Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.
A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:
La Sra. MARIEL ORTIZ VILLALBA promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los arts. 46,;47 y 109 de la Constitución Nacional.- La disposiciónatacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a /os diez añosy que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución /os aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trab salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán aplica os a'da amortización o cancelación de su obligación". :, En el resente caso, la Sra. MARIEL ORTIZ VILLALBA, acreditando su calidad de del BANCO GNB peticiona la declaración de inconstitucionalidad de la citada encontrarla contraria a derechos de consagración constitucional.
de esclarecer este punto, es'. importante examinar el artículo imp n o primer parágrafo otorga el derecho a la devolución de los aportes a I s afiliad s aja de ju-0ita65es y Pensiones de Empleados Bancariouienes hubie n fungid ad . funcionari. despedidos, cesados o que se hulren olun riament Gustavo E. Santander Dansnr. Víctor Rfos Ministro Ministro ,, Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.
limitánqolo con dos .requisitos: a) que cuenten .con una antigy,dad :n:myqr a diez años y: p que no tengan derecho a la jubilación. ., 1,. -r ... ..: ,quí¡S importante .resaltar que nue;srf Carta Mag9a'.ler su :ar:f .. 9,5,, legislasobrela .. segundad spc1al dandole ur:¡. espectro obhgalqno e 1tegral para el trabajador dependiente y su fa.líllil,ifl, aclarando que deberá, ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que.los .recurso,s financieros de los seguros sociales no sear:1 desviados desus fines especlficosy que deban estar disponibles para sus objeti}los.
Siguien,do el alcance de este lineamiento,. la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los ,beneficios previstos en ella; Y,: IT;1ás específicamente, el art.1 beneñciarlos de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad, er,,;favor de los afiliados, la limitación en cuanto .los años dear:,tigüepd a los efectos, dsu ,d 1evolucjón resulta una .
merma.iriviolable en pus derechos dorriiniale, contrario al espectro estatuido en l .art..'1. 09 , . .A fin de-complementar laidea .expue9ta, ,es' dable recordar que ruestraCprta agn reconoce la dignidad humana, así como oíros.valores, ,a, saber, la libertad, la;justicia y la igualda,d ya en su preár,ibyh Así, ella esta,b,lece axiomas de yn rico contenido ideolópico.y social que sirven de directriz al fundamento y' a la justificación de todo el plexo normativo; y, porende, todas y cada una de las articulaciories.constitucionales se encuentran interconexas y son interdepenclentes unas con otras, siendo.todas, imprescindibles para comprender-su profundo. espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas.en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.
Seguidamente. el art. 8¡? .. no admite discrinii,n,ación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse gue'. si: bien,, e¡I cs9 oncretq no se 1 encuenra específ 1iqarnente contempli?do. en .. e,I silencio ,enum,e(at(yo ,de: tal ;normativa, .la exter;isión. del art. 4.5 7G.e losi derec.hos, y garantías no enunciaqqs- Pfmit.intrpretaci,ones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos qula constitució,n ;de un Estado sociI ded,ere.cho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectivida0. de ::tales derechos. .n tal sentido,cabe destacar que el primer parágraf:o de la norma impugnada supone una' limitación que colocaa ls aportantes de la citada Caja, en una situación discordante cr:isus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos .constitucionales.--¡- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisiónde la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.
41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi voto.
A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo:
La Sra. MARI EL ORTIZ VILLALBA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41º de la Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad trasgrede no solo Jos derechos adquiridos, sino también violenta el principio de Igualdad ' Ac1óN óE 1NtoNT1ruc10NAL1bAo: ,! PROMOVIDA POR MARIEL ¡ RTIZ VtLLA!LBA C/ EL ART. '41 DE LA LEY Nº , : . 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 1. agrado en 1bs A s. 46º Y 4 7'1 , e la Constitáclóh Nacional, clisiona'ndo al mismo tiempo diposici, ' consideratlagraviJ'ntxbresa ¡b'.iantd siue': "Cot'respbnrá la 9¡ scip-v0l,HGióo/de sus k, 'artes: a /os,! funcioaariol1 que.; 'cuenten cor; una a1 tigüedad 'uprior a 0t l le :a;ñoy ,qu'rº tr:7gan rlrrechó a1'.fa,ju!biain,I que fuesn féSP,edio; efads cesaryte 1, o. que se fetren vlntaf(ªm_nte de ¡1as er1fldes 1nde_p¡e8¡ªn.serv1?1?; tCa1a podra ºRiar por la,¡ jJp/JcacJOn del cltedo rr7Q1 tlto 'a la a½?o'rt1zr3c19'! o cenceíecion ele su obligación.---' -- 1 serásui 1 ep' tibies de 1 d.evo1 E/' derecho a solicitar la áevotucion de epottes prescribirá después de tres añbs del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación".
Sostiene la accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó.como Examinada la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la' devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o, cesantes o, que se retiren Tal y como lo ha relatado la accionante, la mismano reúne las exiqencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara. durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47° de la Constitución Nacional, ' "Articulo 47º -De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República.1 º) la igualdad para el seceso a /ajusticia, a cuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2ºi la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas; sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades 1 en la 'participación de lós tieneticios de la naturaleza, de los En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la. propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de. los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero " el atrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos.", artículo 11 º p!mer. ae: .' oIonoosy rentaques« obtenqsn ?c?nfo'rmidad?,n lasispó,(co 'de esta ey, so de exclusiva propiedad de los beneticierios de la. CaJa .
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- h este unto; cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: " .. La pro iedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaci nes que I s 'stabl idas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de rec o Usual , ditorí 1 Heliasta, Buenos Aires- República Arqentina, 2001, Tomo VI P-Q .
- E e a inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la xclusiv obre tal ortes en: beneficio d'.e1 los empleados de la institución, al pod rí ropias dir ctivas al establecer solapadame te-;1,ertos req isitos, 1 / .- avo E. Santander bans:, M D, iesel Junghanns esar Mi0istro CSJ. ¡.
1 Ministro imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder. a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde a.1conceptotrasuntade líneas arriba, er defensa de las atribuciones que _po derecho posee sobre.los aportes realizados a1 la Caja, la accionante reclama su devolución considerando que aquellosse encuentran indebidamente en poder de otros.
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Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata 1.ma clara contradicción en la Ley cuando, por up parte esta expre,s que: "Los fondos y, rentas que; se obtengan de conformidad cor, les disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja,''.,; más.por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajopena de pérdida de esos.derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderéle devolución de sus aportes a los funcionarios que ... '.'; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al En las condicions apuntadas prg,e evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como ei;, ,el cai¡m 1.dla .accionante hayan sido desvinculados delalactividad bancariay que no cuenten en consecuencia, con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén d.e ello, se ,erige ir¡dudablemente como un despojo absolutamenteilegal ya. que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente. la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse !de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, de la Sra. MARIE:L ORTIZ VILLALBA,. circunstancia qutambién colisiona con la ga'rantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley fundamental, que dispone: " ... Se grantiza la propieded privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función Por lo precedentemente expuesto, en atención a las normas legales citadas y en concordancia con el parecer del Ministerio Públicci1 considero que corresponde hacen lugar a. la acción y n consecuencia declarar¡ la iaplicbiliad del 4 l° de la Ley, N28561006 "Q.ue sustituye las leyeN73/91 .y 102/01, de la Caja de Jbilaciones y Pesionyde Empleados Bancarios del Paraquay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a .los efectos de la devolución de aporte jubilatorio de la Sra. MARI EL ORTIZ 1.- La Sra. MARIEL ORTIZ VILLALBA, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73191 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionaria bancaria.
2.- La accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 4 7 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "(. . .) la norma constitucional garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada, encontrándose dentro de dicho conceptos mis aportes que, de forma arbitraria, la Caja pretende apropiarse de la totalidad de mis aportes jubilatorios, en abierta contradicción con su propio marco normativo 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impuqnado dice; "Artículo 41.'- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que1 cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan 1derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente' de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la 'aplicación de/, citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. 1 N0 serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo'tenqe deuda con la ACl<iN DE INCONS'T1r'uc1o'N!AuplAD: , PROMOVIDA POR . MARIEL ORTIZ 1 VILLALBA C/ EL ART. 41 DE LLEY Nº 1 11 '1 2856/2P06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº v.- . ;:ifa) nyo casb 1 los aporte , 1;keran i 1aplicdos:ik la am0 ortización o cancelaionasu SJ n . Uiqno la i trrprtación j.trista, ;del! prime párrafo de 1¡3 n,r:rna .atacada; l¡,Urgé que 9qlar:,,ene aqullof1-1nciOl)arios anpariJsccpr ury?ntigüedad su'pf¡br 'a 1 o añ8P?rán acceder r' recperp Idsusapo es .siernpre :,cu,and? ro tegan,derecbala Afüilé¡H::ión, fuesen despedidos: dejados ceshtes 0 1 e re,1rasJn voluntariamente, .lo cuat pr,qduce una manifiest'a,desigualqd con resp1 1dto p Idderchos1 1 relacionados a a devolución'de ap.ortes LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA . SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Articulo.t? dice: "Art. gó (. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856109 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en :el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, alprivar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente enuna total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 4 7 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 ''.be la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.:.. En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo' de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la, devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criteriosjurldicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia ,no tiene carácter determinante ni vinculante; esta caracterlstica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurlsdtccionalqulen puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las -peronas derechos subjetivos.w, en,tal sentido; el poder de exiqir el cumplimiento de .. la 'norma.
actuando :en libertad para' satisfacer .sus necesidades e intereses con la correspondiente proteccié o tela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de re petarl ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no ha e, por e centrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de la "pre ripctón" creada' por el Legislador como pilarfundamental del orden y la paz social con el p pósito e mantener la calma entre los ciudadanos. Su formaciónse d!3- influ cia de figuras romarias contenidas en la Ley de las Doce Tablas creada para egula ipción" ' . n elemento creador de derechos que permite adquirir el de osas ajena (prescripción adquisitiva o usucapión)e-bien como Jn medí --- : ' ' Gustavo E. Santander bans Dr. Víctor Rios jeda Cesar M. Diesel Junghanns Ministro CSJ.
de liberarse de una carga u obli.gación (prescripción extintiva ,o liberatoria) en virtud del abandono de 1acción o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas. en, la ley. Pe esta manera,elsujeto pasivo de una relación jurídica no e encontraría s9metic:Jo eternamente a un vínculo jurídico que a permanecido inactuado 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en. su Artículo 6!57 dice: "La fJ;rescripción extintiva se produce por la ineccion del titular del aerecho durante el tiempo establecido por la ley".
Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran. la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso .del plazo legalmente exigido y la inactividad .o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años ,(factor tiempo) perderán poder .de actuación 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de solicitud o reclamo" sig,a activo .e impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamenteen 'el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre I particular que nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus reoursos, financieros; eán:,dirigioa111bir;i a brindar amparo a los. atili13do1 ar;itt: s4.
necesidades durante la .vejez o invalidez. Debe entonces actuar er,i respuesta a dichas necesidades; para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de. esa franja considerada como vulnerable "( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de este sector ( .... )".1. Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo.oejetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y sobera'no en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que haqan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a !solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.c-» :..
14.- Sobre' este tema la doctrina especializada tiene, por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia labor/ ha desestimeoo en forma r:eitf7rada los 'planteas deinconstitucionalidad respecto de, tai normes que e!table9(/Jn plzps de prescripción, señalando que dicttos.preceptos reposan enprincipios de orden público, 'no 'etectenoo. /a A maya, J .A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Gara,ntías; Buenos Aires, Argentina. A.tra. Pág.-,60.- "' ' " ,: r ' 'Acc1dN DE INCONSTITUCIONALI.DAD: j ¡ PROrv.,bVIDA POR MARIEL ÓTIZ VILLALBA C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 1 1 ! 2856/200"QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº - 'i1Jangib)Údad de .: derechos, y t¡ue, eh'. aras de un interés superior holectivo, se priva de recé!Zl.arl, s a quien no /os ejercí(en el;término pefijado (. .. )" 2 iE> al modo tenemos que, si el instituto es de estricto orden público y de interés para ---1..1.;.L , ciedad entera, entonces, sJ aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 de la CN,¡ cuando menciona que "En ningún caso el intetés de /os particulares primará sobre el interés general". Sil noubicamos en .el eplqrafe ,de la norma podemos concluir, incluso, que ni siquiera otras nc¡,rmas cons I'titFionaes,pudE;n!irr,ipe.rar 9brésta, 16.- Como se podrnotar, el intituto.qUe vamosaplicar cuenta con el' correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art.1 137 dela CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
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17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabi/idad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. .. )"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés qeneral".:.
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto de la accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una enti edad superior a 10 años, manteniéndose incólu lo demás en todos sus términos. E miv o.- Ante mí:. SENTENCIAN MERO: ::::.
Asunción, de202.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. Abeledol'errot. Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- 3 Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires; Argentina: Astrea. Pág. 658.- Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 ºdela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos devolución de aporte jubilatorio, con relación a la Sra. MARI EL ORTIZ VILLALBA, llo de ANOTAR, regist Gustavo E. Santande'. ans Ministro Dr. Víctor Rfos Ojeda Ministro Ante mí: