CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DOMINGO ADELIO BRUSQUETTI LO PEZ/ ART. 41 DELA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES ....... ,. ACUERDO Y SENtENCIA NÚME1 C(c/)tJ re: íl.h_ '( hvc¡ ut - ,t 1! _la:C' d de Asunción, Capital e la !Zer,úbliGa del Paraguay, a losw:/)-h -k días, 'Láel!-µ.eS; s v 0 , del ano dos'mil V11"'1'.lvct , estando en la.Sala de Acuerdos di('lai-t'.:orte ema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, I. SANTANDEi DANS, Ante mí, el SJcretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCION DE INCONSTITUt:IONALIDAD PROMOVIDA POR DOMINGO ADELIO BRUSQUETTI LOPEZ C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº73/91' Y 1802/01.-, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Domingo Adelio Brusquetti López, por sus propios Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: El
Sr. Domingo Adelio Brusquetti López, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73(91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41:- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes pres tn. á después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga de a con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o n el pres nte caso, el Sr. Domingo Adelio Brusquetti López, se presenta ante esta i sta c a efecto de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa ore c ntrarla c ntraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición i pu n da esta ece una.discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer ue s 1 los f ' cionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán r tir s s ortes jubilatorios en caso ddesvincularse de la entidad eri que presten servicios, , al I vioidtbrid del principio de igualdad Y el' dereclib de I propiedad piivalia. '.F 11 esar Diese n Ministro CSJ,-' Ministro Dr. Víctor Ríos O¡eda Ministro de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social-dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en ei art. 109 de la Constitución Nacional'.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad yen su preámbulo: Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo ' En tal sentido, el'art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas n su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones, Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.v1 Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en. la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor Domingo Adelio Brusquetti López, promueve Acción' de Inconstitucionalidad contra él artículo 4 !'0 de- la Ley CORTE SUPR.EMA !'YoEJUSICIA 56106 "Q SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE 't. J.J§f{Í:A'cr"-- s Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY" rc-e que el artículo impugnado priva al recurrente de disponer de sus aportes que por e ec corresponde y tt.ibiendo sidd desvinculado de la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución .de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad brevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios consagrados en los artículos 46 4 7 y 109 de la Constitución Nacional
. Examinada' la norma 1 atacada de inconstiucibnal, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder e1 derecho a 1devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DOMINGO ADELIO BRUSQUETTI LO PEZ C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la .entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de' la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a !ajusticia, a cuyo efecto allanará los obstáculos g,ue la impidiesen; 2la. igualdad ante, las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oport1:tnidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y . En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley tacadéi; 'delimita' 11 a naturaleza jit'íd'ica 'de' los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de: Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecí n las leyes... " (Cabanellas, G, "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editori Heli sta, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
Ministro csl.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de coriformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad dlos beneficiarios de la Caja", más por otro 'lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen:'"Cor;esponderá la devolución de 'sus aportes a losfuncionario's que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes júbilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Domingo Adelio Brusquetti López, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos J?Or la Ley., atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. .. 1 Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción, 'I n y,011;eqi;icia declarar b inalic:abi,lidaq del 1º, dy la .Ley ;NºJ8?6(2006 "Qu;1sutjtuylas leyes N:' ??f!Jl y 12101 qja Caja, df!
Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Domingo Adelio Brusquetti López, ello de conformidad a lo establecido en el 1.- El señor Domingo Adelio Brusquetti López, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 4 7 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (. . .) del mencionado artículo hace una discriminación expresa menoscabando gravemente mis derechos, a retirar los aportes realizados con tanto sacrificio producto de mi 'trabajo como funcionario 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/0(impugnad.o dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con .una antigüedad superiora los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicacion del citado mmto a la amortización o cancelacióde su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devdlución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su 'trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- .En cuamo a la ierpretaci'ón letrista del primer párrafode la noima atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán IA:CCIÓN DE INCÓNSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR DOMINGO ADELIO CORTE ¡ n:iiusQUETTI LOPEZ et ART. 41º DE LA LEY SUPREMA i Nº: 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES JUSTICIA 1 ::d(al,recu! ,:r, dssartes siemJry candntenga:dercho a lajubilación,.fuesen ')ftespdr,d_9s', dis yesants o se .retirs1 enl voluntariamente, lo cual produ¿e una manifiesta c9. desigualdad especto a los derechot' rel,acionaqps h la devolución de aportes en el sector LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y¡ SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEB SECTOR.PUBLICO", en su Artículo 1º dice: "Art.
9º. - (. . .) Aquéllos que se retiren de la ftthción pública sin reunir los requisitos para acceder a una iuhilación, aun apelando, a los! 1efechos ue le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACION DETIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema,
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existeAcia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista méito para ello. Dicho esto, me pelll}ito exponer lo 8.- Es, importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tai' sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador co o pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entr os ciudadanos, Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas Jrir la''Lef e las oce Tablas érea:da para regulada convivencia del 'pueblo romano.
Gustavo E. Santander Dans M. t R, 01eda irus ro D Víctor 10s Mnistro 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, losafiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 1 l.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y, los demás beneficiarosde la Caja, entre los que, se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Banc,aria es una entidad previsional, por tanto sus, recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina iei:ie dicho quse debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector(. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido coo el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero .y pres4puestari9 que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13.- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo x,pu4sto,e,qe lqjurispri:dencia lqfo,:pl'fzq qesestimadq,nfra reiterada os pafteos de inconstitucibnalidad respe'cto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e .termino pre 15.- De tal modo tenemos que-si el instituto es de estricto-orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD : :fROMOVIDA POR DOMINGO ADELIO BRUSQUETTI LO PEZ C/ ART. 41 DELA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES enciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre '1-1 inte) )::tener/Ji Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni ,sfquiéra oti:1 ormas constitucionales pueden imperar. sobre ésta, más aún cuando se utiliza 1 !9í,, 9RMi0'rf 't'I 1 1 rvo en. ningun caso .
16.- Como se podrá notar, el institllto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo el "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostcnidó', opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Domingo Adelio Brusquetti López, la inaplicabilidad del Artículo 4,1 de la Ley Nº 2856/06,. exclusivamente en la parte que esta ececomo' l¡Q1' tetan para' a evq, ucion: ae os u o'rtes e requtsito e contar 'au na antigüedad superior a 1 O años,' manteniéndose incó me o demás en todos sus tér nos. s Con lo que se dio or termina certifico, quedando ordada / Gustavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: Asunción, 1- de VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 1' Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro . ; CORTE SUPREMA.DE JUSTICIA Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 dela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a u ntigüedad superior a diez años a los efectos de la den de aporte jubilatorio, n rel ión al Señor DOMINGO ADELIO BRUSQUETTI LOPE G tavo E Santander Dans US '. . Dr. Víctor Rios Ojeda Ministro Ministro