CORTE SlJPR.EMA1 'm)l.JSTICIA 1 "ACCIÓN ¡DE INC9NSTIT,UCIONALIDAD SEGOVIA GONZÁLEZ CV ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 l"QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: DIESEL JUNGHANNS, RÍOS OJEDA y SANTANDER DANS.
A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor Andrés Rodrigo Segovia González, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 "'( 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL P !).RAGUA Y"' y contra la NOTA RAP: .2098/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Sos el accionante que los requisitos establecidos por la disposición e privan d"jceder al retiro de sus aportes nstancia que vulnera los Cesaí ;.. ,,., Juflghanns Gustavo E. San anderDans - proteccióna la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De fas constancias presentadas en.autos, se verifica que el accionante era, aportante/de la Caj a de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en qe se desempeñó como funcionario de un Banco Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente .
7 orno, l9 1µa relatado el accionante, el.mismo no. reúne las exigencias ,st,Rlpiqa en la norma impugnada a los efectos de lacceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, el cual expresa:
1,. ¡ . "Artículo .4,7.-.D,las garantias de la.igualfl.ª1'- El Estado. garantizará a toqosJo habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo.efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3) laigualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la natJraleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay; expresada por medio de su Título Tercero ::el Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formaciánde Recursos ",, artículo 11 primera parte: '.'Los fondosy rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja'i.
En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las¡ cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una c ara contra icoion en a y cuan o, Pºf una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan f conformidad con las df sposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de !la Caja", más por otro lado, limita lo transcripto con condicionamientos que,I bajo pena¡de pérdida desos derechos en caso de incunmlimientq_, estableceq:. "Correspo/2der(,. la devolución de ss JJpprtes a 1oJ fur¡s:iona;:io que ... "; todo ello sin otro: perjudicado que el mismo aportante, a quien la propia norma al En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio 'dé Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante haY¡an sido desrinculados dí la actividad banTaria y que l "ACCION , DE INCONSTITUCIONALIQAD .C0RTE PRPMOVIDA POR ANDRÉS RODRIGO PREMA I 1 OVIA GNZÁLEZ c;/ART. 41DE LA LEY ((1,;ff_J)b S T l C IA y , e" .. , , Nº 856/2006 i'QUE SUSTI1TUYE LAS LEYENº eh-.tr n,4secuencir con los añs reqeridps pana :ceqer a la devolción de' sus aportes, arpB 1ello, se ene indudablemente com,o un dtrSJ?OJabsolutamente ilegal ya que ' innpJiínieno de los requisitos en.ncadoslsimple y, llanamente la ,Caja, en abierta , , ac , . asu propio marc, normativo, 1pr.oce e a 1a.propiarse e¡ a ota 1 a e (!)S aportes jubilatorios de sus asocia 9s, en el cao particulajt, del señor ndrés Rodrigo Segóvia González, circunstancia qué también colisiona bon la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: 11 ... Se garantiza la propiedad En cuanto a la NOTA RAP: 2098/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, refutada de inconstitucional, es necesario destacar que la misma cumple la función de notificación al accionante sobre una decisión tomada por el Consejo Directivo de la Caja Bancaria a través de la Resolución Nº 26, acta Nº 12 de fecha 14 de marzo de 2017, por lo que, en su caso, a fin de lograr una eventual declaración de inconstitucionalidad se debería haber atacado la resolución, más no la nota por la cual se notificó la resolución designada.
Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declrar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91' y 1802/01 de 'la Caja de-Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio del señor Andrés Rodrigo Segovia 1.- El señor Andrés Rodrigo Segovia González, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y contra la NOTA RAP: 2098/2022 de fecha 03 de febrero de 2022. Para el efecto, acompaña debidamente l i. strumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario. - 2.- El ac onante lega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la onstitu óri y f ridamenta su acción 'rrúhiféstando,', entre otras, cosas, que " ( .. ) Los estable idos, y, citados arriba, fundados en el dictamen jurídico de la Caja y luego en la misma contestación de la misma Caja ME PRIVAN DEL DERECHO a acc 'der a la devolución de mis aportes de dinero que se encuentran en la Caja os Y, ensiones de Empleados de Bancos y Afines y que tengo derecho al mismo e i exclusiva propiedad pues he aportado de mis salarios a la referida caja ... ". - c;ustavo E:. Santander Dans Ministro su trabaio,, salvo' que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a 1; amortizacián o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 1 O DE LA LEY.Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y S9STENIBILIDAD DE LJ1 CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO",: en su Artículo 1 º dice: "Art.
