← Sentencias
Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 122/2024

27 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ C/ ART 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01". AÑO: 2020 Nº:1849.---

Antecedente ART 41 DE LA LEY Nº 2856/2006

PDF original

Texto leído automáticamente del PDF. Los sellos y firmas pueden dejar letras sueltas; el PDF original es la versión fiel.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ C/ ART 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 1'c'-'i;t;:-c" E, ,'2; I. Ciudad de Asunción, Capital de la República delParaquav, a lo ' 1+i1e,}e días, del mes de brero , del año dos mil .Je,1"-t-GvaJta, en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores . istros de la Sala Constitucional, Doctores CESAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ C/ ART 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ por derecho propio y bajo patrocinio de Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala .¿Es procedente la Acción de inconstitucionalidad deducida?.

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: CÉSAR DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y GUSTAVO A la cuestión planteada el Doctor CÉSAR DIESEL JUNGHANNS dijo: la señora MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".

Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 6, 46, 47, 95, 103 y 109 de la Constitución La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la evo/ . ión de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a os die años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados esant s o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La aja p drá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.

El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del del iliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo s aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

!tlfne la accionante que los requisitos establecidos por la disposi , n que dt1t'ff(Ín le privan de acceder a su mandante al retiro de sus aportes, circLyistanc que lu''º ftiªéra s principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad c nsagrad s de manera e presa en la Constitu . , vional. De las constancias present das en a tos, 0rifica que. la . 101lant era aport te de la Caja de Jubilaciones y Pensione d'.

Ministro Cesar M. Diesel Junghanns Mini,tro CSJ. Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren T al y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el. artículo 47° de la Constitución "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera parte: "Los tondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI PEn esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama la devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más pofotro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdidá -de esos .

derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que la misma aportanfé a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger.

En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados J. ORTE . -._-PE J: TI CIA -::.'--: tnafiGs -: , como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la 1- activigd- /a: caria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para 1;- -.-aecd/devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un -f:l-fP,©jó ábsolutarnente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados 1mpleyllanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad qe los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " .. .Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin "PROMOVIDA POR MIRT A GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ CI ART 41 DE LA LEY Nº 285612006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la señora MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ, ello de conformidad al Art. 555 del 1.- La señora MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex 2. - La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 6, 46, 47, 95, 103 y 109 de la Constitución Nacional y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. .. ) Sin embargo la norma impugnada, en abierta violación a estos principios constitucionales, no protege uno de los derechos esenciales de todo trabajador: el derecho de la intangibilidad de los aportes jubilatorios para la seguridad social. Resulta ina 1 le que un trabajador que ha efectuado aportes mensuales para la formación de su fon s de jubilación de vejez, con dinero proveniente de su propia remuneración m nsual, ue le es descontado en forma obligatoria , es víctima de la confiscación de sus ap rtes p rque una norma legal establezca por un lado el cumplimiento de un plazo para.

la iabilid d de su devolución, diez años de antigüedad y por otro, la fijación de un plazo de resc pción del derecho a solicitar la devolución del aporte(. . .)".

. Gustavo E. Santander Oans Ministro Cesar M. Oi'esel Junghanns Ministro CSJ. 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 1 O años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1 dice: "Art. 9º.-(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que Je otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley 7. - En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo siguiente:

8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de Ias Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

'-.:.

9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación , I ' ORTE , TIC'IA t1dfél.. noj encontraría sometid? eternamente a n vínculo jurídico que ha 1.. J?.rr,yiJ:1ec1Jo actuado durante un periodo prolongado de tIempo.

:1 Q,- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción s, . xti(1fiva se produce por la inacción del tituler del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica. - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ C/ ART 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio a I interés pa rticu lar.

12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma.

De todos modos, el interés general que comporta el institu la prescr'pc , n, por el entado orden úblico que represeta,atendiendo a su v a la gri9d jurí ica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encue t-r- su n spaldo ult1mp y sobe no en lo que dispone el Artículo 128 de I encue tro, ue , razone jurídicas que hagan posible sostener que una con usión como la rribad - rescripti ilid d del der cho a solicitar la dE>e apor part d I afi iado- s a conside ada inconstitu onal., d :.V . Dr. Victor z 01e a irowwtslfo Director.(2018).(rmJMiM/Jl.!J)ftf?ha'lfl& flnítio afie, d y e nvencional ad. To o 4.

Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina.¾' téhr.cpg'60. 14.- Sobre este temala doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no los ejercita en el término prefijado ( ... )" 2 15. - De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die ( ... )"3 (Las negritas son 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés 19. - De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos A su turno el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: Antes de entrar al estudio de la cuestión planteada, es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 01/06/23 he procedido a emitir mi voto en fecha Seguidamente corresponde el estudio de la Acción de lnconstitucionalidad planteada por la señora MIRTA GABRIELA CENTURION GOMEZ a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY en razón de ser contrario a los arts. 6, 46, 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.

Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 3 Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "" TE "PROMOVIDA POR MIRTA GABRIELA /f r,.' , MA CENTURIÓN GOMEZ C/ ART 41 DE LA LEY Nº : 'o. "' /,DEJtf, IC'IA 2856/2006 "QU,USTITUYEO LAS LEYES Nº <o .. i1: La..dlsP,'t:ción atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41- Corresponderá 9/uciótftsus aportes a los funcionarioqe enten con una antigüdad SUP_erior a los-diez ,,GfÍ].G) y que no tengan derecho a la 1ub1lac,on, que fuesen despedidos, dejados e.- ,éJFf,-eefue se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La if.lLp'ddrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptioles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".

En el presente caso, la Sra. MIRTA GABRIELA CENTURION GOMEZ se presenta ante esta instancia a efectos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrarla contraria a derechos de consagración A fin de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado E I primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines especlficos y que deban estar disponibles para sus Siguiendo elalcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella, y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependient as con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profund spírit . En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad d las ers nas e u nidad y en sus derechos: asimismo, no admite discriminacione . Seg id ment , el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí de e adm tir e qu si bien, e caso concreto no se encuentra esp rcarn te contemplado n el sil umerativo e tal normativa, la e tón del art. 45-Qe lo derechos y g nciados pe mite Gustavo E. Santander Dans Miriistro Cesar M. Di'ec;el Ministrn CSJ.

interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados P o r tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los Nótese que el último párrafo de tal normativa -art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes. Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio -art. 109- ni comprende una vulneración al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema, el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, internalizada por Ley 1/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del art. 21 de tal Convención; como asimismo, el art. 46 De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y social. Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Abdón Saguier al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del art. 95 de la CN. -De la Seguridad Social- contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo "En primer lugar, cuando hablamos de seguridad social.

Estamos hablando de un sistema obligatorio... En segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la seguridad social es individual, tiene una repercusión societ'". En el contexto de una sociedad democrática -art. 1- donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - art. 128, no puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el disfrute de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.

AI respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales. Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene Horacio Antonio Pettit, Constitución de la República del Paraguay, Concordada, Anotada y con Jurisprudencia, Tomo 1 Parte Dogmática, Ed. La Ley Paraguaya, Asunción, Paraguay, p. 957 .

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: "PROMOVIDA POR MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ C/ ART 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº l!r:.I mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones orls- itucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que " ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Así la exegesis apuntada armoniza con la disposición de los arts. 44 y 45 de la Ley Nº 2856/06 que articulan la imprescriptibilidad del derecho a las jubilaciones y las pensiones siempre que ellas fueren pedidas en un tiempo prudencial fijado por la Ley. En efecto, no debe confundirse la calidad de beneficiado que reviste un carácter permanente y vitalicio de los factores económicos que integran la base del sueldo que son individuales y autónomos. Así el derecho a la pensión es imprescriptible; sin embargo, las prestaciones periódicas mensuales que la sustentan si lo son. Al respecto, considero que el Estado puede satisfacer legítimamente su interés social y encontrar un justo equilibrio con el interés del particular arbitrando medios proporcionales a fin de vulnerar en la menor medida el derecho a la propiedad de la persona que será objeto de la restricción. En este caso, la restricción de tal derecho ha sido dispuesto legalmente con una disposición clara, concisa y previsible para el conocimiento y el cumplimiento de las personas afectadas, pudiendo las mismas ejercer valida y efectivamente el derecho de reclamar el retiro de los aportes. En este sentido, considero que las medidas propuestas para el retiro no imponen cargas adicionales, excesivas o desproporcionadas para ser consideradas como una merma en el ejercicio de tal derecho. Por último, debe advertirse que los trabajadores aportantes de otros rubros cuentan con una normativa análoga que solo difiere en la sujeción temporal <;lel ejercicio del derecho.

En conclusión,cabe la admisión parcial de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo 'del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, como asimismo, dejar subsistente el artículo 41, último párrafo, d Ley Nº 2856/06 al ser compatible con los principios y las normas constitucionales. EMI TO.- Con lo que se dio por tejmírjado.eacto, firmando SS.EE., todo p r ante m , de que certifico, quedando acord nten ia que inmediatamente sigue:- Ante mí: Ministro CSJ.

SENTENCIA NÚMERO: 7/2 Asunción, Z,1- de abrero de 20-Z!.( .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la excelentísima Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 ."Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la accionante MIRTA GABRIELA CENTURIÓN GOMEZ, ello de conformidad a lo establecid n el Art. ANOTAR, registrar y notificar.

A t ,Gustavo E. Santand r Dans 1nistro