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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 36/2024

19 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEJANDRO GUSTAVO BARRETO BURGOS C/ ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06 " QUE SUSTITUYE LAS LEYES N° 73/91 Y 1802/01 MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA LEY N° 4773/12 .-"N° 1527, AÑO 2022.--

Antecedente ART. 41 DE LA LEY N° 2856/06

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I' CORTIE SUPRIEMA nEJus11c1A ACCIÓN, DE INCONSTITUCIONALIDAD' iPROMOIDA POR ALEJANDRO GUSTAVO BARRETO BURGOS C/ ART. 41DE LA LEY lNº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 'PARCIALMENTE POR LA LEY Nº 4773/12.-" " ¡.: (:; " j i : j: ACUERDg sTNCIA'NÚMER:! l ft d-e:J:-.'fuies'de :, C i) '', del año dos mil v1 '." Lvet, estando en la Sala de Acuerdos la'. Co , ', , rema' de fisticia,. los Excmos, Señores Mrnistr?s' de la Sala Constitucional: ;.sAR MAVEL DIESEL' JGHANNS, VICTOR .mos OJEDA y, AVO SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEJANDRO GUSTAVO BARRETO BURGOS C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 MODIFICADA PARCIALMENTE POR LA LEY Nº 4773/12.-", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Alejandro Gustavo Barreta Burgos, por sus propios Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.

A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: El

Sr. Alejandro Gustavo Barreta Burgos, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 4 l' de la Ley N? '2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE I.;A CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser . ' La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolúcion de süs áportes a ls'funcionarios que' cuenten' con 'una Anágüedad' superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren' voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la an icaci ' del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán suscepti les de evolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aporte prescribí á después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo nga euda ca la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o Gustavo E. Santander Oans Ministro . El primer.parágrafo ,otorga el.derecho a la devolución de' lbs aportes a los afiliados d1 Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la' calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados dé sus fines ífi d b dº . ibl I Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y 1 de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación' en cuanto a los afios de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta; es dable recordar que nuestra Carta Magn reconoce la digni1 dad humana, q1 Í como otros valores, a saber, 'la, libertd,' 1justicia'y la ÍgValdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.

88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se ncuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin dnotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucioriales.

Por tanto, para lograr el reconocimiento de la iersona en sudignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo. del.art. 4.Lde..la.Ley-2.856!-06. al caso. concreto, .en .la par.te.ddde..se.exige.1ma-antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatottos.

En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concotdancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de incstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del prier párrafo del !art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima dp diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al 1rt. 555 del C).C. Es mi voto.

:,ACCIÓN I DE INCONSTITUCIONALIDAD ,PROMOVIDA POR ALEJANDRO GUSTAVO BARRETO BURGOS ;C/ ART. 41 DE LA LEY P ARClAiMENTE 'POR LA LEY Nº 4773/12.-".

Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. Én primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e 'impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios ''Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a !ajusticia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2; la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patri o 011 , Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: '"L s fon s yrentas que se obtengan de conformidad con las disposicionesde esta Ley, de e elusiva ropiedad de los beneficiarios de la Caja".

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.: proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho poseesobre los aportes realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando que aquellos Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", inás por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que;:i todoellbsin otro perjudicado que el mismo aportahte a 'quien la propia norma, l inicib ele, sus' pispdsiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculadosde la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos par 1a acceder a ladevolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el' caso particular, del señor Alejandro Gustavo Barreto Burgos, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, quedispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción Y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 1 º de, lf Ly 1Nº 2856/2006, "Que sustituye las leyes N" 73/91 .y 1802/01 de la Caja de .J.upilaci01:zes /(¡e.nsiones de Empleados Ba,ncarios del Para_guay", en la parte que condicicma a una.antigüedad superior l¡l. di,ef años f los.efectos de la devolución de <;1porte jubilatorio, ,con relación al Sr. Alejandro Gustavo Barreto Burgos, ello de conformidad a lo establecido en el 1.- El señor Alejandro Gustavo Barreto Burgos, bajo patrocinio de Abogados, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 4,46, 47, 86, 95, 103, 109 y 137 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (. . .) El mencionado artículo efectúa una discriminación arbitraria entre los funcionarios con antigüedad mayor a diez años y menor a diez años de antigüedad, discriminación que solicito 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Articulo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que1 cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado.monto'a la amortización o cancelacián de su obligación No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEJANDRO GUSTAVO BARRETO BURGOS C/ ART. 41 DELA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº PARCIALMENTE POR LA LEY Nº 4773/12.-"' 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3, 9Y JO DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1º dice: "Art.

9. - ( .. .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).

6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, ,de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total' desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos o . etivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltarque, en nuestro sistemarídi o la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica rmit mayo flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un anteri r, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo Gustavo E. Santander Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Minh r 9.- Así, muchas ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, 1 regulando la "prescripción", como un elemento.creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiempo.- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso delplazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus apo1tes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11.- Como podemos .apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y, los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de, esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector(. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta einstituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo: que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del CORTE SUPREMA EJUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ALEJANDRO GUSTAVO BARRETO BURGOS C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº ip ARCIALMENTE POR LA LEY Nº 4773/12.-" i' ''.c,:14';;sgl te tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "(., ! ) Por todo lo e'iplui's'fttes q,.1,/'' jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiteradlos planteas de l P,f-lfl{lf<I(/fr&ifdad respecto de las norf as que establecen plfzos de prescripción, señalando dí 'lí. ceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termino pre 15.- Be tal modo'teemos que si ei istit'up e'.s destfjctp orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre el interés general". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).

18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente. acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Alejandro Gustavo Barreto Burgos, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, mantenié se incólume lo demás en todos sus tér os.

Ante mí: Gustavo E. SantanderDans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro NÚMERO: J VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la de de aporte jubilatorio, con relación ñor ALEJANDRO GUSTAVO ........... ""'-' ... BURGOS, ello onformidad a lo es ableci en el Art. 555 del C.P.C.

-- Ante CNtar M. Diesel Jung nistro CSJ. Dr. Víctor Ríos Ojeda Minístro