CORTE SUPREMA DEJUS:TICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIANA ARACELI AGUILAR ALARCON C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTTUYE LAS LEYES 0 :t.1, . ,ACUERDO Y SENTENCINÚMERO: C.:¡, W o t '( e,.' , v i 'u. nJwy-: d de Asunción, Capital e la ep 1bllcdel Paraguay, a los!;tc:"vt vr días, de la'--C'orte , ema de I'usticia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, AR MANUEL DIESEL JUNGHANNS, VICTOR RIOS OJEDA y, SNTA:NDR DANS, Ante mí.ielSecretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: AfIÓN DE INCONS;J'ITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIANA A,RACELI AGUILAR ALARCON C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTTUYE LAS LEYES 73/91 Y 180/01.-, a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por la señora Adriana Aracceli Aguilar Alarcon, por sus propios Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CÜESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: La
Sra. Adriana Aracceli Aguilar Alarcon, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogados, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 7'3/91 Y 1.802/01 "DE LA CA'.JA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y' que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga de con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en cuanto a los' años de antigüedad a los efectos de su dvolución resulta una merma invio1 lable en sus derechos dorniniales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así corno otros valores,, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en 'su preámbulo. Así, ella establece axiomasde un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo . , En tal sentido,' el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordernos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
......... - En. conclusión..de.lo. precedentemente .. expuesto-y .. en.concordancia .. con.el-parecer de .. la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P .C. Es mi voto.
A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: La señora Adriana Aracceli Aguilar Alarcon, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley CORTE SUPRiEMA .;:.E JUSTICIA 1 '2 5/06 "QUE: USTITUYE LAS LkYES Nº 73/91 . Y 1802/01 'DE LA CAJA DE .J - 'ILit'CIOt-iÉS Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY".
?t l: Refiere que el artículo impugnadp priva ¡a la recurrente de disponer de sus aportes que por derecho le corresponde.y habiendo sido desvinculada de. la entidad bancaria donde prestaba servicios, solicitó a la caja la devolución de :ius aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en a Ley.; funda la presente acción en los principios Examinada la norma atacada de inconstit!cional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
, ACCIÓN DE IN CONSTITUCIONALIDAD i PROMpVIDA POR ADRIANA ARACELI AGUILAR ALARCON C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTTUYE LAS LEYES Tal y como lo ha relatado la actora, la misma no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47º de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanara losobstáculos quela impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo' 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, n est punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la pr -piedad s el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las tabl cidas en as leyes .... ': (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", E 'to ial Helia p, Buenos Aires- República Argentina, 2001. Tomo VI P-Q).
Cesar M. Diesel ,lunghanns Ministro CSJ, Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte-esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiariosde la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, arnéh' de ello,' se erige indudablemente como un despojo 'absolutamente ilegal ya quepór el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, prqce;da apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la señora Adriana Aracceli Aguilar Alarcon, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de Por las consideraciones expuestas y en concordancia con lel parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del M º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 _'y 1802101 ele la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación a.la Sra. Adriana Aracceli Aguilar Alarcon, ello de c,onformidad a lo establecido en l 1.- La señora Adriana Aracceli Aguilar Alarcon, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 4 7 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (. . .) la omisión de devolver los aportes al accionado estaría generando un indebido favor a la caja de jubilaciones y pensiones empleados de bancos y afines, en razón que el dueñojde los aportes sigue siendo en apor;a: ; Artículo- 41 de la Ley Nº 2856/06; impugnado di ce: "Á tí culo 41. - - Corresf!.onderá la devolución de sus aportes a los uncionaios que cuenten con :na antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja pqd,r,á optan por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación. de su obligación. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su'trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
CORTE SUPREMA ., E)USTICIA .4-.- En c anta a la interpretación etrista 'del primer párrafo de la norma atacada, surge qu to.lamente: aquellos funcionarios bacaris con una antigüedad superior a 10 años podrán 1)¡tc¡9-der: <:-1 reupero de suJ aportes siempre y cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen esgédiü-6( dejados cesaihtes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta desigualdad con .respecto :a '.1os derechos! relacionados a la,' devolución de aportes en el sector 5.-Al,respecto, la tiY Nº 425211'.q "QU,E MODIFIC,A LOS 1ARTICULQS 3, 9º Y 10 DE LA LEYNº 2.1345/03 ¡"DE] REFORMA YISOS'FENIBILIDAD DE A CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES iY PENSIONES DEt SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1º dice: "Art.
9º.- (. .. ) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 1 :PROMOVIDA POR ADRIANA ARACELI AGUILAR ALARCON C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTTUYE LAS LEYES 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en ls Artículos 46 "De la Igualdad dlas Personas", 47 "De1 las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7 .- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre ,que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponer lo 8.- Es importantedestacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos tivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertl d par satisfacer sus necesidades e intereses 'con la correspondiente protección o tutela de su d recho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de fo a acti a (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse elimi ado po el interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el L gisl dor co o pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la ca ma ntre l s ciudadanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas d las Doce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
Cesar M. Diesel JJnghanns Ministro CSJ.
esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido 'eternamente a un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado durante un periodo prolongado de tiernpo.- 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: , el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados-activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su , : 1 1 L- Corno podernos .apreciar; la norma ,impugnada contempla. la "actividad" ,que. 1 legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" siga, activo e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se i;ic,umtran "los jubilados", quienes se 1er;icuyntran, en una situafión de1 rnayorvulnerabili9ad ¡La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto ,sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada corno vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector ( ... )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido corno el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado corno concepto conciliatorio y no corno concepto 12.- La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el rlientado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones,jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión corno la arribada -prescriptibilidad del. derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este terna la doctrina especializada tiene por acl¡tado .que t'( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma, reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y qe, en, aras, de un interés superior colectivo, fe J?.iVfl de reclamarlos quien no os ejercita en e termino pre CORTE SUPREMA E JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ADRIANA ARACELI AGUILAR ALARCON C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTTUYE LAS LEYES . 15.- De t, modo tenemos que si el instituto es deestricto orden público y de interés para -,-, fa so iedad ent a, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que disi?one el Art. 128 de la CNdo menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre 1 intér1 :':general". Si nos ubicamos en Ji epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras normas constitucionales 'pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza 16.- Cbmo se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(..) Por lo demás, también dijo la Corte que la. irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad soda/ no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debeser el resguardo del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; 'yen 'consecuencia, declarar respecto de la señora Adriana Aracceli Aguilar Alarcon, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigüedad superior a 10 años, mantenié se incólume lo demás en todos sus tér in . Es Ante mí: SENTENCIA ÚMERO: SS Asunción, 1 i de Fe kr ( K) Ministro Dr. Víctor Ríos Ojtúl.fl Mi.ni.su-o VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensio de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad r a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación la Se ora ADRIANA ARACCELI UIR ALARCON, ello de conformida e ablecid en el Art. 555 del C.P.C.
- Ante mí: Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro