ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARIEL JORGE MARTINEZ MARIN C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE FECHA 22/06/1909, Y CONTRA LOS ARTS. 16 INC. "F", 17 Y 143 DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. 7 INC. "A" DEL DECRETO Nº 14.434 DEL 28 DE AGOSTO DEL AÑO ,::.. , " i t Ciúd ¡¡ e Asunción, Capital e la República di? 1 Paraguay, a los w; , t, ,', ./,. d ias crel mes:Jtet ro , del ano dos mil ve," 1' ev 'l +to , estando en la Sala de ,éüercfós d , Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala (Cor:is¡t.itiqtDoctores CESAR DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GÜSI'AVo-SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARIEL JORGE MARTINEZ MARIN C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE FECHA 22/06/1909, Y CONTRA LOS ARTS. 16 INC. "F", 17 Y 143 DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. 7 INC. "A" DEL DECRETO Nº 14.434 DEL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 2001", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el Señor Ariel Jorge Martínez Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente: .:.
CUESTIÓN: Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada, el Doctor CESAR DIESEL JUNGHANNS dijo: Se presenta el señor Ariel Jorge Martínez Marín, por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera y de los Arts. 16 inc. f), 17 y 143 de la Ley Nº 1626/00 De la Función Pública - modificados por el Art. 1 de la Ley Nº 3989/10-, y contra el art. 7 inc. a) del Decreto Nº 14.434 del 28 de agosto de 2001, aduciendo en sustento de su pretensión que, luego de acogerse a los beneficios de la jubilación, se le ha presentado la posibilidad de reingresar a la función pública, pero que el perfeccionamiento de ese cargo cuenta con elimpedimento legal establecido en la norma impugnada. Sostiene que los referidos artículos devienen inconstitucional por encontrarse en oposición a lo establecido en los Arts. 47, 87, 102, 103 y Así, respecto del artículo 16 lnc. f) de la Ley Nº 1626/2000, modificado por el artículo 1 º de la Ley Nº 3989/201 O, que inhabilitan al jubilado para el ingreso a la función pública, advierto que pone de manifiesto la pretensión de constituirse en un obstáculo legislativo para el acceso a la función pública de los jubilados, lesionando lo dispuesto por el Art. 47 de la Constitución Nacional, que exige como sola condición la "idoneidad" para el acceso a las funciones públicas Sensatamente, podemos sostener que tal ley no puede conferirles prerrogativas a las autoridades que, en los hechos, traduzcan el marginamiento de un principio constitucional tan fundamental como lo es la vigencia de la iqualdad, principio éste ya consagrado en el preámbulo de nuestra carta magna con la finalidad de proteger la dignidad humana, así como en el Art. 33 de la Ley Suprema, puesto que de no observar y declarar la manifiesta inconstitucionalidad contenida en la nueva redacción del artículo 16 lnc. f) de la Ley 1626/2000, estaríamos socavando la dignidad humana de los jubilados, así como conculcando su derecho al trabajo. Igualmente, éstos derechos citados son erigidos a la categoría de derechos humanos, situación ésta que nos impide pasarla por alto, además de tener presente que el Estado Paraguayo está obligado a cumplirlos por ser signatario de varios instrumentos Esce na rio homólogo se presenta en la nueva redacción del artículo 143, la manifiesta inconstitucionalidad subsiste al establecer que los jubilados solo podrán ser reincorporados a la función pública en situaciones excepcionales o por falta de recursos humanos, situación que es, también, radicalmente contraria al orden constitucional, ya que de consentir lo estipulado se presentaría una situación discriminatoria con los demás postulantes al mismo cargo (Art. 88 De be aclararse que la precedente afirmación no implica que se dispense a los jubilados de que se sometan al concurso de méritos en igualdad de condiciones, previsto en el Art. 15 de la Ley Nº 1626/2000, por el simple hecho de que cuenten con experiencia y especialización por ser jubilados. Simplemente considero que la nueva redacción del artículo 143, al establecer la referida restricción, además de ser discriminatoria conculca el principio de igualdad proclamado en el Art. 46 de la Constitución Nacional, que expresamente manda al Estado remover los obstáculos e impedir los factores que mantengan o propicien discriminaciones.--- En cuanto al artículo 251 de la Ley de Organización Administrativa de 1909, éste contempla la situación del jubilado que vuelve a ocupar un empleo o cargo público rentado, caso en que obliga al mismo para seguir prestando sus servicios al Estado a optar entre su haber jubilatorio o la remuneración correspondiente del cargo o empleo. Esta disposición es inconstitucional, dado que obligar al jubilado a renunciar a su jubilación o a su salario resulta una abierta contradicción al artículo 86 de la Constitución, que consagra la irrenunciabilidad de Fin al mente, respecto al Art. 7 inc. "a" del Decreto Nº 14.434 de fecha 28 de agosto de 2001, "Por el cual se aprueba el Programa de racionalización administrativa a regir en los organismos y entidades del Estado elaborado conforme al Art. 33 de la Ley Nº 1661 /2000 "Que aprueba los programas de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2001 y se adoptan procedimientos y medidas tendientes a reducción de gastos", en su Art. 7 disponía: " ... Facultase al Ministerio de Hacienda a disponer las siguientes medidas de depuración de planillas de beneficiarios de la Caja Fiscal de Jubilaciones y Pensiones: a) Suspender el pago de haberes jubilatorios y de retiro de beneficiaros que perciban alguna remuneración legalmente incompatible como personal activo del Estado, hasta tanto el afectado realice la Como ya se dijera anteriormente, el Decreto Nº 14.434/01 fue elaborado de conformidad al Art. 33 de la Ley de Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal.2001 (Ley Nº 1661/2000), por lo tanto la vigencia del mismo estaba supeditada a la respectiva ley de ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARIEL JORGE MARTINEZ MARIN C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE FECHA 22/06/1909, Y CONTRA LOS ARTS. 16 INC. "F", 17 Y 143 DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. 7 INC. "A" DEL DECRETO Nº 14.434 DEL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 'l..pr'Süpües" ci cual en nuestro aís es de carácter anual de conformidad a lo establecido en ,;la°' éondi" n. En consecuencia, al tiempo de promoción de la presente acción (28 de 9, a '- de 2018) el mismo ya no se encontraba vigente al haber sido plena e 115 emente ejecutado en su totalidad, por lo que el agravio sustentado por el accionante carece del requisito de actualidad exigido para este tipo de acciones, por lo que su impugnación Por las consideraciones que anteceden, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida y, consecuentemente, declarar inaplicables los Arts.
16 lnc. f), 17 y 143 de la Ley Nº 1626/2000 -modificados por el Art. 1 º de la Ley Nº 3989/2010-, y, el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa del 22 de junio de 1909, con relación al accionante. Asimismo, corresponde el levantamiento de la medida de suspensión de efectos dictada en esta causa a través del A. l. Nº 2397 de fecha 26 de 1.- El señor ARIEL JORGE MARTINEZ MARIN,. por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra los arts. 16 inc. f), 17 y 143 de la Ley 1626/00 "de la Función Pública", el art. 251 de la Ley Nº 22/1909 y contra el art. 7 inc. a) 2.- La primera norma impugnada inhabilita el ingreso para la función pública a los jubilados de la administración estatal, en cuyo caso, éstos se encuentran privados de presentarse, siquiera, a los concursos públicos. El aquí accionante es un jubilado de la Policía Nacional conforme se desprende del Decreto Nº 2959 de fecha 13 de enero de 2015; por lo que, queda de manifiesto 3.- Constitucionalmente la idoneidad -Art, 47 numeral 3- se constituye en el único requisito para el acceso a las funciones públicas. Sobre el punto, existe cierta discusión respecto de si tal requisito de "idoneidad" puede o no ser objeto de reglamentación legal. De mi parte, propugno 'una respuesta afirmativa a tal situación, pero, con la siguiente y expresa salvedad: tal reglamentación, en su contenido, debe superar el denominado test de razonabilidad a los 4.- Dentro de ese encuadre pueden presupuestarse condiciones tanto positivas como negativas de "idoneidad". Estas últimas -negativas- se materializan a través de las denominadas incompatibilidades o inhabilidades qué es lo que regula, justamente, la norma que nos ocupa. Estas inhabilidades responden, generalmente, a circ tancias que tienen que ver o que se vinculan con la solvencia moral del potencial postula e, si , 1 ámbito de aplicación de los primeros cuatro incisos de la norma en a en. in em que es el que nos ocupa, no guard una-relación ade uada c herent Gustavo E. Santander Dans Ministro 3 5.- Aparentemente -porque no se ve con claridad- lo que se pretende tutelar es el acceso a la función pública de aquellos eventuales postulantes que aún no han tenido la posibilidad de ocupar un cargo público como sí lo tuvieron, en su momento, los jubilados. Si ese fuere el caso, la medida dispuesta no puede ser calificada de adecuada porque la finalidad pretendida no es legítima y si acaso lo fuera -que claramente no lo es- tampoco cumpliría el requisito de necesidad a los efectos superar el test de razonabilidad antes dicho.
6.- En efecto, aunque con la regulación hay probabilidades de consagrar -al menos parcialmente- dicha finalidad, no obstante, la constitucionalidad de ésta sucumbe ante una notoria falta de coherencia con nuestra norma fundamental, esto, por dos razones de insoslayable relevancia: la primera, es que aquel fin afecta de manera notoria la garantía constitucional de igualdad sin que se observe una justificación sustancial que permita efectuar la distinción establecida; mientras que, la segunda, porque no encuentra respaldo en alguna 7. - Dentro de ese contexto, la doctrina especializada ha dicho que habrá razonabilidad normativa cuando las normas de inferior jerarquía « ... mantengan una coherencia con las constitucionales, de suerte que no resulte contradictoria con lo establecido en la Constitución nacional ... » 1 . La inhabilidad aquí prevista es contraria a la garantía citada en el punto anterior toda vez que impide toda posibilidad de postulación a un concurso público de oposición evitando, de esa manera, que el ciudadano -inmerso en la categoría- puje por el acceso a un cargo público. Tal impedimento no responde, naturalmente, a un tratamiento igualitario sino 8. - Habrá que referir que el hecho de que una persona sea beneficiaria de la jubilación ordinaria, no puede implicar, como antaño se pensaba, la producción de una cesantía definitiva en la actividad laboral. Una visión constitucional no nos puede llevar hacia ese sendero dado que la norma fundamental garantiza el derecho al trabajo en su art. 86 en concordancia con el in fine del primer párrafo del art. 102. De hecho que el sistema legal, a modo de ejemplo, prevé la posibilidad -ver art. 95 del CT- de que un trabajador que obtuvo la jubilación ordinaria celebre un nuevo contrato laboral con el empleador, en el entendimiento, naturalmente, de que la persona jubilada sigue siendo un sujeto activo y útil con plena facultad -reconocida constitucionalmente- de seguir ejerciendo la actividad laboral de su preferencia.
9.- Hay que destacar que el principio de jerarquía constitucional -art. 137 de la CN- requiere que toda aquella regla infra constitucional que produzca una afectación a un derecho reconocido en ésta de carácter superior -como el de la igualdad- reclama, al menos, algún respaldo en otra norma igualmente constitucional. Así se expide la doctrina al referir que restringidos sólo a través de, o sobre la base de, normas con rango constitucional ... »2 1 O.- No se constata la existencia de otra norma con dicho rango -constitucional- que otorgue un amparo a la medida adoptada toda vez que en lo particular el art. 103 no dispone alguna restricción, mientras que, tampoco es que estemos ante un grupo sustancialmente relegado sino que todo lo contrario, con la medida se relega, de entrada e indirectamente, a las personas por razones de edad -la jubilación ordinaria se produce por ésta circunstancia-. Sobre este punto, la doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable « ... pero jamás una diferencia Sagüés, N.P.(2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 741 Alexy, R. ( 1993). Teoría de los derechos fundamentales. Madrid, España. Pág. 277.- 3 A maya, J .A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Drechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARIEL JORGE MARTINEZ MARIN C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE FECHA 22/06/1909, Y CONTRA LOS ARTS. 16 INC. "F", 17 Y 143 DE LA LEY Nº 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA Y CONTRA EL ART. 7 INC. "A" DEL DECRETO Nº 14.434 DEL 28 DE AGOSTO DEL AÑO 11,. Cib:esa.... que la Corte IDH, ya ha puesto de manifiesto que « ... La Corte considera ue'4Júbila/ s un derecho ajeno a la condición de idoneidad para el ejercicio de funciones -h- .Bécordemos que por imperio del art. 47 numeral 3 de la CN, no hay más requisito 1 ldad para el acceso a la función pública, en cuyo caso, la jubilación es un derecho ajeno a dicha condición tal como lo indica dicho organismo internacional.
12.- Por su parte, hemos adelantado que la medida es, igualmente, innecesaria. En efecto, la idoneidad requerida para ocupar un determinado cargo en la función pública quedará supeditada, en ulterior instancia, no a la existencia o no de una jubilación anterior sino, objetivamente, a las probanzas y requerimientos que emerjan del proceso respectivo y, sobre todo, a los criterios que exijan la naturaleza del cargo al cual se aspira. Hay que tener en cuenta que el proceso de convocatoria y contratación estarán basados en principios de eficacia y transparencia así como criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud, tal como lo indica el inc. a) del Art. 07 numeral 1 de la Ley 2535 que Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es una norma, desde luego, de rango supra legal.- 13.- De esta manera, resulta visto que la norma impugnada, en este caso, el inciso f) del artículo 16 de la Ley 1626/2000, modificado por el art. 01 de la Ley 3989/10, no supera el test de razonabilidad, en cuyo caso, resulta inconstitucional y debe ser declarado en tal sentido.- 14.- Así también, sigue la misma suerte el art. 143 de la Ley 1626/2000, modificado por el art.
01 de la Ley 3989/1 O, por cuanto que ésta norma establece una excepción a la regla general de inhabilitación establecida en el inciso f) recientemente analizado. Esto es así, por cuanto que si la regla general pierde vigencia; desde luego que la excepción a dicha regla deviene, igualmente, inaplicable sobre todo porque si asumimos la premisa de que el jubilado se encuentra facultado a concursar y por ende ocupar un cargo público, con mayor razón aún, está habilitado para celebrar un contrato dentro de un régimen especial, cual es, la contratación por tiempo determinado. Enconsecuencia, el alcance de la inconstitucionalidad 15. - Hemos de aclarar que con tal determinación, esta Corte no está imponiendo u ordenando que el jubilado, necesariamente, ocupe una función dentro de la Administración, sino que se procura tutelar la garantía en el acceso a la función pública, circunstancia que quedará, como debe de ser, a las resultas y bajo la competencia exclusiva del órgano respectivo de la in oficioso cionalidad Dr. Víctor Ríos !'" 'l(' Ministio embargo, que el incumplimiento de cualquier otro requerimiento si podrá ser invocado por la 17. - Finalmente, la parte accionante solicita la inconstitucionalidad del art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909, la que a la fecha de estudio de la presente acción de inconstitucionalidad ya ha sido modificada por Ley Nº 6834/21. Si bien, esta acción fue presentada con suma anterioridad respecto de la fecha de entrada en vigencia de la Ley Nº 6834/21, sin embargo, debe extenderse la impugnación impetrada a lo que fuera materia de modificación por cuanto que no sólo el enfoque de los argumentos esgrimidos quedan vinculados a dicha parte de la norma sino que, sobre todo, la casuística presentada nos imponen tal menester. De esta manera, haciendo un abordaje en la totalidad de la materia regulada estaremos garantizando el pleno acceso a la justicia y la tutela jurisdiccional efectiva 18. - Habiendo hecho esta aclaración, hay que traer a colación que la norma impugnada y su modificatoria, sigue disponiendo, básicamente, que el jubilado que ingresa de nuevo a la función pública debe optar entre percibir la remuneración de la jubilación o el salario que viene 19. - La norma es inconstitucional por donde se lo mire. En efecto, los haberes jubilatorios forman parte del patrimonio adquirido de los trabajadores, ergo, resulta inviolable de conformidad al art. 109 de la CN. Además, dicho derecho adquirido es irrenunciable a tenor del art. 86 de la CN, y por extensión, irreversible de conformidad al principio de irreversibilidad de los derechos indisponibles. Por su parte, el art. 102 de la CN, establece en su in fine el 20. - En tal sentido la doctrina nacional tiene dicho que « ... El bloque de constitucionalidad en materia laboral está bajo el imperio de la progresividad y la irreversibilidad, y deben ser in,.terpretados en el sentido más favorable a la persona humana del trabajador ... La normativa inconciliable con la protección y las garantías de que ya gozan, o deberían gozar los trabajadores, deben considerarse inaplicables ... »5 . Así también, la doctrina clásica ya ha dicho que « ... la jubilación no es un beneficio graciable; sino, por lo contrario, un derecho del trabajador que ha reunido requisitos para su logro, y que no cabe ni cercenarle, ni denegarle, ni di I a ta rle ... » 6 21.- En cuanto al salario, el art. 06 y 09 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección del salario y aprobado por Ley Nro. 935/64, dispone la expresa prohibición de que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario impidiendo, incluso, que se realicen siquiera descuentos tendientes a 22. - Desde luego que nuestra Constitución Nacional protege el salario de los trabajadores en su Art. 92, aplicable al caso de conformidad a la remisión efectuada por el art. 102 citado.
23.- Y que no se diga que, de esa manera, se está conculcando lo dispuesto por el art. 105 de la CN. En efecto, lo que esta norma constitucional impide es la doble remuneración en carácter de, o como, funcionario o empleado público. La percepción del haber jubilatorio no aplica al supuesto previsto por la norma por cuanto que, por naturaleza, esta percepción no constituye Cristaldo Montaner, J.D.; Cristaldo Rodríguez, B.E. (2022). Introducción al Derecho del Trabajo. Asunción, Paraguay.
6 Cabanellas de Torres, G. ( 1992). Compendio de Derecho laboral. Tomo /l. Buenos Aires, Argentina. Heliasta. Pág. 992.- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ARIEL JORGE MARTINEZ MARIN C/ ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE FECHA 22/06/1909, Y CONTRA LOS ARTS. 16 INC. "F", 17 Y 143 DE LA LEY 0 Nº 1626/00 DE LA FUNCION PUBLICA Y --.s CONTRA EL ART. 7 INC. "A" DEL DECRETO ;,Í,a-, pues, que la norma examinada -art. 251 de la Ley de Organización A0mirústra9y Financiera del Estado de 1909- conculca el principio de prelación sr ijte)r?o'rmas de rango constitucional, en este caso, el art. 92. Debe pues, decretarse su 25. - Respecto a la impugnación, del Decreto Nº 14.434/2001, en su Art. 7 disponía: "Facultase al Ministerio de Hacienda a disponer /as siguientes medidas de depuración de planillas de beneficiarios de la Caja Fiscal de Jubilaciones y Pensiones: a) Suspender el pago de haberes jubilatorios y de retiro de beneficiarios que perciban alguna remuneración legalmente incompatible como personal activo del Estado, hasta tanto el afectado realice la opción correspondiente dentro del plazo de 30 días". Esta norma también resulta inconstitucional, atendiendo la conclusión arribada cuando fue realizada la norma general impetrada en el art.
251 de la Ley de Organización Administrativa y Financiera del Estado de 1909, modificada por la Ley 6834/21 , por sus mismos fundamentos. 26.- En conclusión, corresponde hacer lugar a la presente Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad de la Ley 3989/10, en la parte que refiere al inc. f), del Art. 16 y 143 de la Ley 1626/2000, así como el Artículo 1 º de la Ley Nº 6834/21 que modifica el Artículo 251 de la Ley Nº 22/1909 y el Decreto Nº 14.434, en su Art. 7 inciso a). Asimismo, corresponde levantar la medida cautelar de A su turno, el Doctor GUSTAVO SANTANDER DANS dijo: Es oportuno hacer constar que estos autos fueron puestos a mi consideración en fecha 31/05/23 y procedo a emitir mi Disiento respetuosamente el sentido de los votos emitidos por los Ministros que me preceieron en el sentido de Hacer Lugar a la Acción, por el siguiente fundamento:
En el escrito obrante a fs. 4 autos el accionante expresa que con posterioridad a la obtención de su jubilación por Retiro Voluntario fue llamado para trabajar en una Institución Pública, entre las documentaciones presentadas, no obra constancia alguna de la prestación de servicios dentro del Estado luego de haberse acogido a la jubilación.
Por providencia de fecha 4 de febrero de 2019 fue requerido para que agregue copia autenticada de la Resolución por la cual se le nombra o contrata, en el escrito obrante a fs. 1 O el accionante presenta una nota suscripta por el Director General de Cooperación del Ministerio de Educación y Ciencias donde le solicitó adjunte ciertos documentos a fin de proponer su contratación o nombramiento, no habiendo dado con ello cumplimiento al citado proveído. Esta circunstancia impide un pronunciamiento sobre el planteamiento de inconstitucionalidad, habida cuenta que la Sala solo puede pronunciarse ante actos normativos que infringen en su aplicación los principios o normas de la Constitución Nacional, atendiendo a los términos del Art. 550 del CPC, lo que equivale a decir que por la falta de comprobación del interés en la decisión nos encontraríamos ante un pronunciamiento en abstracto, lo cual no es permitido.-- Por las consideraciones hechas precedentemente, visto el Dictamen de la Fiscalía General del Estado, opino que no corresponde hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad inado el acto, firmando SS.EE., todo p ante mí, de que Dr. Víctor Ríos Ojeda Minisrro Asunción, 1.,,1:} de febrcv-o de 202.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Excelentísima, Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR parcialmente a la Acción de lnconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 16, inc. f) y 143 de la Ley 1626/2000, modificado por el Art. 1 de la Ley Nº 3989/10, así como el Artículo 1º de la Ley Nº 6834/21 que modifica el Artículo 251 de la Ley Nº 22/1909 en relación al Señor ARIEL JORGE MARTÍNEZ MARIN, ello de conformidad a lo establecido por el Art. 555 del C.P.C.
ORDENAR el levantamiento de la medida de suspensión de efec s, di uesta por el - Santande .nístro Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro