizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Munici¡rales (ert. 66 de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (Art. 53 de la Ley 1626 y Art. 9 de la Lev 2345). Tal situación nL puede ser convalidada por esta M¿áxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.
Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art.
4l de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal No 435 de fecha 09 de marzo de 2023, obrante a fs. l2ll5, cabe Hacer Lugar a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer pánafo del Art. 4l de la Ley 2856106 "QUE SUSTITUyE LAS LEYES NROS 73191 Y 18O2IOI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo C.P.P. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor DIE§EL JUNGHANNS dijo: El señor FERNANDO ARIEL ARIAS BENITEZ, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41o de la Ley 2856/06 'QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73/91 Y I8O2IO1 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY''...
Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acciól de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio. de Igualdad consagrado en los Arts. 460, 47" de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo coñ el La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Coruesponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedod superit.tr a los diez años ;r;i, :i¡th:tsifrr-il ut l,lir¡ il.
ltfi sl'ii Conm§upnxue onJUSnctA tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se de las entidodes donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la monto a la amortización o cancelación de su obligación.
susceptibles de devolución los aportes patronales a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres qños del retiro 'u trabojo, salvo que el mismo tenga deuda con la Coja, en cuyo caso los oportes a la amortización o concelación de su obligación,,.
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afrnes por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norrna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47o de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado gorantizard a todos los habitantes de la República. 1") la igualdad para el occeso o la justicia, a cuyo efecto allanorá los obstáculos que lo impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivos, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 1lo primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".--- sobreligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caia, su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en I análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: 'Zos se obtengan de conformidad con las disposiciones de esto Ley son de los beneficiarios de la Caja", más por otrolado limita locon que, bajo pena de perdida de esos derechos en caso de "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionorios que.
el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio dediincumpl Gustavo E. Santander Dansotro stro CSJ. Ministro Mini§troSINEn este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina,200l, Tomo VI P-Q).
...111... En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violac,ión a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatoriori de sus asociados, en el caso particular, del señor Fernando Ariel Arias Benítez, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo l09o de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán e.stablecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible para todos...
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugai a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" :i856/2006 "Que sustituye las leyes N' 73191 y 1802101de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Fernando Ariel Arias Benítez, ello de conformidad al Art.
555 delC.P.C. Es mi voto.- l.- El señor FERNANDO ARIEL ARIAS BENTIEZ, bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley N'2856/06 SUSTITUYE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...)la-imposibilidad impuesta por mandato legol de recuperar los aportes que en mi calidad de.funcionario bancorio he realizado puntualmente, por no haber acumulado uno antigüedad superioi a los l0 años tal como lo impone la norma cueslionada, permite solapar el despojo que el inte previsional materializa al apropiarse de dicha sumos de dinero que me fueron descontadas del salario mes a mes y que al no serme devueltas constituye una especie de exacción (...),,.
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer pánafo de la norm a atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigtiidad superior a t0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en gáneral.
5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "euE M)DIFICA LoS ARTICUL}| .J", g" y 2,345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA F-ISCAL. SISTEMA JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo lo dice:. "Ait"t. g".- iubilación,ounapelandoa los derechos que le otorga la Ley N" 3856/09 ,,QUE ACUMULACTON DELTIEMPO DE SERVIAOS EN I.,,IS CAJAS DEL SL,|TEMA DEJUBILACIÓN Y PENSIÓNPARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTIC(LO 107 DE LA ,LEY N" 1626/00 'DE I-4YN" F(TNCIÓN PUBLICA A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06,impugnado dice: "Artículo 41.- Corresoonderá la La Cajaoptor por la aplicación del citado monto a laamortización o cancelación de obligación. No serán susceptiblesde devolución los aportes patronales.
deuda con obligación,salvo que el mismo tenga la Caja, en cuyo caso los aportesserán aplicados a laamortización o cancelación de su " (negritas y subrayados son rultt*{ ;;r, r}l i)y6leU,:j " §egritas y subrayado son míos norrnas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la vapeca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han 0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la lgualdad de las Personas",47 "De las Garantías de la lgualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de Ia norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obtigación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.
Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.-- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido etemamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad odel titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos deque no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidadjurídica' apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador que el'oproceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en eltiempo ,), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados",SE una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a losSUS lavejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se para la tutela de la ancianidad en diferencia en perjuicio de extintiva prevista en la de naturaleza o Tratado deEs cuyo objetivo el derecho a Tomo 4. Derechos yfavor de esa franja este sector (...)" .considerada esto lo Dr. Ylctor Ríos OiedaPá9.60.- Ministro MinistroConrx§upxmrm ...//1... seguridad social que tienen todos los afiliados alaCaja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).
13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos lírnites que resguarden el bienestar general. Nuestras nonnas garantizan y reconocen el derecho a la Siguridaá Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés gen".ál que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la socied¿d misma.-Este instituto encuentraSUrespaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 12g de la cN. Noencuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostenerque una conclusión como la arribada prescriptibilidaddel derecho a solicitar la devolución de aportespor parte del afiliado- sea consideradainconstitucional 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que disptne el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los párficulares, primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norrna podemos concluir', incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliia el conector prohibitivo " en ningún coso" .
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constitul," "n iu norna de layor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia aque "(...) Por lo demás, también drjo la corte que la irrenunciabilidad de losbeneficios propios de lo seguridad social no es incompatible con el instituto de laprescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (...)" (Las negritas son mías l-8.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que nc) desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracionai en el entendi fines del Estado debe ser el resguardo del ,.interés general,,podríamos calificarla de 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamentoaquí sostenido, opino que corresponde hocer lugar parcialmente alapresente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencla,declarar respecto del accionante la inaplicabilidaddel Artículo 41 de la Ley N.
2856t06,exclusivamente en lo parteque establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con unoanligüedad superior a 10 oños, nranteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi Maddaloni' o.A.; Tula' D.J. (2008). Prescripción y Caducidid en el Derecho del Trabajo. Abeledol)errot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.-14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(. ..) Por todo lo expuesto es que la iurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los plaiteos de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prtscripción, siñalando que dlchos preceptos reposan en principios de orden público,-no afectaidt¡ la'intangibitidad de los derechos, y que, en oras le yn inteyés superior colectivo, se privo de re'clamarlol a quien no los ejercita en e.l término prefijado (...)'" Conrs Supnrl*eo*JuSttCIA ue se dio por terminado M. DieselJ Mlnistro CSJ.
Minlrtre s§/,SS.EE., todo por ante mí, decertifico, slgue: ml:E, Santander Dans Mlnlstro sENTENCTA NúMERoz4bU Asunción, 1"0 d" 4rrL E, Santander Dans MlnlstroDr. Ylctor Rlos Oieda Mini¡tro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CON§TITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de EmpleadosBancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a losla devolucién de aporte jubilatorio, con relación al Señor FERNAIIDO BENITEZ, de conformidad a loelArt. 555 del C.P.C ml:Dr. Vlcnr Ríos Oieda Mini¡tro A,bg.J