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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 170/2024

28 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ANDRÉS MARCELO PLANAS GAMARRA C/ ART. 41° DE LA LEY 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 y 1802/01 - EXP. N° 2439 - 2022.-

Antecedente ART. 41° DE LA LEY 2856/2006 QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 y 1802/01 - EXP. N° 2439 - 2022

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@§ffiACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA PiOR AT{DRESI MARCELO PL/INAS GAMARRA C/ ART. 41' DE LA LEY lro 2a5,6l2oo6 QIIE susTrrlrYE LAs LEY-ES NAcuERDo y udad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a días del mes de FrLnrn de1 año dos mil en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Ministros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUELx DIESEL JTINGHANNS, VÍCTOR ÚOS OJEDA Y GUSTAVO SANTAI{DER DANS, bajo la presidencia del primero de los nombrados. Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado ACCfÓf Op INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA FOR AT{DRES MAR'CELO PLANAS GAIIIARRA C/ ART. 41" DE LA LEy N" 285,610,6 QrrE SUSTITTTYE LAS LEYES N' 73191 Y L8O2|O1 - EXP. N" 2439 - 2022, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por Andrés Marcelo Planas Gamarra por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GUSTAVO SANTANDER DAI{S, CESAR DIE§¡EL JUNGIIAIINS y VICTOR nÍos oJEDA.-- A LA CUESTIÓN PLAI{TEN)A EL MINISTRO DR. GUSTAVO SANTANDER DANS DIJO: Se presenta el Sr. Andrés Marcelo Planas Gamarra a promover acción decontra el a¡tículo 41 de la Ley N" 2856/06 "QUE SUSTITUYE L.8O2/O1 "DE LA CAJA DE JUBILACTONES Y PENSIONESNros. 73/9L S BANCARIOS DEL PARAGUAY disposición atacada de inconstitucional establece: Artículo 4l la deuolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una superior a los diez años g que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen dejados cesantes o que se retiren uoluntariamente de las entidades donde La Caja podrá. optar por la aplicación del citadoala o cancelación de su obligación No serdn susceptibles de de El derecho a solicitar la deuolución de aportes de tresdel retiro del afiliado de susaluo Ete el mismo Gu$avo E. Santander DansLAS Cesar M. Diesel Junghanns M¡nistro csj'02 deuda Ministro Dr. Víctor Ríos MinistroOieda la Caja, en qtAo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación d"e su El accionante solicita la declaración de inconsütur,:ionalidad de la citada normativa por encontra¡la contraria a derechos de consagración constitucional.

Sostiene que la disposición impugnada establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que solo los fun«;ionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a díez años podrán retirar sus aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, lo cual es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. Funda la presente acción en los Arts. 6, 46,47, 103 y 109 de la Consti.tución Nacional.- El primer parágrafo de la nonna impugnada otorga el derecho a la devolución de los aportes a los añliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una anügüedad mayor a üez años y, b) que no tengan derecho a la jubilación Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su famiüa, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.- Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. O, tiene por objeto asegura-r a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, específicamente, elart. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merrna inviolable en sus derechos dominiales, contrario aI espectro estatuido en el art. 109 de la constitución Nacional A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a.la jusüficación de todo e1 plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las,,artigulaciones, constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con'ótras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu qe'J NRTEACCIÓN DE INCOI{STITUCIONALIDAT) PROMOVIDA POR A¡{DRES MARCELO PL/INAS GAMARRA C/ ART. 41' DE L/r LEY Qrrt §USTrruYE LnS LEY-E§i , el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de su dignidad y en sus derechos; asimismo, oo admite Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre . Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Priblico -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la noñna impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la I*y 122/93), Funcionarios Priblicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la I*y 23a51. Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos consütucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 4L de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una anügüedad mínima de díez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

de 1o precedentemente expuesto y en concordancia con e:l Fiscalia General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del del art. 41 de la Ley 2856106 al caso concreto, en la parte donde se ügüedad mínima de diez años para proceder a1 retiro de los aportes de conformidad at Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

SU TITRNO, EL MINISTRO DR. CESAR DIESEL JUNGIIANNS DIJO: El deduce la Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de Le'y uE susTrTUYE LAS LEYES 73/9t y t8O2/O1 DE LA CAJA Drr Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGU que el articulo impugnado le priva de disponer de susque corresponde, solicitó a ladevolución de sus0, M. Dlesel Junghanns Mlnl¡tre Éll'Gustavo E. Santander Dans Mínistro MinistroOiedaespecÍficamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

rechazado por no haber acumulado la anügüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46, 47,86,95 y 109 de la Constitución Nacional Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe trata¡ de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesarrtes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el actor, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la enüdad bancaria d«rnde prestaba senricios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar 1o preceptuado por los artículos 46" y 47" de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artícttlo 46" De la igaaldad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad g derechos. JVo se admiten discriminacíones. El Estado remoueró" Ios obstdculos e impedirá.los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serdn consideradas como factores dis criminatorio s sino igaalitarios" - - - - "Artículo 47" -De la.s garantías de la igualdad: El Estado garantizard a todos los habitantes de la República: 1) la igaaldad para el acceso a La justicia, a cugo efecto allanará.los obstá.ct"tlos qte la impídiesen; 2") la igualdad ante las leges; 3") la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electiuas, sín mas reEtisiúos que la idoneid"ad, A 4") la iguatdad de oporfiinidad.es en la participación d.e los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales g de la atlfiira En 1o relacionado al marco legal específico, tenemos en eI propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza juridica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero " Del Patrimonio" , Capítulo Primero " De la Formación de Reatrsos" , artículo 11', primera parte: "Los fondos g rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiua propiedad d.e los beneficiarios de la Caja" En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la prooied"ad" es el d"erecho de gozar y disponer de una,rosa sir? mds limitaciones Ete las establecidas en las leyes..." (Cabanellas, G. "üccionario Enciclopédico deI ORTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAI) PROMOVIDA POR ANDRES MARCELO PL/INAS GAIIARRA C/ ART. 41' DE LA LEy No 2as6l2oo6 QUt susTrTrryE r"as LEyEs STTCIA Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias direcüvas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde aI concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.-- Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos g rentas Ete se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Leg, son de exclusiua propiedad de los beneficíarios de la Caja", más por otro lado limita 1o transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérüda de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderd" la deuolución de sus aportes a los funcionarios qre...; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norrna al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de Ia acüvidad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus el caso particular, del señor Andrés Marcelo Planas Gamarra., que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el 109' de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad cuyo contenido g límites serdn establecidos por la Leg, atendiendo a sufunción y social, afin de tncerla accesible para todos...", consideraciones expuestas y en concordancia con el Público, corresponde hacer Gustavo E, Santander Dansa, Ce¡rr M, Dlesel J-unghanns Mlnl$$o csr'Ministroteala Dr-V MinistroOieda consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41'de la Ley N'2856/2006 "@te sustihtye las leges N'73/91 g 1802/01 de la Caja de Jubilaciones g pensiones Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a díez años a los efectos de la devolución de aporte.jubilatorio, con relación al Sr. Andrés Marcelo Planas Gamarra, ello de conformidad a 1o establecido en elArt.

1.- A SU TURNO, EL MINISTRO DR. VICTOR NÍOS OJEDA, dtJO: El accionante Sr. Andrés Marcelo Planas Gamarra promueve Acción de Inconsütucionalidad contra el Articulo 41 de ta Ley !ü" 2856/ 06 "QUE SUSTITWE LAS LEYES N' 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JT]BILACIOJVES Y PDNSIONES D.E BMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Pata el efecto, acompaña debidamente las instrumentales que acreditan la calidad de ex funcionario bancario 2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 103, 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) siendo los aportes al ente preuisional (en este caso Caja Bancaria) pante integrante del patrimonio o propiedad priuada de los aportantes, dicho derecho d.ebe ser considerado como PROPIEDAD PRNADA de sus titulares 3.- El Artículo 41 de la Ley N" 2856/O6, impugnLirdo díce: "Artículo 41.- CorresPonderá la deooluclón de sus aoottes a los funclonarios que cuenten con un antiqüedad. superlor a los dlez años u que no tengan derecho a la iubllación.fuesen desoedldos.delad.os cesqntes ose retlren ooluntariamcnte de las entldades d.onde prestan settticio. La Caja podrá. optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serdn susceptibles de deuolución los aportes patronales.El derechosollcltor la deuoluclóna;pot'tes prescriblrá.

de tres cñosdel tetlro d.el a.flllodo de su trabab, saluo qte el mismo tenga deuda con la Caja, en atAo caso los aportes serdn aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos) 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la nonna atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancados con una antigüedad superior a 1O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, 1o cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos reiacionados a la devolución de aportes en el sector: público en general.

5.- Al respecto, la Ley N" 4252lLO "QtlE MODIFICA LCtS ARTICULOS 3o, g",Y DE LA LEY N" 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL.

RTEACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAT) PROMOVIDA POR ANDRES MARCELO PLANAS GAMARRA C/ ART. 41' DE LA LEY No 2es6l2oo6 QUE SUSTTTTTYE LAS LEYES U§TTCIA CIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1o (...) Aquéllos oue se rctiren de la función oública sln reunlr los aunapelando alos derechos quele otorga establece la aanmulación del tiempo de seruicios en lo's cajas del sistema de jubilación y pensión paraguaAo, y deroga el Artianlo 107 de la Ley no 1626/ 00 'de la Función Pública", podrdn sollcltar la devolución del9O%" (notnnta por clentol de sus o;portes reallzados. alustados oor la uanf,aclón del Indlce de Preclos al Consumldor (IPtCl del Bo;nco Central del Parasuau.' (Negritas y subrayado son mÍos) 6.- Examinadas las normas transcriptas adüerto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 10 años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los ArtÍculos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 oDe las Garantías de la lgaaldad'y lO9 "De la Propiedad Priuada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a 1o dispuesto en elúltimo párrafo de la noñna impugnada: " derecho a solicitar la deuolución de apoftes prescribird después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es lnconstltucional. Si bien en ul1 principio he sostenido 1o contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que moüvan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar en nuestro sistema jurÍdico la no tiene carácter determinante ni vinculante; esta caracterÍstic¡a flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito Es importante destacar que todo ordenamiento jurÍdico reconoce a las derechos subjetivos, y tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la te protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al librre sino a [aobligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por general.ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como del orden yLapaz social conentreJultoc.o Gustavo E. Santander Dans Ministro1ote M, Diesel Junghanns Min¡stro c>¡'mantener la MinistroOjeda ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la. rprescripción', como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas aJenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación t'prescripción extinüva o liberatoria) en virtud del abandono de la acclón o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiclones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha peñnanecido inactuado durante un periodo prolongaclo de üempo.

10.- A1 respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción ertintiua se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto üvo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmeate edgldo y la inacttvidad o sllenclo del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados acüvos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien üene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De 1o contrario la obligación de la Cqja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre e1 particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez" Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "(...) pero jamd.s una diferencia en perjuicio de este sector (...1"'. Es precisamente esto 1o que justifica la prescripción extinüva pflTsta en la norna impugnada, cuyo objetivo es resguÉrrdar el "interés superior coiecti'üó", de ;, ' Amaya, J.A., Director. (201S). Tratado de control de constitucionalidad convencionalidad. Tomo 4.

Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.-q entendido como el derecho a la seguridad social que üenen a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como al interés particular L2- La abundancia del "interés general" en la norma da validez ala proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardÍa de las reclamaciones, lo que eüdentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de Ia Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.)

13.- Todo 1o relativo a Ia seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras norrnas garantízart'y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este insütuto encuentra su respaldo y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.

No encuentro, pues, razones jurÍdicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a soücitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional. 14.- Sobre este tema la doctrina especialízada tiene por aclarado que "(...1 Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral tn desestimado en forma reiterada los planteos de inconstitucionalidad respecto de las nolmas que establecen plazos de prescripción, señalando qte díchos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, A q3ue, en aras de un interés superior colectiuo, se priua de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado (...1" 2.- 15.- De tal modo tenemos que si e1 instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra 1o que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún de losprimará" sobre el interés general". Si nos u norlnaconcluir, incluso, quen1RTE REMA Cesar MlDiesel J unghanns Minirtro CSJ' 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008).ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDN) PROMOVIDA POR ANDRES MARCELO PLA¡{AS GAMARRA C/ ART. 41' DE LA LEY No 2es6l2oo6 QUE SUSTTTTTYE LAS LEYES pc,r Gustavo E. Santander Da Ministro idad en c.AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- Ab9.dael .edA pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se lutlllza el r:onector prohibitívo"en ningún caso" 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el coffespondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en 1a norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(...) Por lo demás, también dijo la corte qpe la brenunclabiltdad de los beneflclos proplos de ld segurldad. social no eslncompatlble con el tnstttttto de la prcscrlpclón, por lo que no cortstltugen detechos sine dle /.../'3 (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por 1o que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en eI entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".- 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parclo,lmrlnte a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley N" 285610,6, exchtshtanncnte en la pante que establece coma condlclón Wra.la detnluclón de los alportes el requlslto de contar con una anttgüedad superlor a 7O años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. Es mi voto.-- se dio porante decertifico,senque inmediatamente Gustavo E. Santander Dans . Cesar Ante m1:M. DieselJ Ministro Ministro C Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Ju$oG.

Sagués, N.P. (2019). Manualde derecho constitucional. Buenos Aires,,{rgentina. Astrea. Pág. 658.-el acto, firmando S.S.E.E., todo lrt.i .jÍ¡Ertra0¿ @rffiACCIÓN DT INCONSTITUCIONALIDAT) PROMOVIDA POR ANDRESI MARCELO PL/INAS GAMARRA C/ ART. 41" DE LA LEY No 285,612006 QUE SUSTITTTYE LAS LEY-ES ACUERDO Y SENTENCIA N"1@ s del Acuerdo que anteceden, la. CORTE §I'PRTMA DE JUSTICIA SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE:

IIACER LUGAR parcialmente a la acción de inconsütucionalidad promovida y, consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 " de la Ley N" 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/9ly l8O2l01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a dlez años a los efectos de la devolución del aporte jubilatorio, con relación al accionante ANDRES MARCELO PLANAS GAMARRA, de conformidad a lo establecido en el art. 555 delsal Civil.01 Ante mí: ' Cesar M, Díesel Mini¡trc Julloc..9rAsunción, Q-6 ae E, Santander Dans Ministro Dr.V Ministro,t s Oieda t'¡' '-,Junghan udYd