Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.
. A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: Se presenta el Señor DA VID RICARDO JARA DOMINGUEZ, por derecho propio y bajo patrocinio de los ABGS. JOSE ALBERTO BOGADO y JAVIER MARTINEZ, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los Arts. 46, La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o el caso particular, se presenta ante esta instancia el Sr. DA VID RICARDO JARA GUEZ, or' 'derecho propio y bajo patrocinio de los ABGS. JOSE ALBERTO O ALV RIZA y J,A VIER MARTINEZ LEGUIZAMON, a los efectos de peticionar la de lar ción de i constitucionalidad de la citada normativa por " ... transgredir fehacientemente pr e os cons itucionales en su interpretación más básica con su negativa a la devolución de de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugna Gustavo E. Santan er Ministro Ministro '. . ./// ... '1a calidad de funcionarios despedidos;cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos., a) que cuenten on una antigüedad mayor a dieaños y; 'b) quo .tengan ' Aquí, es importante resaltar que nuestra Caita Mag11, en su 1t. ??, legisla sobre la sguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a. todos los sectores de 1población. Asimismo, destaca' que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
: . , Siguiendo el !canee ,de este lineamiento, la normativa .de la Caja, e' su art: 9, tiene ,por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos em ella; y, más especlficarnente, el art. 'L 1 otorga la titularidad .exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios brieficirios. de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, laIimitación, en cu11to a. l?s años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus der,chos dominiales, contrario al espectro estatuido 1en el art, 109 de la Constitución .NacionalA fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoct: la dignidad humana, así, como otros valores, a saber, 1, libertad, 1justicia .Y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomasele unrico co,ntenidoideológicoy social qusirven de directriz al fundamento y a1 la justificación. de todo el 1 p/eo normativo; y, por ende, todas y cada una de las 'articulaciones constitucionales .se encuentran interconexas y son interdependientes unas C0n otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas e11 su dignidad y en sus derechos; asmusmo, no, . admite discriminaciones .. Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores.
Aquí <lepe admitirse que si bien, .el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos,y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público art, 3. en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad 1de garantizar la efectividad de tales derechos. E9 tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada, Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art, 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas: 1 itadas y a los trminodel Dictamen, Fiscal Nº 70 de fecha 17 de enero de 20231 obrante a fs. 14/16, cabei1 Hacer Lugar I a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo aplicación del rimer párrafojdel Art. 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYE,S NROS 73/91 iy 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLADOS: BANCP¡..RIOS DEL PARA GUA Y", de conformidad a lo A su turno, EL D1 octor DIESEL ,JUNGHANNS dijo: El señor DA VID RICARDO JARA DOMGUEZ, pfl o mueve Acción; de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 ':QUE SUS ITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES y PENS ONES DE EMRILEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".
Refiere que el ªf ulo impugad0 por me.dio de esta acción de inc!J.nstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos,lsino también violenta el1 m mcJWnpo .,, ", . -.L/dis 0 crorr consideradaagraviante e1presa: cuanto sigue; "Corresponderá la ,lfe,,v!.uétóñ d aportes a los) funcionarios 'que: Juenten con una antigüedad superior los diez o, 1 no teng_'an dredho a la jbila /ó1,1 iue fuesedespddos, dejaos ces1'¡es o 9¡ 'f, 1 olunta1Fmen,te de 'las etrdaef ?n'lfe prestanf ervtcto. LaCa!podra optar --rJ:ULil-'tlimrnacron del citado monto a la amortrzacronlo cancelaeián de su oblrgacron.
1 , El erecho a solicitar lb devolución db ap rtes prescribirá después de tres añodel retiro del af!lidode su trabajo, sa_lvo?,ue el mismp ,nga deuda "" saja, n cuyo ca4 los aoortes seran aplicados a la amortizacion o cancelacron de su oblig acton .
Sostiene el' acciónante que los requisitdesf tjlecidos pola disJosición !que impuJJa le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstanbra que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en Ja Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.
nsagrado en los Arts. 46, 47dl la Constitución Nacional, colisionando al Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.c-c-c-c-c-- Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, el cual expresa:
. "Artículo 47-.De ,las garantias de, la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubr:y y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial eliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
sta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva pro iedad s bre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal pédría con radecir us propias directivas al establecer solapadamente;' bajo ciertos requisitos, la 1 osibilida de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para p o eder a u despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al c ncepto asuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sob lo portes ealizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aqJ los Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucion co ata una ara contradicción en la Ley cuando, por u parte esta exp sa que: rentas que se btengan de conformidad con las disp. iciones de esta Ley, ../// ...
