CORTE SUPREMA mjUSTlCJA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR DANIEL ENRIQUE CAREAGA GALEANO C/ ART. .Sll.JSTITUYE. LAS LEYES Nº 73/91 Y 0 t;µERDO Y SENTENCIÚMERO: 1 C,., t) OGr.f)". y r(J ' .. ;;:c:tp la - ad de Asunción, Capal de' 1República.del Paraguay, a losvr;"'h'oc.,l.días, ,.e'l ,me's' cte e:;:, Q bn ""' , del ano dos mil' ve , f'l 1°1 lvt0 , estando en la Sala de Acuerdos e.,, Corte uprma de Justicia, los: Excmos. Señores Ministr?s I de la ala 91 - ro , Doctores,' CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VICTOR' RIOS ---y GUSTAVO ENRIQUE SANTANDER! DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR VICTOR DANIEL ENRIQUE CAREAGA GALEANO C/ ART. 41 º DE LA LEY Nº 2856/2006". Nº 476. AÑO 2021", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el representante convencional del Señor VICTOR DANIEL ENRIQUE CAREAGA GALEANO, Abogado ADOLFO QUIÑONEZ CABALLERO.
1' 1 , . ,, Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: Se presenta ante esta instancia el representante convencional del Señor VICTOR DANIEL ENRIQUE CAREAGA GALEANO, ABG. ADOLFO QUIÑONEZ CABALLERO, a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en base a los Arts. 46, 47, 95, 109 y 137 de La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41. - Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el uda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o ue el ac ionante solicita la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa en Gustavo E. Santander Da.2t,.
Ministro CORTE SUPREMA rnJUSTfCIA .. ./// ... El primero de ellos otorga el derecho aª devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, lirnitándolo'con dos requisitos: a) que 'cuenten 'con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a la Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad soc'ial dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población, Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines ' Siguiendo e,l álcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en' su art. 6, tiene 'por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más espedíficarnente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, los propios beeficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en 'cuanto los,aos,?e anfi'g 1edad a los ef9t.os e 1su deyolución rsyltaua mer,ma i9violaI derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. l 09 de la Constitución Nacional.-- A fin de complementar la' idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ellaestablece axiomas de. un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a lajustificación de todo el plexo normativory, or ende, todfs y cada una de las ?rticulaciones costitucionles' se encuentran tercqnbxaY¡ son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundoespíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones, Seguidamente, el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores.
Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar , derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts, 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la1 citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal Nº 1609 de fecha 30 de .agosto, d..2Q22 o.bxm:ite .. a.fs, 23/25, cabe .Hacer L11.gar..,L1ª . .Acciónde.Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo A su turno, EL Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor VICTQR DANIEL ENRIQUE CAREAGA GALEANO, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ... /// ...
AJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS La disposición. considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios 'que 'cuenten con una antigüedad superior a los diez años.y que no tengan derecho a la.jubilacion, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de! las entidads Uode prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortizhción o cancelación de su obligación.
No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.
El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de. tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.
Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.
Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 4 7º de la Constitución Nacional, el cual expresa:
"Artículo 47º -.De las garantías de la igualdad» El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensio s Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del atrim nio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera arte"Los fe dos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, En es e punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: propie ad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las est b ecida en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Edi o ial eliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).
Gustavo E. Santander DansDr.
Ministro er¡ CORTE () , SUPREMA 1wUSTICIA .. ./// ... 'Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en, la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y renias que se obtengan de conformidad con las disposiciones de 'esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más.por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma 'al inicio de sus En 'las co0 ndiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que. implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados .de la actividad bancaria y que no cuenten n consecuencia con los' años requeridos para acceder a 'la detb1ución .de sJs aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamenteilegal ya que por el incumplimiento de' los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a propio marco' normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Víctor Daniel Enrique Careaga Galeano, circunstancia que también colisiona con 1garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y' en' consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 de la Ley Nº, 2856/2006 "Que sustituye las' leyes M73/91 y 1802/01 de¡ 1Caja de Jubilaciones y Pensíones de Empleados áandariodelParáguay",' en la párte que ccindicioda a'una .. antigüedad-siiperióf a'diez afiÓS'a ls efectos 1 dlla de,voliíción de aporte jubilatorio de'! sñor 'víctor Daiél Enrique Careaga Galeanó, 1.- El señor VICTOR DANIEL ENRIQUE CAREAGA GALEANO, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "( .. ) es totalmente absurdo pensar que el aporte del afiliado pertenece al patrimonio de la Caja y no del aportante. Tampoco una Ley puede imponer, de manera discriminada y sin justificación alguna, la prohibición de retirar el aporte de los haberes jubilatorios en el supuesto de no contar con la 3 .- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen dbspedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación: No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de s'u trabajo, salvo que. el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo CaO los aporlfS serán apuradoa la amortizacion O cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).-- / l í-Ci ¡ ii 1t( t; -. g. PREMA ' - :" nr- STICIA - w/ ... 4.- En duf9to a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, s,urge '-a ceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen , es edif?s; dejados 'cesantes o s 7 retirasen voluntariamente, 'lo cual produce una manifiesta sig iild 1ct 'con respecto a los derechos relayi.onas a la devolución de aportes en el sector 5.- Al respecto, 1Ley Nº 4252/0 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9? Y 10 DE LA LEY. Nº 2.345103 "DE REFORMA! y'sosTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR,PUBLICO", en su Artículo lº dice: t'Art; 9.- (...) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los 'derechos que lotorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN.DEL TIEMPO DE SERV:JCÍOS EN .LAS CAJAS DL SISTEMA! DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma . activa ( obligación 1 de hacer) pasiva ( obligación de ' no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador corno pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
9.- sí, uchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando prescr pción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio cosas anas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la on o clamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De man ra, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a ín lo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.
Gustavo E. Santander Dáns Ministro CORTE SUPREMA rnJUSTICIA ... ///... de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de so1 licitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de. la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financ.ieros están dirigidos también a brindaamparo a 'los afi0 liados ante sus necesidades durante la vejez' o invalidz. Debe e'ritphcd' aduar en respuesta .a dichas necesidades, para lo' cu,a1 l es imprescindible conservar su 1iquid1 Jz. 'ta clotrina tiene diclió que se debe extremar, incluso, 'recursos para la tutela 'de la ancianidad n favor de esa franja considerada como vulherable "( .. ) pero amás una diferencia en perjuiciode este sector(. .. )1''. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliads a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las eclamaiones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativoa la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentraobligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el biendta'r general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN.
No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no 15 .- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentraamparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el l 6.- Como se podrá notar, el instituto que vainos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.-- Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías.
Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- ' 1 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, 1/,: Argentina. Pág. 04.- 1 , ,rencia -9"(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la lrrenunciabilidad de los b,e'ncji.éibs pt os de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la .'prlscripc/f!.)i r lo que no constituyen derechos sine die (..)" (Las negritas son mías).
srt 1 1ctida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de 19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que estable omo condición para la devoty,eió'l,de os ,aportes el rquisito de cont?r on una a'güeda superior a 10 años, man 7eniéndo e certifico,quedando Ante mí: G tavo E Santander DansZ>r. Víct7r (Jos Oieda Ministro Asunción, 1.,,,de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 'SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE: de 202.-
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustit e las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Ban rios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a 1,s efect s de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Señor VICTOR DANIEL NNRIQU CAREAGA GALEANO, de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C.--1 Cesar M. Diesel u Ministro CSJ Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro Ante mí: n Martínez J(IJ