Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:
La. Sra. MARIA CAROLINA ALFONZO MEZA promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91. Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACI.ONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 20, 46, 4 7, 95 y 109de la Constitución Nacional.
La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con unaantigüedad superior a los diez. años y que no tengan aerécno a la jubilación, que fuesen- despedidos, dejados cesanteso que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá 'ooter por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la . va ución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaja, salv que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán E el pr sente caso, la Sra. MARIA CAROLINA ALFONZO MEZA, acredi 7ando s alid d de x funcionaria de VISION BANCO peticiona la declar ción d neón ti cion lidad de, la citada normativa por encontrarla contraria a de echos d dI d Po;lfosr estepunto, es importan:;x- elarticulompugnad Gustavo E.Santa'nder Dans Dr. Vícior Ríos o/'t!da Ministro Ministro El primer parágrafo otorga el derecho a la.devclución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de. Empleados Bancarios .quienes hubieren fungido la calidad de funcionarios despedidos, cesad.os o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolocon' dos:requisitos: a) q;ue cuenten con una antigüedad mayor a diezaños y,: .b) . , . Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su 'art, 95, legisla sobre. la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral .para el, trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser, extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean.desviados de sus fines especificos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
,-- , Siquiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art .. 6, tiene por objeto asegurar a: sus afiliados los beneficios previstos .en ella; y, más especlfjcarnente, el art .. 11 otorga la 'titularidad exclusiva de : los fondosy de las rentas, a: los propios beneficiarios de Ia Cja., Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados¡ la limitación en cuanto a los años de antigüedad- a los.efectos de su-devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario a,I espectro estatuido en .el art. 109 A fin de complementar lar idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a: saber, la libertad, la justicia y la iqualdad ya en su preámbulo' Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de .todo el plErxo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su .diqnidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.
Seguidamente, el art.: 88 no admite. discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del. art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de' un, Estado social e derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la: norma impugnada supone una limitación que coloca a los a portantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otrosrubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes E n conclusión, atento a los arqurnehtos esgrimidos ¡ precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conforr¡riidad con el .dictarnen fiscal¡ cabe la admisión de la acción; prescindiendo la¡ aplicación del brimer párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la Jrte donde sexige I a antiqüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes judilatorids. Es mi Voto.
'A su turno EL Doctor CESAR MANUEL IDIESEL JUNGHANNS 01Jo: La Sra. MARIA CAROLlNA ALF,LONZO MEZA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el'artículc 41 º de la . ey 28?/06 "QUE SUiflTUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA E JUBIL,A;CIONES Y PENSIONBS DE EMPLEADOS : DE ¡'1' INCONSlilTUCIONALIDAD: 1 ,. 1 PK(1)MOVIDA' l?,OR MRIA CAROLINA A1R- EL PílRG,UAY,11 ue e¡I ª1 rtículd i1 r¡nP¡U9 adol p0r ' 'edi 111 latción ele, inconstitudionalidad trar;is !f. no plo 1p¡; , 13rech9s lqUlrlCDS, 1 'C!, f,n1b1env1plrntf' el pr,1nc1p10 dellqualdad do en los Arts.';6 11yiPº ;e! la 1:! nsiitción N 1aiori'al, 1toli'iomndo al. mismo Pf Ltp:I 1 devolwoh; de s'us apprte1 a lo/, :hl,¡bio1Jfiios ,,qe, :n1enten e}unl 'antigüdad SLfperior a los di¡ez ¡:añ0s i} que¡ no lte'ngaM1 ión, qué Jueseo espedidos;: dejados cesau 1te? o que se rt{re'? volu JªHfirryen1tr'qe ,'e ,: 1(fdades oqde, préstan f.en;1c10. La: OaJa podra optar por la aplicación del citedo monto a la amortización' o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.
El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene la accionante que los requisitos ,etapleqidos ,P.Ola dJsporicºón 1que impugna le privan de acceder al retiro dé 'sus aportes, circdnsfaricia que vulnera lok principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución. Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos deconceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a, la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y1 en segundo luqar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos 01 cesantes o'1 que se retiren Tal y como lo ha relatado la .accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitciona'l,1 por concul'ca'lo preceptuado por ell artículo '4 de !ª C?St'.t,cinNaimrl,:, "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen;. 2º) la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, 'sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los En lo cionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitació de I naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pionesde E pleados Bancarios del Paraguay,expresada por medio de 1u 'Tltulo T re ro " el Pa rimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artlcul º p ime a pa e: " os fondos y rentas que se obtengan de' conformidad con las dispsiones d est Le ; so de eclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".
n ste unto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad d Aubry y La fi pieda'p esel derecho de gozar,y disponer de una cosa sin más ti itaciohes qu las est leci : s leyes ... " (Cabanellas, G. '.'Diccionario Enciclopédico e Derecho Us al", Heliasta, enos Aires- República Argentina om Gustavo E. Santander Dans Ministro Mrnit:o En esta inteligencia debemos entender que disponiendo la propia iey la exclusiva propiedad. sobre tales aportes .en beneficio1 de los empleados de la institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente; bajo .ciertos requisitos, .la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulrierarido as¡ el mentado príncipio constitucional para procedera un despojo de nada menos queel total de sus aportes en forma ,ilegítima.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
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Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtenqerr de conform,idad con las disposiciones de esta Ley, .sor de exclusive propiedad de los beneficiarios de te Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechosen caso d incumplimiento, establecen: "Cor.responderá la devolución de sus-aportes a los funcionarios que .. .-"; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al En las condiciones apuntadas surgevidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de la accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en .consecuencia con los años requeridos para acceder a la ,devolución de sus aportes, amén de,ello, se erige indudablemente como n despojo absolutamente ilegal ya ,que por l. incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente.Ia. Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede- a apropiarse de la totalidadde los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la Sra. MARIA CAROLINA ALFONZO MEZA, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites, serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos ... ".-:
Por lo precedentemente expuesto, .en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Quesustituye las' leyes .Nº 73/91 y 1802/01. de la, Gcüa de Jubilaciones y Pensiones q EmpleacosBancarios del Paraquay", en la. parte que condiciona a una: antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la Sra: MARIA CAROLINA ALFONZO MEZA, ello de.conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
1.- La Sra. MARIA CAROLINA ALFONZO MEZA, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 20, 46, 47, 95 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción! manifestando, entre otras cosas, que "( .. .) al disponer que solamente los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años podrán retirar sus aportes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, en caso de desvincularse de la entidad en la que prestan servicios, la ley establece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria, en razón de que en todas las demás instituciones de Seguridad Social las condiciones para el retiro de aportes no son limitantes como lo son en la Caja Bancaria ( ... )".
3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice. "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades ' POMOVIDA POR MARIA CAROLI A .. ,, li¡ : AFONZO E¡CI EL ART. 41 DE LA y 1 UE SUSTlliUYE LAS LEY1JES " t.. 1 1 ltl : ' t 1 ' f1 j I f l l l ';jl i 11se.: ic:;L;?,jW)?9fá, ??fªr kPff (ªaplicciónqel '.citdo man? la ,,,, ¡.:mot no panilactofil:lde sJ hbftgac1bn.l,1Nol sefan JJ1 1cepttb ,.s ños d'31 retito el1afiliaclo e U tra'bla"o!lsalvo q f1¡1 el misrho tenga'deuda co' ¡,a <taja ¡1en cuyo caso jos¡apártes:!s'e 'dllaplicaPbs'la:,,valam f(tización! o;carfde!aciónlde'I su obligabón" (he I ritassub1 rya'doM l!n1 4.- En cuanto a la 1nerpreac1on letn ta del pn er,parrafode¡ la norma atacada, sy,re e solarrl;env),qu/1os,rncl1 iohb.1 n arb:s C01 n;tigüilsu'pe¡o¡a j10 'afids ;od1 élccec(er1 al,',rec per1 ,ale: sús !porU6, si'.dWi¡f pre :t !cu,bo,¡ nd t 1 rl'gan drecho:11 la,jub'ilad n'.
fuesen despedidos, dejados cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/1 O "QUE MODIFICA LOS ARTICULO3º, 9º Y 1 O DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º. (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a ilos derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor llPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les' corresponde, incurriendo: indudablemente en un'a total déigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- n cuanto a lo dispyesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a 19licif4'r la devolución déeportes prescriq'irá aespués de treseños el retiro' 'del afiliado 'de su trebeje", erítiendq queno es inconstitucional. Si bien en un' priricipio he sostenido 'lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibitidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever c iteri:o anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 19 u ie te: 1 8. - Es im ortant destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas er eh s ubjetiv s, ,y er, tal sentido, el pqder de exjgir el cumplimiento .de la '? ., tuan . n libe d para satisfacen sus neces'idades,e interieses con ia c0rrespohcl1ent 1 6t1ecci 'd tu't11 dsu derecho, pero no lo sujeta l libre albedrío, sino a la o rÍigació e resp t rfo y sea de forma activa. (obligación de hacer) o pasiva (obligacón de n h cer), or en ntrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la fi ura de 1 " rescri creada 1 por el Legislador como pilar fundamental del orden y la pa social co el pronn.c,... de ntener calma entre los ciudadanos. S órt , debe a 'i : br.' VfcfOI' RíosOjeda Ministro ir,fencia de.fiquras. rornanas.coníenidas en la Leyde las Doce Tabls creada para regular, 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que. permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en ,la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico. que ha. permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su.Articulo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecHo durante el tiempo estebleciao por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio. del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación ,11.- Como podemos apreciar, Ia norma impugnada contempla 1"actividad" que, el legislador requiere, la cual implica -que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene inter:és en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de-la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de, mayor vulnerabilidad: La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros. están dirigidos también a: brindar amparo a losafiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho ala Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su .respaldo último y soberano en lo que dispone el Articulo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jrídics que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada incorstitucional.
L
Ama ya, J .A., Director, (.O 18) .. Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 60.- : .-. - ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: PROMOVIDA !POR MARIA CAROLINA ALFONZO MEZA C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES S , esté tema la doctrina especialiiaa 'tiene por alara'do qu"( .... ) Por todolo exp_4:1 '. es qJe, la jt!Jrispruqehcia laboral he desestimado eb, forl:,1a1 reiterada los planteas st' '("í . :-. onstitucionalid1d respecto de las normas que establecen plezos e prescripción, sñalanao que I dichos preceptos reposan en principibs de orden público, ho afectando, la intangibtlidJd dlos :derechs, que¡, ed ?rªde un -nterés; s,f enor1 co!e'ctivo,' se priva de 15. - De tal modo ten1 émos que, si el nstituto' es de'e 1'stricto qrden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación 'sJ encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "Eh1 nincim caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. .. )"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionali - promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilid él de Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establee como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una an güedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo de ás en todos sus términos. E mi voto.- 1 Con lo que se terminado cto, certific 10, .quedan acordada sente ia q e Ante mí: f Cesar M. Diesel Jungha ns Mir.' xro (.,. Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda ivl in istro . Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (200.8). Prescripción y Cadu idad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.
Bu'enos Aires, Argentina. Pág. 04.- Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- Asunción, íde de202.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paragua ", la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efecto de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a Sra. MARIA CAROLINA A ONZO Ante mí: Dr. Víctor Rfos Ojeda Ministro