.. .///... son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por .otro lado limita. lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolucion de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien Ik propia norma al inicio En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sid9 desvinculados de la actiidad baocariy que ro cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que' por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abiertaviolación su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor David Ricardo Jara Domínguez, circunstancia que también. colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serdn establecidos por la Ley, atendiendo a ,sufunc¡ón c9nómica y 'social. a,fin(! hacerla <;1ccesile Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas 'legales citadasy en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 ºde la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones' de' Empleados Bncarios del Raraguay", en laparte que condiciona auna antiüetiJpetior"a diez años a lo efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor David Ricardo Jara Dorriinguez, ello de 1.- El señor DA VID RICARDO iARA DOMINGUEZ, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Mº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBJLACJONEY PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental qu,e acredita su calidad de ex funcionario bancario.
:
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos. 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. .. ) el requisito de un plazo, para el acceso y retorno de un bien originariamente propio conculca mis derechos que recaen en la pertenencia y Admisibilidad de mi Vocación pretendida en esta Acción, atendiendo que; la Caja de Empleados de Bancos y Afines se constituye en propietarios de mis bienes a manera indebida, violentando lo preceptuado en el Art. 109 del mismo cuerpo legal en 3 .- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años v que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga dJuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o 4. - En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo .de !ª, norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector tb, la Ley'Nº 4252/10 "QUE A1iODIFICt4, L(J)S A TICULOS.3, 9Y 10 DE lb "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA Y PENSIONES if)EL SECTOPUBLJ.CO'!', en su Artículo 1dice: "Art.
0,(-:::JAuél u'e se ret'iren de la unción úbca sin reunir los re uisitos ara acceder a 'Úna?"ubild,' 1,(111 apelando . q "lqs':dekecho, e! 1 le dfprg,a' lat1 1 j<JI A:(;¡UMf-lL)CION EL TIEMP1rl.E '8ilff?.V:ICI S 1EN,LAS CAJAS DEL " .<E , JUBijjJJ.¡CIONY'PENS,IO/11 PJ!RAGU .Y9,t Y-°iE¡Rd)G¡ELARTICLO 107 D.f, LA LEY Nº 1626/00 'EJE LA FUNCION PUBLIC{l. 'potlrán solicitar la devolución del 90 noventa or ciento de sus a ortes reali ados 'a utados or l variación' del Indice de Precios al !Consumidor, IPC del 'Bano!Central! dell lParua1 "Negritas yl subrayado 'son 6.- Examinadas laµormas transcriptas 1ie1rto: 1q,Je el¡ mandato, dis' uesto en el primer párrafo de la.normativa ,irilp'.1 gnda peca df ihondtiliciorlÜ ª' lpriJ1 a.los uricionarios bnca,tios,!'que 116 han crn'pido, l: ¡1 o' ñds de ni<lefd! d!isporecie ½s a, ortes qe lpr' derch9 les corresponde, mcurneHdd mdudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede revr un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses. con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa ( obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9 .- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como unelemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas 1ajenas (prescripción adquisitiva ,o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto .pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
se produ or la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como rodu to vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requi tos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo 1 al ente exi ido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho pi z . Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devoluciónde sus ap es (inacti idad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación .. ./// ... de intereseentre el particular .que nunca reclmó .Y los: demás beneficiaros dla ,Caja, entre los que se encuentran "los jubilados"; quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo ,a 'los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en ¡ respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene, dicho que se debe extremar, incluso, "(.pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )1 ". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como yl derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados ala Caja e interpretado comp concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al interés particular.
,
12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el corr,cto funcionamiento de la Caja. Criterio. que comulga, 90n el. mandato 13.Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien e e¡wuertra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho ala Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo Y. forma. De todos modos, el interés general .que comporta el instituto de la prescripción,. por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad' misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener, que ui;ia conclusión corpo la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devoluciónde aportes por parte del afiliado14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto s: que . /a jurisprudencia laboral ha desestimado . en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripciqn, señalando que.dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no 15 .- De tal modo tenemos quesi el instituto es de estrícto orden públicoy de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de 17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general" : Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- . .,.
-?:. opino que corre-nde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad ',.,,proinovida; Y,;consecuencia, delarar respecto del accionante la inaplicabilidad dArtículo !it 2':ld;e la I,,eyNº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condicián para la dludó,( de los aportes el requisito de cont I c n una antigüedad superior a 1 O años, manteruén ose meo ume o emas en to os sus ermm s. s m1 voto.
certifico, qued . Asunción, i.e de F(' V r i('7 VIS1:'OS: Los nierit6s del Acuerdo que anteceden, la dé 202 .- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA' Sala Constitucional
RESUELVE:
Ministro CSJ.