ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE RICARDO VIOLA A V ALOS C/ ART. 41 DELA LEY Nº 2856/06. e::, 1 ACUEb y SENTENCIAÚMERo:Tre,'nV c1'nc:0 ad de Asnción, CapJal de la República del Paraguay, a loá.'rC: M1eVf días, j, ?laño domil ve ,i' Cvf.lf , estando en la Sala de curdos , rema de Justicia, Ics Expmos. Señores Mm1str?s. de la Sa!a Constitucional, SAR MANUEL DIESEL 1 JUNGHANNSVICTOR 1 RIOS ,OJEDA y, 1: p ANTANDDfNS, At. mí, el Setr,etario ,auorizante, se trajo' al Acuerdo el expedie,ntcaratulado: ACfION DE IINCONSTITbCIONALIDAD PROMOVIDA POR J'bRGE C:ARDO VIOl-,A A V AL9S C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06, a fin 'de resolver laAcción de inconstitucionalidad promovida por el señor Jorge Ricardo Viola A val os, Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala CUESTION: Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SANTANDER DANS, DIESEL JUNGHANNS y, RÍOS OJEDA y.
A LA CUESTIÓN PLANTEADA EL MINISTRO SANTANDER DANS DIJO: El
Sr. Jorge Ricardo Viola A valos, se presenta por derecho propio y bajo patrocinio de abogada, a prórnovéacción de inconstit"-1dionalidad1 contra el artículo 41' de la Ley Nº1 SUSTITUYE LAS LEYES Nos. 73/91 Y 1.802/01 "DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY", en razón de ser contrario La disposición atacada de inconstitucional establece: "Artículo 41.- Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con una antigüedad superior a los diez años y que no tengan derecho a la jubilación, que fuesen despedidos, dejados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades donde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización o cancelación de su obligación. No serán susceptibles de devolución 'los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabajo, salvo que el mismo tenga d 'da on la Caja, en cuyo caso los aportes serán aplicados a la amortización o En elp sente caso, el Sr.' Jorge Ricardo Viola A valos, se presenta ante esta instancia a s de pe icionar la declaración de inconstitucionalidad de la citada 'normativa por trarla c ntraria a derechos de consagración constitucional. Sostiene que la disposición nada tablece una discriminación en contra de los afiliados a la Caja Bancaria al disponer que olo s funcionarios bancarios. que cuenten con una antigüedad superior a diez años podrán reti a us aportes jubilatorios en caso de desvincularse de la entidad en que presten servicios, l l es violatorio del principio de igualdad y el derecho de propiedad privada. n la Gustavo E. Santander Dans Ministro Minitrn con dos requisitos: a) que cuenten con una antigüedad mayor a diez años y, b) que no tengan Aquí es importante resaltar que nuestra Carta Magna, en su art. 95, legisla sobre la seguridad social dándole un espectro obligatorio e integral para el trabajador dependiente y su familia, aclarando que deberá ser extendida a todos los sectores de la población. Asimismo, autoriza que los recursos financieros, de los seguros sociales no sean desviados de sus fines . Siguiendo el alcance de este lineamiento, la normativa de la Caja, en su art. 6, tiene por objeto asegurar a sus afiliados los beneficios previstos en ella; y, más específicamente, el art. 11 otorga la titularidad exclusiva de los fondos y de las rentas, a los propios beneficiarios de la Caja. Reconociéndose, entonces, la propiedad en favor de los 'afiliados, la limitación en cuanto a los años de antigüedad a los efectos de su devolución resulta una merma ihvio'lable en sus derechos dominiales, contrario al espectro estatuido en el art. 109 de la Constitución Nacional.- A fin de complementar la idea expuesta, es dable recordar que nuestra Carta Magna reconoce la dignidad humana, así como otros valores, a saber, la libertad, la justicia y la igualdad ya en su preámbulo. Así, ella establece axiomas de un rico contenido ideológico y social que sirven de directriz al fundamento y a la justificación de todo el plexo normativo; y, por ende, todas y cada una de las articulaciones constitucionales se encuentran interconexas y son interdependientes unas con otras, siendo todas, imprescindibles para comprender su profundo En tal sentido, el art. 46 de la Constitución Nacional prescribe la igualdad de las personas en su dignidad y en sus derechos; asimismo, no admite discriminaciones. Seguidamente, el art.
88 no admite discriminación alguna entre trabajadores. Aquí debe admitirse que si bien, el caso concreto no se encuentra específicamente contemplado ep el silencio enumerativo de tal normativa, la extensión del art. 45 -De los derechos y garantías no enunciados- permite interpretaciones amplias a fin de garantizar derechos a estos trabajadores en todos los tramos de Recordemos que la constitución de un Estado social de derecho -art. 1-, impone en el Poder Público -art. 3 en concordancia con los arts. 24 7 y 260- la responsabilidad de garantizar la efectividad de tales derechos. En tal sentido, cabe destacar que el primer parágrafo de la norma impugnada supone una limitación que coloca a los aportantes de la citada Caja en una situación discordante con sus pares de otros rubros. V.g. Funcionarios Municipales (art. 66 de la Ley 122/93), Funcionarios Públicos (art. 53 de la Ley 1626 y art. 9 de la Ley 2345). Tal situación no puede ser convalidada por esta Máxima Instancia sin denotar una clara transgresión Por tanto, para lograr el reconocimiento de la persona en su dignidad y en su integridad, con el objeto de lograr la objetivación de la igualdad de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos en forma amplia e integral resulta así necesario prescindir la aplicación del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima de diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatoios.
En conclusión, de lo precedentemente expuesto y en concordancia con el parecer de la Fiscalía General del Estado, voto por hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del primer párrafo del art. 41 de la Ley 2856/06 al caso concreto, en la parte donde se exige una antigüedad mínima qe diez años para proceder al retiro de los aportes jubilatorios, de conformidad al Art. 555 del c.;P.C. Es mi voto.
A su turno, el Doctor DIESEL JUNGHANNS dijo: El' señor Jorge Ricardo Viola Avalas, promueve Acción de Inconstitucionalidad cc;mtra el artídulo 41 º de la Ley 2856/06 ' 1 ACCIÓN ' l!I E INCONSTÍTUCIONALIDAD 1 PROM(i)VIDA POR JORGE RICARDO VIOLA CORT AVAUOS C/ ART. 41DE LA¡LEY Nº 2856/06.- -t. 'l/ÍWST e::, E LAS:LYES Nº 7391 y 192101 'DE LA CIAJA DE JUBIACIONESY . e que el artídulo impugnado priva al recurrente; l;ie disponer de sus aportes que por --.:."..;;',¡;;,.'".:!:'t e corresponde Y! hbiendo sidó desvinculado de la. entidad bancaria donde prestaba servicios, 'solicitó ª la cj4 la devoludión de .sus aportes, siendo rechazado por no haber acumulado la antigüda1 1¡>revista en la Ley.
1 Fuda. la -resentacción en los principios 1 Examinada la nonra: atacada de inconstit4cibryfi, tenernos que ésta establece requisitos a ¡ios efectos de1 cocéder 1el derecho a 1devolucióri de 1lost?,orte,s rezdos, po_r el t:abajad,r aportante de la Caja. 1 En primer lugar, se establctj, la f1ntlguedad mimma de diez anos y, en segundo lugar, se debe tratar de funcionatios que no tengan derecho a la jubilación o, que fuesen despedidos o cesantes o, que se retiren voluntariamente.
.: Tal y como lo ha relatado el actor, el mismo no reúne las exigencias establecidasen la norma impugnada a los efectos de acceder al retiro de los aportes que realizara durante su gestión en la entidad bancaria donde prestaba servicios, extremo que señala como inconstitucional por conculcar lo preceptuado por los artículos 46y 47de la Constitución Nacional, los cuales expresan: "Artículo 46º De la igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan como desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios "Artículo 47" -De las garantías de la igualdad: El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1) la igualdad para el acceso a la justicia, acuyo efecto allanará los obstáculos que la impidiesen; 2la igualdad ante las leyes; 3º) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y 4) la igualdad de oportunidades en la participación de los beneficios de la naturaleza, de los bienes materiales y En lo relacionado al marco legal específico, tenemos en 1 el propio articulado de la Ley atacada, delimita la naturaleza jurídica de los aportes realizados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, expresada por medio de su Título Tercero "Del Patrimonio", Capítulo Primero "De la Formación de Recursos", artículo 11 º, primera parte: "O.f fondos y rerytas que se o,btengan de conformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad delos beneficiarios de la Caja": este punto, cabe traer a colación la clásica definición de Propiedad de Aubry y Rau: "la p opie d es el derecho de gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las estab ecida en las leyes ... " (Cabanellas, G. "Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", ita tal He iasta, Buenos Aires- República Argentina, 2001: Tomo VI P-Q).
Ces.ir M. Diesel Junghanns Mlnlnro CSJ, '.
Gustavo E. Santander Dans Ministro Del análisis de las cuestiones suscitadas y desde la perspectiva constitucional de las mismas, se constata una clara contradicción en la Ley cuando, por una parte esta expresa que: "Los fondos y rentas que se obtengan de coriformidad con las disposiciones de esta Ley, son de exclusiva propiedad de los beneficiarios de la Caja", más por otro lado limita lo. transcripto con condicionamientos que, bajo pena de pérdida de esos derechos en caso de incumplimiento, establecen: "Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que ... ; todo ello sin otro perjudicado que el mismo aportante a quien la propia norma al inicio de sus disposiciones En las condiciones apuntadas surge evidente, además, una afrenta al Principio de Igualdad, ya que implica u11 trato claramente discriminatorio hacia los asociados bancarios que, como en elcaso del accionante hayan sido desvinculados de 1"1 actividad bancaria y que no cuenten en' consecuencia con 'los años requeridos para acceder a: la devolúción de sus aportes; amén de ello, se erigeindudablemente corno un despojo absolutamente ilegal ya que por el incumplimiento de los requisitos enunciados simple y llanamente la Caja, en abierta violación a su propio marco normativo, procede a apropiarse de la totalidad de los aportes jubilatorios de sus asociados, en el caso particular, del señor Jorge Ricardo Viola A valos, circunstancia que también colisiona con la garantía constitucional contenida en el artículo 109º de nuestra Ley Fundamental, que dispone: "Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la Ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible Por las consideraciones expuestas y en concordancia con el parecer del Ministerio Público, corresponde hacer lugar a la acción y en consecuencia declarar la inaplicabilidad del 41 º de .la Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes N'.' 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay",' en la parte que condiciona a una antigüedad superior a. diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación al Sr. Jorge Ricardo 'viola Avales, ello de conformidad a lo establecido en el Art. 555 1.- El señor Jorge Ricardo Viola A valos, bajo patrocinio de Abogada, promueve Acción de Inconstitucionalidad contra el Articulo 41 de la Ley Nº 2856/06 "QUE SUSTITUYE LAS LEYES Nº 73/91 Y 1802/01 DE LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE EMPLEADOS BANCARIOS DEL PARAGUAY". Para el efecto, acompaña debidamente la instrumental que acredita su calidad de ex funcionario bancario.
2.- El accionante alega que se encuentran transgredidos los Artículos 46, 47, 86 y 95 de la Constitución y fundamenta su acción manifestando, entre otras cosas, que " (. .. ) la omisión de devolver mis aportes estaría generando un indebido favor a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay en razón de que el dueño de los aportes sigue 3.- El Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, impugnado dice. "Artículo 41.-'Corresponderá la devolución de sus aportes a los funcionarios que cuenten con Jna antigüedad superiora los diez años y que no tengan derecho a ia I uh ilación, que fuesen dekpedidos, deiados cesantes o que se retiren voluntariamente de las entidades dodde prestan servicio. La Caja podrá optar por la aplicación del citado monto a la amortización q cancelación de su obligacián. No serán susceptibles de devolución los aportes patronales. El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retiro del afiliado de su trabaio, salvo que el mismo tenga deuda con la Caja, en cuyo caso, los aportes serán aplicados d la.amortizacion o cancelación de su obligación" (negritas y subrayados son míos).
, , 4.- En cuanto a la interpretación letrista del primer párrafo de la norma atacada, surge que solamente aquellos funcionarios bancarios con una antigüedad superior a fu años podrán 1 AC:::CIÓ I DE , INfONSTITUCIONALIDAD 1 ! PROMOVllj>A POR JpRGE RICARDO VIOLA CORT AVALOS e_, ART. 41DE LA LEY Nº 2856/06.- SS aportes siemre y c'uahdo no tenganderecho a la jubilación, fuesen eja os cesantes o se retirasen vo untanamente, o cua pro uce una mam resta g:J;:tspecto I a l 1los derechot ÍI elinado¡ la ¡µevo:lueión de: aporls en.- elsee70¡ 5.- Al respecto, la Lle 1y Nº 4252/1: :"QUMODIFICA ios ARTICULOS 3º, 9º Y 1 O DE LA LEY Nº 2.345/03 ,"DE REFORMA Y¡ SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONESIY PENSIONES DEB SECTOR PUBLICO", en su Artículo 1dice: "Art.
9º.- (. .. ) A uellos ue se ,retiren 'de la uncwn ubllca,sm,reumr los re ,umtos ara acceder ' una iubilación, ai¡n dpland, a los, rj,erecos qe; le otorgb la1 ESTABLECE LA ACUM¡TJACION D!fL TIEMPO DE SERVI(.:IOS EN LAS CAJAS DEL SISTEMA DE JUBILACION Y PENSION PARAGUAYO, Y DEROGA EL ARTICULO 107 DE LA LEY Nº J 6i6100 'DE LA FUNCIÓN PUBLICA", podrán solicitar la devolución del 90 (noventa por ciento) de sus aportes realizados, aiustados por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay." (Negritas y subrayado son míos).
6.- Examinadas las normas transcriptas advierto que el mandato dispuesto en el primer párrafo de la normativa impugnada peca de inconstitucional, al privar a los funcionarios bancarios, que no han cumplido los 1 O años de antigüedad, de disponer de sus aportes que por derecho les corresponde, incurriendo indudablemente en una total desigualdad ante funcionarios del Estado en general. Es evidente que la medida cuestionada atenta contra los principios consagrados en los Artículos 46 "De la Igualdad de las Personas", 47 "De las Garantías de la Igualdad" y 109 "De la Propiedad Privada" de nuestra Ley Suprema.
7.- En cuanto a lo dispuesto en el último párrafo de la norma impugnada: "El derecho a solicitar la devolución de aportes prescribirá después de tres años del retir'o del afiliado de su trabajo", entiendo que no es inconstitucional. Si bi;n en un principio he sostenido lo contrario, actualmente necesito rever mi opinión e'n este punto, considerando la existencia de criterios jurídicos objetivos que motivanun nuevo razonamiento. Es dable resaltar que, en nuestro sistema jurídico la jurisprudencia no tiene carácter determinante ni vinculante; esta característica permite mayorflexibilidad, en la actuación del órgano jurisdiccional, quien puede rever un criterio anterior, siempre que exista mérito para ello. Dicho esto, me permito exponerlo 8.Es importante destacar que todo ordenamiento jurídico reconoce a las personas derechos subjetivos, y en tal sentido, el poder de exigir el cumplimiento de la norma, actuando en libertaé-trasa satisfacer süs'necesidades é'interesés'cdn la correspondiente protección'o tutela de su erecho, ero no lo sujeta al libre albedrío, sino a la obligación de respetarlo ya sea de fo ma activa (obligación de hacer) o pasiva (obligación de no hacer), por encontrarse itado por interés general. De ahí surge la figura de la "prescripción" creada por el Leg lador como ilar fundamental del orden y la paz social con el propósito de mantener la calm entre los ci dad.anos. Su formación se debe a la influencia de figuras romanas contenidas ey de las oce Tablas creada para regular la convivencia del pueblo romano.
Cesr M. Diesel .lunghanns Ministro CSJ.
10.- Al respecto, nuestra ley civil de fondo en su Artículo657 dice: "La prescripción extintiva se produce por la inacción del titular del derecho durante: el tiempo establecido por la ley". Como producto vivo del derecho civil nace la norma hoy impugnada, reuniendo los dos requisitos que configuran la prescripción extintiva o liberatoria: el transcurso del plazo legalmente exigido y la inactividad o silencio del titular del derecho a reclamar durante dicho plazo. Así, los afiliados activos de la Caja bancaria que no reclamen la devolución de sus aportes (inactividad) pasados tres años (factor tiempo) perderán poder de actuación abandonando su 1 l.- Como podernos apreciar, la norma impugnada contempla la "actividad" que el legislador requiere, la cual implica que el "proceso de .solicitud o reclamo" siga activo e impulsado por 8uien tiene intrés en ello "durante el tiempo prev,isto en la ley". De lo contrario la obligación de .la Caja bancaria de devolver los aportes a los afiliados activos seguiría latente indefinidamente en el tiempo (sin término de prescripción), generando un conflicto de intereses entre el particular que nunca reclamó Y los demás beneficiaros de la Caja, entre los que se encuentran "los jubilados", quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. La Caja Bancaria es una entidad previsional, por tanto sus recursos financieros están dirigidos también a brindar amp<l;ro a los afiliados ante sus.necesidades durante la vejez o invalidez. Debe entonces actuar en respuesta a dichas q.ecesidades, para lo cual es imprescindible conservar su liquidez. La doctrina tiene .dicho que se debe extremar, incluso, recursos para la tutela de la ancianidad en favor de esa franja considerada como vulnerable"( ... ) pero jamás una diferencia en perjuicio de. este sector (. .. )". Es precisamente esto lo que justifica la prescripción extintiva prevista en la norma impugnada, cuyo objetivo es resguardar el "interés.superior colectivo" de naturaleza obligatoria, entendido como el derecho a la seguridad social que tienen todos los afiliados a la Caja e interpretado corno concepto conciliatorio y no como concepto 1 11 ,12.- .Labundancia del, "interés gneral." en la, norma da vapdez a la: propsición normativa impugnada. Dota de seguridad y estabilidad al patrimonio social deafectación, alejando a la Caja de un clima de incertidumbre que podría originarse por la interposición tardía de las reclamaciones, lo que evidentemente alteraría el equilibrio financiero y presupuestario que garantiza el correcto funcionamiento de la Caja. Criterio que comulga con el mandato 13 .- Todo lo relativo a la seguridad social es incumbencia "exclusiva" del legislador, quien se encuentra obligado por mandato constitucional a establecer ciertos límites que resguarden el bienestar general. Nuestras normas garantizan y reconocen el derecho a la Seguridad Social y establece cuáles derechos deben ser ejercidos en tiempo y forma. De todos modos, el interés general que comporta el instituto de la prescripción, por el mentado orden público que representa, atendiendo a su vez a la seguridad jurídica que interesa a la sociedad misma, este instituto encuentra su respaldo último y soberano en lo que dispone el Artículo 128 de la CN. No encuentro, pues, razones jurídicas que hagan posible sostener que una conclusión como la arribada-prescriptibilidad del derecho a solicitar la devolución de aportes por parte del 14.- Sobre este tema la doctrina especializada tiene por aclarado que"( ... ) Por todo lo expuesto es que la jurisprudencia laboral ha desestimado en forma reiterada: los planteas de inconstitucionalidad respecto de las normas que establecen plazos de prescripción, señalando que dichos preceptos reposan en principios de'orden público, no afectando ia intangibilidad de los derechos, y que, -en aras de un interés superior colectivo, se priva de reclamarlos a quien , 15 .-l)e tal 'modo tenernos que si' el instituto es de estrict'o orden público y de Interés para la sociedad entera, entonces, su aplicación se encuentra amparada por lo que dispone el Art. 128 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR JORGE RICARDO VIOLA A V ALOS C/ ART. 41 DE LA LEY Nº 2856/06.- do menciona que "En ningún caso el interés de los particulares primará sobre 0-l!-;¡p'f¿rés e::, ral ". Si nos ubicamos en el epígrafe de la norma podemos concluir, incluso, que '' ni siq ':' ras normas constitucionales pueden imperar sobre ésta, más aún cuando se utiliza SUPREMA ,....,. DE Jl}STICIA 16.- Como se podrá notar, el instituto que vamos a aplicar cuenta con el correspondiente resguardo constitucional que, de conformidad al Art. 137 de la CN, se constituye en la norma de mayor jerarquía dentro de nuestro ordenamiento normativo.
17 .- De cualquier 1 odo, la dd4rina especializada en' matria onstitucional hace referencia a que "(..) Paf 'lo demás, también dijo la Corte que la irrenunciabilidad de los beneficios propios de la seguridad social no es incompatible con el instituto de la prescripción, por lo que no constituyen derechos sine die(..)" (Las negritas son mías).
18.- La medida impugnada responde a un interés social, por lo que no podríamos calificarla de desmedida, arbitraria o infundada. Ella no resulta irracional en el entendimiento de que uno de los fines del Estado debe ser el resguardo del "interés general".
19;- De esta manera, teniendo en consideración todo el fundamento aquí sostenido, opino que corresponde hacer lugar parcialmente a la presente acción de inconstitucionalidad promovida; y en consecuencia, declarar respecto del señor Jorge Ricardo Viola A valos, la inaplicabilidad del Artículo 41 de la Ley Nº 2856/06, exclusivamente en la parte que establece como condición para la devolución de lo ortes el requisito de contar con una anti li.e d superior a JO años, manteniéndose incó ume o demás en todos sus términos. Es mi oto.
Ante mí: Asunción, .. Gustavo E. Santander Dans Ministro VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la Dr. Víctor Ríos Ojeda Ministro Sala Constitucional
RESUELVE:
HACER LUGAR a la Acción de Inconstitucionalidad promovida y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 41 dela Ley Nº 2856/2006 "Que sustituye las leyes Nº 73/91 y 1802/01 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay", en la , r parte que condiciona a una antigüedad superior a diez años a los efectos de la devolución de aporte jubilatorio, con relación ñor JORGE RICARDO VIOLA A V ALOS lo e Cesar M. l)ie Mlnli Gustavo E. Santan er Dans Ministro Dr. Víctor Ríos Ojeda 1vlinistn