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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 106/2024

26 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUAN RAMON VILLALBA DELV ALLE C/ ART. 41 º DE LA LEY Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01". Nº 69. AÑO 2022.

Antecedente ART. 41 º DE LA LEY Nº 2856/06 QUE

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CORTE SUPREMA oEJUSTICIA "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUAN RAMON VILLALBA DELV ALLE C/ ART. 41 º DE LA LEY Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01". Nº 69. 1. l1i-:lá',t'f ud Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los il(Z.;"'l ,<:,et"') días, del mes,de'e ,-'Sr <::s , del año dos mil Ven-hGvPro , estando en la Sala de Acuerdos de la 1e Suprem , sticia, los Excmos. Señores Miistros de la, Sala Constitucional, Doctores, L DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y GUSTAVO NTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JUAN RAMON VILLALBA DELVALLE C/ ART. 41º DE LA LEY Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01". Nº 69. AÑO 2022", a fin de resolver la Acción de Inconstitucionalidad promovida por el Señor JUAN RAMON VILLALBA DELV ALLE, por derecho propio y bajo patrocinio de la ABG. NORA MONTIEL GONZALEZ.

ERDO Y SENTENCIA NÚMERO: Úe""-b Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo: Se presenta ante esta instancia el Señor JUAN RAMON VILLALBA DEL VALLE, por derecho propio y bajo patrocinio de la ABG., NORA MONTIEL GONZALEZ, a promover Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y", por conculcar los Arts. 46, 4 7, 95, 103 y 109 de la Constitución Nacional.

La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren vol na mente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicacioi del c uado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán suscepti les de d volución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes scri irá desp 's de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deu a on la Caj , en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obli Que e accionante justifica el pedido de declaración de inconstitucionalidad de la normativa prec de te nte citada, en razón al rechazo de devolución de aportes que fuera solicitada ante la Caj B ria cuya respuesta negativa se debió a la falta de antigüedad requerida para el efecto, ap rtá se de esta forma de principios y derechos vigentes en la Carta Magna.

i esclarecer este punto, es importante examinar el artículo impugnado de glosán lo M Qiesel Junghanns Cesar Ministro es). R' s r. Víctoi. r.. ./// ... calidad de funcionarios despedidos, cesados o retirados voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan derecho a Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su Art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, destaca que los recursos financieros de los seguros sociales no serán desviados de sus fines específicos y que deben Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su Art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el Art. l l otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el Art. 109 de la Constitución Nacional.

A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el Art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el Art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del Art. 45 - De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica.

Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -Art. 1-, impone en el Poder Público -Att. 3 en concordancia con los Arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (A1t. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (Art. 53 de la Ley 1626 y Art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del Art.

41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez Nótese que el último párrafo de tal normativa -art. 41- prescribe un lapso de 3 años desde que se produjera tal salida otorgándole una prescripción liberatoria del pago de dichos aportes, Entiendo que tal elusión no padece de un tinte confiscatorio -art. 109- ni comprende una vulneración al principio de igualdad -art. 46. Ahondando en el tema, el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida bajo el nombre de Pacto San José de Costa Rica, intemalizada por Ley 1/89, en su art. 30 nos ayuda a la dilucidación del marco que las restricciones al goce y al ejercicio de los derechos y las libertades reconocidos en tal Convención deben proporcionar, autorizándolas si ellas hubieren sido establecidas por leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas. Ahora bien, a fin de esclarecer este contenido y sus límites debemos recordar que el art. 109 de nuestra Carta Magna reconoce la propiedad privada, subordinando éstos a su función económica y social con la exigencia que deban ser establecidos por ley. Debe advertirse aquí que igual halo comparte con la letra del art. 21 de tal Convención; como asimismo, el art. 46 ya citado lo hace con su par.iart. 24 del mismo De los claros términos citados, es dable advertir que el derecho a la Propiedad Privada no es absoluto, admite limitaciones a ser reconocidas por Ley en aras a su función económica y .. ./// ...

CORTE SUPREMA 01::JUSTICIA Abdón Sag al tiempo de sustentar la promulgación del postulado del art. 95 de la C.N. -De la . . Segu 'iad 01- contribuyó definiendo características que inspiraron su legislación diciendo -:..- "- .En ¡¿im ce gar, cuando hablamos de seguridad social. Estamos hablando de un sistema 1.. ?'2.figq(orio .. segundo lugar, es social porque, si bien el evento que se trata de cubrir con la ,v::/:.sg:urzaad . "rll es individual, tiene una repercusión social ... ". En el contexto de una sociedad d'emocr 't1 ... e::; -art. 1- donde se proclama la primacía del interés general sobre el interés particular - rr- ...... .......-n,"J,,'.Q, "o puede sino entenderse que nuestra Carta Magna, en esencia, garantiza el goce y el ' i e de la seguridad social para el beneficio individual de toda la población trabajadora, otorgando a sus recursos financieros un claro contenido o fin social.

Complementando la idea expuesta, es dable apuntar que el constituyente Miguel Al respecto, es dable acotar que en el libro Teoría General de las Articulaciones Constitucionales, Ed. Dykinson, Madrid, p. 71, Pablo Lucas Verdú, cita la Frosini diciendo " ... cada ley incluida la más concisa, como el fragmento de un espejo, contiene encerrada, la visión y la luz de toda la Ley, y no solo es un orden a seguir, sino la actuación de un principio ... ".

El mismo autor, ob. cit., p. 20/1 relata que la sinonimia de las disposiciones constitucionales expresa su contenido normativo y del análisis detallado de los términos de los mismos podemos encontrar la intencionalidad articulada. Sostiene que estas normativas mantienen una conexión lingüística y una coherencia significativa, con otras disposiciones tanto gramatical, como sintácticamente. Concluye diciendo que" ... la interpretación de una disposición y/o varias de ellas implica la interpretación de toda la Constitución, es decir entraña la de todos sus preceptos ... ".

En conclusión, atento a los argumentos precedentemente expuestos, en base a las disposiciones normativas citadas y a los términos del Dictamen Fiscal Nº l 055 de fecha 07 de junio de 2023, obrante a fs. 17/19, cabe Hacer Lugar parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad planteada prescindiendo la aplicación del primer párrafo del Art. 41 de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES NROS 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", de conformidad a lo previsto A su turno, EL Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El señor JUAN RAMON VILLALBA DEL VALLE, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".

Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad transgrede no solo los derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad consagrado en los Arts. 46, 47de la Constitución Nacional, colisionando al mismo tiempo con el La disposición considerada agraviante expresa cuanto sigue: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los, funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del No ser 'n susceptibles de devolución los aportes patronales.

El dere ho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro iliado de u trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes Sosti ne el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le de ceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De c stancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de a iones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados dur te el tiem pe se desempeñó como funcionario de un Banco de plaza.

- Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.

Mirüsro .. ./// ... años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren voluntariamente.

Tal y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado "Artículo 47-.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2) la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y de En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " ... La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P-Q).

En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo cie1tos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquél derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Juan Ramón Villalba Delvalle, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".

Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye ..

las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos ... /// ... CORTE SUPREMA rnJUSTICIA devolución de aporte jubilatorio del señor Juan Ramón Villalba Delvalle, ello de t:."El'.,,eño, AN RAMON VILLALBA DEL VALLE, bajo patrocinio de Abogada, promueve LAS rtj/ Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE "DOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la srrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 4 7 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(...) por ningún motivo VALIDO O RAZONABLE se pueden realizar retenciones o despojos de los aportes realizados por los afiliados a los entes jubilatorios y de pensión, aunque los mismos provengan de una Ley, pues dichos aportes o haberes jubilatorios y de pensión forma parte del PATRIMONIO de los jubilados 3 .- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector público en general.

5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9.- (. . .)

Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 6.- Exa iiia s las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la norma iva im ugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cump do los I O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incur iendo in udablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es vid nte que I medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 ' e a Igual d de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad E c nto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la evo! ion de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", n n o que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, e nente ecesit . mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídi os obje ivos 6 tivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistem jurídico la flexibi dela act:Ju'aión dl órgano jurisdicci?nal, quien puee rver un criterio an erior, siemp e ) Gustavo E. S2nt2 Cesar M. Dies'el Junghanns M¡lliS(rO 'ctor or/, ()jeda Minist1 o csi. pr. Vi . t .. 0 .. ./// ... 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma entre los ciudadanos.

Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas en la Ley de las Doce Tablas 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.

10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... )pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector (. .. )1 ". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato constitucional (Art. 128 C.N.).

13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. Este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada - prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea Ama ya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- '.,(1/1 .... '14.- q1 este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que '' 'e -:.i.Ju;lwrudenóff:1.boral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de "'' l ¡¡os querJ'W¡blecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de <o o epúP.lieo, fi/;;'(ectando a intangibifidade los derehos, y T": en arf,de un interés superior colectivo, 15.- De'090 tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, !it ;áplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que " gún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(.) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunclabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (.)" (Las 18. - La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe 19. - De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente ei' n de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplic ilida del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición ara la volucián de los aportes el requisito de cont« r con na antigüedad superior a 1 nteni ndose inc turne lo demás en todos sus términos. Es mi oto.

-- Con lo q quedando acordad ue certific Gustavo E. S2ri':1:1der Dans , s ojeda V, tor R10- r. M,in1no Asunción ?lo de fe,brtro SALA CONSTITUCIONAL

RESUELVE: de 2024 .-

HACER LUGAR parcialmente a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecueQªrr­ declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que c9n iopa a' una antigüedad superior a diez años a los efect a devolución de aporte jubilatorio, eón relaci 'n al Señor JUAN RAM'"wir---,, ........ c1_,ALBA DELV LE, d conformidad a lo establecido en e Art. 555 del Cesar M. Diesel Ju Ministro CSJ.

Ante mí: Gustavo E. S2ntnaer Oans- -- M(nisüo