Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:
EI Sr. FRANCISCO SAMUEL ESPINOLA AGUIRRE promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de I.a Ley Nº 2856/06 QUE. SUSTITUYE LAS LEYES t¡Jos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LlA: CAA DEJUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 47 La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de.sus aportes elos tuncioneriosque 'cuenten con una antigüedad superior a los diez ñas y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligaci, . No serán susceptibles . de devolución los aportes patronales. El derecho a solicit la volución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de tra ajo, alvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán En e presente caso, el Sr. FRANCISCO SAMUEL ESPINOLA AGUIRRE, itand su calidad de ex funcionario bancario peticiona la declaración de titu onalidad de. la citada normativa por encontrarla contraria a derecho de Gustavo E. Sant nder Dans M:nis r{er. Victor Pios Ojeda Mínisr ro El pri.mer parágrafootorga el derecho a la devolución de Jos aportes a los afiliados de la, Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancariosquienes hubieren funqido la calidad de funcionarios. despedidos, cesados o que se hubierenretirado; voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor la diez 'años y, .b) Aquí es importante resaltar que nuestra Carta. Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un, espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá .ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la norrnativade la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus.afiliados los beneficios previstos en lla; y, más específicamente, el art. 11 otorga fa, titularidad exclusiva de , los fondos y de I las rentas, a los :propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces,. la propiedad enfavor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antiqüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al.espectro estatuido en .el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, esdable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana. así como otros valores, a saber, la. libertad, la justicia y la igualdad. ya en. su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y .cada una c;Je las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender.su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.
Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin . de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe; destacar que I primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a losaportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos ¡precedentemente, de conformidad jcon las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindieudo la aplicación del primer párrafo del art.
41 de la Ley :2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige 4na antigüedad mínima de diez añosipara proceder al retiro de los qpoes jub,Uatorios. Es mi:yoto.
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A su turro, EL Doctor CESAR MANUEL DIESEL JVNGHANNS dijo:
El Sr. FRANCISCO SAMUEL ESPINOLA AGUIRRE, promueve Acción de Inconstitucional id ad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856(06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1:802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSION1 S DE EMPLEADOS SAMWEL 1 eslPiNbLA AGUIRRE ee( ARf. 1 41 lbEI LA , ' ¡ 1 no 5iolo lor derechos,1 uiridós, sino tb1eh .v101,ntaje1¡.pnno1p1bddr Igualdad 8€ig;aole1 ylA7j0li 19in.a¡dt:1f f 'tiemJo 1 10I ,ahícul:q t:ifl!ifº 1: l I LJ1:ldispo,sici81n 'cd siberáda ralJ¡ianté, :éxb,r 1 sa buantb 1 sigu: '1 Cor,:ilelsohdel1 oevo ucton de sus ap 1orts a ,lo; rqnct0n'artos que ictlenten con una ant,gueqad suP,eepr a lps '.d;J,os Yi¡ que, ro Jf¡e,ngan ¡:JQ.! :.ta1Mlfbildon:.1 q,uel l(usen t.cfepeq(ci9¡!: e9bs cesantes o que se retiren voluntariqmente de /ás ent,ades donde prestan servicio. La 'Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.
El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Ba neo de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos deacceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución Nacional, " Artículo 47° -.De tes garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1º) la igualdad para el acceso a le justicie, a cuyo efecto allanará tos obstáculos que la impidiesen;2º) la igµa/dad ante les leyes: 3º) la igualdad para el acceso a tes funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igual d e oportunidades en la ,participación de los beneficios de la naturaleza, de tos bien s ma ria/es y de la cultura".
:- J En I relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la deli itación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y F?e sienes e Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Te ero "O I Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º era pa e: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con les disposiciones ste L y, son de exclusiva propiedad de tos beneficiarios de la Caja''.
--- este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad d' Aub y .. Le propiedad es el derecho de, gozar y disponer de. una cosa sin más limitacion s s est .bfecidas tes leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario En -opédico 6e Derec Gustavo E. San nder Dans Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
.--- . Ef1 esta inteligencia debemos. entender que dísponiendo la propia ley la.exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la tnstituclón, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer .solapadamente, bajo ciertos requisitos, 1 imposibilidad de ejercer aquelderecho, vulnerando .asl 1 mentado principio constitucional para proceder a; un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho.posee sobre.los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se,encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de' las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara .contradicción en.la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos .. y rentes que, se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exciusive propiedad de los beneticierios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin .otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al E n las condiciones apuntadas. surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el! caso de laaecionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten .en consecuencia con los años. requeridos para acceder a 1 1a devolución .d.e sus aportes, amédello, seeriqe indudablementec,omo un despojo abso'lutaménte ilegal ya que por el incumplimiento de. los. requisitos enunciados .sirnple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso-particular; del Sr. FRANCISCO ¡SAMUEL ESPINOLA AGUIRRE, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza Ja propiedad privada,, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y sociel, a fin de hacerla accesible .para todos ... ".
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la. inaplicabilidad del 41 º de la Ley, Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N,º 73/91- y 1802/0.1 .de la Caja de Jubilaciones .y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a.una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del Sr. FRANCISCO SAMUEL ESPINOLA AGUIRRE, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
1.- El Sr. FRANCISCO SAMUEL ESPINOLA AGUIRRE, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para .el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de efuncionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción contra el Art. 11 de la Ley Nº 2856/06 man,ifestando que el mismo es "( .. .) claramente discriminatorio en todo sentido, pues menoscaba mi derecho al acceso a retirar mis aportes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Atines, realizados en el tiempo en que fui funcionario bancario, por el solo hecho de no contar con una antigüedad' de aporte de 1 Oaños como establece el discriminatorio y confiscatorio artículo atacado en la presente acción (. .. )".
3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución' de sus aportes a los: func'ionarios que cuenten con una antigüedad sup'erior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º.
(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a üos derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que r derecho les corresponde', incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la, Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar/devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trebejo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuest o sistema jurídico la jurisprudencia no tiene, carácter determinante ni vinculante; esta cract rística permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien pue reve un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8. - Es imp rtante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas :e chos s bjetivos, Y, en tal sentido, el poder de e,x,gir el cumplimiento de la nqrma, el ando n libertad !pára satisfacer' 'sus 'necesidades e intereses 'con la correspondiente r ecci . o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obli ción .' e re etario ya sea de forma activa ( obligación de hacer) o pasiva ( obligació de o a ), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la fig ra de 1 ' r cripción" creada por el Legislador corno.pilar fundamental del orde y la.paz ocial co el p opósi de man ner la calma entre los ciudadanos. Su ebe a 1 anns Ministro CSr.- .
Mi1i ro : o-. Vctor Pinr bieda influencia de figuras romanas contenidas en .ía Ley delas Doce Tablas creada para reg:ular 9.- Así, muchas ramas del. Derechohan definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas .(prescripción adquisitiva o usucapión): o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, elsujeto pasivo de una re la ción jurídica, no s.e encontraría sometido eternamente . un vínculo jurídico que ha permanecido 'inactuado 1 O.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La. prescripción extintil(á se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impuqnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido yla inactividad ;o silencio del titular del derecho a reclamar.durante dicho plazo. Así, los afiliados activos. de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda-virtualidad jurídica. -;
...: 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siqa activo ,e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en e,I tiempo (sin término de prescripción); qenerando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los .dernás beneficiaros de ja Caja, entre los que e encuentran "los jubilados", quienes se, encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que-representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. esteinstituto encuentra su respaldoúltimo y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que.haqan posible sostener Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo-t. Derechos y Garanilds. Buenos Ai'res, Argentina. Astrea.Pág, 60.''- ' 1 ' ¡ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA POR FRANCISdO SAMUEL ESPINOLA AGUIRRE C/ EL ART. 41DE LA LE:V Nº 2856/2006 "QUE susf)TUYE LS 1 ión comarri1c;J:a prt:criP;,tibili?adeldeecho a Jsoliitar ;1a devolución '/ de a0rte JParte d:lel afihadore este tema la doctrinal dsppc 1aliza.ª tiene por aclarado que "( ... )Por, todo lo expuesto es qula jrisprudencia (ab;cpriat he ?fsestirhado en forma reiteradai/os planteas de lnconstitucicneüaea respect9¡ q1 /a: ryof¡mrs qµl esteblecen plazos de ¡pres9ripción, señalando que dichopreceptos: rposan' en principios de orden público, no; lfectando la fntangibi(idad de /os oerechos, yqe, en1 aras¡ eun¡irteréssuperior¡colqtivJ se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el Mrminb prefijado (. .. )" 2 15.- De tal modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento nbrmativb.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. .. )"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconsti ucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una anti ad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos. 'Es 1 Cesar M. Diesel Jungh1 nns. 1 Ministro CSJ.
Ante mí: Gustavo E. 5 ntander Dans M ... st Dr. Víctor Rtos O jeda 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. ( Buenos Aires, Argentina. P g. 04.- 3 Sagués, N.P.(201;9). Manual de recho con titucional. Buerios Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- SENTENCIA NÚMERO: 1 B Asunción, 1,<2, de febvc co de 202 i .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efecto de a devolución de aporte jubilatorio, con relación Sr. FRANCISCO SAMUEL ES INOL AGUIRRE, ello de conformidad a lo establecido n el Art 555 del C.P.C.
ANOTAR, registr Ante mí: