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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 175/2024

28 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR FRANCISCO RAMON BARRETO GONZALEZ C/ EL ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01". N° 927. AÑO 2021

Antecedente EL ART. 41 DE LA LEY N° 2856/2006

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Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.

A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:

EI Sr. FRANCISCO RAMON BARRETO GONZALEZ promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY",,en razón deser contrario a los arts. 20, 46, La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que: no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podre op r por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación . de su obli ación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solí itar te 'f volución de aportes prescribirá aespaés de tres años del retiro del afiliado de su rabajo, 1alvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán En I presente caso, el Sr. FRANCISCO RAMON BARRETO GONZALEZ, ditan su calidad de ex funcionario del BANCO INTERFISA peticiona la d 7é ara n inc stitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a d rechos /'e Ministro El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) , Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral,para el trabajador dependiente y su familia, aclarandoque deberá ser extendida a todos los sectores de la población.

Asimismo, autoriza'que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, I art. 11 otorqa ,la titularidad exclusiva de -Ios fondos. y de, las rentas,. a los propios beneficiarios de la Caja Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a, .saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, .no admite discriminaciones.

Seguidamente, elart. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución :de un. Estado social dderecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos.: En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes E n conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.

41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para prócederaIretiró-de .. lcsáportesjubilatorios. emi-v'oH'.5--:.-.:::.:::::::.:.-::::..::..-:::: A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo:

El Sr. FRANCISCO RAMON BARRETO GONZALEZ, promueve Acción de Inconstitucional id ad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS 1rc10NAL1DAD: .¡ ', 'PROMOVIDA11 POR FRANCISCO RAMON ef BARRETO GONZALEZ C/ EL::ART. 41 DE LA t ans I r ' .solo 10 dere 1 cl:lo! aqui'fi(j 1 fil, sino también violenta 'e P,rincipio de lg aldad s, uerp'o I g' ln los 1 s. 46:y 47, l'.iomlo :1 n:,imtie, po fºn ell íc,ul1º, Q9 dllmismo ! La disposiciá 11 co.nsideradq, ag'raV hte expresa cuanto sigue:" '.'C 1rreponderá la devol,ucitn de sus pprtes a.los, ti 1 rtcio haríos 1 que cuenten con une antigüedad 1erior a '?S dz, ñas j{ qu ro rengande:cho ¡¡ la¡jublación'. que ruesn 1 def P¡ffclidos, ,Glrjados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Exa minad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte I de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución Nacional, "Artículo 47° -.De /as garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos /os habitantes de la República. 1º) la igualdad para el acceso a /ajusticia, a cuyo efecto allanará /os obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante /as leyes; 3º) la igualdad para el acceso s funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la iguald a d oportunfdades en la participación de /os beneficios de la naturaleza, de los En lo relacionado' al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la d li itación e la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y P n iones e Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Te c ro "O 1 Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º pri rapa e: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con /as disposiciones d e ta y, son de exclusiva propiedad de /os beneficiarios de la Caja".

n este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propieda de Aub y . ' .. La propieo1--w.-=t_e! derecho de gozar y disponer de una cos sin má limitacio ue la estab cidas en la eyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario ciclo édi o de Dere ,, M. Diesel Jungflanns Ministro CSJ. ,1 l ,1 Gusta110 E. snt::inder Da- Víctor Ríos Ojeda Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, TomoVI P-Q).

En esta inteliqencia .debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales: aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado principio contitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.

Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.

Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las <;fisposicione's de esta Ley, son de exctusiveprooieded de los beneticietios de :ta 8aja ", más'. por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que.Iiao pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá.la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello ,sin otro perjudicado que elmismo aportante a quien la propia norma al En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en l3Icaso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten .en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de, los.requisitosenunciados simple.y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes.jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del Sr. FRANCISCO RAMON BARRETO GONZALEZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el. artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función .económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".

Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que icorresponde hacer lugar a la acción: y .en consecuencia declarar. Ia inaplicabilidad del 41 º «íe la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye Ia;:; leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios.del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del Sr. FRANCISCO RAMON BARRETO GONZALEZ, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

1.- El Sr. FRANCISCO RAMON BARRETO GONZALEZ, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "( .. .) si bien es cierto que no reúno las exigencias establecidas en la norma impugnada para acceder al retiro de mis aportes, esta situación es Anticonstitucional por violar los Arts. 46 y 47 de la 3. - El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41..- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten c6n una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado morito a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolíJcLón IC?s t "l sur MA ¡I i Acc1óN DE 1Nc0Ns¡rlrc10NAÜDAD 1, USTICIA . PROMOVIDA POR FRANCISCO RAMON u: ff o. l : . J ,BARRETO GONZALEZ C/ EL!i'a.RT. 41jDE LA 1 ,!,J , LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYF LS -,c(,.Rºrtrs '1 ona/- ,dreª,'¡ /ibftrla clv_oluc1;ó'i1 ele aports,presribirá d,pués ri:1e trs ds del retko del af1/iadb1de su traba o, 'setvo que el m1m9tter¡ga deud,a¡con la fr_eh cuyo pasd ¡1os 1 'apo'fte1 s et,áfu J1a)Jlicados éi la'amortización' O' ba'ncelació, '.,de su brayadoJ :k0rl.1 1 c nto a I la ,t: rpta9,o1 1rfsta ,a;e1 primer parrfde la norm 9ta1adasu ge q 1olam 1eaquello,s ¡f:nc1enri'º? b 1cnos co 1n, una 1ant1guedad super! r 10 ª?'Piºdrar use:n d,f:rsped,os, JqJljos ¡cepates 1 v0luntf'.namelíl,te;,IA c: 1al pr¡odyfe unr3 manifiesta desigualdad con réspedbla los derechos relacionados a la devolución de aportes 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º.

(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEt TIEMPO DE SERVICIOS 'f;N LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Ngritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una fotal ,desiualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra ey Suprema.

?.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a soliciter la devolución ,de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afil(ado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en stro sistema jurídico la jurisprudencia no tierie carácter determinante ni vinculante; e a ca acterística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien p ede r ver un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito - Es mportante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas d rech s subjetivos; y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, a tuan o en libertad 'pata satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente p te ci6n o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación e espetarlo ya sea de forma activa (obliqación de hacer) o pasiva (obligación de no c r), por encontrarse delimitado por elinterés general. De ahí surge la fi ra e la "pre cripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la p social on e' o de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación s debe a la 9.- Asi, muchas .. ramas del . Der:echo han definido su alcance y efectos, requlando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como unmedio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las. condiciones señaladas en la ley. De esta .manera, elsujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado 10.-.AI respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción, extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".

Como producto vivo del derecho civil nace lq: norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que .confiquran la prescripción extintiva .o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigidÓ y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Asi, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años. (factor tiempo) perderán poder de actuación 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que- el "proceso de. solicitud o reclamo" sigactivo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De. lo contrario la obligación dela Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripciónj.iqenerando un conflicto de intereses .entre él particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad .. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra surespaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible,sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derechoa solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Torno 4. Derechos y Garantías: Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- .. - .-- ,, .. - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR FRANCISCO RAMON BARRETO GONZALEZ CI EL,ART. 41 DE LA LEY Nº 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS .,,,. 1,- qobrete terna la,, doctrina epe9ializa.?tiene Pºf aclarado qe "( ... ) P,or,, todo lo ( .. ;)',-e_xpues!' s que la urisbrudencie labor?JI ha desestimadq en forma re,lerfldé! los planteas de i Q i ucinalicdad Jespetto d 1 ls nor0aque eslf3b(ecen pl 1op de presc;ipcióry, s, ª o que dichbs preceptos reposa,n eri ,principios de orden público; no afecfndo la tn angibi ad de !os1 erechs, ( qu:' et¡ ?radun -nterés s.f etior c?/ectivo,' se priva de 15.- De tI modo teemos que, si el ,irisitHto s de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, ntonces, u apltcaeión sencuentra. amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. . .)"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con unalti edad, superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. s mi v to.- Con lo que se ter do el ac o, firmando SS.EE., todo por an mí, de e certifico, quedan acordada ent cia qu inmediatamente sig

-- Ante mí: 1 1 Gustavo E. Santander nt,,,,cr . F, . -o, ros eda Ministro Min:stro 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J.0 (2008). Prescrip ión y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.

Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- Asunción, tz..B- de febru, de 202.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paragua " en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efecto de a devolución de aporte jubilatorio, con relacié a Sr. FRANCISCO RAMON B RRET GONZALEZ, ello de 5.9-Afoí'ffiicta a lo estable ido en el Art. 555 del C .C.

Cesar M. Die;;Junghann Ministro C J. Ministro Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro