Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:
La Sra. SADY ANALIA ISASI CABRAL promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la' Ley Nº :2856/06.QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y, 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46, 47 y 109 de la Constitución La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios. que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubttecion. que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la. aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución /os aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán n I presente caso, la Sra. SADY ANALIA ISASI CABRAL, acreditando su calidad fun ionaría de MANPOWER PARAGUAY y BANCO VISION SAECA peticiona la ració de inconstitucionalidad de la citada normativa por encontrar a ntraria a Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro El primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a los afiliados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios quienes hubieren fungido la calidad de, funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren. retirado .voluntariarnente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten :con una antigüedad mayor a diez años y, b) , Aquí es importante resaltar que ,nuestra Carta Maqna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser. extendida a todos los sectores de la población.
Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.
Siguiendo el alcance de ,este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 1-1 otorga Ia titularidad exclusiva ,de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de.los afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de .su .devolución resulta una merma inviolable en LIS derechos dorniniales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a .saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de.un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento .Y a la justificación- de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran.interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas; imprescindibles para comprendersu profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas en su dignidad. y en sus derechos; asirnisrno.: no admite discriminaciones.
Seguidamente,. el art. 88 no admite discriminación alguna entre. trabajadores Aquí 'debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de la vida dinámica ..: Recordemos, que la constitución de un, Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo:
La Sra. SADY ANALIA ISASI CABRAL, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL P9MOVIDA P0R Sf O)'¡ ANALI 1 ISASI : C.ABRAL C/ EL ART. 41, DE LA LEY Nº ; 28tfo/2006 ''QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº ,:JY.:,;:,-Rrflt1 e ,1 ¡art1cul,q 1m'.ílY1 /iª?P ,9ºrd1q densta:ac.c1on '. cnt1tuc ralldad trans , reEfn solo lo Is derechos adquirí os, sino también violenta el pn cIp10 de IQualdad s' f 'en los /4 po1i I ionando allmismo , con e a rcu o e rmsrne cuerpo ega .
,-,--- 1 i ' ' ª' rsposrcron const era a rgrayian e ¡exp'resa,¡1 cua 'o .s1ge: JI orresponoere a devolución'. de ias abortes .a los, 1 tuwbiopatis. ¡Je cuetiten 9ori una, ,amigüedad s'µerior a lo. s dibz 1ños 1 qutto;¡ tengan i 1etEJ.chol J, ubilac'ió.
1n;que fi,uesed 1 .dépedidQ,il dejados tesa Je. pqe e: t 1tiren vo'iurita 1 a¡en;te 1 9en/idaaedonde prstfr servicioa Caja podrá optar por la aplicación del btaao monto a la amortización o cancelación de su No serán susceptibles de devolución los aportes patronales.
EI derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las cdnstancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Exa minad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a : la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren T al y como lo ha relatado la accionante, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizaradurante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantesde la República. 1 ºY la igualdadpara 1 ei acceso a la iusticle, a cuyo efecto llanara los obstáculos que la impidiesen; 2º) la igualdad, ante las leyes; 3º) la ig'ualdad para' el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero " I Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primer part : "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de es Ley, son de exclusiva propiedad de los beneticienos de la Caja".
En es e punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propieda e ubry y ' ... La p opiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin má limita iones s esta lecidas en las leyes ... " (Caba , . "Diccionario Enciclopédi o de De echo ", Edi rial sta, Buenos Aire 'República A gentina, 2001, Tomo I P-Q).---
i 1 ' ¡¡ Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ. Dr. Víctor Ministro En esta inteligencia debernos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva propiedad sobre tales aportes en beneficie de los empleados de I.a institución, mal podría contradecir sus propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposipilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así .el mentado phncipio cqnstituion:al para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ,ilegítima.
Así, acorde al concepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que. aquellos se encuentran indebidamente en poder de otros.
Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva.constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentes que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusive propiedad de los beneficiarios de la C.aja",.más por otro lado limita lo transcripto com condicionamientos que, bajo.pena dprdida d.e esos derechos eri ,caso: .e incumplimiento, establecen: "Corresponderá:la' devolución de sus aportes a tos tuncionetios que ... ",; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones pretende proteger En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un 'trato claramente discriminatorio. hacia los asociados .bancarios que, corno en el caso'de I.a accionante hayan sido desvinculado? de la -act'iJidád bancaria.y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder ala. devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en elcaso particular. de la Sra. SADY ANALIA ISASI CABRAL, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad ptivede, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función concordancia con el parecer del Ministerio Público, considero que corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 256/2006 "Que ustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones, y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a, una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la Sra. SADY .ANALIA ISASI CABRAL, ello de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
1.- La Sra. SADY ANALIA ISASI CABRAL, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante aleqa que se encuentran 'transqredidos los Artículos 46, 47 y 1 O, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) ei citado articulo 41 de la Ley Nº 2856106 no debe ser aplicado, por cuarito que colisiona con principios básicos establecidos en los artículos 46 (igualdad delas personas) y 47 (garantías de la igualdad) de la Constitución Nacional, y principalmente con el 109 (propiedad privada) del mismo cuerpo constitucional. Es decir, el articulo 41 de la Ley Nº 2865106 es inconstitucional, por lo que debe ser declarado inaplicable (. .. )".
