CORiE SUPREMA DEJUSi;ICIA j ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SILVIO RAFAEL NOGUERA MANDOl,O C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES i .- ',. En. ,la cJ¡:i,: ad de Aunci,ón, Capital r la, Rpública del Paaguay, a los J,', c-:flV(V(' días, ,.1-rprs de f: r r? ¡ , del ano dos mil J1 ') t C:V1t. , estando en la Sala de Acuerdos de la Corte-Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros µe ,la Sala Constitucional, ,-oorrtESAR MAUEL DIESEL ¡ JUNJANNS, vJ:cTO:R, RÍOS OJEDA y, 6Üs1:ivo SANTANDER DANS, Ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente, caratulado: ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVDA POR SILVIORAFAEL NOGUERA MANDOLO C/ ART.41ºDELALEYN2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01", a fin de resolver la Acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Silvia Rafael Noguera Mandolo, por sus propios Previo , etudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: El
Sr. Silvia Rafael Noguera Mandolo, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogados, a promover acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 285,6/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser : La 'disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar ppr la dp!iccició,i'He!f 'citJdo monta' d la dmortizaión: o cóncelación de su :o'blzad'ón'. No sefcirl súsceptibles de' devolución los, aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o En el resente caso, el Sr. Sil vio Rafael Noguera Mando lo, se presenta ante esta instancia a ef ctos de peticionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada normativa por trarla c ntraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición gnada e tablece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer ólo los uncionarios bancarios que cuenten con uria antigüedad superior diez años podrán r u portes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad eh que presten se os, es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. unda Ministro CSJ.
de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población: Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación .en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma inviolable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 1 Ó9 de la Constitución Nacional.- A fin de coinplementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta 'Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios.
En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del C.P.C. Es mi voto.
A s{i tumo, el DoctoDIESEL JUNGHANNS dijo: El ;eñor Sil vio 1 Rafael Noguera Mandolo, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 41 º de la Ley 2856/06 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SILVIO RAFAEL NOGUERA MANDOLO C/ ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES "QU¡ u,T1iE LAS iYES Nº, 73/91, Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBitACIONES Y PENSIONES DE EMPLEÁbos BANCARIOS DEL PARAGUA Y".
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;,,: Refiere que eljartícúlo impugnado pria al recurrente de disponer de sus aportes que por erecho le' corresponde y habiendo sido ddvinculaclo de la entidad bancaria donde prestaba sd ,ºcig,...-SOlicitó a la caja la: devolución :de sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüedad prevista en la Ley. Funda la presente acción en los principios , Examinada laihormla! atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizadospor el trabajador aportante de la Caja. En primer lugar, se 'establece la antigüedad mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionarios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46º y 47de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos, e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo: efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y Efo 'relaciohado al marco legal específico, tenernos en el propio drticlado de 1a LeY atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "Los fondos y rentas que se obtengan de 'conformidad con las disposiciones de esta Ley, En este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las estableeen las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", Editorial He iasta, Buenos Aires-República Argentina, 2001. Tomd VI1 En est inteligencia debemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiva prop dad so re tales aportes en beneficio de los empleados de la institución, mal podría contr decir s propias directivas al establecer, solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imp ibilid 8 de ejercer aquél derecho, vulnerando .así el mentado principio constitucional para pro' ''ertui despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, aco e to trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho p/see sobre o es realizados a la Caja, el accionante reclama su devolución considerando q e aquellos er Darr.
Gusta1 JO ,.) ' I J Mi1mtro Cesar M. Diesel Jungiianns , Ministro CSJ. Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ,todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso del accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello, se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a s1¡1 propio i:narco norativo, prqceda apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor SÜvio Rafael Noguera Mando lo, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del. Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N" 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubil;ciones y Pesiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad' superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Silvia Rafael Noguera Mandolo, ello de conformidad a lo establecido en el Art.
1.El señor Silvia Rafael Noguera Mandolo, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " ( .. .) del mencionado artículo hace una discriminación expresa menoscabando gravemente mis derechos, a retirar los aportes realizados con tanto sacrificio producto de mi trabajo como 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedadsuperior a los diez años y que no tengan derecho a la iubilación, que fuesen despedidos, deiados ces.antes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación-de su obligación. No serán susceptibles de devolucián los aportes patronales. El derechoa !solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro:del afi[ia'do de su:trabaio, salvb que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a 10 años podrán ACCIODE INCONSTITD¡IONALIDAD PROMOVIDA POR SILVlp RAFAEL co RTiE , NOGUERA MANDO LO C/ AR'E. 41 DE LA QUE SUSTITUYE LAS LEYES 1. ;c'_der alreCUQro de sus 'aportes siempre y¡¡' cuando no tengan derecho a la jubilación, fuesen , .. despedidos.. de'ádos cesantes o se retirasen voluntariamente, lo cual produce una manifiesta de;igüaldid 'C 7tm respecto 11 s, , lºgeneral.-- 5.- Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE M(JDIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y JO DE LA LEY NP 2.345/03 ,"DE W.EFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL SISTEMA DE JÚBIDACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artíctilo 11 º dice: "Art.
9. - (..) Aquéllos que se rktireh de la fun1 ti6n públia sin re'unir los requisitos para acceder a una iubilación, aun aJJilando a los dbecho.<r :que le otorga la Ley N9 3-856/09 i "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626/00 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
1 6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios don'.sagl-Jo1 6nl 'Is Artículos 46 '.'De la Igualdad tie ias 'Personas" ,1 47 "De' las' Gbrantia's :de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; sta característica permite mayor flexibilidad -en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio 'anterior', 'siémpre qué exista mérítpara: ello. Dicho esto,' me permito 'exponer' lo 8.- Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertad para satisfacer sus ne'cesidades e intereses 'con .la correspondiente protección o tutela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de forma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la figura de fa "prescripción" creada por el Legislador co pilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener a calma entre sciu adanos. Su formación se debe a la influencia de figuras romarias contenidas en la Ley d lds Do e Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
- Así, mu , has ramas del Derecho han definido su alcance y efectos, regulando la "pres ipción", orno un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio d cosa enas ( escripción adquisitiva o usucapión) o bien como un medio de líber de u o igación (prescripción extintiva o liberatoria) en virtud del aband o de a cron o r mación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en ley. De a , el suje ryvo de una relación jurídica no se encontraría som ido ete amente a culo urí co que ha pe anecido inactuado durante un periodo ongado de tiempo.- , Gusta'º E. S::-n--:1er Dans Ce ar M. Diesel Junghanns r, r. : -0 Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro CSJ. Misnstr o 10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 11.- Como podemos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que .el "proceso de solicitud, o reclamo" siga activoe impulsado por quien tiene interés en ello "durante el tiempo previsto en la ley". De lo contrario la obligación de la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que !nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es. una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas necesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene dichoque se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en, favor de. esa franja considerada como vulnerable '.'.( ... ) pero jp.ms, una diferencia en perjuicio de este sector(. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razonesjurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del afiliado- sea considerada inconstitucional.
14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha -desestimado en forma reiterada los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos :de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de orden público, no afectando la intangibilidad de los derechos, y que, en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien no os ejercita en e termzno pre 15:- De tal modo tenernos que si el "instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 CORT.E SUPREMA DE JUSTICIA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SILVIO RAFAEL NOGUERA MANDO LO C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES 1. - e la CN, cuando menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre . . ., l interés gen9ral ". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que ., i siquiera ftas .n?ma, co'nstitu;ionale,pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza : 16.- Como se podrá.notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro pe nuestro ordenamiento normativo.
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17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "( .. ) Por lo demás, también dijo la Corte que 'la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die( .. )" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uño de lbs fin'es del Estado debe ser el resguardo' 'del "interés general".
19.- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Silvio Rafael Noguera Mandolo, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el .e uisito de contar con una anti, u ad superior a 1 O años, manteniéndose incólume lo de ás en todos sus términos. Es mi ¡Voto.
Con lo que se or terminado el a o firmand SS.EE., todo or ante Íní, de que cr Dans Gusta'O L, .. . I.-' Dr. Víctor Ríos Ojeda Ante tní: Asunción, 11 q de -fe 61 ,. v1, VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 dela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Señor SILVIO RAFAEL NOGUERA M DOLO, ANOTA Ante mí: Gusta':o E. . Dr. Víctor R,, . ros 01eda Minitro