9.- (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los. derechos que le otorga, la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTJiMA,DliJUBILAClÓN YPENSIÓNPARAGUÁYO,. Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 16261.0.0 ,'DE LA FUNCION PUBLICA'.', podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son 6.- Exan'iinadas las normas transcriptas advierto queel mandato dispuesto en, el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O .años de antigüedad, de disponer de sus aportes que pon derecho .les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante f1,.mcicn;iarios del Estado. er¡. general. Es evidente que. la mdida cuestionada atenta contra .loB principios .consagrados en los Artículos 46 "De la 'Igualdad de las Personas", 4 7 ",e las Garantías de, la Igualdad" y 109 "De la Propiedad.Privada" de nuestra Ley, Suprema.
7. - En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo ", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en .un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación e no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular, la convivencia del pueblo 9.- Así.: muchas ram'as del Derecho han definido su' alclpe y efectos, 1 regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechot que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapiónj o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud 'del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones "A9c1óN lnE 1NcqNsT1T,uc10NALIDAD fi:Jli:J SEGOVIA G0NZÁLEZ C/ ART. 41 DELA LEY ,;, J'; . Nº 2856/2006 j'QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº ;.eñala,d;; k,f' ley. De sta manera; el sujeto basivo de una relación jurídica no, se encontraría' s'imetido eternmente a uri. vínculo jl1 rídico que ha permanecido inactuado --- Al respecto, nuestra Jey civil de ,fpndo ,en s Artículo 65¡? dice; "La prescripció1 extintiva se produce por la inacción del titular ilel drecho durante el. tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derechó civil nace ¡la norma hoy1 impugnada, reuniendo los dos requiltos que configur1n la prescrippión einti-VI a o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o J,1enci6' del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliadbs activos dla Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación 11. - Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver "los. aportes¡ a 119 1 afiliados activosseguiríaj latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás b,eneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto, sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector ( ... )1 precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que 'podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría ,el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio. que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Segu ocia!
y establece cuáles derechode?en ser ejercidos tipo y forma; De todos m ªºJint rés general que comporta el mstituto de la prescnpcion, por el en do or en pú ico ue representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que inte sa a la soci dad/mi ma. E te stituto ene entra su respaldo último y soberano en lo que dis one el rtí lo Í28 e la C . No encuentro pues, razones jurídicas que h osible sost ner que n conblu ión co o u J,dvo t, :,antar ArrÍaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- / ,, la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, .no afectando la intangíbilidad de los .derechos, yque, én aras de Jn interés superior colectivo, se priva .de rec amar os a quien no os ejercita en e termino p, e 15 .- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y deinterés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuenra amparada por lo que dispone el Art.
128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún 1 Corno' se podrá notar, el instituto que va¡.nos a .aplicar icunta con 'el. correspondientq resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jearquía dentro de nuestro ordenamiento.normativo.
, 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia eonstitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamosjcalificarla de desmedida, arbitraria q infundada. Ella, nb resulta irracional en el entendimiento d.que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- En cuanto al planteamiento en contra de la NOTA RAP: 2098/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, vale aclarar que la misma resulta una consecuencia de la aplicación del art.
41 de la Ley mencionada, por lo que la citada Nota, también atacada corre la misma suerte 20.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a, la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términos, y la NOTA A su tumo, el Doctor SANTANDER DANS dijo: El señor Andrés Rodrigo Segovia González, por derechopropio y bajo patrocinio de abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" y la NOTA RAP: 2098/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, en razón de ser contarios a los Arts. 46, 4 7 1y 109 de la Constitución de La disposición atacada de incoJstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Cadt;cidad en el Derecho del Trabajo. Abeledol'errot. Buenos Aires, Argentina.
"AJc;óN "DE INcoNsTnucIONALIDAD PRrOVID4 OR 4NDRES RO:QRIGO SE,GOVIA GNZALEZ C/¡ ART. 41 DE LA LEY Nº ,856/2006 f'QUE SUSTI'TUYE LAS LEYES Nº ; qde retiren vo.luntariamen e de las entidades donde !prestan servicio. La Caja podrá ;ptpfir la aplicaeián del citado monto J la amortiza;¡ón o cancelación de su ;,9-q-!4g_c¡.püj. " o serán susceptibles de I ievolución J 1os aportes p:atronales. El derecho a si olri '('gdetolució,n de aotes presclbirá 1fS pt 1s .d. tres añdel retiro del 1 afiado, 1e su trabajó, sar vo que el ml'f,mO tenga ªruda qon la Caja, en cuy¡ caso los Cf iportes serán aplicados a la(imortizació1 0 cancelacl'n de su ob'¡igación". L , . Que el' accionante justifica el p ldido de ddclaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en razón al rechazo dla devoluón. de 'sus :aP,drts, que fuera solicitada ante la Caja Bancaria; la tespuesta negativa del 'ente mencionado se debe a la falta' de antigüedad requerida.para el efecto, lo cual infringe principios y normas establecidos en la 'SUPR.EMA!
USTlCIA A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado El primero de ellos otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho Aquí es importante resaltar que nuestra Constitución, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja.Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 mplementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la digni ad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la : ualdad y en su reámbulo. 'Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y so al que irven e directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, or en e, to s y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran inte onex s y s n interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para entido, el Art. 46 de la Constitución prescribe la igualdad de las personas en su y e sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art.
1 o admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que) b1 , el c lso concr se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerátivo de tal d.Bjmwgtaciu. amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en tod,6s los tram s Cesar ívi. Di-etei .Junghanns Jlinístro CSJ. Gustavo L Santander Dan Ministro Dr. . Recordemos que la constitución deun Estado social de derecho - Art. 1-, impone en el Poder Público - art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260 - la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios MunicipalesIart. 66 de la Ley 122/93),,Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art.
9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales. --- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
: Nótesequeel último párrafo de talnormativa - Art . .41- prescribe µn lapso1 desde que se produjera tal 'salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio - Art. 109 - ni comprende una vulneración al principio de igualdad - Art. 46 -. Ahondando en el tema, el Art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por: Ley-1/89, nos ayuda a la dilucidación del marco que las restriccionesal goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin .de esclarecer este contenido y sus límites 1 debemos recordar que.el ri'rt, 109 de nuestra Carta Magna.reconoce la propiedad privada, .subordinando éstos su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del Art. 21 de tal Convención; como asimismo, el Art. 46 ya citado lo hace con su par, Art. 24 del mismo Pacto.
De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no.es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea, expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del Art. 95 de la Constitución - De la Seguridad Social - contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo " ... En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema obligatorio ... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión social ... 3 En el contexto de una sociedad democrática - art. 1 - donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128 -, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no 'solo es un orden a segir, sino la actuación de un El mismo : autor, bb. cit., , p. 20/1 relata que la sinonimia de las: disposiciones constitucionales expresa su contenido dormitivo y del análisis -detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intenéionalidad articulada. Sostiene que estas normativas Horacio Antonio Pettit, Constitucióde la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya. Asunción, Paraguay, p. 957. ,/.
"ACCION jDE INCONSTIT_DCIONALIDAD PROMOVID4 POR ANDRES RODRIGO SEGOVIA G0NZÁLEZ C/ ART. 41DE LA LEY , ,. Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº - tie:;a - exión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones ,.,.. ,tántogr;mati(; orno sintácticamente. Concluye l ciendo que " ... la interpretación de una s/pisP,0,$-fG:ihc varias de ellas implica la interpretación de toda, la Constitución, es decir n ranuxa e o os sus precep os... . ;-- Así la exégesis apuntada armoniza con la disposición de los Arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confndirse la calidad de beneficiao que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del subido que son individuales y autónomos.
Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma: en el ejercicio de tal derecho.
Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal del ejercicio del derecho.
Por último, el recurrente ha impugnado la NOT-A.1 RAP: 2098/2022 de fecha 03 de febrero de 2022 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensionesde Empleados de Banco y Afines. Al respecto, cabe destacar que la misma resulta la exteriorización de la decisión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines de denegar el pedido de devolución de aportes del afiliado por aplicación de la norma impugnada, por lo que deberá correr la misma suerte que el Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 precedentemente En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal Nº 1200 de fecha 12 de julio de 2023 1 obrante' a fs,) 16/18, corresponde hacer lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida prescindiendo la aplicación del primer párrafo del' Art. 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios y, consecuentemente NOTA RAP: 2098/2022 de fecha 03 de febrero de 2022, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Banco y Afines, dejando subsistente todo lo demás contenido en la norma, en r al accionante de conformidad a lo preví n el Art. 555 del C.P.P. Es mi voto.- Gustavo E. Santander Dans Ministro ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO: '18,1 Asunción, 1,e, de -fe 6 rcr-:, VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la de 202¼ .- SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubila torio, así como la NOTA RAP: 209 /20 de fecha 03 de febrero de 2022 dictada por la a de Jubilaciones y Pensiones de mplea de Banco y Afines, con relación al señor ND , S RODRIGO SEGOVIA G NZÁLE Ministro