3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856106, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez,, años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamedte de las entidades donde prestan servicio. La Caja . podr« optar. por la epticecion gel citado monto a, la ' PRpMovlqA PQR sp't ANALliA¡ ! ISASI 286/QOG ¡¡'<bUUSTljUN"¡ ELAS EYES Nº 1ap,or, ,e s ,v, eram¡ suscep , es e dfNO w; ion os 9 es.111;:, erec, o 1a s 1c1 ,a,11!,a, evo,uc,on ue a orlt::S1, tescr, ,r:a u s ues 9¡ :i e ,ff I, 'ª -s dél rJ I 01'clel afiliad tle suiltraba"o(1savo¡que¡el 'm/srho nga!'deu,Gia con la s a ,, eúyp lt1as0¡ ,1os1 qpqrles l s.:1 'n 'alicqGÍ(i)S 1 1 /a ,/iJ'lnoR/zaci/4¡ ! 1 10 bancta;ci: de su 'obligación" One911 4.- Ecuanto a 1 Ia inrpretaeión letrifta 9., primer pr ,f9Jde; 1I? norr¡nl:t tacada, u 'ge que solarr¡ente que 1llo 1fHnciona1 rios tjaícar¡0stori unf¡ ariti1 uedaq 9upoIª 1 O laños¡'podrán cce9er 111 ;reJpter(i) 'meisus !aponte isik1 rrMe '.yicuanaó' n'8 ,tJban ,;de1 reRhº a:l1J j'1Jílación, fuesr d¡spi:d,s,I :djdos: cesar 1 ¡s 1'lret¡rasn v;o Hrit¡met¡ 1?: cual '.pro'pe una manifiesta desigualdad con respebto a os derechos relac ionádós a 1d devolución de aportes en e I sector p ú b I ico en gen era 1. ;,. ..: .
5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º. (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a /os derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del BancoCentral! del Paraguay." (Negritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de incohstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en' una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonarnlento. Es .dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia np tiene, carácter, determinante ni, vinculante; esta característica permite rnayorflexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional. quieñ puede rever un 'criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8. - Es importante destacar que todo ordenamiento. jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, !Y en tal sentido, el p'oder d- exigir I cumplimiento de la 11orma, actuando :en libertad pata satisfacer sus riecesidades e interesescon la correspondiente protecciói:, b tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respet o a sea de forma activa (obligación de hacer), o pasiva (obligación de no h eer), P, r ene ntrarse delimitad.o por el interés general. De ahí surge la fi de la " res ri ción" e, eada por el Legislador como pilar fundamental del orden y la p z soci I con 1 pro sito d mantener la calma entre los ciudadanos. :su formación e debe la nfluen ia de fi uras romanas contenidas en ey de Doce Tablas crea a para re ular Cesar M. Oiesef Junghan,ns :: 1 MínitrQ CSJ. / 9.- .Asl, muchas ramas del Derecho han, definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite .adqulrlr el dominio de cosas ajenas (prescripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una carga u obligación (prescripción extintiva o. liberatoria). en virtud del abandono de la acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De. esta manera, el, sujeto pasivo de una relación jurídica no SE:l encontrarla sometido: eternamente a un vínculo jurídico qué ha permanecido inactuado 1 O.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho cfurante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nacela norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción I extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución d sus aportes (inactividad) pasados. tres años (factor tiempo) perderán' poder de actuación :11 :.- Como podemos apreciar, , Ia , norma, impugn'ada contempla la "actividad" que' el legislador requiere, la cual. implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga I activo e impulsado. por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De. lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente- en .el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de, intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de. la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la .vejez o invalidez .. Debe entonces actuar en' respuesta a dichas necesidades; para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este . Es precisamente esto lo que ustifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben. ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción,' por el mentado orden público que 'representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución deaportes por parte del afiliado- sea considerada: inconstitucional.
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Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías. Buenos Aires, Argentina. Astrea, Pág.- 60.. ,, , ,. º. " . ,-.
! :ACCIÓN DE INCONSTITUC.IONALIDAD: PROMOVIDA POR SADY ANALIA ISASI 'CABRAL C/ EL ART. 411 : DE LA LEY Nº t'- :- 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 1- !;''C}obreste tema la doctrina especializada tiene P,Or aclarado qur "( ... .) Por¡todo Jo 'sepJst 1.es¡qe Jauripmencia lboral r;a q 1sestma1 t¡Jo e,n torme eif ereae los P¡lntos pe mc1Js.fltuc1ona/Jdad irespecto 1 de las normas q 1ue . esieblecen plazs de I prescnpcton, s, ,, íá9/ - p que I dichos preceptos r.eposari 'f!n 1 nrinqpiosf1e orden Pf'blit 1o, no afectando la 1ntang,ibi!ida1 d db los tíerecfJos,. y que. eh, ras1 e ud interés superior' cotectivo, se hriva de 15.- o'e tI moo tef m6s que, si el institutb Ji' de estribto. r-n púill!no y de iterés para la sociedad enera, 1;.ntonces, s.u,plic.aióse esu 1ta ampaad¡_Pr: lo que dispone el 1- 12de la C, qundo menc,ona qu!"nmgfln pso ?' mters:,e los partculares pnmara sobre el mteres general". S1 nos ubic mas en el eplqrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza el conector prohibitivo "en ningún caso".
16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad delos beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. . .)"3 1 s.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, manteniéndose incólume lo demás en todos sus términ . Es i voto.- u . 1 ¡', 1 Ante mí: SENTENCI NÚMERO:So -' Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.
2 Maddaloni, O.A.; .Tula, D.J. J2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 3 . , .,Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, 0Argentina. Asttea. Pág. 658.- Asunción, ,1q de fe: bnV>v VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. SADY ANALIA ISASI CAB , ello Gustavo En -nder D;s r , inist r, Cesar M. Diesel Junghanns Dr. Víctor Ríos Ofl.dil Ministro CSJ. Ministro Ante mí: