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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 167/2024

28 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE LUIS PRADO DUARTE C/ ART. 41 DE LA LEy No 2856/2006 y 1902/01". N° 2321. Año 2021

Antecedente ART. 41 DE LA LEy No 2856/2006 y 1902/01

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ConrsSupnnmennJus:tctA ..ACCIÓN DE INCoNSTITUCIoNALIDAD PROMOVIDA POR JORGE LUIS PRADO DUARTE C/ año zozl ACUERDo y sENTENcH xútunno: Óitn'lo sclc4{ y s)uL de Asunción, Capital de la , del año dos mil trc,'., Justiciq los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctores, caratuIAdO: ..ACCIÓN OP TNCONSTITUCIONALIDADPROMOVIDA POR JORGE LUIS PRADO DUARTE C/ ART.41 DE LA LEY N" 2856/2006 Y I8O2IOI". N'2321. 2021", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Señor JORGE LUIS PRADO DURTE, por derecho propio y bajo patrocinio de la Abg. LUCY URLINAGA Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: instancia el Señor JORGE LUIS PRADO DUARTE, por derecho propio y bajo patrocinio de la ABG. LUCY URLTNAGA, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley No 2856106 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73191 Y 1.802101 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY,', La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesontes o que se retiren voluntariamente de los entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, sqlvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo coso los aportes serán aplicados o la amortización o cancelación de su Sr. Jorge Luis Prado Duarte, justifica el pedido de declaración de de la citada normativa, enrazón al rechazo de devolución de aportes que fuera Caja Bancaria, según Nota RAP N" 167212021 de fecha 12 de mayo de 2021, exponiendo como fundamento de dicho acto el hecho de no haber acumulado la en la referida normativa, produciéndose así una abierta violación de derechos y en la Carta Magna.

de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado desglosándolo de ellos se otorga el derecho a la devolución de los aportes a losla deuey Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubierenla uisitos:q República del Paraguay, a los vc i^tt *lr, días, del {:cro.h, , estando en la Sala de Acuerdos de la eseGustavo E,San ídorante Abg. t,Esar Minittro C§J.Ministroer Dans D¡.Vt MinistroOiedaL Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados cle sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. I I otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, ta limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución Nacional.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justiciay la igualáad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológic,r y sociál que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, poiende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tál sentido, el Art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas er su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite disciiminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechosaestostrabajadoresentodoslostramosdelavidadinrámica._- Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -Art. l-, impone en el poder Público -Art. 3 en concordancia con los Arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el prim,:r parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la cita,Ca Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. OO de la Ley 122193), Funcionarios Públicos (Art. 53 de la Ley 1626 y Art. 9 de la Lev 2345). Tal situación puede ser convalidada por esta M¡íxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidi,rd y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación deiprimer párrafo del Art.

41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportesjubilatorios.

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal N. ,i41 de fecha 09 de marzo de 2023, obrante a fs. 17118, cabe Hacer Lugar a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856106 "eUE SUSTITUyE LAS LEYES NROS 73191 Y I8O2/OI DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo C.P.P. Es mi voto.

A su turno, EL Doctor DIESEL JUNGHANN§ dijo: El señor JORGE LUIS PRADO DUARTE, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41o de la Ley 2856106 ,QUE SUSTITUYE LAS LEYES NO 73191 Y 1802/OI 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAYU. --.--.--- Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta r,:l consagrado en los Arts. 460, 47" de la constitución Nacional, colisionando artículo 109' del mismo cuerpo legal.

principio de Igualdad al mismo tiempo con el La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: 'Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con uno antigüedád superior los diez años y...///...V .üjlcrooltu e-0(fáY ,lcae Lii.

üaarn rxJUsnüffi no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. susceptible s de devolución los aportes patronale s.

solicitar la devolución de aportes prescribiró después de tres años del retiro de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes a la amortización o cancelación de su obligación Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes alaCaja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la noñna impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47" de la Constitución Nacional, el cual expresa: "Artículo 47" -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1") la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2') la igualdad ante las leyes; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4") la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de la cultura".- En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza juridica de los aportes realizados ala Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos '1 artículo 11" primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".--- En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "...La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosq sin más limitaciones que las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre talesen beneficio de los empleados de la institución, mal podria contradecir sus propiasal establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquélvulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta: "Los rentasse obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de Cesar M.Jubeneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de la devolución de sus oportes a los funcionarios que.

el mismo aportante a quien lanorrna al inicio de Gustauo E. Santander Dans Ministrocon slntodo Ministro CSJ. MinistroOiedaE ...//1... En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados biuicarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por r:11 incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violacirin a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Jorge Luis Prado Duarte, circunstancia que también colisiona con la garantia constitucional contenida en el artículo 109" de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "...5e garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán ,ztstablecidos por la Ley, atendiendo a sufunción económica y social, afin de hacerla accesible part todos...

Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normar; legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corrrrsponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 4lo de la Ley N" :1856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73191 y l802l0l de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de tlmpleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Jorge Luis Prado Duarte, ello de r;onformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.- A su turno, EL Doctor nÍOS OJEDA dijo: l.- El señor JORGE LUIS PRADO DUARTE, bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley No 2856106 "gUE :S(ISTITWE LAS LEYES N' 73/9] Y 1BO2/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIC'ATES DE EMPLEADOS BANCANOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46. 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) no reúno los requisitos conforme a la Ley manifestada, para acceder al retiro de tnis üportes que he realizado durante mi gestión bancaria en el tiempo que ya lo he mencionado, lo cual cctlisiona brutalmente con lo estipulado en nuestra Carta Magna (...)" 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/06, impugnado dice: "Artículc, 11.- Corresponderá la devolución de sus ooorles a los funcionarios oue cuenten con una antigi!@ años v que no tengan derecho a la iubilación, oue fuesen desoedidos, dgjados cesantes o que se retiren voluntariomente de las entidades donde orestan servicio. La Cuja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de s t obligación. Nc, serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar lg devolución de op prescribird desoués de tres oños del retiro del afiliado de su trabaio. s,ttlvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amot'tizc¡ción o cancelacion de su obligación " (negritas y subrayados son míos 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la nc,rma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a l0 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.

5.- Al respecto, la Ley No 4252110 "QUE MODIFICA LoS ARTICUL)S 3'', go y t0 DE LA LEy N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA ]:ISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR P(IBLICO", en su Artículc, 1o dice: "Art. 9".- (...)

Aouéllos ouese retiren de la función nsin reunir los reouisitos Daraocceder o uno iubilación. aun.apelando a los derechos que le otorga la ACUMULACION DEL TIEMPO DE SERT/ICrcS EN LASLey No 3856/09t "QUE ESTABLECE LA CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE L4 LEY N" 1626/00 'DE LA FWCIÓN PUBLICA",del Banco Central del Parosuav." o¡rut'.0üq otttit¡|14.rne(l lrbnrfild "l üvsjzui tlri¿inilü xqCon:x§upnnme las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, los l0 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los la lgualdad de las Personas",47 "De lqs Garantías de la lgualdad" y 109 "De Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trobajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente: 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.

Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.-- 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.-- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inacüvidad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

I l.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en eltiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tieneSEextremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa "(...'¡ pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (.lo que justifica la queextintiva prevista en la norma de naturaleza obligatori4 tienen todosafiliados a la Caja e interés DieselESe alael como Amay4 J.A., Director. (2018). Tratado de control de Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.-Derechos yE.

,. ,n,i#il:oi'uoI ...lll ... 12.'La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, a§ando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de laCaja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva'' del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos lírnites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridaá Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que represent4 atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada - prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ho desestimado en forma reiterada los plonteos de inconstitucionalidad respecto de los normas que establecen plazos de pretscripción, señalando que dichos preceptos reposcm en principios de orden público, no afectando la intangibilidacl de-los derechos, y que, en orqs de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...f" 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que «lispone elArt. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulare.': primorá sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo " en ningún caso" .

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norrna de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucior:ral hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la corte que la irrenunciabilidad de los beneficiospropios de la seguridadsocial no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechossine die (...)" (Las negritas son mías 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugor porcialmente a la presente acción de inconstitucronalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Antículo 4l de la Ley N' 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición pilro la devolución de los apofies el requisito de contar con ano antigüedad superior a l0 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.

Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidád,en elDcrecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina.

ttfiíisinn?, :J iivr;l; lru cilsror¡r¿t Conrs§upnnue o*Jusncn se dio porel acto, firmando SS.EE., todo por ante la sentencia E. Sntander Dans Ccsar M. Diqsel Jun Mlniltrc CSJ'Ministro Dr. Ylctor Rlos Oiedo Mini¡tro Y SENTENCIA NÚMEF(O A b2 Asunción, 'l-9 de (cLr Los méritos del Acuerdo que anteceden, la SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

GAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en la inaplicabilidad del Art. 4lo de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las I y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a losIa devolución de aporte jubilatorio, con relación al Señor JORGE LUIS PRADO conformidad a lo establecido en eldel C.P.C Midel Dr. Víctor Ríos Oieda Mini¡troCesar M. Dieset.,ñngnan Ministro CSJ. Jullc0,,s ! srcni:rarn-,1 1;j ;uriciu r lr.ñ