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Acuerdo y SentenciaSala ConstitucionalConstitucional

Acuerdo y Sentencia N° 62/2024

19 de febrero de 2024

ACCIÓN DE INCOSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR OSVALDO AGUSTIN FERREIRA C/ EL ART 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 ". Nº 33 ANO 2021.-

Antecedente EL ART 41 DE LA LEY Nº 2856/2006

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ACCIÓN 1 ' DE' INC0NSTITúCIONLIDAD: PROMOVIDA POR OSVALDO AGUSTIN FERREIRA C/ EL AR'.T. 41 IDE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE !LAS LEYES Nº Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y RÍOS OJEDA.

A la cuestión planteada el Doctor SANTANDER DANS dijo:

El Sr. OSVALDO. AGUSTIN FERREIRA promueve acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 de la Ley Nº 2856/06 QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario a los ,arts. 46, 47 y 109 de la Constitución La disposición' atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a /os funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de /as entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la epticecion del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serén susceptibles be devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la volucióh de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su traba, sa vo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso /os aportes serán n el pr sente caso, el Sr. OSVALDO AGUSTIN FERREIRA, acreditando su calidad funcion rio bancario peticiona la declaración de inconstitucionalidad de la citada iva po encontrarla contraria-a derechos de consagración constitucional.

A f de esclarecer este punto, es importante examinar el artículo imP,Úgnad El prime 53afo otorga el derecho a la devolución de los aportes a lo afiliadó a ajad ubilacione y Pensiones de Empleados Bancariouienes hubie'. n fungid ,.. Dr. Victo» Riof od . Gustavo E. sr¡":ider Dan5Mi11í:,tr,; 'je q Cesar M. Diesel Junghanns la calidad de funcionarios despedidos, cesados o que se hubieren retirado voluntariamente, limitándolo con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diezaños y, b) Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el. trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida ,a todos: los sectores de la .población.

Asimismo, autoriza que los recursos financieros de los seguros sociales no sean desviados de sus fines específicos y que deban estar disponibles para sus objetivos.

Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los afiliados, la limitación en .cuanto a los años de antigüedad a los efectos de .su devolución resulta una merma inviolable en sus .derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar, que nuestra Carta' Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a. saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico.y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender.su profundo espíritu. En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional proscribe la igualdad de las personas en su 'diqnidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones.

Seguidamente,. el art. 88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado en el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -D.e los derechos y garantías no enunciados ... permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 247 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de. tales derechos. En talsentido, cabe destacar queel primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión al cumplimiento de los citados mandatos constitucionales.- Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes En conclusión, atento a los argumentos esgrimidos precedentemente, de conformidad con las disposiciones normativas citadas y en conformidad con el dictamen fiscal, cabe la admisión de la acción; prescindiendo la aplicación del primer párrafo del art.

41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios. Es mi voto.

A su turno, EL Doctor CÉSAR MANUEL DIESEL JUNGHANNS dijo:

El Sr. OSVALDO AGUSTIN FERREIRA, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el artículo 41 ºdela Ley 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 'DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLE/ADOS BANCARIOS DEL Refiere que el artículo impugnado por medio de esta acción de inconstitucionalidad lUoRIEMA 1 1,r 1 ACCIÓN ¡,DE ' INCNS:1ii:r0c10NLIDAD , 1;¡ FERREIRA c, EL ART. 41 DE LA cEY Nº '"()'"J. answe,ªr)ilo solo 1,' F dlrcros !8uirid0s, 1i?,O /,mp1i,1/ileta, I.P,ic1pio :d:e IAulda9 consagrl::lo en los As. 46 :y 4 7, cd 11is1onantlo al m1 1smo t1emr, Jo con e,1 art1ulo 109, de 1 mismo po:s1 ició -:- cri?,er1¡ wairt'ebre71 :i: yant9 '.,siue!I J1e:brresp11 c/¡,vo/1rc1k e 1'!S a,ort¡:,si.ª ,/9s, ru,'l,cir11nos, pueqCwn,t'/ w: niant¡t,'fd?d s'3/fenor 4 lps 'd(¡Ej:Z :rnoi5 ¼ ,qu, ro ¡tergm qb.recho 1é!i;1al:1ubfl'qq:1,CT,Ue (usrp ',de'spfJdlD;, '1 esaqte¡ :o qu¡se r, ¡iflreq¡ V¡O!Unté!¡LI1 rente de las enflda,(1(1donde rprestah setvtcto. IA.a CaJ9 podrá 1 , opta,;' pdlrs la lplif;lción 1 ,dJ I rtitado1 monto 1 1a ta,¡l,amorliiació1'h o' aro, ce/ació1 1, No seran susceptibles de de otucion los aporles patronales.'

EI derecho a solicitar la devolución de aporles prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso los aporles serán aplicados a la amorlización o cancelación de su obligación".

Sostiene el accionante que los requisitos establecidos por la disposición que impugna le privan de acceder al retiro de sus aportes, circunstancia que vulnera los principios de protección a la Propiedad Privada y de Igualdad consagrados de manera expresa en la Constitución Nacional. De las constancias presentadas en autos, se verifica que el accionante era aportante de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines por los servicios prestados durante el tiempo en que se desempeñó como Exa minad a la norma atacada de inconstitucional, tenemos que ésta establece dos requisitos a los efectos de conceder el derecho a la devolución de los aportes realizados por parte de los trabajadores aportantes a la Caja. En primer lugar, se estableela a,ntigedad1 mínima de diez años y, en segundo lugar, se debe tratar de un_cionarios que' ria tengan derecho a la jubilación o; que fuesen despedidos o, cesantes o, que se ,retiren T al y como lo ha relatado el accionante, el mismo no reúne las exigencias establecidas en la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en una entidad bancaria, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por el artículo 47º de la Constitución Nacional, "Artículo 47° -.De las garantías de la igualdad.- El Estado garantizará a todos los habitantes de la República. 1 º) la igualdad para el acceso a la justicia, a cuyo efecto allanará los obstáculos. que la tmptoiesen; 2º) la igualdad ante las /eyes,"i,3º) a igua/dapara eJ acceso a la,s funciones públicas no etectives, sin más requisitos que la idoneidad, y 4º) la igualdad de oporlunidades en la parlicipación de los beneficios de la naturaleza, de los En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en la propia Ley atacada la delimitación de la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "O atrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos ", artículo 11 º primera arte: os fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de est Ley, so de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja".

.- , n este punto, cabe traer a 'colación' la clásicadefinición de Propiedad :de Aubryy Rau' '! .. La piop edaµ es 'el derecho de fJOzar y dispontr de una cosa sin más limitaci¿nes que I estable idas en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de er ho Usu ' Editori I Heliasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001, Tomo VI P- (

- n e a inte1'9.e. -ebemos entender que disponiendo la propia ley la exclusiv Cesar M. DíesI Junghanns Ministro CSJ.

contradecir sus propias directivas al establecer solapadamente, bajo ciertos requisitos, la imposibilidad de ejercer aquel derecho, vulnerando así el mentado principio constitucional para proceder a un despojo de nada menos que el total de sus aportes en forma ilegítima. Así, acorde al cóncepto trasuntado líneas arriba, en defensa de las atribuciones que por derecho posee sobre los aportes realizados a la Caja, la: accionante reclama su devolución considerando que aquellos se .encuentran indebidamente en poder de otros.

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Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva ptooiedeo de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... "; todo ello sin otro perjudicado que el mismo a portante a quien la propia norma al E n las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica un trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en el caso de !a accionante hayan sido desvinculados de la actividad bancaria y que no cuenten' en consecuencia con los años requeridos para acceder a la devolución de sus aportes, amén de ello; se erige indudablemente como un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente. la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede, a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, .en el caso particular, del Sr. OSVALDO AGUSTIN FERREIRA, circunstancia que también colisiona con la garantía .constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: " ... Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites sertm establecidos por la. Ley, atendiendo a su función Por lo precedentemente expuesto, en atención a las.normas legales citadas y en concordancia con el parecer del.Ministerio Público, consideroique corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar- la inaplicabilidad del 41 º de la Ley Nº 4856/2006 "Que sustituye las leyeNº 7/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y. Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una. antiqüedad superior a diez años alos efectos de la devolución de aporte jubilatorio del Sr. QSVALDO AGSTIN 1.- El Sr. OSVALDO AGUSTIN FERREIRA, bajo patrocinio de Abogado, promueve Acción de lnconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802101 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARA GUA Y". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.

2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47 y 109, de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que "( .. .) al disponer que solo los funcionarios bancarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años (y dentro del plazo de tres años de su desvinculación) podrán retirersus aportes de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines, en caso de desvincularse de la entidad que prestan servicios, la ley establece una discriminación contra de los afiliados a la Caja Bancaria, en razón de que en todas las demás instituciones de Seguridad,Social las condiciones para e/ retiro de aportes no son limitan tes como 110 son en 3 .- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. Ls1 .Caja potiré; ooter. por la. aplicación del citado monto a la Acc:1ó,: iE. 1NcdNs1ilrc10Ni10AD: 1A POR !bsvL:po Agusr1N ' ' 1 , FERREIRC/ EL AijT. 41 CE LA tlEY Nº ' ' :' 1 '285612006 l'QUE SUSTITUYE LAS LSYES Nº i . tno r'izªif'º':79.: ani y ac19n ¡ e ,sy¡ 1ga1qn.,, , .º sin I sµscp:f I es !L9¡: .liJd,910 1s f;lf:'[lfles. El deecbo .ª sdhc,tati la devJ1µb,o.. cle. a l:ts 'resnb1ra ,és ues 'de tr, ñas del retiro de1 / afiliacl.o de su .traba",,Sfl;JcouJte el ml¡smo.:tna déudCO/í1 I Si 11@.ite.'cfÚyo ias9 tos! laj;J0rts' erán aJJ!tcadoa I la:ll1mdrtizaciJn o: acelaCióde su iMg' ción" (neg:1 4,,- Ecu1anto a: 1in érpetaqió,n letrilsta dI lprirner párr,:;fó ;dla n9rma ata9ada,¡ srtlge que' solan¡irné aquellos I Jncibarios b:a.ncaridk con url13 n't güdad superior, ;:i o año:lpodrán acceel r I recJperol, de u:s portIsiem'.pfo ,y cu,add 1 hó. tengan' 'ere,chd! a la: jubi'latiónj fuesel:l despedidos, 1reja,qs lcesaHtes O sl,retirasen, vo,untariamente, Id cual pr,od, te una rrianifiest1 a desigualdd córi respedtbl a los1 drechds rela1 cio'nados a 'la devolución 1 áportes 5. - Al respecto, la Ley Nº 4252/10 "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 3º, 9º Y 10 DE LA LEY Nº 2.345/03 "DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art. 9º.

(. . .) Aquéllos que se retiren de la función pública sin reunir los requisitos para acceder a una jubilación, aun apelando a los derechos que le otorga la Ley Nº 3856/09 "QUE ESTABLECE LA ACUMULACIÓN DEL TIEMPO DE SERVICIOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACIÓN Y PENSIÓN PARA GUA YO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº 1626100 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90(noventa por ciento) de sus aportes realizados, ajustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y 6. - Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.'

7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bien en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión en este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivan un nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayor flexibilidad en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito 8. - Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derecho - bjetivos, y en tal sentido, ,el poder de I exigir el cumplimiento de1 la norma: actuan o en libertad para satisfacer sus necesidades e intereses 'con la correspondiente ote ción o t tela de su derecho, pero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de r spetarld ya sea de forma activa (obligación de, hacer) o pasiva (obligación e ha e ), por e contrarse delimitado por el interés general. De ahí surge la fií,ra d ' la .'pr s. ripció: 'creada porel Legislador corno pilar fundamental del orden y la paz 9tial 'q 1 pósit de mantener la calma entre los ciLidadan'os. Su for'mación se ebe a' 1 ' Ministro CSJ.

Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministrn 9.- Así,; muchas ramas del Derechohan definido su alcance y efectos, regulando la "prescripción", como un elemento creador de derechos que permite adquirir el dominio de cosas ajenas (prescripciónadquisitiva o usucapión) o bien como un medio de liberarse de una, carga u obliqación (prescripción extintiva o überatoria) en virtud de! abandono de la acción .o reclamación durante cierto tiempo y bajo las condiciones señaladas en la ley. De esta manera, el sujeto pasivo de una relación jurídica no se encontraría sometido eternamente a, un vínculo jurídico que ha permanecido inactuado ,10.-AI respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo 657 dice: "Le prescripQión extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durar¡te el tiempo establecido por (a ley'.'.

Como producto. vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido yla inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su derecho toda virtualidad jurídica.

,-.: 11.- Como podemos apreciar, la: norma impugnada contempla lq "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que .el. "proceso de solicitud :O reclamo" sigaactivo e impulsado por. quietiene. interés en. :llo "durante el tiempo. previsto en .la . ley",:1 De .. lo contrario la obliqación de ,la. Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría, latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción); generando un conflicto de intereses entre el particular que. nunca reclamó y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran :"los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad., La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amparo a los afiliados ante sus necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en: respuesta a dichas necesidades, para lo .cual es imprescindible conservar-su liquidez. La doctrina.tiene dicho que. se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la. ancianidad en favor de esa franja considerada. como vulnerable "( ... ) pero-jemés une diferencia en perjuicio de ,este . Es precisamente esto lo que justifica, la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el"interés superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado como concepto conciliatorio y no como concepto contradictorio al 12. - La abundancia del "interés general" en la norma da validez a la proposición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social de afectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el ccrrecto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13. - Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma. este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada -prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por oarte del afiliado- sea considerada inconstitucional.

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14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que "( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma 'reiterada los planteas Amaya, J.A., Director. (2018). Tratado de control de constitucionalidad y convencionalidad. Tomo 4. Derechos y Garantías, Buenos .Aires, Argentina, Astrea, Pág, º-- . 1 I i CIÓN '¡bE: INCONSJITÚCIONLIDAD: PROMOVIDA POR OSVALDO AGUSTIN I; FERREIRA' C/ EL ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/2006 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº ,''-1,de incof]'stifucionalidad respecto de las normas que establecen plazos ele prescripción, señalando que dichos p 1eceptos reposan en principios de orden público, no afectando la s,' q_tarogibiÍidad de !ºs der 1chs, que, en ?rade un -nterés s.erior colectivo, se priva de 15. - De tal modo tenemos que, si el! instituto es de estricto orden público y de interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encueritra amparada por lo quediépone el Art. 1281:d, la CN, cuando 1 rr,encia que¡,"En .nihgún éaso ,el int,erésrde'ilos particulares primer« sobre el interés 'qeneret". i 90s bicamos en, el epígrafe de la arma podemos concluir, incluso, que 1ni siquiera otds normas constitucionales pueden :imP¡erar sobre ésta, más aúncuandose utiliza el 'conect6r prohibitivo "en ningún caso".

16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.

17.- De cualquier modo, la doctrina especializada en materia constitucional hace referencia a que "(. . .) Por lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die (. . .)"3 18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".

'19.-''De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido-opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del accionante la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de los aportes el requisito de contar con una antigad superior a 10 años, manteniéndose incól lo demás en todos sus términos. E mi voto - Ante mí: 2 Maddaloni, O.A.; Tula, D.J. (2008). Prescripción y Caducidad en el Derecho del Trabajo. AbeledoPerrot.

Buenos Aires, Argentina. Pág. 04.- ' ' Sagués, N.P. (2019). Manual de derecho constitucional. Buenos Aires, Argentina. Astrea. Pág. 658.- VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Sala Constitucional

RESUELVE:

HACER LUGAR a la Acción de lnconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 º de la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. OSVALDO AGUSTIN FERREIR , ello Ante mí: Cesar M. Diesel unghan s Minitro - SJ. / Gustavo E. S ans Ministro