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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 77/2024

21 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR NIDIA CAROLINA IRRAZABAL MOLINAS C/ ART. 41 ° DE LA LEY Nº 2856/06.- Nº 2447; AÑO 2022.-------

Antecedente ART. 41 ° DE LA LEY Nº 2856/06.- Nº 2447;

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CORTE SUPR'.EMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR NIDIA CAROLINA IRRAZABAL MOLINAS C/ ART. 41 DE LA "f<1,"t"' ,: '. ACUERDO Y SETECIA NÚMERO: í'a, ¡ :);-e tr udad de Asnción, Capital de 1República el Paraguay, a los ve,.ivJÍ<.J">'lodías, ,¡;orlet-ede be- e.r-o ' , del año dos mil e-"t"lti cVo, estando en la Sala de Acuerdos dt la C e ,hprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, :Tlf.kmt%btG.5 CF;SAR MANVEL DIESEL JUNGHANNS, VÍCTOR RÍOS OJEDA y, --...ii-,..a.."""' AVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario' autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente' chtulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR NIDIA CAR,0LINA IRRAZABAL MOLINAS C/ ART. 41 DELA LEY Nº 2856/06.-, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Nidia Carolina Irrazabal Molinas, por sus propios derechos y bajo patrocinio de Abogado.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo' de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La

Sra. Nidia Carolina Irrazabal Molinas, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de 3:boga1os, a promover acción de inci°nstitucionaliqad contra el artículo 41 de la ey N.2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91' Y 1.802/01 "DE LA CA'.JA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes' serán aplicados a la amortización o el presente caso, la Sra. Nidia Carolina Irrazabal Molinas, se presenta ante esta instancia a fectos de peticionar la' declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por en ontra a contraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición pu ada es ablece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer q e so o los f ncionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán ret ar sus ap rtes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, lo ua es vlatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. F la Dr. Víctor Ríos Ojeda Minbtro con dos requisitos: .a) que cuenten con una antigüedad mayor a. diez años y, b) .que no. tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devoluci'ón resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en' el art. 109 de la Constitución Nacional.- 1 ' ,:X fin; de complementar la idea expuesta,' ecl:abltreéordar 'que ;uJstra Carta'. '.Magrl reconoce ladignidad humana; así' comootros valores, a saber, la libertad, la justicia y lá i'gualdacl ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con. otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.

88 no admite discrminaci9n alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que i bien, el yao concreto no se 'encuentra 'específicamente contemplado en el silencio enumerativo de 'tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.

En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.

A su turno, el Doctor DIESEL JU:NGHANNdijo: Laseñora Nidia Carolina Irrazabal Molinas, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley 2856/06 :ACCION, DE INCONSTITUCIONALIDAD . PROMOVIDA POR NIDIA CAROLINA CORTE 'IRRA°ZABAL MOLINAS C/ ART. 41DE LA f EJUST-'ICIA : t.'o Q-USTI;.5!; E LAS LEYES Nº 73'.91 Y :1;802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y ' ' t w!r 1 osponr y ha.i:17¡90 srrº dnnopiadt de 1qtdad l:¡aqyaria ondtr prestaba se 1c10s, sol,c1to a la cJª la :devolu9on 1 <jle: susaportes,! siendo rechazado por no haber acumulado la' antigüedad I prevista en la Ley. Funda la presente accion en los principios consagrados en los articulos 46, 47, 103 y 109 '4e Examinada la norma atacada de nconsritiicional, tenemos que ésta establece requisitos a los ;efectos qe coceder ,91 derecho a la¡. devlicón de losaortes relzados por el t:abajador aportante de la: Caja. En primer lugar, e establece la. antigüedad mmima de diez anos y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 47º de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se 'establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de; los beneficiarios de la Caja . .: .;.

En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las estableci s e las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editoria Helias a, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).

Gustavo E. Santander Dans Ministro Cesar M. Diesel .lunghanns Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que 'se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá1a devolución de' sus aportes a los funcionarios que ... ,todo ello sin otro perjudicado que el mismo' aportante a 'quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y.llanamente la Caja, en abierta violación a su propi? marco normativo, procede 'a apropiarse de ¡a totalidad de los aportes jubilatoriós <le sus' asociados,' en el caso particular, 'de la señora Nidia Carolina Irrazabal Molinas, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de .J71blacions y Pensiones de Empleados ,Bm;zcarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. Nidia Carolina Irrazabal Molinas, ello de conformidad a lo establecido en el 1.- La señora Nidia Carolina Irrazabal Molinas, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.

2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 4 7, 103 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " ( .. .) La norma atacada por esta acción LESIONA GRAVEMENTE NUESTROS DERECHOS DE IGUALDAD Y PROPIEDAD-por ello estamos debidamente legitimados para su ejercicio- ... ".

3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los .aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).

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4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán acceder al recupero de sus aportes siempre y cuando no tengan dereéhó á la jubilación, tuesen, ,,,-u.'tl,e'tfido .' :,... Jados cesantes o e retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigu on respecto a los derechos relacionados a la devolución de aportes en el sector 5.-kl respecto, la Ley Nº1 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9Y ÍO DE LA LEY N? 21345/03 "DE REFQRMA Y!iSOS'FENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DJt,f, SECTOR PUBLICO", 'en su Artículo 1dice: "Art.

9. - (. .. ) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una iub'ilación, aun apelando a los derechos que le otorga: la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLE(f;E1 LA ACUMULACIÓN DEB TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA bE!JUBILACION Y PENSidiiPAh.GUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitala devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ACCÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR NIDIA CAROLINA IRRAZABAL MOLINAS C/ ART. 41 DE LA 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es' importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses con la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea He forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Legislador o pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calma e e los iudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas la L y de las oce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.

uchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando ", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de co as ajen (prescripción' adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de cci1 ' o r , amación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas' en -la le . De m a, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido ete amen a ' s:, lo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado tiempo.

Cesar M. Diesel unghanns fl'linistr CS!. Ministro ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional,. por .tanto sus recursos ,financieros están dirigidos tambiéna brindar amparo.a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o inv,alicLe-z,. Dbe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, pana lo cual es imprescindible conservar: su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector ( ... )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada,, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo". de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 1 . - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afebtando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien l l ' ,.r, d ( )" no os ejercita en e termino pre 15.- De tal modo tenemos que si el instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de 'la CN, cuando menciona que í,En ningún caso el interés dé los particulares primará -sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que CORTE SUPREMA . EJUSTICIA ; co . ' ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR NIDIA CAROLINA IRRAZABAL MOLINAS C/ ART. 41DE LA 17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también, dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no esincompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(.;.)" (Las 'negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la señora Nidia Carolina Irrazabal Molinas, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en' todos sus térr inos.

Ante mí: Asunción, 1. de de 202Lf .- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la de 10n de aporte jubilatorio, con relación a la Señora NIDIA CAROLINA I ZAB L MOLINAS, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 del C.P.C.

- stavo E. Santander Dans Ministro Ante mí: Cesar M. Diesel Jun Minis ro